Si bien en este primer semestre la deuda de Pemex bajó más de dos mil 100 millones de dólares, el costo de operación aumentó, y por cada peso que ingresó a la empresa se gastaron 1.31 pesos, una erogación mayor a la que ejerció Enrique Peña Nieto. Algo similar sucedió con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Esto significa que, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda, si continúa la inercia en la operación y de recurrir ese nivel de subsidios como en el sexenio pasado, se estarán minando los cimientos financieros del gobierno federal.
En el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex), la CFE, el IMSS y el ISSSTE recibieron más de 348 mil 200 millones de pesos en subsidios, cifra que representa 74.9% de todo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cobrado por el gobierno federal en el mismo periodo.
Con ese nivel de absorción de recursos, los focos de alerta se mantienen encendidos para las calificadoras, porque se gasta en esas dependencias el 13.1% de todos los ingresos recaudados por el gobierno federal.
Hasta junio de este año, Pemex reportó una deuda (saldo) de 104 mil 386 millones de dólares. Es tal ese pasivo que el costo financiero en los primeros seis meses de 2019 fue de 61 mil 300 millones de pesos, cifra que equivale a la mitad, es decir 49.3% de los recursos presupuestados para este año a la Secretaría de Salud.
Las cuatro instituciones analizadas por ejecentral sólo podrán fondearse con ingresos fiscales, recursos que deberán repartirse entre los programas sociales y los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación, es decir, el Tren Maya y la refinería de petróleo en Dos Bocas, Tabasco. De esa misma bolsa, la CFE deberá financiar su infraestructura ante la negativa de participación del capital privado, situación que se complica porque, a diferencia de lo anunciado por la compañía, en el segundo trimestre del año mantuvo sus pérdidas netas.
En ese escenario, firmas como el banco español BBVA advierten que ante los mayores recursos que necesitará Pemex, se mantiene el riesgo de que otra evaluadora de riesgo pueda recortar la calificación a la petrolera o a México como país, lo que se conoce como calificación soberana.
Lo que vale un peso
La situación financiera se complica si consideramos que, de diciembre a mayo de 2019, Pemex, la CFE, el ISSSTE y el IMSS gastaron, tan sólo en la operación, en promedio 1.56 pesos para ingresar un peso a sus arcas. Ese monto es el más elevado en un periodo similar. Es decir, desde el arranque del sexenio de Ernesto Zedillo que gastaron 1.03 pesos; con Vicente Fox fueron 1.27 pesos; con Felipe Calderón 96 centavos (es decir hubo una ganancia operativa), y con Enrique Peña Nieto desembolsaron 1.45 pesos para ingresar un peso.
Para solventar esa pérdida a nivel operativo sin considerar el costo financiero de la deuda, el gobierno federal envió transferencias o subsidios a empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, y las dependencias bajo control presupuestario directo: IMSS e ISSSTE.
Ese nivel de transferencias (348 mil 213 millones de pesos) fueron 55.2% mayores a las realizadas en el primer semestre del sexenio de Peña Nieto.
Si lo comparamos con la administración de Felipe Calderón, el gasto es mayor, en total 71.8%, y respecto a la de Vicente Fox la diferencia crece 342 por ciento. La diferencia fue 26 veces más que lo transferido con Ernesto Zedillo. ejecentral trajo a valor presente los montos al poder adquisitivo de junio de 2019.
Pemex, la mayor alerta
La petrolera es la principal preocupación de los expertos, ya que su requerimiento de capital podría afectar las finanzas públicas del país y con ello México también podría perder su calificación de grado de inversión.
A junio, las deudas totales (con costo y sin costo) de la petrolera alcanzaron los 3.69 billones de pesos; cifra que ni vendiendo todos sus activos (que suman 2.02 billones de pesos) sería suficiente para saldar sus pasivos. A esto, los expertos lo denominan como “empresa en quiebra técnica”.
El saldo de la deuda con costo (la que paga intereses) a junio, fue de 104 mil 386 millones de dólares. El costo financiero de ese monto fue tal (25 mil 24 millones de pesos), que alcanzaría para dar un salario mínimo, durante un año, al 90% de la población actual de Colima.
Otro comparativo que nos permite dimensionar la situación de Pemex, es que la empresa productiva del Estado tiene que pagar 14.4 millones de dólares diarios por el servicio de la deuda. Considerando el costo financiero del primer semestre (61 mil 298 millones de pesos), ese monto alcanzaría para entregar un salario mínimo por un año (37 mil 500 pesos) a toda la población de Campeche y Baja California Sur.
Otro problema estructural de Pemex es el elevado pasivo laboral. A junio, el saldo de ese pasivo contingente fue de 1.265 billones de pesos, es decir, más de 66 mil millones de dólares que equivale a 17.1% más respecto al monto del cierre de 2018.Esos recursos equivalen al 11.7% y 12.7%, respectivamente, del IVA recaudado en 2018 o 2.1% y 2.3% del total de ingresos presupuestales del año pasado.
Otra inyección de recursos que hará el gobierno, es la reducción de Derechos de Utilidad Compartida (DUC). Con esto, según la directora de Análisis de Intercam Banco, Alejandra Marcos Iza, el “gobierno federal dejará de percibir 45 mil millones de pesos en 2020 y 83 mil millones en 2021”.
Esos recursos equivalen al 13.5% del IVA recaudado en 2018 o 2.43% del total de ingresos presupuestales del año pasado.
Si se toma en consideración que mantiene el nivel de transferencias a las cuatro dependencias y los nuevos requerimientos de Pemex, en un año ya se tendría comprometido 88.4% del IVA o 15.5% del total de ingresos.
