LOS "TACOS REMIGIO'S del...CDG: TAQUERIA ENGORDA la BILLETERA de CARNAL del PRIMITO en REYNOSA"...se estan quedando con negocios y ciudadanos pagan la cuenta.

Las redes sociales, cuando no están llenas de gatitos y filtros, son el mejor desarmador de redes criminales que tiene hoy la ciudadanía: un chat filtrado, una captura de pantalla, una página de Facebook y se le cae la máscara al “empresario exitoso” que en realidad es gerente del infierno cuando no cena con el gobernador. 

En Tamaulipas, donde el gobierno de Morena y Americo Villarreal juegan a la estatua de sal mientras crimen organizado le cobra renta a ciudadanos por sobarse el lomo, son esas redes —las de los usuarios, las que están empezando a desnudar la riqueza malhabida de de los señores del Cártel del Golfo que roban a Reynosa,pero desde las enaguas del Cartel de Jalisco.

La taquería que vende tacos… y silencio

En Reynosa se aplaude la “taquería exitosa”, llena todas las noches, sucursales bonitas, logo de vaquero simpático y horarios amplios para que alcance a cenar el turno nocturno del miedo. 

Pero la filtración que corre por mensajería en redes ,ya advierte que esa taquería y otros negocios colindantes no son solo negocio familiar: serían parte del emporio de Remigio Morfín Morfín, “El Remy”, operador de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo y hermano del jefe máximo, César Morfín Morfín, “El Primito” y Alvaro Noe Morfin,alias el «R8».

Aqui no hablamos de un taquero que se desvió, sino de una franquicia levantada sobre un sistema de terror donde los dueños, según el mensaje filtrado, se diversifican en otros giros y “están por debajo del agua, son los permisos”. Es la vieja fórmula del narcoemprendimiento: primero levantan la plaza, luego levantan el negocio y al final levantan a cualquiera que se atreva a competir sin su bendición.

Los Morfín: de “narcotakuachez” a señores del delito

En Valor Tamaulipeco lo hemos documentado desde 2025, el “R8” (Álvaro Noé Morfín Morfín) y “El Remy” son algo más que hermanos incómodos de “El Primito”: son el staff ejecutivo del delito en Tamaulipas, un trío de “narcotakuachez” que pasaron de la nada al control de la extorsión, el tráfico y el control territorial de la Ribereña con la venia política de Morena y el resto de uniformes, muchos pixelados,muchos.

El «R8′ coordina jefes de plaza, mueve las piezas desde Jalisco y sus inmediaciones con Colima, opera con cuadros como el “R57”, mientras Remigio administra el terror en la frontera chica y ahora presume, según señalamientos ciudadanos, sus tacos gourmet como lavandería de lujo.

Detrás de estos personajes no solo asoma el Cártel del Golfo, también la complicidad institucional: audios del “Mofles” hablando de arreglos con el secretario de Gobierno, reuniones documentadas en redes y un largo historial de “dejar hacer y dejar deshacer” a cambio de una nómina que se paga en efectivo, muertos y concesiones. 

Cuando un gobierno multiacusado en víspera de ser enjuiciado por EE.UU ,igual que su gemelo en mañas de Sinaloa, presume “humanismo” y termina siendo el principal proveedor de oxígeno para el crimen, los Morfín no son accidente: son producto.

Reynosa: patrullas nuevas, miedo viejo

Mientras en Reynosa se multiplican las noches de tacos, también se multiplican las noches de balazos y levantones. 

El propio INEGI, vía ENSU 2026, deja claro que la percepción de inseguridad alcanzó 86.1% en marzo de 2026, cuando hace un año estaba en 74.1%: cada rodada de patrullas nuevas se acompaña de un aumento en el miedo, un récord digno de un gobernador “subcampeón nacional en levantados”.

Américo Villarreal y su general de cabecera,Arturo Pancardo, también «encochinado» en redes, presumen camionetas, uniformes y operativos en ruedas de prensa, pero las calles gritan otra cosa: más equipos, menos seguridad, más contratos, menos justicia. 

