De pronto, mensajes y llamadas amenazantes con voz robotizada desde números desconocidos; fotografías, mensajes y correos electrónicos hackeados desde el teléfono personal. Esta vez no es un robo de identidad o una simple extorsión. La integridad e intimidad de alguien cayó en manos de “sicarios digitales”.
Se trata de los delitos cibernéticos o informáticos, uno de los rostros de la ciberviolencia política en contra de las mujeres que va en aumento.
Así, tener que renunciar a su carrera política, al activismo y desaparecer de la vida pública cuando su vida privada es amenazada por esta nueva forma de ataque digital, o ser amenazada y en muchos casos asesinada por buscar a un familiar, es una realidad hoy día. Es vivir con el temor constante de ser una de las 10 mujeres que cada día en promedio son asesinadas en México; o ser víctima de acoso, violación y demás agresiones sexuales o de cualquier otro delito que en este país no se previene.
Esas son parte de las violencias invisibles de las que son víctimas las mujeres que van desde el acoso digital hasta costarles la vida. Son casos aún invisibles en toda su dimensión porque, aunque existen, se denuncian y van en aumento, pero no son visibilizadas y en la mayoría de los casos ni reconocidas por la ley, el gobierno y las autoridades. Sin embargo, para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se ha cumplido en la prevención de la violencia contras las mujeres. Y sí, al menos en el papel. Desde 2019 los recursos federales destinados a ese objetivo han aumentado gradualmente y de ese año a este 2023 hubo un incremento por encima del 77 %. Pero los números no reflejan la realidad cotidiana.
“La Cuarta Transformación debe ser feminista o no será, yo creo que eso ya se quedó atrás, porque ya la Cuarta Transformación es feminista, qué más, ya eso se logró”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje por el Día Internacional de las Mujeres, el pasado 8 de marzo.
Feminista o no, es esta administración la que registra la mayor cantidad de feminicidios en la historia reciente. Y es el gobierno —a un año y cuatro meses de terminar— en el que ya se alcanzaron los máximos históricos en los delitos que reflejan las violencias contra las mujeres: violencia familiar, violencia de género, corrupción de menores, violación, acoso y abuso sexuales, entre otros que se siguen al alza.
ejecentral consultó con diversas personas especialistas sobre los indicadores y esta discrepancia entre el incremento del dinero destinado a prevenir la violencia en contra de las mujeres, pero que no se refleja en una disminución en los crímenes de las que son víctimas. Como el denominado “sicariato digital”, un fenómeno que supera el ciberacoso.
Aunado a ello, los recursos destinados a la prevención también invisibilizan otro tipo de delitos y violencias que padecen las mujeres, y tampoco se considera el grado de vulneración en el que se encuentran también niñas y adolescentes.
“Sicariato digital”
El “sicariato digital”, como lo denomina Edurne Ochoa Ledesma, activista y consultora política, no sólo afecta a mujeres que incursionan en la política o el activismo social, sino prácticamente en cualquier ámbito público en el que el nivel de vulneración escala a amenazas y riesgos latentes en la vida real, y encima obliga a las mujeres a renunciar a su trayectoria o su aspiración por su seguridad y la de su familia.
Pero ¿quién está detrás de ese hackeo? ¿quién interviene tu teléfono para robarse tu información? ¿quiénes intervienen y alteran las tecnologías de la comunicación y telecomunicaciones o espacios digitales?” Son algunas de las preguntas que Edurne se ha planteado para impulsar una iniciativa de ley que tenga alcance nacional.
“Ante lo que yo he vivido que he denominado como sicariato digital, evidentemente hay una persona con nombre y apellido, un despacho, ya sea una persona física o moral la que está monetizando esa misoginia para desplazarnos del espacio de lo político, amedrentarnos y evidentemente causarnos lo que señaló como terrorismo psicológico digital”, señaló a este diario la también presidenta de la organización feminista 33 Mujeres A.C.
La activista, quien ya ha presentado tres denuncias penales por esos delitos, señaló que la propia ley de violencia política en contra de las mujeres por razón de género “se queda corta” frente a la ciber violencia política que afecta a las mujeres por razón de género, la cual recalcó no sólo afecta a mujeres que militan en algún partido político.
“Las defensoras de derechos humanos no podemos caer en ese supuesto, periodistas tampoco o defensoras de derechos políticos y electorales, cuando sabemos perfectamente bien que somos nosotras quienes salimos, alzamos la voz, acompañamos a las mujeres, damos ruedas de prensa y también somos sujetas de estas violencias”.
Un crimen invisible
Con historias de mujeres que han sido víctimas de ese sicariato digital en México, pero también en Costa Rica, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Colombia, entre otros, la activista alista para julio próximo la presentación del documental “El sicariato digital, rostros de las ciber violencia política en América Latina y el Caribe”, el cual recopilará los tipos y la incidencia de esos delitos.
