En 38 días, 12 mujeres asesinadas en Sinaloa y el gobierno todavía presume porcentajes como si fueran trofeos de feria; esa es y ha sido la estrategia cuentamuertos: administrar el cementerio y venderlo como éxito de gestión. Hablan de “disminución” porque en enero no fueron 123 homicidios dolosos sino 106, como si el detalle relevante fuera la aritmética y no que la gente se sigue desangrando en las calles, con ocho feminicidios y nueve mujeres asesinadas solo en ese mes.
La narrativa oficial es simple y obscena: si hoy matan a diez en vez de quince, felicidades, “vamos mejorando”. Mientras en los primeros 38 días del año ya hay una docena de mujeres ejecutadas, baleadas, golpeadas, enterradas en fosas, el discurso se concentra en curvas descendentes, gráficas bonitas y comparativos con el mes pasado, como si la vida de cada víctima fuera una celdita más en Excel. A las familias les entregan cuerpos, pero en la conferencia de prensa lo que se exhibe son porcentajes, tasas, tendencias, todo menos la desnudez brutal de la impunidad.
La “estrategia cuentamuertos” es perfecta para quien gobierna: no exige prevenir, sólo registrar. No pide que desarmen a nadie, sólo que anoten en qué municipio cayó el cadáver. No incomoda a los grupos criminales, porque se limita a constatar su trabajo y luego justificarlo con tecnicismos de “conflictos entre grupos” y “ajustes de cuentas”. La prioridad no es proteger a las mujeres, sino proteger la narrativa: si el número baja un poquito, se celebra; si sube, se relativiza y se diluye entre estadísticas nacionales.
Sinaloa arrancó 2026 con decenas de asesinatos en los primeros días, mientras el aparato institucional se aferra a repetir que “no es tan grave”, que “vamos mejor que antes”, que “ya no hay masacres como antes”, como si la vara de medición fuera el infierno de hace unos años y no el derecho elemental a llegar viva a casa. La violencia contra las mujeres no cede, pero el discurso oficial sí: cede ante la tentación de maquillar, de normalizar, de trivializar, de esconder detrás de un número la historia concreta de cada mujer que ya no está.
Y ahí está el núcleo del engaño: convertir la política de seguridad en contabilidad moralmente quebrada. Les preocupa más cómo se ve la cifra en el boletín que cómo se ve la escena del crimen a las cuatro de la mañana, con una mujer tirada en la calle y una familia reventada para siempre. Mientras sigan gobernando con hojas de cálculo y no con un mínimo de vergüenza, la “estrategia cuentamuertos” sólo servirá para eso: para seguir contando cadáveres y llamarle, sin pudor, “avance”
El corrido ya lo dice bonito, pero hay que subrayarlo con marcador fluorescente: cuando se descarrila el Tren Interoceánico, el único que no tiene freno de emergencia es el Estado… pero para echarle la bronca al más jodido sí hay vía rápida.
Mientras la FGR se luce anunciando que al maquinista Felipe de Jesús lo van a procesar por homicidio culposo como si fuera el villano final del sexenio, los detalles técnicos de los vagones se van a la bóveda del olvido por cinco años, tras reservar el expediente para que quede claro que el prohibir informarse esta prohibido, no vaya a ser que salga embarrado algún intocable del primer y segundo piso con contrato jugoso o apellido naval: para la transparencia, reserva; para el maquinista, rejas.
El corrido “Felipe el maquinista” no es homenaje: es acta de defunción de la justicia ferroviaria, donde los “perros flacos” son los que llenan las cárceles y los que tienen cargo, contrato o fuero se pasean tan campantes por las mismas vías donde murieron 14 personas, entre ellas una niña de seis años y una joven de 16. El tren se descarriló en el Istmo, pero la narrativa oficial intenta enderezarse nomás con un culpable de carne y hueso, barato y sustituible, mientras los rieles de la responsabilidad estructural se archivan bajo llave sexenal.
