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lunes, 1 de junio de 2026

«MENOS HOMICIDIOS pero…MILES de MUERTOS ?: le LLEGARON en MOTO,le DISPARAN,lo MATAN y se REPITE cada 21 MINUTOS por TODO el PAIS: YA SON MAS de 41 MIL EJECUCIONES»…esto no es una nota de violencia mas.


Un hombre más ejecutado por motosicarios ayer en Monterrey no es “nota roja”, es un número fresco añadido al marcador macabro del sexenio de Claudia Sheinbaum: 40,894 homicidios acumulados en 604 días, con un promedio de 68 asesinatos diarios, según TResearch International al 28 de mayo de 2026.

El tiro, la moto y la rutina de la muerte

Ayer, a las 16:00 horas, en la Plutarco Elías Calles, límites con Fomerrey 51, un hombre de unos 50 años manejaba su Nissan Kicks ocre cuando dos sicarios en moto lo cazaron, se le emparejaron y lo acribillaron a balazos.

La camioneta se fue a la derecha, subió a la jardinera del parque lineal y terminó estampada contra un bote de basura, como si el paisaje urbano ya estuviera diseñado para amortiguar ejecuciones exprés.

El cuerpo quedó recargado con la cabeza en la puerta del conductor; playera gris, bermuda beige, sin nombre, sin historia para el expediente oficial, apenas una ficha más en la estadística.

Vecinos dicen que escucharon dos o tres disparos, nada espectacular, nada que amerite trending topic; apenas el volumen cotidiano de una ciudad que aprendió a seguir comiendo mientras suenan las balas.

Trascendió que la camioneta traía placas colgadas: una adelante, otra atrás, pero la autoridad no confirma ni desmiente; ahí sí son prudentes, escrupulosos, casi tímidos.

Fuerza Civil acordona, la Guardia Nacional “apoya”, la Fiscalía manda peritos y promete revisar cámaras; todos posan para la foto institucional de un Estado que llega siempre después, siempre tarde, siempre cuando el único que ya no tiene prisa es el muerto.

El motosicariato: la franquicia de bajo costo del terror

El crimen no se inventó ayer: el motosicariato lleva años profesionalizándose como el Uber de las ejecuciones, rápido, barato, anónimo.

Dos hombres, una moto, cascos que ocultan rostros, placas clonadas o de plano inexistentes; llegan, disparan, se pierden entre coches y baches antes de que la primera patrulla alcance a encender la torreta.

Las motos se han convertido en la plataforma ideal: movilidad rápida, maniobrabilidad en calles estrechas, facilidad para huir y para desaparecer literalmente entre el caos urbano.

Fiscalías de distintos estados llevan años reportando ataques armados cometidos desde motocicletas, con decenas de homicidios que rara vez terminan en un responsable frente a un juez.

Aun así, la discusión pública sigue atorada en el cuento de “los buenos índices” y “la tendencia a la baja”, mientras las ciudades se llenan de cascos, chalecos y pistolas circulando en dos ruedas.

Regular las motos, padrones, placas, controles; todo se promete, poco se cumple, nada se sostiene: la vida vale menos que la molestia de detener el flujo del reparto y del mototaxi.

El tablero de Sheinbaum: menos homicidios… pero miles de muertos

Mientras en Monterrey un hombre se desangra en su vehiculoa, en Palacio Nacional el gobierno presume la “reducción histórica” de homicidios: 25, 32, 41, hasta 49 por ciento menos, según el día, la mañanera o el boletín.

La narrativa oficial es clara: antes era un infierno, ahora es un infierno, pero con gráfica descendente y slogan optimista.

TResearch, sin embargo, lleva su propia contabilidad: al 28 de mayo de 2026, el sexenio de Claudia Sheinbaum acumula 40,894 homicidios dolosos, en 604 días, para un promedio de 68 asesinatos diarios.

Durante las primeras etapas del sexenio se habló de 23,581 homicidios con un promedio de 72 diarios y una reducción de 29 por ciento frente al periodo comparable de AMLO.

