El equipo de defensa de Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, pidió al juez Brian Cogan bloquear la petición de los fiscales sobre el testimonio de un testigo, quien hablaría de sobornos a medios de comunicación mexicanos, principalmente el periódico El Universal.
Sin embargo, el documento 195 no había sido sellado. Este diario publicó la información al respecto. Al menos un par de horas después, el documento fue “eliminado” del sistema judicial y reemplazado por el 196.
No queda claro si se trata del mismo argumento expuesto al juez Cogan sobre un testigo de nombre Héctor Villarreal-Fernández, pero horas después los fiscales enviaron una carta al juez sombre alguna acción “de remedio” de favor de García Luna.
En otros casos, cuando un documento no es sellado por error, los responsables de hacerlo, a petición de partes y previo acuerdo, esa información se oculta, pues expone el estira-y-afloja entre fiscales y abogados defensores sobre ciertas partes del juicio, como la presentación de pruebas, los testigos a llamar, la publicación de ciertos documentos, entre otros asuntos.
Incluso las decisiones del juez son selladas, si así se considera, a fin de proteger el proceso interno que permita avanzar el juicio abierto.
“El Gobierno afirma que ‘dado el inmenso enfoque que la defensa ya ha puesto en la información pública sobre él [Genaro García Luna] y en su reputación en el juicio, sería engañoso para el jurado esfuerzos para impedir que el gobierno presente pruebas de la responsabilidad del acusado’ para manipular esa reputación a través de sobornos a El Universal”, dice la carta original publicada en el sistema judicial por el abogado Florian Miedel, pero firmada por todo el equipo legal, incluido César de Castro.
Los defensores reconocen que los fiscales federales argumentan que la defensa “abrió la puerta a la admisión de las historias de los periódicos”, ya que parte de su estrategia para defender a García Luna ha sido la fama que tenía en México y su constante aparición en medios.
Sin embargo, los abogados del exsecretario de Seguridad Pública mexicano durante el gobierno de Felipe Calderón pidieron al juez Cogan mantener su decisión previa, de que los fiscales hablen solamente de las supuestas amenazas a un periodista mexicano.
“Como se discutió anteriormente, la Corte se centró en el tema de si el Sr. García Luna fue responsable de las amenazas proferidas contra un periodista en particular y no abordó la parte del soborno de la moción del gobierno”, recuerda la defensa.
La prensa en México se está volviendo un coprotagonista del juicio a García Luna, pues testigos cooperantes han revelado que se pagaban “a un periodista” que trabajaba con el narco, además que invirtieron miles de dólares para que medios difundieran la noticia de que Jesús “El Rey” Zambada había sido detenido.
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