LA «CARTULINA lo ENFRENTO al CARTELON»: EL «CONTADOR del CDG MANDO LEVANTAR MEDICO INTERNAUTA que PADECE AUTISMO,NO ERA SUICIDA,ERA PELIGROSAMENTE HONESTO»…cero filtro social y un hiperfocus brutal en la justicia.

Primero lo oficial y bien formal: la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Tamaulipas ,bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal Anaya,acaba de publicar su mas reciente boletín de búsqueda de un desaparecido en Matamoros,cuyo listado ya suma 13 mil 707 victimas.

Se trata de Edgar Patiño González, médico de profesión, 44 años, 1.70 de estatura, 72 kilos, quien desapareció el 24 de marzo de 2026 en Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y ahora viene lo que nadie se atreve a decir en voz alta: el reconocido internauta es un asiduo denunciante, lo mismo del Cartel del Golfo,que de su socio el alcalde de Matamoros,Alberto «Beto» Granados,quien previamente lo mando encerrar con el pretexto de que lo iba atacar,la prensa se encargo del resto, tildarlo de peligroso.

A toda accion una reaccion

Patiño,poco antes de desaparecer el mismo dia 24,fecha del reporte,acababa de publicar en redes a las 20:48 pm, lo que evidentemente iba interpretar Alfredo Cardenas,alias El Contador, capo «Escorprion» ligado a Morena y el Gobernador,como un golpe directo al hígado contra este,su pareja y el Cartel del Golfo.

Desde la cuenta @epat17 el medico publicó una cartulina amarilla pegado con cinta, escrito a mano: “Me cogí a la BALKIS SIN CONDON (y ahora tengo SIDA, GONORREA y SIFILIS)”. 

A decir de Carlo Vela,días antes el mismo Edgar ya había estado subiendo videos fuera de una ex casa de seguridad , señalando con el dedo a un medico de San Charbel ,enseguida subió otro donde decía que lo estaban acosando la Fuerza Estatal ,esa policia de la maña que que te levanta y te entrega.

Y aquí viene la parte donde nos ponemos el saco de especialistas en neurodivergencia (porque sí, Edgar se ha identificado públicamente como autista). 

Cualquier especialista clínico con años viendo perfiles del espectro autista en contextos de alto riesgo, nos diría clarito: el autismo no te hace suicida, pero sí te puede hacer peligrosamente honesto. Cuando tienes ese cerebro que funciona con lógica binaria (“esto es verdad o mentira, no hay grises”), cero filtro social y un hiperfocus brutal en la justicia, terminas publicando verdades incómodas como si estuvieras en un grupo de WhatsApp con los cuates… aunque estés apuntándole en la frente al capo más cabrón de Tamaulipas.

No se evalúa riesgo social de la misma forma. No le entra el miedo visceral que a la mayoría nos paraliza. Para él, denunciar al Contador, presumir que se tiró a su esposa y gritarlo en redes no era “provocación suicida”… es coherencia. 

Es el mismo mecanismo que hace que un niño autista le diga a la maestra “estás gorda” sin mala leche: no hay doble fondo, no hay cálculo político. Solo verdad cruda, sin lubricante.

Resultado: un doctor tiktoker autista ahora está desaparecido. Y Tamaulipas,bajo el gobierno de otro medico, Americo Villarreal Anaya, sigue siendo Tamaulipas,nada mas y nada menos que subcampeón nacional de las desapariciones, ya desplazó a Jalisco y solo esta por debajo del Estado de México.

Ahora con un Fiscal General de Justicia que le antecede haber servido al Cartel del Golfo de Matamoros ,cuando decidió confabularse en 2001 para ayudarlos a cambiar al «Kelin», un pez gordo por un charal ,fue descubierto y fue recluido 7 meses en el penal federal de Amoloya,hoy del Altiplano.

Con informacion: HORA CERO/ MEDIOS/ REDES

"SISTEMA de ALERTAS o CORTINA de HUMO ?": "BANCOS PRESUMEN NUEVO JUGUETE ANTILAVADO con INTERCONEXION que DETECTARÁ CLIENTES SOSPECHOSOS"...en teoría, es que si alguno huele a narco en un banco, los demás lo sepan antes de que abra otra cuenta.

La banca mexicana anda estrenando su nuevo juguete antilavado: un flamante “sistema de alertas” que supuestamente interconectará a los bancos para detectar clientes sospechosos. La idea, en teoría, es que si un cliente huele a narco en un banco, los demás lo sepan antes de que abra otra cuenta. En la práctica, es otro parche digital al Titanic de la banca mexicana, que ya navega marcada por las sanciones de Washington.