Los ferrocarrileros jubilados y en activo salen a decir que Felipe tiene 40 años de experiencia, pero eso pesa menos que el rating de la mañanera donde algunos ya piden que canten el corrido como fondo musical de la impunidad selectiva. La ecuación es sencilla: 241 pasajeros, 9 tripulantes, 14 muertos y un solo hombre convertido en chivo expiatorio premium para que nadie pregunte por diseño, mantenimiento, licitaciones ni prisas políticas por inaugurar obras aunque los pernos vayan flojos y los durmiéntes viejos a sobrecosto.
Así que sí: “Felipe el maquinista” ya es más que una rola norteña; es el boletín no oficial de cómo funciona la justicia a la mexicana: la verdad técnica se reserva, los contratos se protegen y el “todo el peso de la ley” se aplica con precisión quirúrgica… siempre y cuando seas hijo de vecina y no socio del proyecto.
En Tequila no cayó un alcalde, se cayó el teatro completo: el del “pueblo mágico” administrado como franquicia del CJNG por un edil con banda presidencial de plástico y un “Rey Mago” que no traía juguetes, sino levantones, extorsiones y favores en efectivo.
Diego Rivera Navarro no gobernaba un municipio, administraba una sucursal: la nómina era catálogo de operadores, la patrulla era terminal de cobro y la presidencia, cabina de peaje para empresarios, comerciantes y rivales políticos que aprendieron a la mala que el recibo oficial llevaba siempre cuota extra para el cártel. El CJNG no solo le pagó la campaña, también le limpió la boleta a la vieja usanza: secuestro aquí, renuncia forzada allá, democracia de sicario con credencial de elector.
Entra a escena Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, no porque reparta ilusión, sino porque convierte miedo en flujo de caja, favores en protección y cargos públicos en sucursales de seguridad privada para el crimen organizado. Estados Unidos lo pone en la lista como colaborador del CJNG y aquí lo ponen de interlocutor de alcaldes, comisario, enlace y lo que se ofrezca, hasta que el expediente ya es tan grotesco que ni la narrativa de “casos aislados” alcanza para taparlo.
Durante meses, las señales estuvieron ahí: policías que actuaban como cobradores, clausuras usadas como método de extorsión, eventos musicales donde se proyectan imágenes de “El Mencho” como si fuera patrocinador oficial del ayuntamiento, y un clima de terror que los gobiernos estatal y federal prefirieron archivar bajo “no hay denuncia formal” hasta que la vergüenza fue más grande que la complicidad.
Cuando por fin llegan los operativos, caen el alcalde, el jefe de gabinete encargado del lavado, el tesorero que hacía magia con los números y el director de padrón que convertía licencias en arma política, todos en el mismo paquete, como si alguien hubiera confundido el cabildo con un consejo de administración del cártel, una copia al carbon de Tamaulipas y gran parte del pais.
Lo más obsceno no es que existiera un “Rey Mago” enlazando CJNG y alcaldías, sino que todos fingieran sorpresa: partidosque no vieron nada, instituciones electorales que validaron campañas dopadas por el narco, fiscalías que se activan solo cuando Washington señala con el dedo o cuando el escándalo ya revienta en redes.
El caso de Tequila no es excepción, es manual: captura del municipio, financiamiento criminal, campaña dopada, amenazas a competidores y luego, cuando truena, el mismo discurso reciclado de “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, que siempre se queda exactamente donde empezó: en el cinismo.
México no tiene fronteras: tiene heridas abiertas que nunca cauterizan. Por ahí entran las armas, las municiones, las balas del tamaño de una muñeca que los cárteles disparan contra helicópteros y patrullas, mientras perdemos el tiempo acusando a Washington de fabricarlas y dejarlas salir, cuando el problema, aunque compartido, ha sido dejarlas entrar a Mexico en una frontera resguardada por mas de 10 mil guardias nacionales.
Porque sí, las balas calibre .50, fabricadas en la santa planta de Lake City ,una fábrica subcontratada por el Ejército estadounidense son hoy el souvenir preferido del crimen organizado mexicano. Cada cartucho viaja desde Misuri hasta Tamaulipas, cruzando la línea más vigilada y al mismo tiempo más agujerada del continente, en la práctica es un tamiz: detiene migrantes, pero deja pasar todo lo que brilla y explota.
