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lunes, 2 de noviembre de 2026

«¿ATORARON a la CHISPA y lo SOLTARON?: ENÉSIMA FILTRACIÓN de POLICÍAS EXHIBE PARO a LUGARTENIENTE GOLFO EMPARENTADO con el GOBIERNO»… las redes sirven para desenredar al poder.


El enorme aporte de la denuncia anónima merece reconocerse antes de cualquier otra cosa: permite que salga a la luz lo que alguien conoce desde dentro y no se atreve a declarar con nombre y apellido. El anonimato no convierte un señalamiento en verdad probada, pero tampoco lo vuelve desechable. 

En la mas reciente filtracion, quien se presenta como agente de la Guardia Estatal asegura que corre un riesgo al hablar y ofrece aportar más datos. Eso merece atención, contraste y protección; no el cómodo carpetazo de quienes exigen una firma antes de molestarse en revisar lo denunciado y que en algunos casos como el mas reciente,suele venir acompañado de mas evidencias.

Las redes tienen ahí un valor que sería absurdo desconocer: permiten publicar, conectar testimonios y abrir preguntas sin pedirle autorización al funcionario señalado. Las redes no son inmunes a las presiones ni están completamente fuera del alcance del Estado, pero tampoco pasan necesariamente por la ventanilla donde el poder quisiera decidir qué se cuenta y qué se entierra. 

Para desbaratar redes delincuenciales, también sirven las redes de información. Sobre todo cuando una publicación provoca que aparezca otra voz y esa voz señala dónde seguir buscando, como acaba de ocurrir también en Matamoros tras la filtración de un audio.

Eso es precisamente lo relevante del mensaje publicado este 2 de noviembre: apareció como comentario a la información sobre la presunta liberación irregular de tres detenidos en Reynosa. 

No es la corroboración independiente del primer señalamiento;es una nueva fuente que amplía las acusaciones y ofrece otros episodios susceptibles de verificación. Una filtración abrió la puerta a otra. Ahora falta que la investigación entre por ella y no que alguien corra a cerrarla antes que encerrarlos.

LA PRIMERA ACUSACIÓN: UN INFORME PRESUNTAMENTE HECHO A LA MEDIDA

La publicación que antecede al comentario recoge una denuncia atribuida a elementos de la Guardia Estatal: Ómar Zúñiga Honorato habría recibido 280 mil pesos para modificar el procedimiento y el Informe Policial Homologado, para beneficiar al Cartel del Golfo.

«LA CHISPA»: EL NUEVO SEÑALAMIENTO NO LLEGA SOLO

El autor del comentario afirma que, aproximadamente dos semanas antes, detuvieron al «comandante Chispa» y que «desde Victoria ordenaron que lo soltaran», aunque antes habría pagado «una buena cantidad de dólares». .

¿Quién es «La Chispa»? 

Mario Guitán Rosas ,alias La Chispa se le señala como presunto operador de Los Metros, facción del Cártel del Golfo bajo el mando de César Morfín Morfín, «El Primito» y ha sido sujeto del escrutinio de la prensa nacional por la cercanía con el Gobernador Americo Villarreal. 

El nuevo señalamiento no puede despacharse como si hablara de un personaje sin antecedentes legales o periodísticos que ya estuvo en prisión en 2017.

“Plantea una presunta intervención policiaca de la Guardia Estatal en Reynosa para detenerlo y otra, desde Ciudad Victoria, para evitarlo”.

LA ACUSACIÓN SUBE DE PISO

La infidencia no se limita a señalar a policías de calle. Su autor sostiene que existen mandos inconformes con sus superiores, afirma que el secretario general tiene mayor jerarquía que el general Pancardo y asegura que reciben órdenes para servir al cártel. 

También sitúa el supuesto origen de las instrucciones «arriba del 3 piso de el 15 Juárez en Ciudad Victoria». Esa referencia es importante debe esclarecerse: no identifica por sí sola a quien habría impartido una orden ni acredita su intervención, pero presume quien es la «carga».