Todo empezó cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. decidió dejar de jugar a los misterios y sancionó de lleno a Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector por lavar dinero de cárteles mexicanos. El golpe fue tan fuerte que el discurso de “cumplimiento regulatorio” se convirtió, de la noche a la mañana, en un mantra patriótico de la Asociación de Bancos de México (ABM). Ahora juran que este sistema tecnológico —implementado por una “firma mexicana” que todavía nadie identifica— será la nueva muralla digital contra el fentanilo y el efectivo maldito.

Mauricio Naranjo, vicepresidente de la ABM, lo vendió así: una red interbancaria de chismes financieros que permitirá avisarse entre sí cuando un cliente levante sospechas. Algo así como un group chat entre banqueros para decir: “Ojo con este tipo, ya nos salió raro en Intercam”. La meta es conectar a seis bancos grandes este año y luego, poco a poco, a las 54 entidades que siguen operando en el país. Porque, claro, si algo caracteriza al sistema financiero mexicano es su capacidad de autolimpieza.

Mientras tanto, en las playas de Cancún —epicentro del cónclave financiero más soleado del país—, los banqueros recibieron a una delegación estadounidense para revisar cuentas, promesas y culpas. El mensaje fue claro: Washington pone las reglas, México promete portarse bien. Todo en nombre de “fortalecer el régimen de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo”, aunque la realidad suene más a un chequeo de obediencia regulatoria que a cooperación soberana.

No hay que olvidar que la banca mexicana perdió tres jugadores en menos de un año. Vector, Intercam y CIBanco fueron borrados del mapa financiero tras las acusaciones de lavar dinero para comprar insumos de fentanilo en China. Entre los tres, movían activos por unos 22 mil millones de dólares. 

Ahora, con la presión de Donald Trump y una nueva ronda de tensiones bilaterales por los flujos del narcodinero, los bancos mexicanos hacen introspección forzada. Jorge Arce, de HSBC México, asegura que “hay una fuerte conexión binacional” y que los bancos están “enfocados en cumplir”. Traducido al castellano brutal: los bancos ya están mirando hacia Washington antes de tomar decisiones locales.

Desde la ABM se atreven incluso a pedir reciprocidad: que EE.UU. vigile su propio flujo de efectivo proveniente de la venta de drogas. Una petición tan justa como inútil, considerando que el narcodólar sigue siendo el lubricante invisible de su economía financiera.

En resumen, el “sistema de alertas” promete más de lo que puede cumplir. Es un gesto de buena conducta ante el Tesoro estadounidense, más que una herramienta estructural contra el lavado. Porque mientras el dinero sucio siga encontrando bancos dispuestos, siempre habrá alguien programando nuevas “alertas”… para avisar que, otra vez, ya fue demasiado tarde.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/KARINA SUAREZ

LA «REPARACIÓN como CATEQUESIS JUDICIAL»: “SENADOR de MORENA y JUEZ FEDERAL se CONFABULAN para LIBERAR ACUSADA PRIISTA con ACUERDO»…uno que exhibe la coreografía politica detrás del ropaje procesal.

Tras una audiencia exprés de una hora, un Juez Federal decidió con premura aprobar un “acuerdo reparatorio” que más parece un tratado de redención pública que un acto jurídico. Los 3.2 millones de pesos pactados, divididos en cómodas mensualidades de 179 mil, se presentan como el componente pecuniario tradicional. Hasta aquí, el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) parece satisfecho: hay una víctima identificada, un daño evaluable y una reparación económica proporcional.

Pero lo que sigue ya es teología judicial, no derecho penal: prohibición de hablar del caso, restricción de contacto, privación del ejercicio de cargos públicos y la obligación de encabezar una “campaña de concientización contra denuncias falsas”. Esto va mucho más allá de los supuestos del artículo 192 del Codigo Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que regula la suspensión condicional del proceso, pues las condiciones deben tener un vínculo directo con la reparación o la prevención del delito. 

Que el tribunal federal imponga un programa de propaganda ideológica —además de spots y trabajo comunitario— parece contravenir el principio de proporcionalidad y podría rozar la inconstitucionalidad por limitación indebida a los derechos de libertad de expresión y participación política (artículos 6 y 35 constitucionales).

Aquí la justicia se traviste de inquisición: aceptar la suspensión implica asumir la narrativa del adversario —en este caso, la de que hubo una denuncia falsa— y a la vez comprometerse a visibilizarla como delito, lo que contradice el supuesto de inocencia y convierte el acuerdo en un acto de retractación políticamente útil.

