SALIÓ RESPONDON el DIPUTADO: AFRENTOSO MIDE su AUSTERIDAD en CABALLOS de FUERZA con MEMBRETE OFICIAL y RETA a SALINAS PLIEGO… confiesa el regalo caro a venezolana.

El diputado de Morena Ernesto Prieto Gallardo respondió en redes a los señalamientos que lo acusan de haber obsequiado una lujosa camioneta a su novia a decir de las redes, de origen Venezolano, pese a su condición de presunto deudor alimentario.

Lo hizo con un video y un comunicado con membrete oficial, donde se aventó un berrinche y, de paso, dejó claro que la única “4T” que le interesa es la Infiniti QX50, con moño rojo y bandera Venezolana en el cofre.

La nave y la novela

Ahí está la camioneta: Infiniti QX50, blanca, con frente de tiburón de agencia y rayas tricolor que parecen más campaña de turismo caribeño que austeridad republicana.

No es “el coche de la lucha social”, es la troca premium que cualquiera reconoce como juguete caro para presumir en sus historias de Whatsapp, no como herramienta de trabajo de un representante popular, humanista y trasformador.

La colombiana al lado de la nave no desentona: outfit de influencer, pose de showroom y vibra de “este legislador sí cumple… pero con la agencia”.

El cuadro completo no dice “diputado del pueblo”, dice “patrocinador oficial de la vida aspiracional latinoamericana, pagada en efectivo y justificada con discursos de transformación”.

El comunicado llorón

En su texto Prieto jura que todo es una “campaña coordinada” porque se atrevió a señalar vínculos de huachicol fiscal y combustibles; nada nuevo: el clásico “me atacan porque les pego donde duele”, mientras estaciona la Infiniti en la cochera del discurso moral.

Remata denunciando “calumnia y desinformación”, pero en el mismo documento confiesa que la camioneta Infiniti QX50 la compró en septiembre de 2024 por 893,751 pesos, como si casi 900 mil en lujo fueran una anécdota menor en la vida del representante austero.

Lo más divertido: se indigna porque en X el dineros empresario Ricardo Salinas pliego le dijo BMW y él corrige, ofendido, que es Infiniti, Infiniti, no BMW, como si el problema fuera la marca y no el mensaje que manda el legislador que predica contra los privilegios mientras calibran la suspensión de su SUV.

Su nivel de debate es tan profundo que la discusión política se convierte en cata de marcas: “primero busque la información correcta y luego hablamos de cifras”, dice afrentoso, pero la cifra que importa es la del valor de la congruencia, no la de la agencia que le imprimió la factura.

El reto y la incongruencia

Se puso digno y lanza reto: que comprueben que es deudor alimentario o corrupto y él renuncia a la carrera política; la épica del mártir con factura de Infiniti adjunta, como si la austeridad se midiera en caballos de fuerza.

Luego exige que Salinas pague los 51 mil millones al SAT y condone las deudas de Elektra, mientras él presume una camioneta que cualquiera de sus deudores jamás podría pagar ni en abonos chiquitos, montado en el discurso y en una nave de usura simbólica.

En su tercer “castigo” se pone creativo: le pide que se ponga un collar que diga “la perrita de Trump” y lo suba a redes, mientras él ya montó su propia película: diputado “rebelde”, novia extranjera y camioneta de lujo, todo pagado con la narrativa de la transformación que supuestamente no tiene nada de fifí y que defiende tanto la científica que iba llegar y…nunca llegó.

Al final, Prieto no desmiente la foto ni la camioneta, sólo intenta convertir su propia ostentación en bandera moral: el problema no es que tenga una Infiniti con moño, es que pretenda que esa nave puede pasar como vehículo oficial de la 4T sin que el público note el lujo bajo el discurso.

Y para rematar el cuadro: no es cualquier “camionetita”, es un portento tecnológico vestido de revolución.