De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2021 que en julio del año pasado dio a conocer el Inegi informó que las mujeres representaron el mayor porcentaje de la población mayor a 12 años que fue víctima de ciberacoso, con alrededor de 9.7 millones víctimas, el cual también paso de 22.5 a 22.8 de 2020 a 2021.
Sin embargo, Edurne Ochoa puntualizó que hay que diferenciar el ciberacoso del sicariato digital, pues sostuvo que detrás de esos ataques “hay un malware, despachos exprofeso o uso de recursos públicos para comprar este tipo de aparatos y de tecnologías para desde el anonimato hackear las tecnologías de las mujeres para sacarlas del espacio público”.
En ese sentido señaló que los vacíos legales y la falta de indicadores se debe principalmente a que al tratarse de acciones online no repercute la vida off line, “pero en realidad estos sicariatos digitales sí que tienen una repercusión en la vida personal, emocional, psicológica de una mujer, pero también de su familia y de su entorno”.
¿Y la prevención?
Como el nombre del colectivo al que pertenecía, Teresa Magueyal se quedó con “Una Promesa por Cumplir”. La promesa que se volvió su objetivo de vida: encontrar a su hijo José Luis, desaparecido el 6 de abril de 2020 en el municipio de Celaya, Guanajuato.
A poco más de dos años de que se dio a la labor de buscar a su hijo, fue el 2 de mayo pasado cuando ese compromiso se rompió para Teresa, cuando la asesinaron en la comunidad de San Miguel Octopan, del mismo municipio. Con el caso de Teresa, suman en el país al menos una decena de madres buscadoras que han sido asesinadas.
“No he visto ningún avance de ninguna manera. Solamente publicidad por parte de ellos (el gobierno) para que vean como maquillan los recursos que llegan para el tema de los desaparecidos”, señaló Ceci Patricia Flores Armenta, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Para Michael Chamberlin presidente de la consultora Solidaria, el tema de la prevención de la violencia no sólo tiene que ver con un mejor presupuesto, sino con las causas que la generan y la atención a todas las víctimas, lo cual tiene una estrecha relación con mejorar la procuración de justicia.
“La atención no es suficiente, debería serlo porque sí bien en la ley se establece la atención psicológica, rehabilitación física, reconstrucción de los proyectos de vida, pero realmente en los hechos eso no está ocurriendo. Habría que ver en qué traduce ese aumento de presupuesto, pero en sí mismo y sin políticas claras tampoco tiene un resultado concreto”, señaló el activista.
Y es que precisamente a partir del acompañamiento que Solidaria ha hecho de casos de víctimas de trata y desaparición, es como Michael Chamberlin ha identificado una batalla en la que se encuentran los familiares por la distinción que hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de víctimas directas e indirectas.
Al respecto, explicó, las víctimas directas son aquellas que están señaladas en una averiguación, una carpeta de investigación o en una recomendación de derechos humanos. Y las víctimas indirectas son las que están alrededor de ellas, de quienes no se miran los efectos
“Han estado batallando los familiares de personas desaparecidas y de otros delitos que no son víctimas indirectas. También son víctimas directas, aunque la violación ha sido de otra manera, han perdido su salud, su patrimonio”, refirió Chamberlin.
En el caso de la CEAV, el también consultor, reconoció que hay escasez de recursos, pero se suman otras deficiencias como la falta de una base para establecer adecuadamente las compensaciones en términos económicos, pero también en cuanto a criterios que busquen una reparación integral.
“Estos criterios de cómo se aplican los recursos es lo que está haciendo la falta desde una perspectiva de derechos humanos, desde una óptica pro-persona, pro-víctima, por así decirlo. No hay una política consistente para la atención de las víctimas”.
Infancias perdidas
Uno de los aspectos fundamentales que tampoco se considera en el incremento de recursos para la prevención de la violencia en contra de las mujeres, es el impacto y la prevención de esas violencias tienen en contra de la niñez y la adolescencia femeninas. Ya que tampoco las visibilizan o documentan correctamente las autoridades.
Al respecto, Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) destacó la ambigüedad que hay en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto a la orientación y monitoreo de las políticas y recursos destinados a la prevención de las violencias en contra de “niñas y adolescentas”.
Por ejemplo, una de las formas con las que, explicó Tania, se debería monitorear qué se está haciendo a nivel federal, es a través de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, encargada de monitorear todas las expresiones de violencia y una que pudiera estar basada en el género.
Y señaló que, aunque es una de las comisiones “críticas” del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), no en todas las entidades existen, y hay un avance diferenciado ante las dificultades de “sentar a la mesa a las autoridades que tienen que ver con enfrentar la situación de la violencia”, ante la falta de un titular en el SIPINNA.
Y es que, aunque en el presupuesto federal de este año se contempló un incremento de poco más del 8 % en los recursos destinados al Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes que estipula la ley en términos de política pública para la niñez en general, pero no específicamente para atender la violencia en su contra.
