La consigna: evitar “de cualquier forma” que en estas elecciones se dispare una bala. Para lograrlo, se diseña ya un mapa de riesgos para detectar los focos rojos e implementar en ellos estrategias específicas de prevención y atención. Se aumentará también el número de agentes para el despliegue ministerial y se dirigirán mensajes a todos los actores políticos para disminuir los niveles de “extrema violencia”.
Al menos, esa es la estrategia en la que trabaja la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), institución que representa uno de los pilares del trinomio que conforman el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órganos responsables de blindar y garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía en su derecho al voto.
Sólo que hay un problema: a pesar de su importancia, al ser la responsable de prevenir y combatir los delitos electorales en todo el país, y enfrentar el reto de ser el proceso electoral más grande de la historia —serán elegidos más de tres mil 400 cargos, entre federales y locales—, la Fepade no tiene, hoy día, personal suficiente y presupuesto. Apenas 330 personas integran toda la Fiscalía para atender 300 distritos electorales en los que se instalarán más de 155 mil casillas el próximo primero de julio. Y únicamente 10 millones de pesos conforman su presupuesto operativo, para procesar todas las denuncias y juicios.
Héctor Díaz-Santana Castaños, en entrevista con ejecentral, reconoce esas carencias con las que recibió la Fiscalía, “a lo mejor puede ser un buen tema para pasando el proceso electoral y ver qué tipo de institución requieren y qué tipo de apoyos”. Pero por ahora, a 12 semanas de la elección, asegura, la Fepade debe enfocarse en un objetivo: “garantizar las condiciones de paz social, de tolerancia y de legitimidad de los próximos comicios”.
Hay un amigo de Naciones Unidas que dice que la diferencia entre una buena y una mala elección es que en las malas elecciones hay muertos.
Entonces, creo que el país no puede tener ese retroceso de hace 100 años, cuando las diferencias políticas se dirimían a balazos; es por eso que todos, no solamente las instituciones, tenemos que ocuparnos de la materia”, sentenció Díaz-Santana.
¿Cómo se está preparando la Fiscalía para esta elección?
“Productos desarrollados hay, tanto para evitar el uso de recursos públicos para fines electorales, toda la estrategia de blindaje electoral, la prevención, mucho trabajo con grupos indígenas, adultos mayores, personas en condiciones de marginalidad y beneficiarios de programas sociales.
Estamos también muy ocupados en el día de la jornada electoral, desde hoy (13 de marzo) ya organizamos lo que se llama despliegue ministerial. Vamos a enviar ministerios públicos a todas las entidades federativas con la colaboración de la Procuraduría General de la República y las procuradurías de los estados. Vamos a tener un gran despliegue para estar presentes en todos los distritos electorales.
“También estamos elaborando un mapa de riesgo que nos va a definir en dónde debemos tener mayor personal. Tenemos poca gente en la institución, somos 330, y es por eso que necesitamos de la colaboración de la PGR y las fiscalías locales. Pero tendremos que ver, dependiendo de las características cómo se vaya desarrollando la campaña electoral, a qué estados tendremos que mandar un mayor número de personas”.
Al ser parte fundamental de este trípode en la democracia mexicana, ¿qué tanto afecta operativamente el escaso personal de la Fepade?
“La gran valía que tiene la Fepade es que tiene una experiencia de muchos años no solamente considerando a las otras instituciones. Tenemos menos personal y tenemos mucho menos presupuesto. El presupuesto operativo de esta institución son 10 millones de pesos, o sea tiene 150 millones, 140 son para pagar nómina y 10 millones de presupuesto operativo, generalmente para la atención de todas las denuncias y los procesos que tenemos en marcha. Tenemos una media del gasto entre seis y siete millones, entonces nos queda un presupuesto muy limitado, pero en esta materia sí hay que decirlo, hemos tenido el apoyo de la Procuraduría General de la República que nos ha hecho algunos apoyos adicionales”.
¿El presupuesto para alcanzar la operatividad ideal?