Mientras los cárteles compran a precio de boutique lo que el Ejército estadounidense produce al mayoreo: proyectiles diseñados para perforar blindajes, ahora usados para partir en dos camionetas de rivales, policías, soldados e incluso derribar helicópteros como ya lo hizo El MENCHO en Mayo de 2015.
Y lo más obsceno es que ambos gobiernos lo saben. México incluso ha comprado munición de la misma planta.
La mañana del 30 de noviembre de 2019, un convoy de camionetas irrumpió en Villa Unión, Coahuila. Iban cargadas de hombres armados con ametralladoras pesadas y rifles calibre .50, dispuestos a convertir el pueblo en zona de guerra. Su misión era simple y brutal: incendiar la presidencia municipal y dejar un mensaje. Con semejante potencia de fuego, arrinconaron a policías estatales y municipales, que aguantaban el temporal a la espera del Ejército. Los vecinos, aterrados, se escondían donde podían mientras el aire olía a pólvora y a humo.
“Los casquillos tapizaban el suelo como hojas secas”, recordó el periodista Luis Manzano, que tuvo los arrestos de entrar al pueblo mientras volaban las balas. Pero lo que más lo marcó no fue la vista, sino el sonido: “El suelo temblaba con cada ráfaga”, dijo. “Nunca había sentido algo así”.
Cuando finalmente el Ejército repelió el ataque, cuatro policías, dos civiles y 19 sicarios quedaron muertos. En el lugar los peritos juntaron al menos 45 casquillos de calibre .50 grabados con las letras “L.C.”.
Esas iniciales pertenecen a la Lake City Army Ammunition Plant, una mastodóntica fábrica propiedad del gobierno de Estados Unidos, a las afueras de Kansas City, Misuri. Es el mayor productor de balas de fusil del ejército norteamericano. Y, de paso, un generoso proveedor del mercado civil: ahí también se fabrican las municiones calibre .50, proyectiles del tamaño de un puro, pensados para destruir vehículos o aviones ligeros, pero que hoy cualquiera puede comprar con su tarjeta de crédito en buena parte de EE. UU.
Millones de páginas de documentos judiciales, decomisos y registros oficiales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y The New York Times dejan al descubierto cómo los pactos entre el Ejército estadounidense y los contratistas privados que administran la planta han permitido que esa munición termine en los estantes de minoristas, y de ahí —pista libre— en manos de los cárteles mexicanos.
El gobierno de México también ha comprado munición fabricada en Lake City, aunque los documentos no especifican el calibre.
En Estados Unidos, el mercado para estas joyas metálicas es pequeño: los rifles .50, de uso civil casi ornamental, cuestan miles de dólares; las versiones automáticas, decenas de miles. A tres o cuatro dólares por cartucho, ni el gringo más fanático del “segundo derecho” amasa cajas completas.
En México, en cambio, los cárteles tienen más dinero que pudor y pagarán lo que sea por un juguete que puede convertir un helicóptero en chatarra ardiente.
Desde 2012, la ATF ha decomisado más de 40 mil cartuchos calibre .50 en los estados fronterizos. Un tercio de ellos venían de Lake City, más que de cualquier otra fábrica. También hay municiones brasileñas y coreanas, sí, pero los datos son claros: la planta del ejército estadounidense se ha convertido en la gran armería indirecta de las guerras entre los cárteles y el Estado mexicano.
Entre la parafernalia incautada hay una variante especialmente deliciosa para los sicarios: balas incendiarias perforantes, diseñadas para atravesar blindaje. Se usaron en 2024 contra policías mexicanos y, con total normalidad, siguen a la venta por internet.
Así que mientras el gobierno de Donald Trump clasificaba a seis cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, esas mismas bandas compraban munición made in U.S. Army.
El negocio era tan absurdo que hasta los vendedores se espantaron. Vasily Campbell, dueño de una tienda de municiones, dijo que dejó de venderlas “cuando nos dimos cuenta de adónde estaban yendo y cómo llegaban allá”. Algunos clientes pedían que las entregaran a domicilios particulares. “Eso no es una compra normal”, admitió. “Varias órdenes las cancelé en seco”.