❝Ubicar cuánto dinero se está ubicando a detener la violencia en contra de las niñas y las adolescentas requeriría un análisis especial que quizá ni siquiera las autoridades en su operación del día a día lo estén haciendo❞, señaló la activista.
Aunado a que en lo previsto para el ejercicio fiscal de este año tampoco se consideró la inflación prevista por la Secretaría de Hacienda, por lo que en términos reales el supuesto aumento no implicó una mejora real respecto a los recursos necesarios para las actividades que busca atender el anexo transversal.
“Más allá de una gestión transparente o no, creo que el verdadero problema es que no queda claro, o más bien no están visibilizadas, no están contempladas las niñas, niños y adolescentes en la política de atención (de la violencia).
Violencia, un espejo generacional
Similar al incremento que mantiene la incidencia de delitos y conductas violentas en contra de las mujeres, el cual se agudizó en los últimos cuatro años, la directora de la REDIM reconoció el alto número de niñas y adolescentes que son víctimas de delitos que no son del todo visibilizados y atendidos por las autoridades.
Frente al 49.3 % de la población infantil y adolescente que representan las mujeres, según el último reporte de la REDIM, las niñas y las adolescentes concentran el 93 % de las víctimas de violencia sexual.
“Otra de las cuestiones en donde están siendo más vulneradas ellas, es violencia familiar. Son el 89 % (de las víctimas); sí hablamos de violencia física son más del 54 %. Esos tres de los datos de violencia que en REDIM más nos preocupan. La sobrerrepresentación de las niñas y de las adolescentes”.
Aunado a que hay otro tipo de violencias que en específico afectan más a las menores, como el nivel de niñas en condición de pobreza extrema y con carencia alimentaria, el cual es superior al de los varones, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Para la REDIM la “mezcla tóxica” de las conductas de “adulto-centrismo y sexismo”, explica el por qué se invisibilizan a las más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Que aunque representan un tercio de la población del país, no figuran en la atención de las violencias contra las mujeres.
“Se suele sobreentender que la violencia en contra de las mujeres es algo que les sucede a las jóvenes, que pueden salir a la calle, gritar, articularse en sus preparatorias. Pero esas niñas, adolescentas y bebés incluso que no tienen las posibilidades de alzar la voz y denunciar lo que están viviendo. Quedan invisibilizadas”.
Las víctimas que no cuentan
Cada vez más son los activistas y organizaciones de la sociedad civil que se suman a la denuncia de una probable manipulación de las estadísticas oficiales sobre la incidencia de delitos y el registro de víctimas.
Las posibles anomalías con el registro de la información que mensualmente actualiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) han sido documentadas y analizadas por organizaciones como Causa en Común.
En el caso de los feminicidios, en el informe sobre las “posibles manipulaciones” en los registros de la incidencia delictiva que recientemente dio a conocer la organización, se advierte de subregistros de casos, en buena parte, por la falta de homologación en los códigos penales estatales.
“Al clasificar los feminicidios como homicidios dolosos se está perdiendo el objetivo de visibilizar la violencia sistemática de la que son objeto las mujeres; además se está generando una deuda muy grande con las víctimas, y con todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación, sanción”, apuntó Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común.
Los registros del SESNSP indican que de las más de 27 mil 136 mujeres mayores de edad que asesinaron en el país en los últimos ocho años, menos del 25 % de las víctimas las consideraron como feminicidios; en contraste que el aumento gradual en la cantidad de mujeres víctimas de homicidio doloso y culposo.
“La posible manipulación de cifras tienen que ver con el discurso que se sostiene de diversas autoridades de que la incidencia va a la baja. Pero tenemos esta reclasificación a una categoría distinta de los delitos y una forma de jugar con las subcategorías”, señaló Canjura Luna.
Aunado a ese posible manejo irregular de las cifras, la también maestra en Gobierno y Asuntos Públicos señaló el estigma que generan las autoridades de estados y municipios para evitar que se den a conocer alertas de género, como una resistencia en reconocer la dimensión de la violencia feminicida.
En lo que va de la administración actual, los estados con la mayor cantidad de víctimas de feminicidio, que sobresale en más de 200 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, los encabeza el Estado de México, el cual recibirá a su primera mujer gobernadora; seguido de Veracruz, Nuevo León, la ciudad de México y Jalisco.
La responsabilidad de otras autoridades encargadas tanto de la prevención, como de la persecución de los delitos e incluso de la judicialización de los feminicidios juegan un papel importante en el objetivo del tipo penal del feminicidio, ante los intentos de los probables feminicidas para que se reclasifique el delito para su beneficio.
“Tenemos casos terribles que se han vuelto virales donde se ha intentado por parte de la defensa de sujetos que han sido aprehendidos por sospecha de haber cometido feminicidio y que intenta reclasificar el delito para obtener penas más bajas, y por eso es que también se sostienen estas hipótesis de que haya esta manipulación o este posible subregistro en este tipo de delitos”.
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