La Infiniti QX50 viene cargada de asistencias de manejo, sensores por todos lados, tablero digital y sistemas de seguridad que parecen más diseñados para esquivar la austeridad que para evitar choques.

Tiene motor turbo de alta respuesta, modos de manejo que van del “pobrecito pueblo” al “líder mundial” y una suspensión que hace que cualquier bache se sienta como foro de debate cómodo.

Entre pantallas táctiles, conectividad total y sonido envolvente, la nave está más lista para playlist de reguetón y discursos épicos que para recorrer terracería con la base que dice representar.

Con información: @JorgeGoddl/ @Neto_prieto/

EL «MENCHO» ANTES de ser MENCHO: REVELAN FOTO INÉDITA de EXTINTO CAPO de las 4 LETRAS en 1992 en la CÁRCEL de BIG SPRING, TX… rondaba los 30 cuando lo deportaron y empezó la historia.

La entrevista del periodista Antonio Nieto con Adela Micha sobre la foto inédita del Mencho es, básicamente, la precuela no autorizada del CJNG: más stand‑up carcelario que “narco‑epopeya”, y al final sólo queda claro que la línea entre un contador colombiano jubilado y el capo legendario es una mala decisión tomada en la carcel de Big Spring, Texas.

El Mencho antes de ser “El Mencho”

En la versión contada por Nieto aparece Nemesio Oseguera Cervantes como lo que menos encaja en el mito: un treintañero sin tatuajes, sin pandilla, sin glamour narco, confundido con empleado de la prisión porque no trae el uniforme mental del crimen organizado. Es el tipo que llega al “hotelito” de Big Spring y, en vez de ser el monstruo de la DEA, se vuelve el cuentachistes del patio, el que te busca para soltarte un chiste nuevo como si el futuro jefe del CJNG fuera animador de “Noches de comedia penitenciaria”.

Que dice Wikipedia:

«…En 1989, el Mencho fue detenido de nuevo en San Francisco por vender narcóticos. Meses después fue deportado a México, pero volvió a entrar a Estados Unidos y se reinstaló en San Francisco. En septiembre de 1992 lo arrestaron otra vez, ahora por cargos federales de drogas en Sacramento, California.

Según los registros judiciales, el Mencho y su hermano Abraham estaban en un bar de San Francisco llamado Imperial para concretar una venta de heroína: cinco onzas por 9,500 dólares. Abraham estaba a cargo de la transacción y el Mencho hacía labores de “vigilancia”. El Mencho tenía 26 años, era mucho más joven que su hermano, pero lo bastante astuto como para darse cuenta de que todo era una trampa montada por la policía. Le advirtió a Abraham que los tipos a los que entregaron la heroína les habían dado fajos de billetes perfectamente ordenados, en lugar de dinero suelto. En una conversación intervenida telefónicamente, la policía escuchó al Mencho decirle a su hermano que no volviera a hacer negocios con ellos porque eran agentes encubiertos.

Tres semanas después del incidente, ambos fueron detenidos. En el juicio, el Mencho sostuvo que era inocente: dijo que no había participado en la operación de heroína y que los agentes encubiertos mentían al acusarlo de manejar la droga. La fiscalía sostuvo que los dos hermanos trabajaban juntos. El Mencho se quedó con pocas opciones: si se declaraba no culpable, su hermano Abraham —que ya cargaba con sentencias por delitos graves de drogas— probablemente recibiría cadena perpetua. Su defensa entendió que, si se iba a juicio con jurado, casi seguro lo condenarían. 

Decidió declararse culpable para proteger a su hermano de la cadena perpetua. Lo sentenciaron a cinco años y lo enviaron al Centro Correccional de Big Spring, en Texas, una prisión con gran población de inmigrantes indocumentados.

Tras tres años, salió en libertad condicional y fue deportado a México a los 30 años. En México, se incorporó a las policías municipales de Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco. 

Después dejó la policía y se pasó al crimen organizado como miembro de tiempo completo del Cártel del Milenio. Para reforzar sus lazos con el clan, el Mencho se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de uno de los líderes. Dentro de ese grupo criminal terminaría por convertirse en una figura clave del crimen organizado.»

