Con 196 mil 684 homicidios dolosos perpetrados hasta el 28 de agosto de 2024, previo a su sexto y último Informe de Gobierno, a 33 días de concluir su sexenio y una media mensual de 2 mil 600 asesinatos violentos al mes, las proyecciones indican que el Presidente Andrés Manuel López Obrador terminará su administración con más 199 mil víctimas de asesinato.
Hasta el cierre de agosto, el morenista contabiliza 40 por ciento más -76 mil 079- homicidios que Felipe Calderón Hinojosa, el ex mandatario panista de la guerra contra el narco; y 20% más víctimas -38 mil 416- que su antecesor, quien sacó el Ejército del combate al crimen organizados, el priista Enrique Peña Nieto.
Lo anterior, de acuerdo a información recabada y actualizada de los tres sexenios por ZETA, con base a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Estos números exponen la ausencia de resultados de las disonantes políticas lopezobradoristas en materia de inseguridad, como la reducción del 70% en aseguramientos de droga reportado en los primeros tres años; o la creación de la Policía militar bautizada como Guardia Nacional y la continuación de una estrategia bélica después de asegurar que finalizó la guerra contra el narco, ordenando el despliegue de los militares, enviándolos primero a los estados de mayor incidencia homicida.
La repetición del eslogan “Abrazos, no balazos” fue respaldada por AMLO al liberar al traficante Ovidio Guzmán López durante el Culiacanazo de octubre de 2019, recapturado en enero de 2023; y con la acusación de traición a la patria que hizo la fiscalía federal en contra de Joaquín Guzmán López, hijo del traficante Joaquín “El Chapo Guzmán Loera, ya que el 25 de julio de 2024 entregó en Estados Unidos a Ismael “Mayo” Zambada, a quien previamente privó de la libertad en México.
Tratándose de ejecuciones, desde su nombramiento en 2021, en cada conferencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y próxima secretaria de Gobernación, ha procurado un discurso positivo, al no usar la palabra “contención” -el número de asesinatos- y anunciar reducciones mínimas en estadísticas comparadas con 2018. Este año usualmente ha mencionado un 20% menos en las jornadas homicidas.
Sin embargo, los números crudos no son tan optimistas: durante 2018 (incluido diciembre), en el último año, el peor de Enrique Peña, sumaron 34 mil 662 homicidios; el primer año de López Obrador aumentaron a 36 mil 661, el segundo año creció a 36 mil 773 y en el tercero se redujo a 35 mil 700 muertes violentas, pero seguía por encima del último año del priista.
A partir de 2022, descendió levemente a 33 mil 237 víctimas de homicidio, y a 30 mil 562 en 2023. En la incidencia del Secretariado, las reducciones de muertos estos dos años coincidieron con el aumento de otras dos subcategorías criminales: Otros Delitos que Atentan contra la Vida y Otros Delitos que Atentan contra la Libertad, en el que se incluye a la gente que “desaparece” y no vuelve a ser localizada.
En 2024, México suma 20 mil 237 víctimas de muertes violentas en siete meses, y considerando el promedio mensual, las proyecciones indican que podrían terminar nuevamente con más de 33 mil víctimas.
En cuanto a los números, es pertinente informar que, desde el sexenio de Vicente Fox, esta casa editora ha realizado revisión y análisis de estadísticas de la INEGI, SESNSP, se ha hecho tres veces por año- se guardan archivos- y no ha sido poco común que modifiquen los registros, nuevos y viejos. Las diferencias numéricas, los cambios han sido de cientos y de miles de muertes, menos o más, dependiendo el organismo. Está el caso del INEGI, que recientemente empezó a publicar boletines y manejar una estadística con menos víctimas.
O el ejemplo más grave, el Presidente Felipe Calderón, quien al ser evidenciado que contaba expedientes de no víctimas, reservó la información. Él reconocía sólo 60 mil 071 homicidios al final de su gestión. Accediendo a expedientes en los registros civiles, ZETA pudo contabilizar más de 83 mil, y las estadísticas oficiales actualizadas por sus predecesores, refieren más de 120 víctimas. Enrique Peña reconoció 151 mil muertos y al final fueron 154 mil. Habrá que esperar si la administración de López Obrador tiene o no un reajuste de cifras.
NUEVOS NÚCLEOS DE VIOLENCIA
En la administración de AMLO, la pesadilla de los baños de sangre encontró nuevos espacios donde crecer: Sonora ingresó en el octavo lugar de 10; seguido del estreno de Morelos y, en el lugar 10, Nuevo León, que había salido durante el peñismo, regresó al ranking tras ocupar el sexto lugar en la administración calderonista.