Más tarde, la propia presidencia afirmó bajas de 25 a 32 por ciento en homicidios, con 22 menos cada día entre octubre de 2024 y mediados de 2025, aunque ejercicios de verificación han mostrado que esas cifras son, en el mejor de los casos, optimistas y, en el peor, francamente engañosas, «made in» la tatema de curricula manchada de Omar García Harfuch,el hombre fantasioso de la pirotecnia verbal.

La aritmética moral es brutal: puedes cantar un 30 o 40 por ciento de “reducción”, pero mientras hablas de éxito siguen cayendo 50, 60 o 70 personas asesinadas cada día.

El gobierno vende “baja relativa”; la gente vive “muerte absoluta”: te matan completo, no en porcentaje.

La normalización: nos acostumbramos al conteo en tiempo real

Usemos esta escena como reloj: a las 16:00 ejecutan al hombre de la Nissan Kicks; unos 21 minutos después matan a otro, y luego a otro, en algún punto del país, para mantener el promedio de 68 homicidios diarios.

Ese es el ritmo: uno cada 21 minutos, aproximadamente, durante el sexenio de Sheinbaum, si nos fiamos de los números de TResearch y del propio Gobierno Federal.

En lo que lees esta crónica —cinco, diez minutos— estadísticamente ya se está montando otra escena casi idéntica:una moto, unos disparos, una cinta amarilla, un perito, un muerto anónimo.

La “normalidad” mexicana es checar el clima, el tráfico y la cantidad de homicidios diarios como si fueran datos del mismo menú informativo.

Nos domesticaron con la idea de que “vamos mejor” porque ya no se mata a 90 diarios, sino a 68, como si la vara moral fuera la comparación con la masacre del sexenio anterior y no el derecho básico a no ser ejecutado en la esquina de tu casa.

El ciudadano se defiende como puede: apaga la tele, silencia palabras en redes, evita leer más allá del titular; el gobierno se defiende con gráficos y conferencias; el único que no puede defenderse es el que se desangra en la jardinera del parque.

Despertar o seguir contando cadáveres

El motosicariato es el síntoma perfecto de un país donde el Estado perdió el monopolio de la fuerza y se conforma con administrar las estadísticas de la derrota.

En la hoja de cálculo de TResearch al 28 de Mayo, el hombre de la Kicks será apenas el homicidio 40,895 o 40,896 o mas bien ya mas de 41 mil; en la narrativa oficial será una cifra diluida en la “tendencia a la baja”.

La pregunta incómoda es si tú, lector, lo vas a archivar como “otra nota de violencia” o lo vas a leer como lo que es: una ejecución que ocurre en un país donde las motos patrullan para el crimen y las autoridades patrullan para las cifras.

Si aceptamos que un muerto cada 21 minutos es “avance”, entonces el relato ya lo ganaron ellos: los que gobiernan con gráficas y los que mandan en moto con pistola.

Con informacion: ELNORTE/

«NARCO y SOBERANIA el ESCUDO IM_PERFECTO: SHEINBAUM VISTE de PATRIOTERISMO 10 NARCOMORENOS para JUGAR a las VENCIDAS con EE.UU usando la CAPA que TODO TAPA»…para que acusado de narco-gobernar Sinaloa no llegue a declarar a Nueva York.


La presidenta Claudia Sheinbaum no defendió ayer la soberanía:
está rompiendo su propio tratado de extradición para proteger a sus socios políticos y al pacto narco-electoral que los llevó al poder, del que ella y el partido son directa e indirectamente beneficiarios, igual que los narcos.

Lo que dijo Sheinbaum en público sin rubor

En el mitin celebrado por los dos años de su triunfo, Sheinbaum acusó al Departamento de Justicia de EE.UU de querer convertirse en “elector” de México a través de solicitudes de extradición contra 10 mexicanos, incluyendo un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin “presentar públicamente pruebas”.

Pruebas que no le parecieron necesarias en la entrega previa de otros 92 mexicanos y bajo el mismo método al que hoy se resiste con uñas, garras y dientes.

