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jueves, 5 de noviembre de 2026

LA «DESPOJAN de su CAMIONETA con AYUDA de JUEZA del BIENESTAR en TAMAULIPAS que en CAMPAÑA del ACORDEÓN JUDICIAL PROMETÍA HONESTIDAD»… y proteger grupos vulnerables.


El sistema de justicia de Tamaulipas bajo el Gobierno de Americo Villarreal y Tania Contreras , Magistrada Presidenta del STJE a cargo de fichada por narcopoliticos, volvio a superarse a sí mismo en el arte del cinismo institucional. Esta vez, la protagonista de la farsa es una flamante «jueza del bienestar», quien ahora tiene que rendir cuentas ante la Fiscalía de Justicia por otro indagado en pasado ,por prestarse a la vieja y confiable maña del despojo mediante juicio simulado.

Porque como ya se sabe , en la tierra donde los expedientes caminan solos cuando hay billetes de por medio, quitarle su patrimonio a un ciudadano a punta a sellos oficiales, notificaciones fantasma y audiencias de utilería no es un error administrativo: es deporte extremo patrocinado desde el estrado.

El milagro de la Fiscalía (cuando no le queda de otra)

Lo verdaderamente vomitivo del asunto no es solo que una juzgadora —supuestamente investida para impartir justicia con «rostro humano y bienestar»— use su mazo como ganzúa inmobiliaria. Lo que exhibe de «puerco entero» no solo es la podredumbre del aparato judicial tamaulipeco ,es que la Fiscalía solo movió un dedo porque la víctima los obligó.

De acuerdo con el oficio con número de expediente 2559/2026 y folio FGJT/FD/FDVIC/CJ/8792/2026, emitido por la Unidad de Atención Inmediata, el Ministerio Público exigió al juzgado Primero de lo Civil a cargo de Liliana Raquel Peña Cárdenas rendir cuentas en un plazo no mayor a 24 horas para informar sobre la radicación del expediente 748/2026.

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Si por el Ministerio Público fuera, la carpeta de investigación seguiría durmiendo el sueño de los justos debajo de una torre de tortas y oficios sin leer. 

En Tamaulipas, la justicia no es ciega; se hace la occisa hasta que el afectado patea la puerta, arma el escándalo legal y acorrala a los fiscales al punto donde encubrir a la compañera de gremio sale más caro que citarla a declarar.

El manual del despojo institucional:

  • La farsa procesal: Se arma un litigio de cartón donde el dueño legítimo es el último en enterarse de que ya perdió su propiedad en un juzgado.
  • La venia judicial: La jueza, en lugar de revisar la legalidad más elemental, estampa la firma con una velocidad digna de récord olímpico.
  • El encubrimiento por inercia: Las instituciones se tapan con la misma cobija hasta que la presión de la víctima rompe el pacto de silencio.

Que decía de candidata en la elección judicial del «ACORDEON»:

La entrevista de campaña de Liliana Raquel Peña Cárdenas(entonces candidata a Jueza de Primera Instancia de lo Civil en Victoria, Güémez y Casas en la boleta naranja, número 10) es una joya de ironía involuntaria si se confronta con las acusaciones actuales de despojo mediante juicio simulado por las que hoy la indaga la Fiscalía.

Lo que prometía como candidata (El discurso de pureza)

Obsesión por revisar los expedientes a fondo: Aunque admitió no tener maestría ni doctorado, justificó esa carencia diciendo que le faltaba tiempo por ser «muy apasionada» de su trabajo: «leo, leo y vuelvo a leer [el expediente] y digo: ¿no ves que éste tenía otra solución o a lo mejor era ésta la forma?».

Mano dura y control total contra la corrupción: Reconoció que en los juzgados sí existían muchos actos de corrupción y que llegaban abogados «pidiendo favores». Sin embargo, aseguró que con ella eso no pasaba porque tenía a su personal «muy concentrado», vigilando personalmente copias y registros bajo la premisa de predicar con el ejemplo: «si uno no lo hace, pues ellos por qué».