El problema no es la falta de presupuesto sino el exceso de podredumbre: el gobernador fotografiado con operadores como “La Chispa”, la DEA señalando la estructura híbrida gobierno–cártel, y un gabinete que parece junta de accionistas del miedo antes que autoridad.

Gobernador embarrado hasta el cogote

Desde 2023 se acumulan imágenes, testimonios y reportes que colocan al gobierno de Villarreal Anaya abrazando lugartenientes del Cártel del Golfo con más cariño que a las víctimas. 

Muchísimos medios han exhibido cómo Mario Guitián Rosas, “La Chispa”, exmilitar, se pasea como empresario de la extorsión lanzando funerarias que podria llenar con sus propios cadaveres, apps de transporte, bases de taxis, purificadoras, talleres y table dance donde se denuncia incluso explotación sexual de menores, todo dentro de un inventario de “riqueza pútrida” imposible de justificar con trabajo honrado.

Mientras Reynosa se hunde en un 86.1% de percepción de inseguridad, el gobernador mantiene la coreografía:comunicados tibios, discursos de “humanismo” y silencio total cuando le preguntan por qué sus mesas de honor parecen consejos de administración del crimen organizado. 

En este contexto, la taquería del Remy no es excepción, es capítulo nuevo de la misma novela: negocios que florecen al amparo del terror, del cobro de piso y de la garantía implícita de que nadie en Palacio de Gobierno va a hacer demasiadas preguntas.

Hora de que la UIF deje de hacerse güey

La buena noticia —si se le puede llamar así en medio de este lodazal— es que ya no estamos en los tiempos donde la autoridad podía alegar que “no sabía” de dónde salía el dinero. 

Con las herramientas actuales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rastrear la ruta del efectivo, las franquicias exprés, los permisos bajo el agua y las compras millonarias de taquerías, palapas, plataformas, funerarias y hasta tequilas, está al alcance de un clic y una orden institucional mínimamente decente.

Hoy la UIF tiene todo para intervenir estos negocios sin mayor pretexto y aplicar la inversión de la carga probatoria: que sea Remigio Morfín Morfín, sus socios y demás beneficiarios quienes demuestren que su riqueza es lícita, que cada sucursal, cada tráiler y cada permiso no son el resultado de la extorsión y la sangre. 

Si con datos abiertos, redes sociales y periodistas hartos ya se ve la mugre a simple vista, lo que está en el banquillo no es solo el Cártel del Golfo: es la voluntad política de usar las herramientas que ya existen o seguir administrando la impunidad como si fuera programa social de Morena.

Con informacion: @Redes/Medios/

DE GALONES a GRILLETES: el GENERAL MÉRIDA llegó ante JUEZA de EE.UU. ENCADENADO de PIES y MANOS; le dijeron: las PRUEBAS son ABUNDANTES y PODRÁ VERLAS»… para defender lo indefendible o negociar lo inevitable

No todos los días se ve caer a un general de división —el rango más alto dentro del Ejército mexicano, apenas por debajo del secretario de la Defensa—, y mucho menos verlo comparecer ante un juez con los pies y las manos encadenados. La imagen no es menor: es la metáfora perfecta de lo que ocurre cuando el poder, mal ejercido, termina por convertirse en evidencia.

Hoy no se juzga un uniforme, sino las decisiones que se tomaron mientras se portaba.

El mensaje de la Corte del Distrito Sur de Nueva York fue directo, sin estridencias pero con filo: hay pruebas, y no son pocas. La juez Katherine Polk Failla lo dejó claro al señalar que la evidencia en contra de Gerardo Mérida Sánchez es abundante, lo suficiente como para abrirle una ruta procesal donde ya no bastan los rangos ni los contactos, sino los argumentos legales. 

Por ahora, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa tendrá acceso a ese cúmulo de pruebas para “evaluar sus opciones”, una frase elegante que en el lenguaje judicial suele traducirse en una disyuntiva incómoda: defender lo indefendible o negociar lo inevitable.

La audiencia duró apenas 20 minutos. Veinte minutos para pasar de ser “señor secretario” a simplemente “señor Mérida”. Veinte minutos para confirmar que, en ciertos tribunales, el nombre pesa más que el cargo, y los hechos más que la narrativa oficial.