Cuando se le pidió una explicación, el Ejército se encogió de hombros. En un correo, un portavoz respondió que permitir las ventas comerciales “ahorra al contribuyente unos 50 millones de dólares al año”. Un ahorro que, visto desde este lado del Río Bravo, suena a sarcasmo presupuestal.
En cada choque donde aparecen rifles calibre .50, la escena se repite: helicópteros derribados, convoyes incendiados, policías impotentes ante armas diseñadas para destruir tanques. “El impacto de un .50 en un tiroteo es escandaloso”, dijo Chris Demlein, exagente de la ATF. “Realmente inclina la balanza”. Y vaya que lo hace: permite disparar a más de un kilómetro de distancia y convierte la cobertura en una broma.
Los expedientes obtenidos por el ICIJ y el Times abarcan varios ataques, entre ellos el de Villa Unión. En todos, los casquillos hallados tenían el sello inconfundible de Lake City.
En otro episodio de 2024, pistoleros usaron munición incendiaria perforante del mismo origen para destruir un convoy policial. Una bala atravesó un vehículo blindado, mató a un agente e hirió a tres más. “El blindaje que tenemos no protege contra este tipo de proyectiles”, admitió entonces el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
Brenda Aparicio lo sabe mejor que nadie. Su esposo, el policía Edder Paul Negrete, murió en 2019 en una emboscada del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los agentes, obligados a comprar sus propias balas, no tenían posibilidad alguna contra rifles calibre .50. Negrete, padre de tres hijos, murió de un disparo al pecho. Doce policías más fallecieron ese día, uno de ellos calcinado. Los peritos encontraron, una vez más, casquillos con las letras “L.C.” estampadas.
“Muy poco se ha hecho para detener este flujo de armas”, dice Brenda. “Y al final, los que pagamos el precio somos nosotros”.
Al final, hablar de “frontera” suena casi inocente. No hay muro ni aduana que detenga una cadena de suministro tan rentable. Lo que tenemos es un túnel de plomo donde la soberanía se derrite y el negocio sigue rugiendo a 3 dólares por bala
En El Verde, Concordia, Sinaloa —una comunidad perdida entre montañas y burocracias— la Fiscalía General de la República promete, como si fuera una hazaña científica, que en una semana dará a conocer la información sobre los restos encontrados en la fosa clandestina vinculada a los mineros desaparecidos. Una semana: siete días que en cualquier laboratorio forense serio del mundo son apenas lo que tarda un algoritmo en limpiar una muestra de ADN y cruzarla con una base de datos. Pero en México, ese lapso suena casi heroico, un logro de Estado.
Porque hay que decirlo: detrás de la demora para identificar cuerpos no hay misticismo, hay mediocridad técnica y negligencia institucional. Mientras en países con sistemas forenses funcionales —como España, Alemania o Estados Unidos— la identificación por ADN toma entre 24 y 72 horas, aquí se acumulan más de 72 mil cadáveres sin nombre. Setenta y dos mil historias reducidas a bolsas de plástico almacenadas en refrigeradores oxidados o apiladas en bodegas improvisadas.
El caso de Concordia apenas asoma la punta del iceberg: vehículos de periciales van y vienen, el Ejército bloquea accesos, los peritos escarban, y los colectivos de búsqueda —esas mujeres que trabajan con fe, palas y rabia— son las únicas que aportan humanidad al proceso. Dicen que la FGR ya identificó algunos restos, pero no aclara cuántos. Que los resultados vendrán “oficialmente” en unos días. Otro expediente que se cocina a fuego lento en la olla de la impunidad.
Si México tuviera un sistema de identificación genética de clase mundial, esos cuerpos ya tendrían rostro y apellido. Pero aquí seguimos dependiendo de los tambores de reacción lenta de un aparato forense sin estándares, sin interoperabilidad y con un presupuesto más parecido al de un taller mecánico que al de una institución científica.
Mientras tanto, la Guardia Nacional custodia una fosa como si fuera el Vaticano, los colectivos levantan “buzones de paz” para recibir denuncias anónimas, y el Estado presume que ya están trabajando. Claro, trabajando en cámaras lentas, en un país donde la muerte es estadística y la identificación, un milagro burocrático.