Este es el punto que no debe perderse entre los apodos y las cantidades: el denunciante describe una presunta cadena de decisiones que deben corroborarse pese a la falta de voluntad. El problema no terminaría en el agente que abre una puerta; alcanzaría al mando que ordena abrirla y a quien pudiera proteger la maniobra.

Porque el organigrama no puede servir para repartir autoridad hacia abajo y evaporar responsabilidades hacia arriba.

El mismo mensaje atribuye a la liberación de «Goyito Sauceda» un pago de 250 mil dólares y una supuesta intervención política de Eva Reyes, a quien identifica como diputada de Morena y suegra del mencionado. 

También acusa, sin identificarlo por nombre, a un general de zona militar de ayudar a «La Chispa» y menciona a «R8» en un pasaje sobre presuntas instrucciones para cuidar un perímetro utilizado para el cruce de droga. 

«ÓRDENES SON ÓRDENES»: LA FRASE QUE EXIGE OTRAS PREGUNTAS

«No todos somos corruptos», escribe el supuesto agente, antes de rematar con «órdenes son órdenes». La frase es reveladora como parte de su relato, pero no basta con afirmar que «arriba» mandan. Hay que precisar quién, cuándo, por qué vía y ante qué testigos. De otro modo, «arriba» termina siendo un domicilio sin habitantes y «órdenes» una palabra que todos utilizan para que nadie responda.

QUE INVESTIGUEN LOS HECHOS, NO QUE PERSIGAN AL MENSAJERO

El valor de esta intervención anónima no consiste en que haya resuelto el caso. Consiste en que amplía las preguntas, señala posibles rutas de comprobación y muestra cómo una publicación puede abrir espacio a otras revelaciones. Eso es lo que el periodismo debe aprovechar sin entregar su criterio: recibir información no obliga a creerla toda; obliga a examinarla.

A los señalados les corresponde responder sobre hechos concretos y tener oportunidad de ofrecer su versión. Al periodismo le corresponde contrastar, proteger a la fuente y corregir cuando proceda. A nadie le sirve cambiar el boletín oficial por un anónimo intocable.

Pero tampoco hay que hacerse tarugos: exigir pruebas es rigor; exigir que quien denuncia se exponga antes de revisar una sola pista es una estupenda manera de quedarse sin denunciantes.

La salida no es silenciar las redes ni desacreditar automáticamente al que habla desde el anonimato. Es llevar los señalamientos al terreno donde puedan probarse o desmentirse. Porque, si la versión resulta cierta, el escándalo no sería que un policía hablara en internet: sería que dentro de la corporación algunos hubieran confundido la cadena de mando con la cadena de cobro.

Con información: MEDIOS/REDES/

«¿7 de 14 HERRAMIENTAS?»: DIAGNÓSTICO sobre la JUSTICIA DIGITAL de GOVEA y AMÉRICO: «OPERA CASI con un SELLO y una ENGRAPADORA como TECNOLOGÍA»… y las herramientas que tienen no producen resultados.


En Tamaulipas, aun bajo el gobierno de Morena y de Américo Villarreal, la justicia digital —ahora a cargo de una «currícula tatemada»— tiene una incómoda relación con las matemáticas: de las 14 categorías de herramientas consideradas básicas para la investigación criminal por México Evalúa, la Fiscalía estatal reportó contar solo con siete. La mitad.

No es una ninguna calificación de eficacia ni significa que la eficiencia resuelva la mitad de los delitos; significa algo más elemental: en el inventario examinado, apenas reunió la mitad de las capacidades tecnológicas consultadas. El informe distingue entre disponer de herramientas y utilizarlas para construir investigaciones sólidas.