Pero este caso no ocurre en el vacío. No es una anomalía aislada ni un error administrativo dentro de las filas. Es, más bien, una pieza dentro de un rompecabezas más amplio donde durante décadas —sexenios, partidos y discursos mediante— algunos mandos han aprendido a hablar con fluidez otro idioma: el del dinero ilícito. Uno que, como bien documentan diversas investigaciones, no distingue colores políticos ni lealtades institucionales.

La diferencia hoy es que ese idioma ya no siempre se traduce en impunidad automática.

Que un alto mando termine encadenado frente a una jueza extranjera no es motivo de celebración, pero sí de reflexión. Porque si algo evidencia este episodio es que las consecuencias, tarde o temprano, alcanzan incluso a quienes parecían blindados por el sistema. Y que el expediente —ese que hoy se describe como “abundante”— no se construyó de la noche a la mañana, sino a partir de decisiones acumuladas, de omisiones toleradas y de complicidades que durante años se creyeron invisibles.

El plazo de 60 días para procesar la evidencia no solo marca el ritmo del juicio, sino también el tiempo en que se pondrá a prueba la narrativa del acusado frente a los documentos, testimonios y registros que lo señalan. La siguiente audiencia, fijada para el 4 de agosto, será otro punto de inflexión en una historia que ya dejó de ser política para convertirse en estrictamente penal.

Y aquí está la lección incómoda para quienes, dentro del mismo instituto armado o en las estructuras de seguridad, aún creen que el uniforme protege de todo: no hay rango que resista un expediente sólido, ni jerarquía que sobreviva a la evidencia bien documentada.

El caso de Mérida —como el de otros antes que él— no es único. Es, en todo caso, un recordatorio de que la línea entre autoridad y colusión no se cruza sin consecuencias. A veces tardan años. A veces cruzan fronteras. Pero llegan.

Y cuando llegan, lo hacen con esposas.

Con informacion: ELNORTE/

LA «LEY NO es CIEGA: «JUSTICIA del ACORDEON se ESTIRA para LIBRAR ACUSADO de la ESTAFA MAESTRA CUATITO de los MAESTROS de la ESTAFA»…acusando que armó mal el caso el Ministerio Publico.

En México, la ley no es ciega: distingue perfectamente entre quién cae y quién se acomoda. Y cuando se trata de los cercanos al poder, el sistema judicial suele comportarse como un acordeón bien afinado: se estira lo suficiente para que quepa otro más en la lista de los intocables.

El turno ahora es para Ramiro Chávez Gochicoa, ex rector de la Universidad Politécnica del Centro en Tabasco y, no por casualidad, ex colaborador de Adán Augusto López durante su paso por la gubernatura. El mismo personaje que después fue premiado con la Secretaría de Cultura estatal. Porque en México, la cultura también incluye la tradición de reciclar funcionarios bajo sospecha.

Chávez fue imputado por su presunta participación en uno de los tantos tentáculos de la Estafa Maestra: un contrato por más de 31 millones de pesos firmado en 2016 con Sedatu para desarrollar indicadores de deterioro habitacional. En papel, todo muy técnico; en la práctica, otro episodio donde universidades públicas funcionaron como intermediarias para desviar recursos con entregables cuestionables, incompletos o, de plano, plagiados.

La Fiscalía lo dijo sin rodeos: productos deficientes, documentos copiados al Infonavit, una app inexistente o de baja calidad y cobros realizados como si todo hubiera sido entregado impecablemente. El clásico esquema donde el dinero sí fluye, pero los resultados se evaporan.

Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal decidió que no hay elementos suficientes para procesarlo. ¿La razón? 

El Ministerio Público de la Federación no explicó con precisión qué pruebas acreditan el delito ni cómo vinculan directamente al imputado. Traducido del lenguaje judicial: la acusación llegó mal armada… y eso bastó.