“Somos una institución que no cuesta mucho, lo que quiere decir que algunas cosas se hacen en casa. Si no tenemos presupuesto para hacer, por ejemplo, un spot de radio buscamos a Televisión Educativa para que nos lo haga y firmamos un convenio de colaboración. Tenemos mucha capacidad de gestión. Y no quisiera dar algún número, porque es uno de los temas que está ahora generando polémica, ya los presupuestos de Fepade están previamente establecidos, y a lo mejor puede ser un buen tema para pasando el proceso electoral y ver qué tipo de institución requieren y qué tipo de apoyos”.
Considerando que se trata del proceso electoral más grande en la historia moderna y en medio de este contexto de violencia, ¿la institución está preparada para actuar?
“Con el apoyo del INE y con Conago (Confederación Nacional de Gobernadores) estamos impulsando un acuerdo nacional de civilidad democrática”, pues el pasado 20 de marzo firmaron la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018.
“Además estamos, estado por estado, armando el mapa de riesgo. Estamos trabajando en cada una de las entidades federativas y estamos conformado cuerpos colegiados de autoridades federales y estatales. Este mapa de riesgo lo que va a generar son acciones específicas para disminuir el tema de violencia.
Somos una institución especializada en materia de procuración de justicia penal electoral. Algunos temas de los que se señalan en los medios de comunicación (sobre ataques a aspirantes y precandidatos), la competencia directa sería ante las procuradurías de justicia o si fuera algún tema en particular de instituciones federales.
“Hay un amigo de Naciones Unidas que dice que la diferencia entre una buena y una mala elección es que en las malas elecciones hay muertos. Entonces creo que el país no puede tener ese retroceso de hace 100 años, cuando las diferencias políticas se dirimían a balazos y es por eso que todos, no solamente las instituciones, tenemos que ocuparnos de la materia”.
Estamos a días de la elección ¿no llegamos tarde con este mapa de riesgos?
“A ver, no hemos llegado tarde (…) Este mapa de riesgo es una propuesta de Fepade, una estrategia de esta naturaleza es muy complicado hacerla de un día para otro, son 32 entidades federativas. Anteriormente lo que era la preparación y el despliegue ministerial se hacía en mayo, ahora desde febrero ya lo estamos haciendo. Esta actividad, que es estado por estado, ya la tenemos trabajando prácticamente un mes, mes y medio, no hemos concluido todos los estados, pero vamos hacia allá, fue una de las primeras cosas que hicimos”.
¿Cuál es el termómetro que tienen? ¿Perciben focos rojos rumbo a las elecciones?
“Más que establecer un parámetro de cómo lo percibimos, en lo que sí estamos muy focalizados es en construir estas estrategias. De nada nos sirve en un momento dado estar preocupados si no estamos ocupados. Lo que queremos es que nos den esa confianza. Es necesario que el ciudadano mexicano tenga la certeza de que su voto va a ser bien contado y que puede ejercerlo a plenitud, sin coacción, sin presión”.
Si hay una bala en la jornada electoral, ¿quiénes pierden?
“Todos, todos perdemos. Por eso hay que evitarlo. Lo que sí les puedo decir es que el sistema electoral es un sistema muy fuerte y muy potente. Para mí, el mejor sistema electoral del mundo es el mexicano, porque tenemos un padrón electoral muy blindado, tenemos una credencial de elector que tiene varias normas de seguridad, las mesas electorales se ubican en el lugar donde el ciudadano puede acceder de manera fácil, se imprimen los materiales electorales, se distribuyen, las casillas se abren al 98.96 por ciento, o sea es un estándar a nivel mundial muy alto.
“Lo que debemos de cuidar son las condiciones de competencia política que se desarrollen en civilidad y por supuesto evitemos de cualquier forma que en el proceso electoral vaya a haber una bala”.