Miedo al estigma de «jueza corrupta»: Confesó sentir temor al pedir el voto de que la ciudadanía le dijera: «oye, vienes del Poder Judicial, eres corrupta». Aseguró que la única forma de cambiar esa percepción era que los nuevos jueces evitaran esas prácticas durante sus ocho años en el cargo.

Defensora del patrimonio frente a abusos: Presumió que su labor era proteger a grupos vulnerables (mujeres, adultos mayores y menores) cuidando escrupulosamente sus bienes inmuebles para evitar que terceros o tutores hicieran «un mal uso» en la venta de sus propiedades.

Queja por los «bajos sueldos»: Atribuyó la corrupción judicial a que el Poder Judicial de Tamaulipas es de los peores pagados en comparación con la federación o estados vecinos, argumentando que cuando el personal gana poco busca «de alguna otra forma el sacar ventaja o el sacar un poco más de dinero».

Su eslogan final: Cerró pidiendo el voto bajo la promesa de «transparencia, honestidad y experiencia» tras 17 años de carrera judicial.

La triste e infausta realidad

Que hoy llamen a cuentas a la juzgadora no es ningún triunfo de la «cero impunidad» ni un acto de depuración interna; es el control de daños de un chiquero judicial que fue exhibido con las manos en la masa. 

Habrá que ver si la solicitud de pruebas documentales o alguna cita en la Fiscalía termina en una vinculación a proceso real o en el clásico café entre colegas para esperar a que se enfríe el escándalo. En este caso, el despojo es de bienes materiales; en otros, ha sido el «despojo de la vida».

Con información: NOTICIERO DE VICTORIA/

«MÉXICO EVALÚA NO se CHUPA el DEDO: INFORME EXHIBE 16 EXTORSIONES REPORTADAS por AMÉRICO en 9 EMBARAZOSOS MESES en REYNOSA y 6 en NUEVO LAREDO»… como si fueran sucursales de Suiza.


El crimen organizado en México entendió antes la lógica del nearshoring y el desarrollo regional que el propio Gobierno federal. Según el más reciente diagnóstico de México Evalúa, los extorsionadores ya no pierden el tiempo en callejones oscuros: ahora hacen estudios de mercado y se instalan directamente donde se mueve el billete.

En el caso de Tamaulipas, aun gobernado por Morena y Americo Villarreal ,de acuerdo con el mismo reporte de México Evalúa es la cumbre del surrealismo estadístico: si uno se guía únicamente por los papeles oficiales, Reynosa y Nuevo Laredo parecen sucursales de Suiza.

Esto es lo que dice el informe sobre tierras tamaulipecas (y lo que realmente hay detrás de sus números):

El «milagro» fronterizo que nadie se cree Tamaulipas forma parte del núcleo de la región Norte industrial y minero, clave para el T-MEC y dueño de varios de los cruces comerciales más importantes hacia Estados Unidos. 

Sin embargo, en las tablas oficiales ocupa el lugar 23 de 32 a nivel nacional, con una minúscula tasa de 1.51 víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes entre enero y septiembre de 2026. Más aún, según las cifras oficiales, el delito se desplomó un 47.1%respecto a 2025 y un 66.1% desde 2015.

Reynosa y Nuevo Laredo: ¿libres de cobro de piso? Al hacer zoomen los municipios estratégicos de la frontera, la cosa se pone todavía más inverosímil. De los 133 municipios analizados en la región Norte:

  • Reynosa apenas reportó 16 víctimas en nueve meses (tasa de 2.0, ocupando el lugar 117 de 133).
  • Nuevo Laredo, la aduana terrestre más importante de América Latina, registró la ridícula cifra de 6 víctimas en todo ese periodo (tasa de 1.3, en el puesto 127 de 133).