El acuerdo con aroma de veto político

La prohibición de participar en cargos públicos durante 18 meses (plazo idéntico al de la suspensión procesal) no encuentra sustento en el CNPP ni en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No hay base normativa que faculte al juez a establecer una inhabilitación política derivada de un acuerdo voluntario. Es decir, se institucionaliza la sanción extralegal mediante una condición disfrazada de “voluntariedad judicial”.

De hecho, el convenio podría considerarse lesivo al principio de legalidad estricta en materia penal (art. 14 constitucional) y, si hubo presión para aceptarlo bajo la perspectiva de recuperar la libertad inmediata, podría rozar incluso la coacción procesal. Más aún si se toma en cuenta que uno de los acusados estaba recluido, lo que convierte cualquier “consentimiento” en una ficción jurídica con olor a chantaje procesal.

El juez como diseñador de política pública

El colofón, sin embargo, revela la dimensión simbólica del caso: el juez exhorta a la Fiscalía de Nuevo León a crear un “protocolo para prevenir denuncias falsas”. Este gesto, típicamente metajurídico, es una intromisión en la esfera legislativa y administrativa. El juez no legisla, pero aquí se permite sugerir —y casi ordenar— la elaboración de un instrumento normativo de prevención. No es sólo exceso de confianza judicial: es activismo punitivo desde la judicatura, bajo el manto de la equidad y la conciliación.

Epílogo: un acuerdo que repara poco y modela mucho

Lo que debía ser un acuerdo de reparación terminó siendo un ensayo de reeducación procesal: el juez, fungiendo como reformador moral, impone un castigo simbólico al denunciante y a sus allegados, al tiempo que limpia la imagen del denunciado con un barniz de justicia restaurativa. El resultado es un híbrido jurídico irregular: mitad suspensión condicional válida, mitad escarmiento ideológico improcedente.

En suma: el juez cumplió el procedimiento formal, pero drenó el sentido del derecho penal acusatorio para instalar una liturgia de arrepentimiento público. Y eso, jurídicamente hablando, no repara daños: institucionaliza la humillación.

Con informacion: ELNORTE/

«AUTORIDADES LENTAS»: «PADRE de DOBLE EJECUTOR de MAESTRAS esta ASIGNADO a la XVI ZONA NAVAL en el PUERTO de LAZARO CARDENAS»…arma puede ser oficial o de origen narco.

El joven “Osmar N.” no traía una escopeta de cacería ni una replica de airsoft. Iba cargado con un fusil de uso exclusivo de las fuerzas élite, el tipo de arma que uno esperaría ver custodiando embajadas o en una base naval… no en manos de un civil de mente torcida por el mundo digital. Según el expediente mediático, el arma pertenece a un Marino, padre del muchacho.

Porque la gran pregunta no es cómo un joven terminó disparando. Es cómo un fusil “para fuerzas especiales” terminó en la cajuela de la familia de un servidor público federal. O el padre la tenía por vías oficiales y alguien olvidó controlarla… o la consiguió del mismo mercado negro donde compran los cárteles o es decomisada y no consignada. En cualquiera de los escenarios, el Estado vuelve a quedar apuntado por su propio cañón.

Mientras las autoridades “investigan si el arma es legal”, el reloj institucional corre en cámara lenta. En un país donde una pistola decomisada al narco se rastrea en días, aquí nadie parece tener prisa por aclarar cómo se filtró un rifle de asalto. Quizás porque, al final, el narco y la Fuerza Armada están separados solo por el nombre del uniforme.

El caso es un retrato en miniatura de la decadencia armada mexicana: los mismos fusiles que el gobierno presume en los desfiles terminan siendo retratados en escenas del crimen. Y el discurso oficial —ese que jura control, disciplina y patriotismo— se cae al primer casquillo trazador.

Con información: EXCELSIOR/

"CONTRATISMO TODO TERRENO": "EVIDENCIA DOCUMENTAL EXHIBE ESCURRIENDO las CORRUPTELAS del UNIFORME VERDE OLIVO del EJERCITO"...todo lo compra, todo lo vende (y todo lo mezcla).

En la Secretaría de la Defensa Nacional parece que confundieron el catálogo militar con el de Sam’s Club. El que ayer vendía bolsas de hielo hoy renta ambulancias; la que suministraba manteca y harina ahora surte químicos para fabricar proyectiles; y aquel que administraba inmuebles, de pronto diseña maquinaria para fabricar armas. Versatilidad le llaman; otros dirían conflicto de intereses con uniforme de campaña.