El colombiano que se bajó del narco y del mito

Bernardo N., traficante paisa de manual —nacido en Antioquia, escuela Medellín, durante su tour carcelario de Estados Unidos acaba de coprotagonista involuntario: el “auxiliar de médico” que entrevista reos, les inventa cumpleaños y termina siendo el amigo risas del Mencho durante tres años. 

Mientras Bernardo acumula estampitas morbosas (John Gotti, Jeffrey Dahmer, el Mencho), lo que realmente colecciona es la posibilidad de salirse del guion: un día decide que ya estuvo, regresa a Colombia y se convierte en contador público pensionado, mientras su compañero de cartas se gradúa a “capo más buscado del mundo”.

El líder que mueve la maldad… y se queda mirando

La anécdota del disturbio en el gimnasio es casi laboratorio de liderazgo criminal: africanos, mexicanos, discos de pesas, SWAT, gas lacrimógeno, colchones ardiendo, todo por un balonazo a un viejo preso al que dejan prácticamente ciego. El Mencho no se ensucia las manos; se encienden los ojos, hace una seña mínima, su gente masacra y él observa y se ríe, como quien dirige una obra de teatro de violencia ajena mientras comprueba que puede encender la maldad en la raza y apagarla sin tocar a nadie.

La foto, el cajón y el fantasma

Lo más incómodo de la historia es que el fantasma al que la DEA persiguió años se vuelve de golpe un hombre que pide algo tan vulgar como una foto de despedida con su amigo colombiano, a tres meses de salir libre. 

Esa imagen —rescatada treinta años después desde un cajón, mientras México procesa la noticia de su abatimiento en Tapalpa— rompe el mito del narco invisible: de pronto el “más buscado” no es una sombra, sino un tipo mojado para espantar la mala suerte, que organiza fiestas de cumpleaños en prisión y se preocupa porque a todos les tomen su foto.

Iconografía narca y periodismo incómodo

Nieto insiste en advertir: no está santificando al Mencho, sólo abriendo una grieta en la iconografía del monstruo que nos contaron la DEA y los medios. Pero la redacción misma traiciona al mito: si el hombre que organizaba masacres a distancia también era el sujeto que te llenaba de chistes y quería que un fotógrafo improvisado se quedara para retratar los cumpleaños de todos, entonces la narrativa oficial del “villano absoluto” se le queda corta al horror mucho más político de siempre: nadie nace capo, alguien lo deja crecer, lo deja salir y luego finge sorpresa cuando termina fundando un cártel que reescribe la historia criminal de México.

Con information: ANTONIO NIETO/LA SAGA/ VANGUARDIA/WIKIPEDIA/

«PEPSI-HARBOR ?: ALIADO ESCORPION de AMERICO y BETO GRANADOS CALIENTAN MATAMOROS a GRADO de ARDER»…matan, roban, levantan y extorsionan con AVAl oficial.

Alguien ya transgredió en Matamoros esa delgada línea entre la simple confrontación y pasó a la guerra abierta contra intereses de conglomerados norteamericanos en México. Como se diría cuando se alcanza un punto de no retorno: “Los cárteles cruzaron el Rubicón”.

Lo que sucedió la madrugada del lunes en las instalaciones de PepsiCo-Sabritas en la calle Marte R. Gómez, en aquella ciudad tamaulipeca -fronteriza con Texas-, es un ataque directo del crimen organizado que pretende enviar un mensaje a aquellas empresas que se niegan a cubrir el  llamado “cobro de piso”. 

Instalaciones de distribución con cincuenta camiones repartidores de refrescos y papas fritas fueron incendiados por desconocidos. Y por más que se quiera tapar el fuego con un dedo, aquello no califica como un accidente, como un “chispazo”. 

La mano negra de un crimen organizado indignado porque no le quieren pagar su cuota, cobró venganza.