Para Sheinbaum la petición urgente de detención con fines de extradición es un hecho “sin precedente” que abre la puerta a la intervención política y a que “oficinas del Departamento de Justicia se vuelvan el principal elector de México”. Muy y pese a que asi lo determina el propio tratado de extradición.

El pleito ratero

También planteó que la ofensiva desde Washington podría obedecer a intereses de la “ultraderecha estadounidense” rumbo a las elecciones de 2026 y a un intento de influir en la elección mexicana de 2027.

Remató diciendo que cuando otro gobierno “señala culpables” y presiona instituciones nacionales, deja de existir cooperación y comienza la injerencia, invocando Constitución, Ley de Seguridad Nacional y el mantra de “somos un país libre, independiente y soberano”.

Lo que omite: el tratado que ella sí aplica a otros

Mientras Sheinbaum dramatiza que “no hay pruebas públicas”, el caso Rocha Moya no es un tuit anónimo, sino una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York, con cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión y conspiración para poseer armas de guerra, todo sustentado en un indictment y solicitudes formales de detención con fines de extradición.

La propia FGR ha reconocido que recibió las solicitudes de detención con fines de extradición y que las revisa conforme al marco del tratado de extradición, el mismo instrumento que este gobierno ya usó para entregar a por los 92 capos sin exigir “pruebas públicas” ni montar mítines de “soberanía”.

En abril Sheinbaum ya había trazado la línea: no extraditará a Rocha Moya salvo que Estados Unidos entregue “pruebas concluyentes e irrefutables”, un estándar que no aparece en el tratado de extradición y que nunca pidió para otros narcos enviados en discreto fast track.

Es decir, el procedimiento legal que sí aplicó a decenas de objetivos del narco deja misteriosamente de ser suficiente cuando se trata de un gobernador morenista acusado de trabajar de la mano con los Chapitos a cambio de apoyo político y electoral.

El caso Rocha Moya: el “aliado” incómodo

El indictment detalla que Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa habrían participado en una conspiración para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, protegidos por la estructura del estado y recibiendo sobornos y apoyo electoral del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales describen una red de protección política: abuso de autoridad, filtración de información, bloqueo de investigaciones, incluso participación de policías en secuestros y asesinatos para proteger operaciones del cartel.

Un artículo de el diario español,El País, subraya que los diez imputados comparten causa con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los Chapitos, y que la acusación se amplió el mismo día que el Departamento de Justicia hizo públicos los cargos, ligando directamente la cúpula política de Sinaloa con la facción más brutal del cartel.

Es decir, no se trata sólo de un gobernador “incómodo”, sino de un testigo vivo del modelo narco-electoral: votos, protección territorial y gobernabilidad a cambio de garantías de impunidad desde el aparato estatal.

La ecuación política: proteger al testigo, no la Constitución

En anterior publicación lo hemos planteado como ecuación: Sheinbaum está dispuesta a inmolar su capital político para proteger a Rocha Moya, porque Rocha es la pieza que puede probar que “hablar con narcos” dejó de ser tabú y se convirtió en política de Estado, de la cual ella misma fue beneficiaria indirecta en términos de votos y estructura territorial.

Mientras el costo en encuestas y desgaste mediático (C) sea menor al costo de abrir la cloaca de pactos (P) entregando a Rocha y permitiendo que hable de AMLO y de ella, el sistema prefiere quemar a Sheinbaum que arriesgar el pacto; en notación del propio artículo: la prioridad real es P + A > S.

Dicho en cristiano: Sheinbaum protege a Rocha (R=0) para proteger a AMLO (A=0) y preservar intactos los pactos con el narco (P), aunque eso hunda su propia supervivencia política (S↓) a punta de escándalos y desplome en popularidad.

No es defensa de la soberanía, es blindaje al testigo clave de una narcopolítica que incluye financiamiento de campañas, control territorial y acuerdos implícitos de no persecución a ciertos grupos a cambio de apoyo electoral.

Del expediente al mitin: cómo se fabrica la “injerencia”

El giro retórico es quirúrgico: Sheinbaum toma una acusación judicial concreta –con nombres, cargos y jurisdicción– y la reempaqueta como “campaña de la ultraderecha estadounidense” que quiere usar a México para posicionarse rumbo a 2026 y manipular la elección de 2027.