El diagnóstico sin anestesia: nadie denuncia donde manda el miedo

México Evalúa no se chupa el dedo y titula este apartado «En la frontera, los registros no muestran dónde está el riesgo».

El reporte advierte con toda claridad que el hecho de que polos fronterizos con economías gigantescas y «presencia criminal conocida» casi no registren extorsión no significa que estén protegidos, sino que el delito simplemente no se denuncia ni se registra, como advierten los  informas oficiales.

Es decir, cuando el control criminal es tan asfixiante y la desconfianza (o el terror) hacia las autoridades es total, ir al Ministerio Público no es una opción segura para nadie.

El contraste en el anexo delictivo (los otros datos) Para terminar de pintar el cuadro en los anexos estadísticos del reporte (corte enero-septiembre 2026):

Homicidio doloso y robo a transportista: Presume caídas espectaculares; ocupa el lugar 25 nacional en homicidio doloso (tasa de 3.55, un 80.1% menos que en 2015) y también el lugar 25 en robo a transportista (tasa de 0.05).

Los focos rojos que no se pueden esconder: Mientras las denuncias por extorsión brillan por su ausencia, Tamaulipas ocupa el 3.º lugar nacional en feminicidios (con un aumento del 60.7% entre 2025 y 2026), primer lugar nacional de personas desaparecidas y no localizadas ,se ubica en el lugar 14 de violencia letal combinada (tasa de 33.06, por encima del promedio nacional), y el robo a negocio creció un 21.1% en el último año.

En pocas palabras: en Tamaulipas el crimen no necesita llenar formularios en la fiscalía; el silencio estadístico en sus aduanas y corredores industriales es la prueba más ruidosa de que ahí el cobro de piso opera en la sombra absoluta.

Que dice el informe de todo el pais

El 85% de las víctimas de extorsión del país están concentradas en el Centro, el Bajío-Occidente y el Norte. Es decir, justo donde vive el 69% de la población, donde se ensamblan los autos, se produce para exportar y se mueve el consumo. Y mientras los políticos se llenan la boca hablando de competitividad de cara a la revisión del T-MEC, la realidad en el piso es que las empresas ya tienen integrado un «impuesto criminal» en sus costos operativos, el cual, adivinen qué, terminamos pagando todos en el supermercado.

Menos plomo, más factura: la «paz» corporativa del narco

El dato más irónico del reporte (que abarca de 2016 a septiembre de 2026) es cómo se desinfla el discurso oficial. El gobierno presume que bajan los homicidios, pero la extorsión no se ha movido un ápice desde 2022 y hoy hay 65% más víctimas por habitante que en 2015.

La explicación es tan cínica como lógica: un cliente muerto no paga cuota. Cuando las mafias dejan de matarse entre sí por la plaza, no es porque se hayan vuelto ciudadanos ejemplares, sino porque pasan a la fase de «administración y cobranza».

El ejemplo perfecto es Sinaloa: mientras los homicidios bajaron un 24% respecto al año pasado, las víctimas de extorsión casi se duplicaron (pasando de 74 en 2025 a 141 en 2026, su récord desde 2015). Y no están cobrando en Culiacán, el epicentro de los balazos, sino donde hay flujo de caja: las tasas más altas están en el turismo de Mazatlán (6.7) y la zona agrícola de Ahome (6.0), superando por mucho a la capital (4.3).

El Gobierno jugando al gato y al ratón (con los ojos vendados)

En julio de 2025, la federación lanzó con bombo y platillo la Estrategia Nacional contra la Extorsión (ENCE), enfocada en ocho estados «prioritarios» (Edomex, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán). ¿El resultado? El clásico efecto cucaracha:

  • En esos ocho estados vigilados, las víctimas bajaron un modesto 13% entre 2025 y 2026.
  • En el resto del país —donde el gobierno no puso el foco—, la extorsión se disparó un 30%.
  • Seis de los nueve estados con las tasas más altas de extorsión por habitante ni siquiera están en la dichosa lista prioritaria: Morelos, Zacatecas, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Tabasco. De hecho, Morelos, Querétaro y Colima rompieron este 2026 su récord histórico desde 2015.