El informe Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México, realizado con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann, permite ir más allá del resumen nacional difundido tambien por El Economista: en el caso tamaulipeco, el problema no es una ausencia absoluta de tecnología, sino una combinación de herramientas disponibles, capacidades faltantes y respuestas pendientes. Hay con qué trabajar en algunas áreas; en otras, el hueco está reconocido por la propia institución.

En el diagnostico de Tamaulipas se reportan instrumentos para procesar ciertos indicios y administrar expedientes, pero también vacíos en la captura temprana de información, el análisis transversal de casos y la supervisión tecnológica del trabajo policial. Modernización por partes, no una cadena completa de investigación.

Hay ADN y balística; falta demostrar qué justicia producen

Aunque en la realidad tangible la Fiscalía tamaulipeca parece operar como una oficina sin más tecnología que un sello y una engrapadora, reportó contar con sistemas de huellas dactilares, dos programas de identificación genética —DNAVIEW y Smallpond—, un sistema de identificación balística mediante IBIS y herramientas para desbloquear teléfonos celulares y extraer su información.

Esto sirve de poco o nada frente a los delitos de alto impacto, si atendemos a otros informes que siguen dejando todo pendiente. El problema de fondo es de complicidad, no de tecnología.

El detalle incómodo viene después del inventario: el estudio no permite saber cuántas investigaciones tamaulipecas utilizaron esas herramientas, qué evidencia produjeron, cuántos casos llegaron a juicio gracias a ella ni qué resultados obtuvieron. 

Tener el programa no acredita, por sí solo, una investigación sólida. La licencia no declara ante el juez; la prueba tiene que hacerlo y es tanta la desconfianza que la cifra negra de delitos, la gente que no denuncia,es abrumadora.

En identificación humana, el documento subraya además una diferencia esencial: en los casos de desaparición puede ser necesario identificar tanto a las víctimas como a las personas responsables. Son trabajos relacionados, pero no intercambiables. Identificar unos restos no equivale a esclarecer quién cometió el delito.

En una entidad doblemente campeona: en personas desaparecidas y en cadáveres sin identificar.

Por eso, para Tamaulipas, la pregunta periodística de fondo no termina en “¿cuántos sistemas compraron?”. Empieza ahí: ¿en cuántos casos los utilizaron, cuánto tardaron los dictámenes y cuántos de esos resultados fueron incorporados efectivamente a una investigación judicializada? Son precisamente los tipos de indicadores que recomienda construir el informe.

Sin análisis masivo: expedientes que pueden convivir sin conocerse

Uno de los rezagos más relevantes es que Tamaulipas declaró no contar con un sistema para el análisis masivo de información de casos. No es el único: otras 14 fiscalías dieron la misma respuesta. Pero que el problema tenga compañía no lo vuelve menos grave.

Estas herramientas permiten cruzar información sobre víctimas, personas investigadas, lugares, indicios y formas de operación para buscar patrones y relaciones entre expedientes. Sin esa capacidad reportada, queda una brecha en el uso sistemático de los datos que la propia institución acumula. Eso no significa que no haya analistas ni que nadie haga cruces manuales; significa que no reportó disponer de la herramienta consultada para hacerlo de manera masiva.

Dicho sin incienso burocrático: una fiscalía puede tener montañas de información y seguir necesitando que alguien descubra, a mano, que varios expedientes se están contando pedazos de la misma historia.

Tamaulipas también quedó entre las entidades que reportaron no contar con sistemas para rastrear direcciones IP y declaró carecer de identificación facial. Son brechas distintas: una afecta las herramientas disponibles para explorar rastros digitales en las redes; la otra, la búsqueda de posibles identidades a partir de imágenes. Ninguna autoriza a concluir que un delito sea imposible de investigar, pero ambas reducen el repertorio tecnológico propio declarado.

