El caos bajó del cerro más alto de San Pascual en forma de dos hombres vestidos con equipamiento de aspecto militar y armas largas colgadas al hombro. Lo miraban todo como si ya les perteneciera. Fueron directos a la casa de Fernando. Delante de su mujer y sus hijas, uno de ellos le dijo: “Nosotros no traemos mal plan, nuestro pleito es con otros. Lo que queremos es evitar al gobierno, así que aquí vamos a andar. Pero no se preocupen, que venimos a cuidarlos”. Casi dos meses después, Fernando cuenta por teléfono que en ese momento pensó: “¿Y de qué nos cuidan, vamos a ver? Si aquí nunca pasa nada”. Cuando se dieron cuenta de que esa promesa no era real, metieron todas las cosas que podían cargar en la camioneta y se marcharon.
Unas semanas después de la llegada de los narcotraficantes, que se identificaron como Cartel de Jalisco Nueva Generación, el pueblo quedó totalmente deshabitado. No hubo grandes manifestaciones ni gritos de protesta, y el nombre de San Pascual no resonó en ningún medio de comunicación. Muchos no hablan por miedo a represalias y porque, para el municipio de Tepetongo y para Zacatecas, la violencia y el abuso de poder de los carteles son el pan de cada día. El resultado es inevitable: Zacatecas fue la entidad con más episodios de desplazamiento forzado en 2021, según el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentado este enero. Entre Zacatecas (3.693), Michoacán (13.515) y Chiapas (7.117) suman el 84% de personas desplazadas en todo México.
El pueblo de San Pascual, en el municipio de Tepetongo en el Estado de Zacatecas, muy cerca de la frontera con Jalisco.
Tres días después de la primera visita, 10 hombres bajaron otra vez al pueblo. Hablaron otra vez con Fernando. “¿Usted es el que lleva agua a unos animales que están en un potrero de allá?”, le preguntaron, con las armas siempre colgadas al hombro. “Sí”, les contestó. “Y la camioneta, ¿dónde la tienes?”. “Aquí en la cochera”, les dijo. “Ah vale, muy bien, es solo para no confundirnos y que no salga una bala perdida”, dijeron ellos, y le repitieron que les iban a cuidar de cualquier ladrón. “Por cierto que ya tenemos a dos de aquí identificados que son los que peor se portan”, le dijeron. Fernando cuenta que tenía de vecinos a dos jóvenes que “no eran personas de buen vivir, se drogaban, pero no se metieron nunca con nadie”. Unos días después, unos hombres armados bajaron al pueblo “y se llevaron a esos dos tipos, secuestrados, y un carro viejo y una moto que era de uno de ellos”.
El miércoles 14 de diciembre fueron de nuevo a su casa, pero él estaba trabajando. Hablaron con su mujer. “Cuando volví, ella casi no podía decir nada de lo nerviosa que estaba”, cuenta. Le dijeron que habían venido para pedir a Fernando una de las dos camionetas que tenía. “Estamos a su merced, dale las llaves y que se vayan”, le pidió su mujer. Cuando salió de casa con las llaves en la mano, dispuesto a buscar a los uniformados para no meterse en problemas, uno de sus vecinos le preguntó: “¿A dónde vas?”. “Voy a sacar mi camioneta, que me la pidieron ”, le contestó. “No, no vayas que ya me quitaron la mía”, le dijo su vecino. A los pocos días se llevaron también la camioneta de Fernando.
Ante la insistencia de su mujer, y porque en la región todo el mundo sabe la violencia de la que son capaces estos grupos criminales, llevó sus vacas al potrero de un primo suyo, cargaron la camioneta que le quedaba —”eché todos los documentos, la ropa, los juguetes de mis hijos”— y se despidió del pueblo que le había visto crecer. Reportó la camioneta como robada y denunció lo que estaba pasando ante las autoridades de Zacatecas. Hasta el momento nadie ha hecho nada por devolverles su pueblo. “La Guardia Nacional hace rondas, pero no hacen nada por atrapar a los criminales. Ellos están en las montañas, bajan de noche y entran en las casas y se llevan lo que quieren”, cuenta Fernando por teléfono, desde la casa en la que se ha instalado temporalmente con su familia, en una ciudad cercana.
Las autoridades, lejos de hacer algo, evitan en lo posible entrometerse en los quehaceres y las batallas entre carteles, que llevan asediando la región desde hace meses. El resultado es que la lucha por el territorio entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación —”los de abajo”, les dicen allí—, y el Cartel de Sinaloa —”los de arriba”—, ha dejado un reguero de sangre y lágrimas que hace la vida en los pueblos del municipio casi imposible.
Vista de un rancho en el municipio de Tepetongo donde el 18 de enero se encontraron los restos de cuatro personas desaparecidas.
Jairo López es investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas y especialista en desplazamiento masivo forzado. Asegura que hay una palabra que las autoridades no se atreven a utilizar, pero que describe a la perfección la situación: “Acá hay una guerra, una guerra por el control de la producción y el tráfico de drogas, además de la guerra por los recursos minerales de esta tierra. Pero las autoridades no se atreven a decirlo así, porque eso obligaría a tener otro tipo de políticas”.
La situación es compleja y la solución esquiva. En este momento, los elementos del Ejército y la Guardia Nacional enviados a Zacatecas tienen la misión de no enfrentarse directamente con los grupos criminales. “No son una fuerza de confrontación. No está mal, pero a eso se limita”, dice López. La otra solución sería enfrentarse a individuos armados y entrenados en estrategia militar. Ambos enfoques puede traer consecuencias fatales para la población local. “Lo que está claro es que el gobierno no tiene el control del territorio”, sentencia el investigador. Este periódico ha intentado contactar con el gobierno de Zacatecas y de Tepetongo para conocer su perspectiva sobre este tema, sin éxito.
Mientras, Fernando sigue huido de su pueblo, y las autoridades siguen evitando la situación. “Estamos completamente desamparados”, se lamenta. “Las autoridades se portaron bien, pero no estaban en plan vamos a ir por ellos. Decían vamos a analizar la situación, sigan denunciando, pero nada más. Es la segunda vez que le sacan de San Pascual sin su permiso. Cuando tenía 17 años, su padre se los llevó a trabajar a Estados Unidos. “Allí hacíamos lo típico, restaurantes, jardinería, limpieza de alfombras en la madrugada, limpiando oficinas, en la construcción, donde pude ahorrar un dinero”, cuenta.
Después de dos décadas y a raíz del Covid-19, su familia entera regresó al pueblo del que han sido expulsados ahora. “Tengo muchísimas ganas de volver a ver mi ganado, de vivir la vida que llevaba. Por fin estaba en mi tierra, por fin, después de trabajar en Estados Unidos tantos años, estaba trabajando en mi propio proyecto”, dice Fernando con una impotencia creciente. “Yo no veo mucho los partidos políticos, pero a nosotros ahora nos pasa esto y nos hace perder mucho la fe en nuestro país. Me he dado cuenta de que somos totalmente vulnerables. Es absurdo. En otros países uno puede ser pobre o rico, pero nadie vive con esta incertidumbre sobre su vida”, sentencia.
Fuente.-Daniel Alonso Viña/Diario Español