El “cobro de piso” está creciendo en todos los estados mexicanos de la frontera con Estados Unidos, porque el negocio del huachicol fiscal -aunque no eliminado- se les desplomó. Y el único camino para recuperar los millones perdidos es cobrar protección, extorsionar para no darles dolores de cabeza.

Curiosamente, el atentado contra las instalaciones de PepsiCo en Matamoros  se da el mismo día en que Stephen Miller, subjefe de Gabinete y asesor de seguridad de la Casa Blanca, lanzó un severo cuestionamiento sobre México. 

“Hay una razón por la que en México no funciona el sistema judicial, no funciona el sistema político, no funciona el sistema legal: es porque hay territorios controlados y ocupados por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino. Y la línea que impide que esa realidad se produzca en nuestro país es la frontera que ustedes defienden día tras día”.

El caso del incendio de la flota de transporte de PepsiCo-Sabritas abre un nuevo y peligroso expediente en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Nuestro país está dando muestras de que no es capaz de garantizar a los inversionistas extranjeros la menor seguridad sobre sus activos y posesiones.

Sin pretender ser alarmistas, esto es equiparable a un ataque al más puro estilo de Pearl Harbor, aquella  batalla en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, en la que los japoneses pretendieron acabar por sorpresa con la entonces imbatible flota naval norteamericana. La ira despertada por esa afrenta fue respondida por Estados Unidos con dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La capitulación de Japón sobre Estados Unidos fue el desenlace.

Desde hace semanas, estamos escuchando advertencias de todos los niveles del gobierno del presidente Donald Trump, acusando que la Cuarta Transformación cedió el poder al crimen organizado, que ya desplegó todo un “narcoestado” en el que además de producción y exportación de drogas, o de robo y distribución de huachicol fiscal, el “cobro de piso” es su nueva fuente de recaudación.

Se vive con los aguacateros y  limoneros de Michoacán; con los mineros de Sonora, Sinaloa y Nayarit; o con los huachicoleros fiscales y factureros de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Baja California. Pero, hasta antes del incendio a las instalaciones de PepsiCo, esos ataques se limitaban a empresas nacionales. El acto de barbarie del lunes en la madrugada y que puede calificar como un acto terrorista, fue un “Pepsi- Harbor” -la destrucción de una flotilla propiedad de norteamericanos- que sin duda generará una reacción violenta y muy justificada del gobierno estadounidense.

En Tamaulipas -como en muchas otras entidades- el “cobro de piso” o de “compra de pax” es toda una industria que genera multimillonarios ingresos al crimen organizado. 

Lo mismo cuidando el transporte del huachicol fiscal que cobrando mensualidades “por no molestar” y hacerle daño a las operaciones de pequeños, medianos y grandes negocios. Y lo vivimos ya en el pasado con incendios a supermercados, a tiendas de conveniencia y ataques a camiones repartidores de refrescos, obligándoles a suspender temporal o permanentemente sus operaciones. Pero nada como este incendio masivo a las instalaciones sobre toda una flotilla de reparto. Esa afrenta se pagará de regreso y muy cara.

En los cruciales momentos en que México y Estados Unidos negocian las nuevas reglas del libre comercio y las tensiones dominan los escritorios de las negociaciones, un ataque como el de PepsiCo, en Matamoros, empaña no sólo los acuerdos, sino que nos expulsa del juego al ser incapaz el gobierno de la Cuarta Transformación de garantizar a los inversionistas extranjeros el Estado de Derecho.

El “Pepsi-Harbor” de Matamoros podría significarse en el principio de un antes y un después en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Porque lo aceptemos o no, eso aquí y en Japón, es terrorismo.

Fuente.-CODIGO MAGENTA/

"666 BESTIALES DÍAS con SHEINBAUM: CRIMINALES HAN DECRETADO SENTENCIAS de MUERTE para 14 ALCALDES, SIN APELACIÓN NI PROCESO...es la única 'gobernanza' del país que cumple sus plazos y no falla en la entrega."