En México, la respuesta del Estado frente a la violencia no depende de la gravedad del delito, sino de quién es la víctima y el victimario. Cuando hay cámaras, presión mediática o costo político, aparecen comunicados, promesas de investigación y visitas oficiales. Cuando no los hay, el silencio se vuelve regla. No es una falla del sistema sino su modo de operar.
Esta selectividad se volvió regla en secuestros, asesinatos o desapariciones, que pueden pasar días o semanas sin reconocimiento oficial. Las familias comienzan a buscar por cuenta propia y, cuando desesperadas lo hacen público, obligan a las autoridades a admitir hechos que seguro conocían. Esta situación fue exhibida con claridad en el secuestro de los trabajadores mineros. Mientras la tragedia no generó presión mediática el Estado calló, no fue ignorancia, fue decisión.
Ese silencio no es un error ni una anomalía, es el método oficial. La violencia que golpea a trabajadores, comunidades rurales y territorios periféricos no existe para el Estado mientras no se vuelva políticamente costosa. No porque no ocurra, sino porque no genera presión ni incomoda al poder.
Así se construye una jerarquía perversa de víctimas. Algunas merecen atención inmediata, recursos y discursos públicos; otras apenas merecen ser reconocidas. El mensaje es claro, hay vidas que importan más que otras y derechos que solo se activan cuando ignorarlos tiene costo político.
La selectividad no termina en quién recibe atención; determina quién asume el costo cuando ocurre una tragedia. En los gobiernos de Morena, la responsabilidad penal y política rara vez escala, sino que se desplaza hacia los niveles inferiores. Cuando el daño está ligado a decisiones de gobierno se castiga al eslabón más débil y se protege a quienes concentran el poder. El descarrilamiento del Tren Interoceánico es ilustrativo, el foco se colocó en el los operadores. Se blindó a la Marina que es responsable del diseño, la construcción y la operación del proyecto, así como a quienes lo impulsaron desde el poder político. Alguien tenía que pagar, pero no podían ser quienes decidieron, asignaron contratos o supervisaron la obra. La justicia volvió a operar como fusible: sacrificar al de abajo para salvar a los de arriba.
No se trata de errores individuales, son responsabilidades institucionales diluidas deliberadamente. El patrón se repite, cargan con el costo el trabajador, el operador, el funcionario menor; los mandos, los diseñadores y los protegidos del régimen permanecen intactos. La impunidad no solo es socialmente selectiva, además es jerárquica.
Las fiscalías reflejan esta misma lógica; actúan con rapidez cuando hay presión mediática o riesgo político, pero se paralizan frente a miles de delitos cotidianos que afectan a quienes no tienen voz. En este contexto, resulta un despropósito, y un insulto, que Clara Brugada sugiera que “los medios le bajen a la nota roja”. Sin reporteros documentando la violencia, muchas tragedias ni siquiera existirían para el Estado y sería imposible exigir algo de justicia.
Un Estado que responde solo a sus intereses no gobierna, administra el abandono. Renuncia a su función central de proteger a todos y la sustituye por el control del daño político. Minimiza lo que no se ve y normaliza que amplios sectores vivan fuera del amparo institucional.
Así no hay estrategia de seguridad posible. Sin igualdad ante la ley no hay confianza y lo que queda es un país donde la violencia se distribuye de manera desigual y la justicia también.
La pregunta ya no es por qué no baja la violencia. La pregunta es por qué seguimos aceptando un Estado que abandona a los invisibles y castiga a los más débiles para proteger a los poderosos. Cuando la justicia se aplica solo hacia abajo, deja de ser justicia y se convierte en un mecanismo de control.
Oye, Presidenta, Presidenta con «A», perdona con «A» que te quite tu valioso tiempo, pero es que hay que, hay que hablar de un tema, pues, este, pues, muy urgente, tú. Ya, ya sé que andas muy ocupada y últimamente muy de malas, ¿no?, pero así de caliente está la cosa, claro.