En ese contexto, Marcos Iza sostuvo que “es inevitable pensar que Pemex tarde o temprano perderá el grado de inversión por parte de calificadoras e inclusive el soberano (calificación) de México pudiera sufrir nuevos recortes en la nota crediticia. Ello, derivado de los menores ingresos que recibirá de Pemex en los siguientes años por la reducción de la tasa impositiva, y por las aportaciones de capital que tendrá que hacer el gobierno para aumentar la inversión”.
En tanto, los economistas de BBVA, Arnulfo Rodríguez y Carlos Serrano, coincidieron en que la inyección de recursos a Pemex “debería ir acompañada de modificaciones en la política recaudatoria que coadyuven a mantener relativamente estables los ingresos del gobierno federal y no pongan en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales. Lo anterior contribuiría a fortalecer las finanzas públicas del país, disminuyendo así el riesgo de una reducción en la calificación crediticia soberana en el corto y mediano plazo».
No obstante, el plan de negocios no modifica el riesgo de una reducción en la calificación crediticia de Pemex por parte de Moody’s, aseguraron.
En este contexto, la Cámara de Diputados, haciendo uso de su facultad para fungir como “cámara de origen” en impuestos o contribuciones, prepara una iniciativa para un “impuesto digital” que se cobraría a los servicios de aplicaciones como Uber, Cabify, Didi, Beat, Airbnb, Uber Eats y Rappi, entre otras, para que paguen un impuesto especial (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS) o IVA.
CFE perdió
La CFE, anunció recientemente que en el segundo trimestre revirtió sus pérdidas netas con una ganancia de 11 mil 662 millones de pesos. Sin embargo, la empresa contabiliza los subsidios del gobierno federal como ingresos por venta.
Reubicando esas transferencias como la hace la Secretaría de Hacienda (SHCP), en el segundo trimestre en realidad tuvo pérdidas por cuatro mil 495 millones de pesos, cifra considerablemente inferior a la reportada en igual lapso de 2018.
Si bien la empresa omitió publicar el desglose de sus estados financieros (en el apartado de relación con inversionistas, de su página web), se desprende que el menor monto de las pérdidas se atribuyó a una especulación en el mercado cambiario (ganancia por tipo de cambio) de dos mil 629 millones de pesos. Esta cifra contrasta con la pérdida cambiaria superior a 33 mil millones de pesos del mismo periodo del año anterior.
Por decisión propia o del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) o de la Secretaría de Energía (Sener), la CFE se ha quedado al margen de aceptar la participación de la iniciativa privada. Si consideramos la pérdida, por más de 28 mil 850 millones de pesos, que registró a junio pasado y el pago de intereses por su deuda por más de 13 mil 120 millones de pesos en el primer semestre, la empresa productiva del Estado tendrá que financiar con recursos del erario su expansión a través de la construcción de nuevas centrales eléctricas.
El viernes pasado, el 26 de julio, en su conferencia matutina, el Presidente dijo que en lo que respecta al sector eléctrico “se va a reforzar, sobre todo el sureste, la península de Yucatán, que hacen falta líneas de transmisión y hace falta la construcción de plantas”.
Esta inversión en infraestructura se da a pesar que a principios de año Moody’s advirtió que los precios en las tres primeras subastas de energía renovable “fueron algunos de los más baratos del mundo”.
“La cancelación de la cuarta subasta y la posible pérdida de contratos de energía adicionales de bajo costo pueden tener repercusiones tanto en la red como en CFE, ya que las plantas más antiguas y menos eficientes permanecen en línea, lo que afecta la curva de despacho eléctrico en México”, indicó la evaluadora internacional de riesgo
crediticio.
Además de los menores recursos que dispondrá el Estado para financiar los programas de asistencia y el gasto corriente de las dependencias, la CFE se encuentra en disputa legal con empresas que construyeron ductos para abastecer de gas natural. Procesos judiciales en contra de las empresas para tratar de modificar contratos que la misma compañía aceptó en el pasado.
Otro punto a resaltar ante el compromiso de los recursos públicos, es el monto de la deuda interna y externa del gobierno federal, la cual a mayo fue de 11.25 billones de pesos. Esta cifra equivale al 46.8% del Producto Interno Bruto (PIB) o lo que es lo mismo a la aportación de 24 entidades federativas juntas al PIB nacional.
Bombas de tiempo
El IMSS e ISSSTE son las entidades que más recursos públicos absorben para su operación. La primera, entre diciembre y mayo gastó 341 mil 979 millones de pesos para ingresar o facturar 181 mil 865 pesos; es decir, invirtió 1.88 pesos para cobrar un peso. En ese periodo, a pesar de ser una entidad tripartita (gobierno, empresarios y trabajadores), el gobierno federal envió subsidios por más de 193 mil 800 millones de pesos. Este monto representa 50.4% más que en el arranque del sexenio de Peña Nieto.
El ISSSTE gastó 155 mil 456 millones para recaudar 41 mil 517 millones. Es decir, requirió 3.74 pesos para captar uno y recibió transferencias por 122 mil 741 millones de pesos.
En cuanto a transferencias, sobresale la CFE que de diciembre a mayo recibió alrededor de 31 mil 650 millones de pesos, más de 100 veces de lo que envió el gobierno de Peña Nieto en igual periodo.
Pemex, por su parte, no recibió transferencias en el arranque de los sexenio de Zedillo, Fox, Peña ni de López Obrador. Sólo con el gobierno de Calderón a la petrolera se le inyectaron más de 75 mil 350 millones de pesos.
Los estados financieros de estas cuatro entidades ponen en evidencia que la administración de López Obrador no ha podido modificar la estrategia de gasto que siguieron los anteriores sexenios.
Fuente.- Tomás de la Rosa
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