A pesar de que uno de los objetivos de la transición desde Procuraduría fue mejorar su efectividad, la Fiscalía General de la República continúa arrastrando los vicios de un enorme aparato burocrático.
La renovación y sustitución de elementos con experiencia, la reestructuración que incluyó su cambio de nombre y la austeridad republicana que llegó con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, han dejado a la FGR lejos de poder cumplir con las funciones que le corresponden.
Un foco de alerta es la caída en las detenciones de la SEIDO, cuyo declive comenzó con el Caso Iguala, cuando la entonces PGR dirigió la mayoría de sus recursos para la atención de estos hechos en los que 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos por autoridades del Estado en colusión con el crimen organizado
En los primeros meses del año apenas se han detenido a 42 personas por delitos relacionados con delincuencia organizada, mientras que en todo 2019 la cifra fue de 408, señalan datos de la SEIDO.
En contraste, en el 2014 y 2015, el número de detenciones de la Subprocuraduría Especializada fue de mil 694 y de mil 598, respectivamente.
De estos, hay un número menor que está vinculado con delitos de delincuencia organizada, de acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República disponible a través de transparencia.
Para el investigador Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC, esta caída en las cifras se muestra desde que ocurrió la crisis del caso Iguala.
“Fue una de las situaciones que puso más al descubierto las incapacidades de la entonces Procuraduría General de la República para hacer investigaciones criminales complejas y eso la llevó a una tremenda parálisis, pues casi todos sus recursos los destinaron a resolver el caso de los estudiantes mientras lo demás lo fueron abandonando.
“Ahora el esquema de trabajo que se ha ido adoptando es el de las fiscalías especializadas para delitos temáticos como casos de periodistas o mujeres asesinadas, entre otros”, explica el experto.
La Fiscalía hace menos investigaciones y capturas de delincuentes en parte por su desmantelamiento, por su recomposición y sus constantes acusaciones de infiltración y corrupción, explica Benítez Manaut en entrevista.
“La 4T tiene un brazo que no está trabajando con eficacia en contra del crimen organizado que es la Fiscalía General de la República, lo cual, sumado a todo el conflicto y la recomposición que implicó el cambio de la Marina con su traslado de miembros a la Guardia Nacional, generó un desorden institucional muy grande”.
‘NO HAY ESTRATEGIA EN FISCALÍA’
El director general de México SOS, Orlando Camacho, considera que lo preocupante es que no hay una estrategia para el combate al crimen organizado en tanto que los homicidios incrementan en el país.
“Una estrategia concreta para atacar y pegarle a los cárteles, eso es algo que no hemos visto y es un tema fundamental, porque si hoy hacemos una revisión de los homicidios que se han ido al alza en términos generales en este gobierno, gran parte no tienen que ver con delitos del fuero común, tienen que ver con delitos del ámbito federal, pues se deben a los enfrentamientos entre los propios cárteles y grupos delictivos”, explica.
En esta estrategia tienen que estar implicadas varias dependencias y tienen que estar en comunicación con las fuerzas armadas para dar mejores resultados, asegura el especialista.
“En este problema tiene que ver Guardia Nacional, tiene que ver el Ejército, la Marina, con toda la labor extraordinaria que hacen las fuerzas armadas, hace falta una estrategia más clara para que incluso ellos mismos actúen de mejor manera”, señala.
Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno federal utilice la información disponible para dirigir esta estrategia.
“Algo está pasando, el tema es que sabemos que la mayoría de los homicidios en el país provienen de grupos de la delincuencia organizada, si ya sabemos eso, dónde está la estrategia para atacar directamente ese mal, ese tumor, que ya detectamos”, cuestiona.
Además considera que las autoridades no pueden poner como pretexto que las fallas en seguridad se deben a la pandemia.
“No lo podríamos permitir, es salud y seguridad, tendríamos que entrarle parejo a las dos cosas y con toda la fuerza y en eso tienes que cuidar a la gente que atiende la batalla en materia de salud y cuidar a tu gente que atiende la seguridad; tenemos que seguir en el fortalecimiento de las instituciones”, considera el experto.
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