Denunciar por internet no es lo mismo que recibir la denuncia donde ocurrió el delito

Tamaulipas reportó una plataforma de denuncia digital. Pero, al mismo tiempo, declaró no contar con un sistema para recibir denuncias en el lugar de los hechos. Son dos puertas distintas y el informe las evalúa por separado.

La primera permite un contacto remoto con la institución. La segunda busca que la policía capture desde el sitio información inicial, testimonios, fotografías y referencias de tiempo y lugar, y que esos datos lleguen a la Fiscalía. 

Querétaro ofrece un contraste concreto: reportó 2,062 tabletas electrónicas para recibir denuncias mediante su Sistema Informático Único y señaló que el 53.41% de las denuncias por delitos patrimoniales comenzaban de esa manera. Es información declarada por esa entidad, no una auditoría independiente de sus resultados, pero muestra una integración operativa que Tamaulipas no reportó tener en esa categoría.

Cámaras corporales: una carencia; patrullas: una respuesta ausente

En el apartado de monitoreo de cámaras corporales, Tamaulipas reportó no contar con ese sistema. El rezago alcanza herramientas que el informe considera útiles para documentar intervenciones policiales, esclarecer controversias sobre detenciones y uso de la fuerza, y proteger tanto a la ciudadanía como al personal operativo.

Sobre el seguimiento en tiempo real de patrullas ministeriales, la respuesta fue todavía menos informativa: Tamaulipas no contestó. No se puede convertir ese silencio en una prueba de inexistencia. Sí se puede señalar lo evidente: el estudio quedó sin información para conocer esa falta de capacidad estatal que permite a la policia ir reunirse con el crimen organizado a bordo de su patrullas.

El documento de México Evalúa explica que el seguimiento de unidades puede servir para atender emergencias, conservar registros de recorridos y supervisar comportamientos atípicos. No es únicamente saber dónde anda una camioneta; también es poder reconstruir qué hizo y por dónde pasó y luego indagar a que pasó.

La salida no es otra compra para la foto

Las recomendaciones del informe no consisten en llenar una bodega de aparatos. Plantean priorizar el registro inicial de información, conectar policías, fiscales, peritos y analistas, capacitar al personal, asegurar mantenimiento y licencias, evaluar el uso cotidiano y medir qué evidencia llega realmente a los procesos penales. También proponen ajustar las inversiones a los delitos y necesidades de cada entidad.

Aplicado a los huecos reportados por Tamaulipas, eso exige algo más serio que presumir una plataforma: demostrar cómo se relacionan los casos, cómo se documenta el trabajo policial, cómo se incorpora información desde el lugar de los hechos y qué resultados producen los sistemas forenses que ya existen.

Aunque la palabra que debe ordenar esa discusión es resultados. No cuántas pantallas se encendieron, sino qué cambió para una víctima y qué pudo acreditarse legalmente. El informe no responde todavía esa pregunta para Tamaulipas; precisamente por eso, la Fiscalía no puede dar por solventada su modernización con presentar el inventario.

Con información: EL ECONOMISTA/ MEXICO EVALUA/

«¿ADORO a la CUATRO-TE?: la MUERTE tiene MOTIVOS de SOBRA para DESCORCHAR CHAMPAÑA, ARMAR FIESTA PATRONAL y GRITARLO a los 4 HUESOS»… El pan de muerto nunca pasa de temporada.


Si alguien tiene motivos de sobra para descorchar champaña, armar fiesta patronal y gritar a los cuatro huesos «¡Adoro la 4T!» en este Día de Muertos, esa es, sin duda alguna, la mismísima Parca.

El cartón de Kemchs para El Universal no anda con rodeos ni eufemismos diplomáticos: nos presenta a una Muerte eufórica, casi extasiada, presumiendo un pergamino que parece recibo de supermercado en quincena. 

¿El inventario de su cosecha VIP ? 