Mientras Zacatecas y Colima, que siempre habían estado por debajo de la media nacional de homicidios violentos, se integraron al mapa de sangre nacional.
Las entidades que salieron de los primeros lugares, a pesar de reportes periodísticos que continúan informando de la violencia, por lo que los analistas refieren un posible sub registro, son Sinaloa, sede del cártel más grande que opera en México y el mundo, que inesperadamente se redujo de 7 mil a 4 mil asesinatos; y Tamaulipas, que igual y repentinamente, bajó de 5 mil a 3 mil homicidios al sexenio.
El tema es que incluso el caso Baja California Sur, que en el lugar 31 con 408 muertes violentas en lo que va del gobierno de AMLO parecería no tener problemas, atraviesa por una crisis de inseguridad; con poco más de 30 asesinatos, 2024 ha sido el año más violento del sexenio. De acuerdo con datos oficiales, en los primeros seis meses de este año en BCS se han cometido 30 asesinatos a sangre fría contra 21 registrados en los primeros seis meses de 2022 y 16 del primer semestre de 2023.
Además, hay cinco estados que durante tres sexenios, incluido el lopezobradorista, sin importar estrategias o políticas, se han mantenido en el top 10 de la incidencia homicida: Chihuahua, Guerrero, Baja California, Estado de México y Jalisco.
Michoacán también ha permanecido en los primeros lugares en los últimos 12 años, y en tiempos de Calderón ocupó el onceavo lugar.
Guanajuato, actualmente la entidad más violenta, el sexenio pasado estuvo en el cuarto lugar y durante el calderonismo ocupó el 14, evidenciando que las estrategias no pudieron contener la escalada.
Adicionalmente, de acuerdo al reporte presentado en febrero por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal del Ranking de las 50 Ciudades (con más de 300 Mil Habitantes) más Violentas del Mundo, 16 localidades mexicanas ocupan uno de esos deshonrosos lugares:
TRES CATEGORÍAS DE DELITOS CONTRIBUYEN A SUB REGISTRO DE HOMICIDIO
“Si compramos lo comparable, que son la cantidad de carpetas iniciadas, porque las víctimas se empezaron a contar con rigor hasta el 2015, tiene resultados mixtos. Por ejemplo, el homicidio doloso que fue uno de los delitos que más creció en esta administración, aumentó un 32 por ciento comparado con el sexenio anterior un 48 por ciento con el de Calderón”, detalló Francisco Rivas, director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), organización que da seguimiento a la incidencia criminal del país, analiza y publica los cambios en los diversos delitos que impactan la seguridad.
“Algo similar pasa con los femicidios, que se empezaron a contabilizar con estadística verificable desde 2015, si comparamos los últimos tres años de Peña con los primeros tres de López Obrador se puede visualizar un incremento. Tenemos evidencia de un sub registro brutal. Por ejemplo, el sexenio pasado se reportó que se encontraron como mil 500 fosas clandestinas en los seis años, y a raíz de estas fosas de iniciaron como 300 carpetas de investigación por homicidio doloso. Recordemos que para poder decir que en una fosa hay una víctima de homicidio, deben encontrar una cabeza o un torso, ese es un número mediocremente confiable”, refirió.
“En esta administración se han encontrado 5 mil carpetas de investigación – información de FGR- y tras solicitudes de transparencia que hemos solicitado, no hay evidencia que en más de 13 casos se hayan iniciado carpetas de investigación por homicidio, lo que significaría que en 4 mil 987 fosas no encontraron ninguna víctima, o si las hubo, no les importó y no iniciaron carpeta de investigación por homicidio.
“Otro aspecto del sub registro son las muertes violentas no identificadas, el hallazgo del cuerpo de una víctima que apunta a una muerte violenta, pero que nunca pudieron determinar si eran un homicidio doloso, culposo o suicidio, y nadie investigó. Según datos de INEGI, el aumento de este tipo de homicidio no identificado, de un sexenio a otro creció en más de un 40 por ciento.”, dijo.