Como bien resume México Evalúa con diplomacia —aunque suena a cachetada con guante blanco—: «El delito cambia de lugar más rápido de lo que se ajustan las prioridades del Gobierno». Y no es que se necesite cubrir cada milímetro de la república: de los 729 municipios con casos este año, apenas 42 (menos del 6%) concentran la mitad de todas las víctimas.

Radiografía del cobro de piso versión VIP

Los extorsionadores operan con mentalidad de corredor económico, mientras las autoridades siguen pensando en límites municipales burocráticos:

Nuevo León (El milagro industrial con peaje): Es el estado con el mayor incremento de víctimas de todo el país y acapara 6 de cada 10 casos del norte. Aunque sus homicidios cayeron a menos de una cuarta parte de lo que eran en 2024, la extorsión sube sin freno desde 2020. El crimen siguió la mancha industrial y hoy golpea más en la periferia rica y fabril (San Pedro Garza García, Santiago, Salinas Victoria y Cadereyta) que en la propia capital de Monterrey.

El Corredor del Bajío (Autopista de cuotas): La ruta León–Silao–Irapuato–Salamanca–Celaya–Querétaro–San Juan del Ríoacumula el 40% de las víctimas de la región. Curiosamente, León se salva bastante a pesar de ser el más poblado, mientras que a Irapuato, Salamanca y Celaya no les dan respiro.

Ciudad de México (El misterio burocrático): En la capital los casos se multiplicaron por más de tres en 2025 y se quedaron en las nubes durante 2026, concentrados donde está el poder adquisitivo: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Aquí México Evalúa concede el beneficio de la duda y apunta a que este brinco descomunal probablemente se deba a que por fin cambiaron la forma de registrar o recibir las denuncias, y no a que el delito se haya triplicado de la noche a la mañana.

El mensaje del reporte es claro: mientras los delincuentes operan con visión de cadena de suministro, logística interurbana y zonas de alto valor agregado, la estrategia de seguridad sigue llegando tarde a donde el dinero —y sus cobradores— ya hicieron mudanza hace rato.

Con información: ELNORTE/ MEXICO EVALUA/ EL ECONOMISTA

«MADRE de GUARDIA ESTATAL pide ESCLARECER MUERTE con CARA de ASESINATO, pero CARÍSIMASCÁMARAS del GOBIERNO de AMÉRICO NO FUNCIONAN»… salvo para los contratos de currícula chamuscada.


En el surrealismo mágico de la política estatal bajo el Gobierno de Morena y Americo Villareral, el presupuesto público sirve para dos cosas: comprar tecnología de punta que solo existe en los boletines de prensa y reciclar personajes con prontuario para que aplaudan desde la nómina.

Por un lado tenemos el show mediático: la promesa triunfalista de  ampliar la red de videovigilancia a cinco mil cámaras, presumida con bombo y platillo mientras el personaje de pasado carcelario y currículum digno de expediente penal —como el célebre «Willy Zuñiga», que pasó de las acusaciones de secuestro y el bote a Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica y la estridente alabanza oficialista— le lustran el calzado al gobierno de Américo Villarreal. 

En el discurso, Tamaulipas es prácticamente el Gran Hermano de Orwell; no se mueve una hoja sin que el C5 le tome foto en alta definición.

Pero basta con que ocurra una tragedia real dentro de las propias filas de la Guardia Estatal en manos de Carlos Arturo Pancarado, General del Ejército ,para que a la «tecnología de vanguardia» le dé un repentino ataque de ceguera selectiva, casi al mismo tiempo que justifica con «argumentos babosos» el vil asesinato de una menor desde un helicóptero de su corporación.

