Luego del anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para replicar su modelo de trabajo en los Gobiernos de los estados como parte de su Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero,surgen serias interrogantes que podrian echar abajo los esfuerzos Federales en Tamaulipas,donde la inusitada fortuna del mandatario Panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca es harto conocida, ranchos,empresas,casas,terrenos,autos y cuentas bancarias producto de poco menos de 14 años de servidor publico,pondran en entredicho la pulcritud de las pesquisas, al ser el gobernador un indicador de conducta de riesgo en el delito de lavado de dinero, fortuna que en 2016 ya sobrepasaba los 951 millones de pesos, de acuerdo a datos del periódico El Financiero,aunque Garcia Cabeza de Vaca apenas terminaba su periodo de alcalde de Reynosa (2004-2007) y un banco estadounidense ya recibía deposito de su madre por casi 5 millones de dólares como lo muestra un certificado bancario fechado en 2008.
Y es que las unidades estatales tendrán como insumo las bases de datos con contenido económico en los estados, entre ellas las de contribuciones locales como el predial y los Registros Públicos de la Propiedad y tendrán el propósito principal de ubicar quién es el último beneficiario de un bien, sea monetario o inmobiliario y para ello recibirán fondos federales para concretar su operación y dependerán de las fiscalías estatales, una condición que en Tamaulipas prostituirá su función.
Aunque según los convenios signados, las unidades dependerán de las fiscalías estatales, los gobiernos locales se comprometen a prestar toda la información fiscal, contable y financiera que sea de utilidad a la UIF.
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Las unidades podrán solicitar el aseguramiento de cuentas, fincar responsabilidades administrativas y presentar denuncias por delitos en materia de lavado de dinero en el fuero común ante el Ministerio Público, del cual serán coadyuvantes.
De acuerdo con el proyecto, al que REFORMA tuvo acceso, Hacienda contempla tres modelos de UIPEs, que serán integradas por 13, 21 o 42 servidores públicos; el tamaño de cada una y sus recursos dependerán de la incidencia delictiva y la densidad demográfica.
Todas contemplan direcciones de tecnologías de la información y comunicación, de análisis patrimonial, económico y fiscal, así como áreas jurídicas y plazas de analistas.
La UIF ha suscrito hasta el momento acuerdos de colaboración con 29 Gobiernos estatales.
En 2011, en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública se acordó por primera vez la creación de esas unidades, pero al cabo de dos años sólo fueron constituidas 10 y sólo funcionaban 7.
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