En el día 666 del sexenio de Claudia Sheinbaum, el conteo nacional de homicidios llegó a 43,620 cadáveres regados por todo el país, a un ritmo de 66 muertos diarios. Y no respeta jerarquías, pues en este mismo periodo el diario español El País acaba de confirmar que el número de alcaldes asesinados durante esta administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, llegó a 14, tras el reciente homicidio de Valentín Lavín Romero, edil de Temoac, Morelos, baleado dentro de su propio ayuntamiento.

No hace falta ironía forzada: la realidad ya viene con remate incluido.

La aritmética de la «pacificación»

El discurso oficial ,la estrategia federal de seguridad que dirige Omar Garcia Harfuch con componente militar, es recurrentemente reformulada en clave de disminución porcentual, pero los números no negocian. 

Catorce alcaldes muertos en 660 días ya superan proporcionalmente el ritmo de los sexenios previos: Enrique Peña Nieto acumuló 42 asesinatos de este tipo en seis años, Felipe Calderón 37, y Andrés Manuel López Obrador 26. 

Sheinbaum va camino a alcanzarlos antes de cumplir la mitad de su mandato, mientras el aparato gubernamental sigue llamando a esto «tendencia a la baja». 

Oaxaca y Michoacán: la nueva geografía del terror

Oaxaca lidera con cinco alcaldes asesinados en año y medio, seguido de Michoacán con cuatro, según el académico Víctor Sánchez de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien describe esto no como violencia aislada sino como captura territorial de los municipios por el crimen organizado. 

Casos como el de Carlos Manzo en Uruapan o Joel Ángel Bravo en San Miguel Amatitlán no son anomalías: son la prueba de que el poder local en buena parte del país ya no lo ejerce quien gana una elección, sino quien controla la plaza. 

El gobierno criminal que sí tiene resultados

Mientras el gobierno legalmente constituido debate metodologías estadísticas para maquillar el «promedio diario», las organizaciones criminales operan con una eficiencia burocrática envidiable: decretan sentencias de muerte contra funcionarios electos y las ejecutan dentro de palacios municipales, en plazas públicas, en sus propios domicilios, sin apelación ni proceso. Es la única «gobernanza» del país que cumple sus plazos, que no falla en la entrega y que —a diferencia del Estado— jamás ha necesitado un boletín de prensa para hacerse notar. 

¿Existe algo comparable en el mundo?

No hay equivalente real. Según el estudio Zona Gris sobre homicidios de alcaldes (2000-2025), México ocupa el segundo lugar mundial en asesinatos de líderes locales, solo detrás de Colombia, que acumula hasta 900 casos en un rango más amplio de víctimas (alcaldes, exalcaldes y candidatos). 

Un informe de ACLED de 2024 ubicó a México como el país más peligroso del mundo para funcionarios públicos, con 324 incidentes violentos contra autoridades en un solo año, un salto del 29% respecto al anterior. América Latina concentra el 50% de los homicidios vinculados al crimen organizado a nivel global, frente a apenas 6% en Europa, y ningún otro país fuera de la región —ni siquiera los que atraviesan guerras civiles activas— combina esta letalidad sistemática contra autoridades locales con la normalización institucional que exhibe México. 

Ese es el diagnóstico real: no es que el Estado mexicano haya perdido el monopolio de la violencia legítima, es que nunca lo tuvo del todo en el territorio, y el crimen organizado lleva años cobrando la factura con nombre, apellido y cargo público en medio de una montaña de casi 44 mil cadaveres,de acuerdo con TREsearch.

Con información: Diario Español/El País/ La Razon/

«GOBIERNO QUIERE ser el UNICO MENTIROSO?: PRESENTAN LINEAMIENTOS para CENSURAR MEDIOS de DIFUSIÓN»… la única verdad debe ser del gobierno exacerbadamente embustero.