Ahí está el caso de Padilla, donde la madre de un Guardia estatal exige respuestas ante la muerte de su hijo, que la versión oficial quiso vender rápido y barato como un simple «atropellamiento». Cuando la familia pide ver las pruebas para aclarar un deceso que huele a todo menos a accidente de tránsito, el megaproyecto de las cinco mil cámaras hace magia y desaparece: resulta que las cámaras de la zona «no funcionan» y, en una coincidencia digna de milagro estadístico, la cámara de la patrulla tampoco servía.

La conveniente falla técnica ni siquiera es un caso aislado; se da casi en simultáneo con el asesinato de otro elemento policial en medio de señalamientos directos y filtraciones que apuntan al actuar turbio de la misma Guardia Estatal echándole la mano al Cartel del Golfo,el verdadero patrón de la segunda nomina.

La ironía se escribe sola: para el aplauso de exreos convertidos en porristas del régimen y para justificar contratos millonarios, hay miles de ojos electrónicos cuidando el estado; pero cuando a un policía lo matan bajo las narices de su propia corporación, el sistema entero se queda ciego, mudo y sin memoria. 

En Tamaulipas las cámaras no están para grabar delitos ni para darle justicia a una madre: están para salir bonitas en la licitación.

Con información: HoyTamaulipas/

«¿QUÉ MÁS FALTA, FISCAL?: GOVEA se RESISTE a ENCARPETAR al FRANCOTIRADOR de la GUARDIA ESTATAL que APRETÓ el GATILLO para MATAR a ARANZA»… no son Militares,asesinos viajaban en «helicoptercito».


El asesinato de Aranza Aidelany, una niña de apenas 7 años y de nacionalidad estadounidense, acribillada desde un helicóptero de la Guardia Estatal en Matamoros, Tamaulipas, ya desató una tormenta de indignación. La única defensa del Estado ha sido balbucear explicaciones indolentes y poco empáticas, en voz de un general que ahora ocupa la Secretaría de Seguridad Pública estatal bajo el gobierno de Morena y de Américo Villarreal. A ello se suma la respuesta de un fiscal de justicia con pasado criminal que investiga a cuentagotas buscando matizar los hechos con saliva oficial.

El casete oficial: El laberinto retórico del fiscal Jesús Eduardo Govea con Azucena Uresti

Cuando la tragedia se viste de burocracia, las palabras del fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, en su entrevista con Azucena Uresti, suenan menos a una rendición de cuentas y más a una elegante coreografía para ganar tiempo. 

Frente a la crudeza de los hechos —una niña de siete años muerta por un disparo de fusil disparado desde el aire—, la retórica oficial opera bajo una maquinaria de contención orientada a diluir la responsabilidad institucional mediante el eufemismo y la dilación técnica.

Una disección quirúrgica, sin tapujos, de los puntos ciegos, contradicciones y el sesgo institucional que habitan en la narrativa del fiscal Govea,nos dicen mas con lo que calla que lo que presume en voz alta.

El eufemismo de la «coincidencia» y el rodeo burocrático

El discurso: Govea admite de entrada que la madre de la menor es «muy precisa» al señalar las características de la aeronave, que el calibre recuperado es 7.62 (exclusivo de fuerzas armadas y grupos de alto poder) y que la trayectoria balística es indudablemente de arriba hacia abajo (atravesando el vehículo). 

A pesar de tener la fórmula completa sobre la mesa, el fiscal insiste en que «la investigación por método y por acuciosidad debe agotar todas las hipótesis» y que se requiere «tiempo necesario» para dar certeza jurídica.

El sesgo y la inconsistencia

¿Qué hipótesis quedan por agotar cuando los criminales no operan con helicópteros artillados, el calibre es usado por policias y militares, la Marina y el ejercito ya negaron resposnabilidad,la trayectoria aérea está confirmada y la única fuerza con presencia de aeronaves en el operativo era el Estado acusado por la familia agraviada? 