Latinus le echó ojo a 300 contratos del Ejército firmados en 2025 y el resultado es digno de un expediente de la Auditoría Superior… o de un capítulo de “El Chapulín Bursátil”. De los documentos emergen 19 empresas y dos personas físicasque se llevaron más de 230 millones de pesos en asignaciones directas, porque nada dice “honor y lealtad” como repartir millones sin concurso.

Tómese el caso de María del Rosario Martínez García, desde su colonia en Naucalpan, que surtió herramientas, químicos, harina y hasta 900 kilos de manteca de cerdo… para la fábrica de proyectiles del Ejército. No es metáfora: los proyectiles bien engrasados, literal. Su PYME patriótica le facturó a la Sedena más de cuatro millones en un año. Así cualquiera grita “¡Viva México!”.

Pero la estrella del emprendimiento marcial se llama AJ Trade, que nació para administrar inmuebles y terminó fabricando maquinaria para armas y municiones. ¿Un giro de negocio? Más bien una metamorfosis milagrosa autorizada por la Dirección de Industria Militar, que parece agencia incubadora de “contratistas todoterreno”.

Y no vayamos lejos: HGW Process and Solutions fue sancionada por la propia Sedena en 2024 por entregar tarde un documento. ¿Resultado? Diecisiete contratos más al año siguiente, por un total de 35 millones de pesos. En los pasillos de la burocracia castrense, fallar paga —y bien.

El desorden alcanza niveles de tragicomedia. Didactic City vende desde tornos hasta sillas de ruedas, mientras para Agricultura cotiza uniformes. Comercializadora GC2 despacha tanto papel de baño como varillas de acero y aceites de motor. Si el Ejército necesita balas o cloro, el catálogo los cubre: multiproducto, multicliente, multitransa.

Y entre los más pintorescos está René Carlos Aguilar, proveedor estrella que entrega artículos de oficina, limpieza, hielo y agua purificada, pero también renta ambulancias al mismo Ejército. Un ejército que construye aeropuertos, opera hoteles, entrega libros, y ahora —al parecer— distribuye agua embotellada con la bendición del presupuesto federal.

Nadie vigila gran cosa: las empresas incumplen, no entregan y, aun así, siguen cobrando. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, administrado por los mismos militares, se reparten contratos millonarios a compañías sancionadas. Una de ellas, FAMSO, multada por la Sedena en 2023; otra, Pibud y Gastronómico, ya investigada por la Auditoría Superior. El olfato para repetir proveedores sospechosos parece parte del adiestramiento.

¿Y los millones de pesos con los que el Ejército ahora construye trenes, aeropuertos, hospitales y bancos? Se diluyen entre grasas, hielos, inmuebles y “sistemas contra incendios” que, paradójicamente, sirven menos para apagar fuegos que para encubrirlos.

En resumen: la Industria Militar mexicana se profesionalizó en todo… excepto en rendir cuentas.

Con informacion: LATINUS/

«QUE VIVAN los NOVIOS»: «EXHIBEN MATRIMONIANDOSE EX-FEDERAL EX-SECRETARIO de SEGURIDAD de SHEINBAUM con ORDEN de CAPTURA INTERNACIONAL» …aquí no hay misterio policiaco, hay complicidad de alta gama: o no lo buscan, o lo cuidan.

Una exalcaldesa de Morena se casó en Valle de Bravo con un prófugo de la justicia con ficha roja de Interpol, mientras el Estado mexicano miraba para otro lado.

El 5 de marzo, Valle de Bravo se convirtió en set de serie política: alfombra roja, copas, DJ, y, de protagonista, un señor con orden de aprehensión internacional bailando como si su mayor problema fuera pisarle el vestido a la novia.

La novia: Patricia Jimena Ortiz Couturier, exalcaldesa morenista de Magdalena Contreras, formada en la escuela del “no robo, no miento… pero sí escojo muy mal a mis parejas”.

El novio: Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum en 2018 y exjefe policiaco que terminó en la categoría “Se busca en todo el mundo”, acusado de delincuencia organizada y de ayudar a desviar más de 2 mil 500 millones de pesos cuando era alto mando en la Policía Federal.

Que dice Noroeste:

«Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, ex secretarios generales de la Policía Federal son buscados en 194 países, después de que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para su detención»….Noroeste/

Según la Fiscalía y la Interpol, este señor es tan peligroso y tan buscado que hasta le emitieron ficha roja para cazarlo en cualquier aeropuerto del planeta; según los videos de la boda, es tan intocable que se deja ver en uno de los destinos más fresas del Estado de México, partiendo pastel y abrazando invitados como si estuviera en su fiesta de jubilación.