Para ello mezcla la extradición de 10 funcionarios con el caso de los dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial que murieron en Chihuahua, insinuando que todo forma parte del mismo libreto injerencista, aunque uno es un accidente en territorio mexicano y el otro un proceso penal federal en Nueva York.

Luego invoca la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional sobre límites a agentes extranjeros, como si el tratado de extradición no existiera o no estableciera obligaciones recíprocas ya aceptadas por el propio Estado mexicano.

El resultado es un relato en el que el problema no es que un gobernador morenista esté acusado de traficar fentanilo con los Chapitos, sino que el “imperio” se atreve a pedir su extradición y a descomponer la narrativa de “no protegemos a nadie”.

El doble estándar de la extradición

Cuando el acusado es un capo sin credencial de Morena, la maquinaria de extradición funciona como reloj: se cumplen requisitos formales, se prenden las cámaras en el aeropuerto y se presume cooperación ejemplar con la justicia estadounidense.

Cuando el acusado es un gobernador en funciones, aliado político y presunto beneficiario y operador del mismo ecosistema que infló votos para el oficialismo, entonces se invoca un estándar inédito de “pruebas concluyentes e irrefutables” y se monta un mitin para transformar un trámite del tratado en épica patriótica.

El tratado no exige que el país requirente exhiba su carpeta de investigación en televisión abierta ni que convenza a la militancia de Morena en el Monumento a la Revolución, sólo que presente la documentación necesaria para sustentar cargos y vincular al solicitado con los delitos.

Sheinbaum lo sabe porque el mismo gobierno ha extraditado a decenas de narcos bajo ese marco sin convertir cada caso en referéndum de soberanía; el cambio no es jurídico, es de conveniencia política.

Narco-soberanía: el escudo perfecto

Al exigir que Estados Unidos primero “limpie su casa” –armas, consumo, lavado– Sheinbaum enuncia problemas reales pero como distractor perfecto: sí, Washington es corresponsable, pero eso no borra un solo párrafo del indictment contra Rocha ni una sola firma mexicana en el tratado de extradición.

Hablar del flujo de armas y drogas sirve para desplazar el foco de la pregunta incómoda: ¿por qué un gobernador de Sinaloa y su aparato de seguridad están acusados de ser brazo político de los Chapitos y por qué la respuesta del gobierno federal es blindarlo a mito de “patriota perseguido por el imperio”?

Lo que se está normalizando no es la defensa de la soberanía, sino la idea de que cualquier intento externo por procesar a funcionarios mexicanos coludidos con el narco puede reetiquetarse como “injerencismo” y usarse para cohesionar al oficialismo alrededor de sus propios imputados.

Así, la extradición deja de ser herramienta de cooperación contra el crimen transnacional y se vuelve arma selectiva: sí para capos descartables, no para operadores del pacto que sostienen el edificio político.

La frase incómoda: jugar a las vencidas con EE.UU.

Cuando Sheinbaum decide desafiar abiertamente a Estados Unidos en el caso Rocha, no está defendiendo la soberanía, está apostando a que el costo diplomático de negar la extradición será menor que el costo interno de dejar que Rocha hable en una corte estadounidense sobre cómo se financian campañas, cómo se pacta con los Chapitos y quién estuvo en la mesa

Ella misma se vuelve consumible: si hace falta, el sistema la dejará caer antes que permitir que Rocha empine a AMLO y exhiba la cadena completa de responsabilidades, de la elección estatal de 2021 y de ese gobernador que operó en su entidad la presidencial que hoy ella encabeza.

Sheinbaum eligió no seguir el camino del tratado, el que ya aplicó con decenas de narcotraficantes; eligió convertir un expediente penal en pleito electoral con Washington, jugar a las vencidas con el Departamento de Justicia y vestir de patrioterismo lo que en el fondo es defensa corporativa del narco-gobierno.