El propio tribunal incluso sugirió una reinterpretación cómoda del desastre: si los productos eran deficientes, entonces no estamos ante un delito, sino ante un simple incumplimiento contractual. Es decir, no sería corrupción, sino una especie de “trabajo mal hecho”. Un detalle administrativo, casi doméstico, para un contrato de 31 millones de pesos.

Así, entre tecnicismos y vacíos argumentativos —reales o convenientemente tolerados—, Chávez Gochicoa evita la vinculación a proceso. Primero lo liberó un juez de control; ahora lo confirma un tribunal. Dos filtros superados en un sistema donde, para otros, basta mucho menos para quedar atrapados.

Eso sí, la puerta no está completamente cerrada: la ASF y la Sedatu aún pueden impugnar vía amparo. Pero en el historial reciente de estos casos, esa posibilidad suele ser más una formalidad que una amenaza real.

El patrón se repite: expedientes débiles cuando se trata de figuras conectadas, interpretaciones judiciales que minimizan conductas graves y una línea cada vez más difusa entre la incompetencia y la impunidad. Porque si cobrar millones por trabajos deficientes no alcanza el estándar penal, entonces el mensaje es claro: en ciertos círculos, el fracaso también se factura… y se absuelve.

Otro acordeón que se estira. Otro nombre que pasa la prueba. Y otra señal de que, en la justicia mexicana, no todos caben… pero algunos siempre encuentran espacio.

Con informacion: ELNORTE/

LO «DEBERIAS de SABER: SOBERANIA INFORMATIVA le DIO SOBERANA ARRASTRADA a ESCANDALOS que ARRASTRA la CUATRO-TE»…un conjunto de narcoconductas y desvíos que no deberían llamarse gobierno.

Si naciste después del 2000, pon mucha atención; y si naciste antes, pon mucha más. Porque aventar los reflectores al pasado solo se hace con la finalidad de que no veas lo que ocurre en el presente. Pero aquí, aquí te lo decimos.

Lo único que hoy deberías saber es dónde está el narcogobernador Rubén Rocha Moya. ¿Y el Rocha? Deberías saber dónde están los 600 mil millones de pesos que se robaron con el huachicol fiscal. Deberías saber si las investigaciones llegarán hasta el exsecretario de Marina de López Obrador o se van a quedar ancladas a sus sobrinos, los Farías.

Deberías saber dónde están más de 130 mil personas desaparecidas y qué está haciendo este gobierno para apoyar a sus familias. Deberías saber por qué no le abren las puertas de Palacio a las madres buscadoras. Deberías saber por qué no puedes abrir un negocio sin que te extorsionen o por qué te asaltan en la combi.

Deberías saber por qué sigue sin haber medicamentos para niños con cáncer. Deberías saber por qué continúa el desabasto de medicinas en todo el sector salud. Deberías saber dónde quedó la megafarmacia por la que los mexicanos pagamos 15 mil millones de pesos.

Deberías saber dónde están los 113 mil millones de pesos que la 4T tiró a la basura cuando decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco. Deberías saber que el Tren Maya fue un capricho tabasqueño que costó 470 mil millones de pesos; que, según sus propios datos, presenta pérdidas operativas por 2 mil 283 millones; y que echarlo a andar cada día es como quemar en el boiler 25 millones de pesos. Finalmente, lo que debes saber con toda claridad es que el gobierno no genera un solo peso: todo el dinero que gasta, que se roba o que desperdicia es dinero que salió de tus impuestos.

Daniel Sanjeado, Azteca Noticias.

Con informacion: AZTECA NOTICIAS/Daniel Sanjeado/

«URGE FUMIGARLAS: RATAS y CUCARACHAS INVADEN el PODER JUDICIAL»…¿se combate la plaga o se protege el ecosistema que la permitió?

En ciertos pasillos donde se administra la justicia federal —o al menos eso dice el letrero— parece que la fauna nociva encontró refugio antes que la ley.

No es metáfora gratuita. Entre expedientes empolvados y escritorios donde el tiempo se archiva mejor que las sentencias, hay quienes juran haber visto más movimiento en las esquinas que en las resoluciones. Y no precisamente de funcionarios diligentes.