Una fina selección de calamidades nacionales que incluye inseguridad, complicidad con el narco, asaltos, secuestros, falta de medicamentos, falta de tratamientos, negligencia en el COVID y un macabro «ETC» final por si se le acababa el papel antes de terminar la lista. Es la burocracia del más allá operando con una eficiencia que ya quisiera cualquier dependencia gubernamental.

Y por si a alguien le quedaba la duda de si la Flaca exagera en su entusiasmo, ahí entra la cruda aritmética de TResearch International bajo el título «La guerra en números» para ponerle sello contable a la tragedia. 

El corte de caja al viernes 30 de octubre de 2026 —justo a tiempo para prender las veladoras de la ofrenda— arroja 36 víctimas de homicidio doloso en una sola jornada y un promedio de 38 en los últimos siete días.

Pero el verdadero premio gordo para el inframundo está en el acumulado del sexenio: nada menos que 50,345 homicidios dolosos registrados, a un ritmo implacable de 1 cada 22 minutos. Es decir, en lo que te tomas un café y lees las noticias de la mañana, la lista de la Catrina ya sumó un par de renglones nuevos.

Al final, la mordacidad del trazo de Kemchs choca de frente con la frialdad de la estadística: en un país donde el pan de muerto nunca pasa de temporada, la única que realmente puede presumir que el sistema le funciona a la perfección es la que viste de túnica negra.

Con información: ELUNIVERSAL/ TRESEARCH/

«HUACHICOL YA NO ESPANTA y YA NOS DESCARAMOS: ADUANAS y AMÉRICO PROMUEVEN PUERTO de MATAMOROS con ACUSADOS de HUACHICOLEAR»… delito es deleite.


La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Gobierno de Tamaulipas promueven el Puerto de Matamoros como “la nueva alternativa logística” del Golfo de México. Y en el escaparate oficial aparecen agentes aduanales señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) en expedientes de huachicol fiscal. Una cosa es perseguir el contrabando y otra, al parecer, dejar que estorbe a la promoción.

Al menos tres nombres figuran en la lista oficial de octubre del también llamado Puerto Norte: Hantulio Ordóñez Juárez, Víctor Carretero Zardeneta y María Cristina Cházaro Mabarak. El documento los presenta como opciones autorizadas para realizar trámites de comercio exterior, mientras la Fiscalía los señala, con distintas situaciones jurídicas, por su presunta participación en operaciones irregulares con combustibles.

El mensaje comercial presume una terminal en desarrollo, ubicada a unos kilómetros de Estados Unidos. El detalle incómodo es que algunos de los agentes incluidos en su directorio aparecen en investigaciones sobre redes de tráfico masivo de hidrocarburos y empresas vinculadas con personajes como Jorge Amílcar Olán, amigo de “Andy” López Beltrán. La cercanía con la frontera se anuncia; la cercanía con los expedientes penales, no tanto.

Patentes en la presentación; acusaciones en la Fiscalía

La presentación destaca que Carretero y Cházaro cuentan con patente para operar en el Puerto de Altamira, el más importante de Tamaulipas. Sí, el mismo donde en marzo de 2025 se decomisó un buque con al menos 10 millones de litros de combustible de contrabando.

Aquel decomiso destapó una red de huachicol fiscal vinculada con mandos de la Marina y sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Eso no convierte automáticamente a todos los agentes del directorio en participantes de aquel caso, pero sí vuelve bastante menos reluciente el folleto de negocios.

En el caso de Hantulio Ordóñez Juárez, las acusaciones penales se remontan a julio de 2024: se le señala por presuntamente omitir información para el pago de impuestos en la importación de hidrocarburos. Dicho sin el barniz burocrático: por supuestamente facilitar el huachicol fiscal.

Agente aduanal desde 1996, con patente indefinida para operar en la Aduana de Matamoros y al frente de Strategia Trade & Global Logistics, Ordóñez aparece señalado en la importación irregular de combustibles de Portacelis, empresa vinculada con presuntos prestanombres de Olán.

