La tragedia que vive México por la violencia, descomposición y muerte que hemos sufrido en los últimos 13 años ya no puede atribuirse a los errores de un solo gobernante. Si bien a Vicente Fox y a Felipe Calderón les debemos, al primero el vacío y debilitamiento del poder del Estado y al segundo la sangrienta guerra que acabó con la tranquilidad de los mexicanos, a Enrique Peña Nieto se le reclama el agravamiento de la violencia homicida y la corrupción que expandió a todo el territorio la atomización y diversificación de cárteles de drogas, huachicoleo, extorsión y control territorial; ahora a Andrés Manuel López Obrador ya se le puede y se le debe reclamar la inacción que mantiene contra el crimen organizado y a una estrategia federal errática y confusa que no deja claro si el gobierno federal persigue, negocia o tolera a los criminales.
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Este fin de semana esa inacción y la fallida estrategia federal contra la delincuencia se observaron nuevamente en Michoacán, tanto en la extraña muerte de un coronel comandante de caballería del Ejército mexicano, Víctor Maldonado Celis, baleado en circunstancias aún no aclaradas en Ziracuaretiro, como en los hechos indignantes registrados en un video que se difundió en las redes sociales, donde se ve a un grupo de hombres de Los Reyes Michoacán agredir, ofender y humillar a soldados que son bajados de dos camionetas militares, arrinconados y sometidos en la carretera Zitácuaro-Los Reyes.
Y si a esos dos casos, se suma lo ocurrido el viernes en Nuevo Laredo, donde emboscaron y mataron al policía estatal Raúl M. e hirieron a otros agentes locales, mientras el gobernador de Tamaulipas culpó directamente al gobierno federal de un ataque que “pudo haberse evitado” y exigió que “la Federación debe comprometerse con la seguridad; es su responsabilidad”, crece la percepción de un Estado que parece inerte y débil frente al despliegue cada vez más sangriento y armado de los cárteles del narcotráfico porque no se ve ni se siente que en el gobierno actual haya una acción y una estrategia decidida, eficaz y contundente contra la violencia y la inseguridad.
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Para colmo, después del apodo de “Comandante Borolas” que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pusiera a su antecesor en el cargo, Felipe Calderón, porque “el saco militar le quedaba grande”, ahora también en las redes circula un video que genera duros cuestionamientos al valor y a la política de seguridad del actual mandatario, pues en ella se escucha decir al jefe del Ejecutivo que no mandará al Ejército a una población para actuar contra los criminales que “también son pueblo”.
“No se dialoga con los agresores, se garantiza un derecho, manden al Ejército inmediatamente, no tenemos armas”, le dicen pobladores hombres y mujeres desesperados a López Obrador durante un trayecto de una gira. “El Ejército no se usa para reprimir al pueblo”, les contesta el presidente a bordo de su camioneta. “¡Carajo! ¿el narco es pueblo?”, le pregunta un hombre indignado. “Sí es pueblo, todos son seres humanos”, le dice enérgico el titular del Ejecutivo federal.
Si esa es la visión y la lógica que mueve a López Obrador y a su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en su estrategia federal contra el crimen, entonces se puede entender por qué a 10 meses de iniciado este gobierno no sólo se han incrementado los homicidios violentos que en el primer semestre de este año llegaron a 17 mil 608 y crecieron casi 6% en relación al último año de Peña Nieto, sino también que a pesar de que la Guardia Nacional lleva ya casi dos meses de que comenzó a ser desplegada en todo el territorio nacional, no hay una disminución real ni perceptible de la violencia ni cesan las muestras y las evidencias que los cárteles del narco actúan con total impunidad y lo demuestran lo mismo en crímenes masivos con cuerpos que aparecen colgando o descuartizados en distintas regiones, en ataques y agresiones cobardes al Ejército y las policías locales, que en videos donde grupos como el CJNG se pasean con camionetas rotuladas y presumiendo su enorme poder armamentístico, sin que ninguna autoridad se los impida.
Si le tomamos la palabra al presidente, que esta misma semana nos dijo que ya no va a culpar de todo “a los gobiernos anteriores” y que de aquí en adelante “los grandes problemas son nuestra responsabilidad”, además de que no van “a negociar con criminales”, tendríamos que exigir que López Obrador y su gabinete de seguridad demuestren ya si tienen las agallas y la capacidad para enfrentar a un crimen cada vez más organizado, armado y sanguinario.
Y, sobre todo, si saben o no saben cómo hacerlo, más allá del discurso de que “violencia no se combate con más violencia” ¿Cómo los van a combatir entonces si tampoco están aplicando la inteligencia o el desmantelamiento de sus finanzas? Está bien que AMLO y su Cuarta Transformación quieran cambiar el modelo de combate al narcotráfico y al crimen, pero ese cambio hoy no se ve ni se siente en todo el país, donde lo que sí se ve, y se empieza a generalizar, es la percepción de un Estado, y por ende un presidente, débil ante los criminales y que confunde “represión” con su obligación primaria y apremiante, de dar seguridad a los mexicanos y pacificar al país, tal como lo prometió en campaña.
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