El problema, dicen en voz baja, no es solo de salubridad. Es de costumbre.

Porque cuando las estructuras se vuelven laberintos, siempre hay criaturas que prosperan en la oscuridad. Algunas caminan en cuatro patas; otras firman documentos. Las primeras huyen de la luz. Las segundas, curiosamente, también.

La “fumigación” que algunos reclaman no se limita a químicos ni trampas. Es otra cosa: un intento —tardío, quizá ingenuo— de ventilar espacios donde lo que más abunda no es precisamente la transparencia.

Pero limpiar implica remover. Y remover implica riesgos. Porque cuando se levanta la alfombra, no solo salen los insectos: también aparecen las huellas de quienes los alimentaron.

Que dice EL UNIVERSAL:

En el oficio SEA/DGIM/316/2026, cuya copia posee , la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) del Órgano de Administración Judicial, alertó que después de visitas técnicas llevadas a cabo el incremento de esta fauna nociva incide en la conservación de inmuebles, equipos, preservación de archivos, así como en la salud de usuarios.

“Se ha identificado un incremento en la presencia de fauna nociva y plagas en diversos inmuebles del Poder Judicial de la Federación, situación que incide directamente en la conservación de los inmuebles, la funcionalidad de las instalaciones y equipos, la preservación de archivos y documentación institucional, [así como en] las condiciones de salubridad para las personas usuarias”.

Así que el dilema no es menor: ¿se combate la plaga o se protege el ecosistema que la permitió?

Mientras tanto, en los tribunales donde debería reinar el orden, el ruido no proviene de martillos de juez, sino de un discreto y persistente crujir en las paredes.

Nada nuevo, dirán algunos. Solo que ahora ya nadie puede fingir que no lo escucha.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«7 MUERTOS y 1 HERIDO: TOPON de BANDOS del CDS en PENAL del AGUARUTO deja VER que la ESTRATEGIA NO CONTROLA NI los ENCERRADOS»…¿qué posibilidad real tiene de contener a los que operan afuera?.

En el centro penitenciario de Culiacán se reportó una riña colectiva entre internos, en la divulgo que siete de los participantes con arma blanca perdieron la vida y aún se desconoce el número de lesionados, por lo que fuerzas federales reforzaron la seguridad externa.

La escena es conocida, casi rutinaria, pero no por eso menos escandalosa: un penal convertido en campo de batalla y 7 muertos y 1 gravemente herido después, la autoridad hace lo que mejor sabe hacer: “reforzar la seguridad”… después de que todo ya explotó.

Porque en México, el control del Estado no se mide por lo que previene, sino por lo que reacciona tarde.

Lo ocurrido en el penal de Culiacán no es un incidente aislado. Es la evidencia más cruda de una verdad incómoda: 

«El gobierno no controla ni siquiera a los criminales que ya tiene encerrados. Y si no puede con los que están tras las rejas, la pregunta es obvia: ¿qué posibilidad real tiene de contener a los que operan afuera ?»

La narrativa oficial insiste en vender orden, inteligencia operativa y “coordinación institucional”. Pero la realidad, otra vez, irrumpe dentro de un penal estatal. Internos armados, enfrentamientos prolongados y muertos suficientes para llenar un parte de guerra. Todo esto en un espacio que, en teoría, debería ser el último eslabón del control estatal.

No lo es.

Y este episodio no surge en el vacío. Es una extensión directa del fracaso de la estrategia de seguridad que se ha intentado imponer en Sinaloa bajo la lógica de militarización selectiva y golpes mediáticos. La llamada estrategia Harfuch —basada en despliegues, detenciones de alto perfil y narrativa de “recuperación territorial”— se enfrenta a su propio límite estructural: no hay control institucional real.

Porque el problema no es cuántos elementos despliegas, sino quién manda realmente en el terreno.

Y en Sinaloa, la respuesta sigue siendo incómoda para el discurso oficial.

Los penales, históricamente en todo el pais, han sido termómetros del poder criminal. Cuando hay orden interno, es porque alguien —no necesariamente el Estado— lo impone. Cuando hay caos como el de Culiacán, lo que vemos no es solo una riña: es una disputa de poder que el gobierno ni anticipa ni contiene.