Llamarlo “defensa de la soberanía” es un insulto a la Constitución que cita: lo que está defendiendo no es a México frente a Estados Unidos, sino a un pacto del que ella es beneficiaria directa y que hoy depende, literalmente, de que un gobernador acusado de narco-gobernar Sinaloa no llegue a declarar a Nueva York.

Con información: ELNORTE/

LOS «MATÓ el OPERATIVO ?: UN TURISTA ESTADOUNIDENSE MUERTO y 7 HERIDOS deja TOPON entre NARCOS y MILITARES que SIEMPRE dejan CIVILES a su SUERTE»…privilegian capturas por encima de obligación legal de dar seguridad.


n el paraíso turístico de Los Cabos, donde la narrativa oficial vende tranquilidad con vista al mar, la realidad volvió a irrumpir a balazos. Un ciudadano estadounidense muerto, siete personas heridas —incluidos dos militares— y una escena que desmonta, otra vez, el discurso de “control” que repiten las mesas de seguridad como mantra burocrático.

El guion es ya conocido: fuerzas federales detectan “hombres armados” en movimiento, se despliega un operativo, hay una agresión —según la versión oficial— y los elementos castrenses “repelen”.

Traducción operativa: se desata una balacera en zona civil. Resultado tangible: civiles heridos y un extranjero muerto mientras recibía atención médica. Daño colateral, le llaman. Fatalidad, dirán otros. Pero el patrón empieza a parecer menos accidente y más consecuencia.

Porque aquí la pregunta incómoda no es si los presuntos delincuentes dispararon primero —esa será siempre la coartada institucional—, sino por qué el enfrentamiento ocurrió en condiciones donde había población civil expuesta. ¿Falló la inteligencia? ¿Se privilegió la intervención inmediata sobre la contención? ¿O simplemente la consigna es detener —o abatir— sin importar el entorno?

El decomiso posterior —cuatro armas largas, chalecos tácticos, ponchallantas— sirve como trofeo narrativo para justificar el operativo. Pero ningún arsenal incautado compensa el costo político y humano de un civil muerto y varios heridos. La aritmética de la seguridad sigue sin cuadrar: se presume eficacia mientras se acumulan víctimas que no estaban en la ecuación criminal.

Y entonces aparece el segundo acto: el ritual político. Reunión de la Mesa Regional de Seguridad, despliegue reforzado, coordinación interinstitucional. Más uniformes, más patrullajes, más presencia. La respuesta estándar ante un problema que, paradójicamente, muchas veces se agrava con esa misma lógica de reacción inmediata y fuerza expansiva.

El gobernador Víctor Manuel Castro,por cierto férreo defensor del narcogobernador de Sinaloa,Ruben Rocha Moya, asegura que “no bajarán la guardia” y que la seguridad es prioridad. Pero la frase, repetida hasta el desgaste en todo el país, se estrella contra los hechos: un destino turístico que vende exclusividad internacional, pero donde un ciudadano de California puede terminar muerto en medio de un operativo militar.

La constante es inquietante: operativos diseñados para neutralizar amenazas que terminan trasladando el riesgo a los ciudadanos. No es solo un problema de ejecución, sino de enfoque. Cuando la captura o el enfrentamiento se vuelven el objetivo central, la protección del entorno pasa a segundo plano. Y ahí es donde la seguridad deja de ser garantía para convertirse en ruleta.

En Baja California Sur —como en buena parte del país— la narrativa oficial insiste en que todo está bajo control. Pero cada bala perdida, cada civil herido, cada víctima “colateral” desmiente esa versión con una claridad brutal.

Porque al final, más allá de los comunicados y los decomisos, hay una realidad imposible de maquillar: en este operativo, a los inocentes también los alcanzaron.

«Asi pasa cuando se privilegian las capturas por encima de la obligación legal de dar seguridad»

Con informacion: ELNORTE/

domingo, 31 de mayo de 2026

“MATARON al COMANDANTE: las EJECUCIONES IMPUNES del CÁRTEL de SINALOA NO solo VIOLAN el CÓDIGO PENAL, también DEROGAN las LEYES de la PROBABILIDAD»…lanzan una moneda al aire… y siempre cae del lado del CDS.