El pasado 29 de agosto, Grupo REFORMA reveló que la Secretaría de Hacienda solicitó a la FGR ejercer acción penal contra los dueños de Portacelis. En ese expediente también se acusa a Ordóñez. Pero en la promoción portuaria su nombre sigue haciendo lo suyo: ofrecer confianza para los trámites.

Prófugo para la FGR, opción para hacer negocios

Otro señalado en el expediente de Portacelis es Víctor Carretero Zardeneta, titular de Servicios Aduanales JR y también incluido entre las opciones para operar en Matamoros.

La FGR lo considera prófugo por su presunta participación en la importación irregular de 144 millones de litros de hidrocarburos, un expediente descrito como uno de los mayores casos de huachicol fiscal y en el que la Fiscalía también involucra a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

El contraste no necesita demasiada publicidad: para la Fiscalía, un prófugo; para el directorio oficial, un contacto de negocios.

La lista incluye además a María Cristina Cházaro Mabarak, investigada por la FGR por presunto huachicol fiscal tanto en Matamoros como en Altamira.

Las acusaciones e investigaciones no equivalen a sentencias condenatorias. Pero tampoco son un detalle menor que pueda esconderse entre las ventajas competitivas de una terminal portuaria.

La ANAM y el Gobierno de Tamaulipas venden una “nueva alternativa logística”. Lo que su promoción deja sin explicar es por qué, entre las puertas de entrada al comercio exterior, figuran nombres que la Fiscalía tiene bajo la lupa. El puerto será nuevo; la falta de explicaciones viene de lejos, aunque se entiende, nada es casual, todo es causal.

Con información: ELNORTE/

«CONTRATOS CALIENTITOS y CUENTAS DESCONGELADAS: DINEROSO FAVORITO de TADDEI,un SUERTUDO que OBTUVO FALLOS con CARA de FALLAS del SISTEMA JUDICIAL»… ese que como te ve, te trata.


A José Alfredo Hernández Casillas la suerte no le toca la puerta:le levanta el bloqueo bancario y después le llega en forma de contrato millonario. El empresario señalado por Proceso como contratista favorito de Guadalupe Taddei consiguió, junto con su hermano Raymundo Francisco y la empresa Cajas Graf, amparos contra el congelamiento de sus cuentas promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera. 

Las resoluciones quedaron firmes en 2024. En 2025, Cajas Graf recibió un contrato por 198.7 millones de pesos para suministrar material para la elección judicial, según Latinus, citado por el semanario. Una secuencia de ésas que hacen parecer al calendario una cartera de oportunidades.

La UIF había ordenado el bloqueo mediante el acuerdo 401/2023, tras detectar movimientos que, según sus señalamientos recogidos en los expedientes consultados por Proceso, podían estar relacionados con recursos de procedencia ilícita. 

Para sostener la medida invocó acuerdos internacionales contra el terrorismo y su financiamiento. Pero los tribunales encontraron el agujero: no se acreditaba una solicitud internacional que respaldara ese bloqueo. Mucha invocación internacional; la solicitud concreta, ausente.

Ahí está el detalle que conviene no esconder entre las carcajadas: desbloqueo no significa absolución. El argumento judicial citado por Proceso cuestionó el fundamento de la medida; no estableció que todos los movimientos financieros fueran lícitos. Tampoco los señalamientos de la UIF equivalen a una condena. Lo documentado es que el bloqueo de la «eficiente» UIF no se sostuvo ante los tribunales. La sospecha y la prueba no son lo mismo, aunque en el debate público suelan mandarlas a dormir en la misma cama.

Y mientras el expediente bancario encontraba salida, el negocio encontró contrato: 198.7 millones de pesos para Cajas Graf, representada por Hernández Casillas. 

A esa historia se sumaron videos del empresario con Taddei y señalamientos sobre una supuesta relación sentimental, reportados por Proceso. 

Con información: PROCESO/