Más grave aún: evidencia que las estructuras criminales mantienen capacidad de organización, acceso a recursos y control operativo incluso dentro de espacios supuestamente blindados.

Es decir, la prisión no rompe las cadenas de mando. Las traslada.

Y mientras tanto, la respuesta institucional se limita a reforzar la seguridad… como si el problema fuera la falta de elementos y no la penetración sistemática del crimen en las estructuras de custodia.

El guion se repite: muertos, despliegue, silencio incómodo y, eventualmente, olvido mediático.

Pero cada episodio deja algo más claro: la estrategia no está funcionando.

Ni afuera.
Ni adentro.

Porque cuando el Estado pierde el control de sus cárceles, ya no estamos hablando de una crisis de seguridad pública. Estamos frente a una evidencia de captura institucional.

Y eso, por definición, no se resuelve con más soldados en la puerta.

Se resuelve con algo que, hasta ahora, ha estado ausente: control real del poder.

Con información: ELUNIVERSAL/

«COMANDO del CJNG SI ALLANÓ PUEBLO: GOBIERNO NARCOMORENO de GUERRERO NEGÓ INCURSION ARMADA y DESALMADA»… hasta que la evidencia les respiraba en la nuca.

Primero lo negaron, para verse bien,después lo minimizaron para verse honestos y finalmente, cuando la evidencia ya les respiraba en la nuca, lo admitieron a medias para terminar de verse mentirosos. El Gobierno moreno-narco de Guerrero volvió a ejecutar su rutina favorita: mentir para “no alarmar”, aunque eso implique dejar a comunidades enteras a merced del crimen organizado.

Porque sí, siempre empieza igual. Según el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros, en un principio “no había ninguna novedad”. Traducción oficial: o no sabían nada —lo cual ya es grave— o sabían y decidieron ocultarlo —lo cual es peor. Dos días después, con videos circulando y testimonios acumulándose, la versión se desmoronó: sí hubo incursión armada, sí hubo asesinatos, pero ahora que lo confirme la Fiscalía. El viejo truco burocrático de patear la verdad hacia otra ventanilla.

Mientras tanto, en la realidad que el gobierno intenta maquillar, hombres armados —presuntamente del CJNG— paseaban sin prisa por el zócalo de Tepetixtla, como si fueran autoridad legítima. No hubo enfrentamientos, no hubo contención, no hubo Estado. Solo hubo silencio oficial… hasta que dejó de ser sostenible.

Los habitantes de Tepetixtla, Las Compuertas y Yerbasanta no necesitaban comunicados para entender lo que estaba pasando: estaban siendo sitiados. Reportaron asesinatos —dos adultos y un bebé—, pero en la narrativa gubernamental esas muertes quedan encapsuladas en un “hubo personas privadas de la vida”, una frase tan fría como útil para diluir responsabilidades.

Y cuando ya no quedó otra opción que reconocer lo evidente, apareció la clásica justificación: “el primer informe era otro”. Como si la incompetencia informativa fuera excusa suficiente para negar una crisis de seguridad en tiempo real. Como si el problema fuera el reporte, y no la ausencia del Estado en territorios donde los grupos criminales entran, matan y se van sin resistencia.

Después, el protocolo de siempre: despliegue de Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal… pero tarde. Siempre tarde. Llegan cuando el daño ya está hecho, cuando los videos ya circulan, cuando la mentira ya no aguanta más.

Y mientras el Gobierno “reconoce” lo que ya todo mundo sabía, la Fiscalía guarda silencio. Ningún informe, ningún dato claro, ninguna rendición de cuentas. Porque en Guerrero, como en buena parte del país, la verdad no se investiga: se administra políticamente.

Al final, el problema no es solo la violencia. Es la mentira sistemática. Es la simulación como política pública. Es ese impulso casi reflejo de negar lo evidente para no “quedar mal”, aunque en el proceso queden peor: exhibidos, rebasados y, sobre todo, profundamente desconectados de la realidad que dicen gobernar.

Con informacion: ELNORTE/