Medio mundo político sabía del evento, circulaban reels, shorts y chismes en redes, pero, misteriosamente, ninguna patrulla logró perderse “casualmente” por las calles empedradas de Valle de Bravo.

Valle de Bravo no es el Triángulo de las Bermudas: no desaparecen personas, desaparece la vergüenza institucional.

Para el ciudadano de a pie, una orden de aprehensión significa cateos, retenes y miedo a cualquier sirena; para ciertos exfuncionarios, significa boda de lujo, brindis y playlist de reggaetón bajo la custodia invisible de la impunidad.

Así que aquí no hay misterio policiaco, hay complicidad de alta gama: o no lo buscan, o lo cuidan.

Porque casarse con bombo y platillo, teniendo encima una orden de captura y ficha roja, no es un acto de amor; es un acto de confianza absoluta en que el sistema que un día comandaste todavía te protege… aunque ahora juren que te andan persiguiendo por todo el mundo.

Con informacion: @Redes/ Medios

EL «UATCHICOL entre BECARIOS y BIDONES»: «OPERATIVO TRASLAPA el RUMOR UNIVERSITARIO al EXPEDIENTE PENAL con REVENTON de PREDIO DETRAS de FACULTAD de VETERINARIA»…unos roban el combustible, otros lo huachicolean de EE.UU.

Lo que durante meses se murmuraba entre pasillos, tesis y asados académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT),que aun dirige Damaso Anaya, quien probo el frio de las esposas al ser detenido en junio de 2022,como cita El Norte,primo de Americo Villarreal, aun gobernador de Morena en Tamaulipas,profusamente ligado al trafico de huachicol fiscal ,terminó ayer por reventar justo detrás de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ahí, donde uno esperaría olor a establo, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró el tufo a diésel robado.

El operativo: agentes federales irrumpieron en un predio colindante al campus sur de Ciudad Victoria, descubriendo un centro de acopio y distribución de combustible ilícito dignamente instalado “a las espaldas” —literal y simbólicamente— de la máxima casa de estudios del estado. Contenedores, bidones, bombas y un olor inconfundible de impunidad impregnaban el aire académico.

Entre becarios y bidones

El hallazgo,ya encendió los reflectores sobre la cúpula universitaria, donde nombres muy conocidos —Dámaso Anaya, Rogelio, Remes, Flaviano y el responsable de Finanzas— se repiten en los murmullos del personal y ahora también en los informes de inteligencia. Coincidencia o karma institucional, varios de ellos fueron vistos cerca del lugar justo durante el operativo.

Fuentes locales ,a decir del periodista Nestor Troncoso, aseguran que Damaso Anaya, rector y operador político del grupo universitario, “andaba por la zona” aparentemente supervisando algún asunto administrativo. Pero la pregunta ronda en los pasillos: ¿labores académicas o control de las “rentas” del predio asegurado? Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo piensan.

La academia y el delito: vieja pareja conocida

La FGR, fiel a su vocacion, mantiene hermetismo sobre las detenciones, si es que hubo alguna, algo poco probable si atendemos la impunidad por litro que actúa con el calculo politico del estratega federal «cuentachiles».

Sin embargo, trascendió que se solicitaron órdenes de aprehensión que podrían escalar hasta las oficinas del edificio central de la UAT. Aunque el golpe solo desmantela un sitio de almacenamiento, pues sería iluso pensar que acaba con una célula del huachicol regional donde no es descabellado que cuente con una red de complicidades que a decir de otros trascendidos podria mezclar recursos universitarios, contrataciones “fantasma” y combustible pirata con sello institucional.

Para quienes siguen de cerca la política tamaulipeca, el “UATchicol” no sorprende. Desde hace años, la institución ha sido señalada como feudo de intereses políticos disfrazados de proyectos educativos. Ahora, con el hallazgo detrás de Veterinaria, la narrativa de “orgullo universitario” adquiere un nuevo lema no oficial: saberes y saberes… de dónde sacar gasolina.

De la leyenda a la averiguación previa

El aseguramiento del predio forma parte de una línea de investigación que podría ramificarse hacia contratos de mantenimiento, flotillas vehiculares universitarias y pagos sin justificar a proveedores vinculados al robo de combustible.

El escándalo apenas prende motores. Y si algo quedó demostrado en este operativo es que en Tamaulipas, incluso cerca de la educación se puede funcionar —literalmente— con gasolina robada, paralelamente cuando el gobernador ha operado en sociedad con Carteles con la contrabandeada.

Con informacion: NESTOR TRONCOSO/