Creo que ya es tiempo de que nos informes cuál es el pinche plan con los gringos.Quiero que nos platiques la película completa, porque la serie que nos dejan ver, Claudia, ya está de hueva. Tan decadente está la trama que términos, alguna vez muy delicados, como la soberanía, el famoso maciosare o la unidad nacional, pues, la verdad, ya son parte de la chacota diaria entre la carnalidad mexicana, ¿no?
Entonces, ¿te quieres cagar un rato de la risa mientras has chupado? Vamos a chupar lo que nuestra soberana gana. ¡Híjo de la chingada! Hoy acabo de decir una soberana mamada.Y así ya es chacota, ¿no?
Mejor cuéntanos, ¿cómo funciona la dinámica entre Trump y tú? Ya todos nos sabemos esta mecánica de las famosas llamadas, ¿no? Sales a decir que todo estuvo de poca madre, de pelos, a ratos a leer, a tirarte dos, tres flores aca chidas y luego suelta el chingadazo, donde revela que te pidió cosas que aceptaste sin chistar.
Ya no sabemos el papel que juega De La Fuente para ganar tiempo siempre, el papel suavizante que juega el embajador gringo y los soplamocos que le tocan dar a Marco Rubio, ¿no?
¿De qué se trata esta comedia de enredos, Claudia?
Aquello de cooperación y subordinación, ¿no? Ya también perdió la fuerza discursiva, o sea, ya ni siquiera suena lo de la cabeza fría. Ya tenemos 10 mil guardias nacionales en la frontera. Ya les mandaste 100 narcos a los tribunales gringos. Ya hay drones, barcos, vuelos, paseando por nuestro espacio.
Los americanos dicen que el FBI vino a México por un cabrón.Tú dices que no es cierto. Tú dices que el criminal se entregó y los gringos dicen que no es cierto. Mejor dinos a qué le estamos tirando, Claudia.
Tú y tu movimiento han dejado este país en un estado de fragilidad histórica. Al mismo tiempo, Estados Unidos tiene expedientes de todos tus compañeros y tus compañeras que han estado trabajando con la maña los últimos siete años.
¿A quiénes te están pidiendo para llevar la fiesta en paz? ¿A quién no les quieres soltar? ¡Ojo, Claudia! Aquí no estamos hablando del pueblo mexicano ni del pueblo norteamericano, no, no.Finalmente a ti y a Donald el pueblo les vale madres.
¿Cuál es el acuerdo entre los gobiernos? ¿A qué quieren llegar? ¿A que seamos parte del nuevo continente Trump? ¿O acaso sigues peleando para tener un lugar en la mesa y no en el menú?
Te pregunto porque ya vimos lo de Venezuela. Ya se está cocinando a fuego más, no, no, un fuego lento, ¿no? En chinga se está calentando lo de Cuba. Tu cuate, Petro el colombiano, fue a la Casa Blanca por su gorra roja y su autógrafo, Claudia. Mejor infórmanos qué chingados está pasando antes de que nos enteremos por una filtración o por un berrinche de Trump a la hora de querer enmendarte la plana y ponerte otra vez en ridículo.Por eso estás de malas, presidenta.Por eso el sol no te calienta. Estás insistiendo en un discurso que no es el tuyo, presidenta. Para que ese discurso que no es el tuyo te lo crea un México que no somos.Un México que no somos ni seremos.
El régimen de simulación y maquetas que han querido imponer se cae a pedazos, presidenta. Mejor infórmanos a qué se comprometieron ustedes y con quién se comprometieron. ¿De dónde los traen agarrados a todos ustedes? ¿Y cuál es el precio que a la de a huevo vamos a tener que pagar nosotros?
Hazlo, Claudia, dinos la verdad antes de que exhiban por completo las atrocidades de tu secta y el país les estalla a ustedes en las pezuñas. Infórmanos.
Informarnos, Claudia, no es tu privilegio, es tu obligación. No te confundas, presidenta. Tú no eres el pueblo. Nosotros, todos nosotros, todos sí lo somos. Sí lo somos. Serenidad y paciencia, querida Claudia. Amor y paz.¡Órale!