En Culiacán, la muerte de policias ,del estado, del municipio y hasta de la «inteligencia» de la SSPC de Omar García Harfuch, dejó de ser noticia y pasó a ser rutina burocrática. 

Este domingo, otro nombre se sumó a la lista que nadie quiere contabilizar en serio: Juan Pedro Arámburo García, comandante de la Policía Preventiva estatal, ejecutado a plena luz del día en la colonia 10 de Mayo. Iba en un Nissan Versa blanco, desarmado, fuera de servicio, probablemente pensando en llegar a casa. Error de cálculo: en Sinaloa, el horario laboral del narco es 24/7/365.

El ataque fue quirúrgico, como ya es costumbre. Hombres armados en movimiento, ráfagas precisas, retirada limpia. Cero detenidos. Cero pistas. Cero consecuencias. La escena del crimen: acordonada, fotografiada, archivada… y olvidada como ya casi centenar de casos que escurren impunidad.

Arámburo no era un elemento cualquiera. Había pasado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), esa unidad que en el papel combate al crimen organizado, y también fungió como escolta de altos mandos policiales. Traducido al lenguaje real: conocía el terreno, conocía a los actores… y aun así, eso no le alcanzó para sobrevivir.

La anomalía que ya es norma

Aquí es donde el asunto deja de ser solo criminal y se vuelve matemático —o mejor dicho, antimatemático.

En cualquier sistema mínimamente funcional, bajo cualquier estrategia, incluso militar ,asi sea mediocre ,la probabilidad dicta que no todos los crímenes pueden quedar impunes. Por pura estadística, por errores humanos, por azar: alguien debería caer. Pero las dos facciones del Cartel de Sinaloa no solo solo violan el Código Penal, también parecen haber derogado las leyes de la probabilidad.

Estamos hablando de decenas de policías ejecutados en una misma región, bajo patrones similares, sin un solo caso esclarecido de fondo. Eso no es casualidad,es causalidad traducida a invitación a seguirlos matando.

Porque para que la impunidad sea del 100%, no basta con que el sicario jale el gatillo. Se necesita:

  • Inteligencia previa (¿quién sale, a qué hora, en qué vehículo?)
  • Capacidad operativa (armas, logística, escape)
  • Y, sobre todo, garantía de no persecución efectiva

Es decir, no es solo crimen organizado: es crimen organizado operando en un entorno donde el Estado ha sido, en el mejor de los casos, irrelevante… y en el peor, funcional.

La cacería silenciosa

La ejecución de Arámburo no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia más amplia: una campaña sistemática de eliminación de policías locales. No enfrentamientos, no emboscadas en operativos, no daños colaterales: ejecuciones directas, personalizadas, fuera de servicio.

Eso tiene un mensaje claro:

  • No importa si eres operativo, comandante o escolta.
  • No importa si ya terminaste tu turno.
  • No importa tu historial.

Eres prescindible.

Y cuando matar policías deja de tener consecuencias, lo que sigue no es el caos… es el control. Porque el objetivo no es destruir al Estado, sino domesticarlo.

La fiscalía que investiga… lo de siempre

Tras el ataque, el guion institucional se repite como si fuera obligatorio:

  • Arriban corporaciones.
  • Se acordona la zona.
  • La Fiscalía “inicia investigaciones”.
  • No hay detenidos.
  • No hay móvil.

Y no, no es falta de capacidad técnica. Es algo más incómodo: la normalización de la ineficacia como política pública.

Porque si después de cientos de casos el resultado es idéntico, ya no es falla. Es diseño.

El verdadero mensaje

Lo realmente alarmante no es que los criminales maten policías. Eso, por brutal que sea, entra dentro de la lógica del crimen organizado.

Lo verdaderamente perturbador es que lo hagan con una tasa de éxito perfecta.

Porque cuando un grupo armado puede ejecutar funcionarios del Estado de forma sistemática, sin consecuencias, lo que está demostrando no es fuerza… es control del entorno.

Y ahí, la pregunta ya no es quién disparó.

Es quién permitió que nunca pase nada después y…quien sigue ?,pronto lo sabremos.

Con informacion : ELNORTE/