Llamar «prudencia investigativa» a lo que en realidad es una estrategia de contención de daños políticos es un insulto a la lógica. El fiscal estira el chicle de la burocracia forense, no porque falten evidencias físicas, sino porque la conclusión natural apunta directamente a las fuerzas de seguridad del propio Estado, hoy gobernado en Tamaulipas por Morena y Américo Villarreal.

*Entrevista Completa:

El escudo de las bitácoras y la coartada de las Fuerzas Armadas

El discurso: Ante la pregunta de si ya se puede fincar responsabilidad, Govea se ampara en que no basta con los dichos públicos o los deslindes institucionales (como el de la Secretaría de Marina diciendo que solo hacían «movimientos administrativos»), sino que se necesitan bitácoras formales.

El sesgo y la inconsistencia: Aquí radica una trampa sistémica perfecta: confiar en que las propias dependencias militares y policiales entreguen de manera voluntaria, transparente e inmaculada las bitácoras que incriminen a sus tripulaciones aunque en los momentos previos esta documentado solo el vuelo de la aeronave de la Guardia Estatal.

El fiscal traslada la carga de la prueba a la autogestión de información de las Fuerzas Armadas. Esperar a que un componente castrense o estatal se autoincrimine mediante un documento interno es diseñar una investigación con fecha de caducidad eterna o con un veredicto prefabricado de «neblina de guerra».

La revictimización institucional por la vía de la lentitud

El discurso: El fiscal apela a la empatía subrayando que la familia está «muy agraviada» y que se les brinda acompañamiento psicológico a través del Ejecutivo estatal.

El sesgo y la inconsistencia: Hay una perversidad en ofrecer «atención y acompañamiento» con la misma mano institucional que firmó u omitió el control del operativo aéreo que cobró la vida de la niña. La lentitud procesal disfrazada de «rigor científico» funciona como una anestesia social: mientras la fiscalía «procesa laboratorios de balística» para algo que balísticamente es elemental (una ojiva de fusil de asalto disparada desde el cielo), el clamor de justicia se diluye en el desgaste mediático de los días subsecuentes.

Govea no miente descaradamente, pero administra la verdad con cuentagotas para proteger al Estado. 

En su intento por dilatar la consignación de los responsable que son miembros del propio estado que debería proteger vidas y no quítarlas, construye un laberinto discursivo donde lo obvio (un helicóptero del gobierno disparando contra civiles) se vuelve un misterio indescifrable que requiere meses de «cotejos». 

La retórica del fiscal es, en esencia, la autopsia de una procuración de justicia subordinada: aquella donde las balas homicidas vienen del cielo, pero la culpa siempre se queda suspendida en una nube de trámites.

La coartada «estúpida»: Lejos de asumir una pauta de mando responsable o una investigación transparente inmediata, mandos como el secretario de Seguridad Pública estatal, el general Carlos Arturo Pancardo Escudero, redujeron la vida de una niña a un frío, burocrático e insensible «daño colateral».

El clamor del tribunal digital: indignación y hartazgo

El eufemismo del horror: En las plataformas digitales, los usuarios estallaron contra el concepto de «daño colateral». La exigencia colectiva ironiza sobre la puntería de los genios con placa: ¿desde cuándo una niña de 7 años sin pistola, escondida en un carro bajo el fuego de ametralladoras aéreas, representa una «amenaza táctica» que amerita una intervención brutal y despiadada.

La exigencia ciudadana ya cruzó la línea del hartazgo: ya no se trata de pedir «que se investigue», sino de señalar directamente la absoluta incapacidad mental y operativa de quienes presumen cuidar a la ciudadanía desde un escritorio blindado mientras la tropa dispara a mansalva.

Con información: GRUPO FORMULA/ AzucenaUresti/