El Gobierno federal presentó ayer los «lineamientos» que en los hechos buscan censurar a concesionarios de radio y televisión, regulación que incluso podría extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales, como las redes sociales.

La Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, presentó lineamientos sobre “Derechos de las Audiencias” en la nueva ley de telecomunicaciones; Sheinbaum aclaró que no incluyen prensa escrita ni plataformas, temas aún en discusión. 

Las medidas obligan a medios a evitar información falsa o descontextualizada, diferenciar contenidos, contar con código de ética y defensores de audiencias, bajo riesgo de sanciones de la CRT. 

Los lineamientos estarán en consulta pública hasta el 21 de agosto. Oposición, expertos y organismos como la CIRT y Artículo 19 advierten riesgos de censura, regresión democrática y exceso regulatorio, señalando que el Estado no debe definir la verdad ni legislar de forma apresurada.

Ahora resulta

El gobierno que vive de fabricar mentiras ahora dice que va a censurar “porque no le gustan las mentiras”. Qué tierno: el principal mentiroso quiere ser nuestro editor de realidad. 

El libro *State Sponsored Disinformation Around the Globe*, donde se documenta cómo los gobiernos sin distingo se han convertido en las principales fábricas de desinformación, usando recursos públicos y la legitimidad institucional para manipular a la ciudadanía. 

Cuando un gobierno miente, no lo hace como cualquier tuitero anónimo: lo hace con estadísticas oficiales, medios públicos, voceros y hasta el aparato judicial para darle traje y corbata a la falsedad. 

En el sur global —México incluido— la cosa es todavía más tóxica: la desinformación estatal se mezcla con desigualdad, medios dependientes del dinero público y debilidad institucional, lo que vuelve a los gobiernos actores especialmente peligrosos en la guerra por el sentido común. 

Durante la pandemia se vio la versión beta de esta maquinaria:gobiernos ajustando cifras de muertos y contagios según la narrativa del día, construyendo realidades paralelas desde la comunicación oficial. 

Ese mismo modelo ahora se recicla con otro nombre más elegante: “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, presentados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y el gobierno federal como un avance histórico. Sobre el papel, esos lineamientos dicen que buscan que las audiencias reciban información “veraz y oportuna”, distingan opinión de noticia y contenido de publicidad, y tengan mecanismos para quejarse ante medios que violen sus derechos. 

En el discurso suena precioso; en manos de un gobierno obsesionado con controlar el relato, suena a filtro ideológico profesionalizado.

El punto más inquietante: cuando el árbitro (el Estado) decide hacer trampa, ¿quién lo sanciona? Si el mismo gobierno que ha perfeccionado campañas sistemáticas de desinformación se coloca como autoridad moral para decidir qué es “veraz y oportuno”, la protección de audiencias se convierte en un sistema de licencias para decir lo que el poder considera aceptable. La narrativa oficial insiste en que no hay censura y que solo se suspenderán transmisiones que violen valores constitucionales o lineamientos de defensa de audiencias. 

El problema es quién interpreta esos valores cuando el gobierno ya fue exhibido como “la más importante fábrica de desinformación con todo el peso del dinero y las instituciones”.

La lógica es tan absurda que casi parece chiste: primero se monta una maquinaria de desinformación altamente sofisticada —bots, campañas coordinadas, manipulación de cifras, explotación de medios públicos— y luego se vende un marco regulatorio como escudo protector para que las audiencias no sean víctimas… de la desinformación. 

Es el pirómano diseñando el manual de protección civil y otorgando certificados de “incendio responsable”. En lugar de fortalecer medios independientes y transparencia en datos, se multiplica la capacidad del Estado para actuar como árbitro de contenido, con lineamientos, defensores de audiencias nombrados bajo estructuras que orbitan el poder y facultades para suspender transmisiones que “no se apeguen” a esos criterios. Traducido al castellano irreverente: si no repites la versión oficial, te están cuidando… de ti mismo.

Con información: ELNORTE/REDES/