“En campaña, en el Estado de México cuestionaron respecto a este tema a la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum Pardo, porque fue la entidad donde este sub registro aumentó más, y ella respondió que eran suicidios, cuando ni las fiscalías los han clasificado así, y ella no puede saber. Y lo que ya hemos comentado de los Otros Delitos que Atentan contra la Vida y la Integridad Corporal, año con año esa subcategoría ha crecido desmedidamente y no hace sentido, porque se refiere sólo a dos casos, cuando yo pongo a alguien en condición de peligro (corresponsable de su muerte), o cuando incitas al suicidio, ‘ésta es la categoría con mayor crecimiento’. Y pregunto: ¿Hay una crisis de suicidios inducidos? No se ha reportado, entonces también es sospechoso”, ejemplificó.De acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo, en lo que va del sexenio el número de víctimas de Otros Delitos que Atentan contra la Vida, que murieron porque alguien los incitó al suicidio o los puso en peligro, suma 79 mil 569 personas.
“Nosotros en el ONC calculamos que el subregistro de homicidios en este sexenio es brutal, va entre los 20 mil y 80 mil personas, entonces en un escenario conservador la administración de AMLO terminaría con 215 mil víctimas, y un no conservador unas 275 mil víctimas”, agregó.
DESAPARECIDOS Y LOS OTROS DATOS
En el aumento de la incidencia es también evidente resultado de que la FGR y las fiscalías locales tampoco han mejorado en el procesamiento de las carpetas de asesinatos; judicializan el 20% en el mejor de los casos y tampoco procesan a los responsables de las desapariciones y privaciones de la libertad, delitos que también encubre la estadística homicida.
De octubre a diciembre de 2023, el Gobierno de México borró 10 mil 720 nombres- los desaparecieron por segunda vez-, así redujeron de 110 mil a 92 mil el censo de desaparecidos entre 1952 y el año pasado.
Al 29 de agosto de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación reporta:
– 104 mil 642 personas desaparecidas
-10 mil 937 personas no localizadas
-115 mil 579 víctimas en total.
De las casi 213 mil personas localizadas en 72 años, 16 mil 306 han sido encontradas sin vida.
A estas cifras habría que sumar la subcategoría incluida en el registro de incidencia delictiva del SESNSP, Otros Delitos que Atentan contra la Libertad Personal, que incluye crímenes relacionados con la privación ilegal de la libertad, el auto secuestro, la desaparición forzada cometida por particulares y la sustracción de incapaces, que en el sexenio que está por concluir, suma 153 mil 744 casos en la estadística de víctimas de delitos del fuero común: de 23 mil casos en 2019, aumentó a 33 mil en 2023.
Los estados que durante 2023 y 2024 registran la mayor cantidad de Otros Delitos que Atentan contra la Libertad Personal son en orden de mayor a menor:
1-Estado de México
2-Baja California
3-Nuevo León
4-Veracruz
5- Ciudad de México
6- Hidalgo
7- Sinaloa
8- Quintana Roo
9- Chihuahua
10-Tamaulipas.
Salvo Chihuahua, todas estas entidades tuvieron menos homicidios dolosos que Otras Privaciones o Desapariciones.
Además, existen personas desaparecidas y encontradas que jamás se incluyeron en los registros estadísticos.
“Sólo el año pasado hubo 500 víctimas que no aparecen en ningún lugar, la Fiscalía General de la República informó a través de comunicados que habían rescatado a cientos de víctimas de secuestro, principalmente migrantes que habían sido secuestrados en bloque, y esas son 535 víctimas que no aparecen en la estadística oficial; ignoramos cuantos más migrantes no localizados existan”, destacó Francisco Rivas desde el ONC.
IMPUNIDAD Y CRECIMIENTO DE CÁRTELES
El director general del ONC expuso que en fechas recientes en una reunión, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, reconoció la existencia de 79 grupos o células criminales aliados con dos cárteles más grandes: el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
“Crecen por que nadie los detiene” dijo, y pidió recordar el artículo de investigación publicado en septiembre de 2023, volumen 381, número 6664 de la revista Science, bajo autoría de Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli, adscritos al Complexity Science Hub Vienna en Austria y al Departamento de Sociología de la Universidad de Trento en Italia y Alejandro Hope: con metodología científica estimaron y revelaron el número de empleados delictivos que en las 150 organizaciones criminales que figuran en la base de datos que registra el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Conforme al reporte, para 2022, los cárteles contaron con entre 160 mil y 185 mil unidades; reclutan alrededor de 350 personas por semana; pierden un promedio de 200 efectivos a la semana; sumaron 285 mil delincuentes a sus filas en los últimos 10 años y el 20% están en prisión, lo que impunemente ubicaba a los cárteles de la droga entre los primeros cinco empleadores en México.