Compra de voto y cibercriminalidad
Héctor Díaz-Santana aún no se siente cómodo en las entrevistas, probablemente porque ha pasado la mayor parte de su trayectoria estudiando en México y España para llegar a ser doctor en Derecho, y dirigiendo las investigaciones dentro de la Fepade, institución que conoce desde hace 14 años. También se involucró en la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio desde la Secretaría de Gobernación, y generalmente con un bajo perfil.
Ahora que desde hace 16 semanas está al frente de una de las instituciones más sensibles en el proceso electoral, sus respuestas son secas y con frecuencia recurre a evasivos términos jurídicos. Así ocurrió al preguntarle sobre los delitos que investiga, en especial sobre el posible financiamiento ilegal a campañas del PRI por parte de la empresa brasileña Odebrecht, o en los delitos cometidos a través de las redes sociales.
¿Los delitos más lacerantes?
“Nosotros podemos hacer una clasificación de delitos electorales, los de mayor intensidad que, entre obtener la credencial de elector, documentos falsos y el cambio de domicilio, oscila entre el 80%, y en el 20% restante podemos tener otro tipo de conductas que, aunque puedan ser inferiores, tengan un nivel de digamos exposición pública mayor.
“Para nosotros mucho nos estamos ocupando en la compra y coacción del voto, y el tema de condicionamiento de programas sociales para apoyar a partidos políticos y candidatos. Es una de nuestras prioridades”.
Nominación. El pasado 14 de diciembre, el Senado avaló el nombramiento de Héctor Díaz-Santana como nuevo fiscal electoral. Foto: Cuartoscuro
Compra y coacción del voto, ¿cómo blindarse ante ello?
“Uno de los grandes problemas que tenemos son las denuncias de clientelismo político, condicionamiento de programas sociales. En esta materia estamos firmando convenios de colaboración con todas las entidades federativas y con las secretarías de Estado.
“En esta materia tenemos dos estrategias muy definidas, trabajar en una política pública para informarle a los beneficiarios de programas sociales que por su condición de marginalidad el apoyo que se les da es un derecho que tienen y no es una dádiva ni un regalo, y que esto no se puede condicionar en favor de partido político o candidato”.
En el caso Odebrecht, ¿se ha detectado la injerencia de consorcios en el financiamiento de las campañas?
“Ahora estos delitos de financiamiento ilícito tienen sanciones bastantes altas. Entre ellas la sanción más alta son 15 años de prisión, más depende de dónde provenga el dinero puede ser un 50% más, podemos hablar de 22 años. Tampoco creo que haya en el mundo una sanción en materia de delito electoral tan alta.
“Durante el proceso electoral todos los casos son muy sensibles y nosotros, a diferencia del INE y del Tribunal Electoral, somos una institución de procuración de justicia penal y la misma Constitución y las leyes nos obligan a que toda conducta de un posible financiamiento ilícito tenga que ser investigada y este proceso es en total secrecía para garantizar la certeza de la investigación, la presunción de inocencia”.
¿Se tienen convenios con instituciones financieras para la prevención de este financiamiento ilícito?
“No tenemos convenios con instituciones financieras, sin embargo, sí estamos trabajando con ellas. Ahora es un poco informarles a lo mejor sí es cierto tendríamos que sentarnos con los bancos a ver si podríamos firmar un convenio de colaboración para tener acciones muy específicas, pero para la investigación no lo requerimos porque la ley nos lo faculta. Cualquier tema de financiamiento ilícito que requiera de informes de los bancos los podemos solicitar”.
¿Qué estrategia hay en materia del ciberespacio y las noticias falsas en redes sociales?
“En el tema de redes sociales y ciberespacio no solamente México podría tener, digamos, alguna serie de inconvenientes; yo creo que todo el mundo. A veces es difícil, son temas que se desarrollan en la total clandestinidad, muchas veces en otros países, algunos otros son percepciones sociales de hechos que no se comprueban, pero que están generando opinión en la ciudadanía.
Lo más importante es que tenemos que ser muy responsables en la forma como nosotros estamos leyendo al ciberespacio. Creo que ahí sí existe una conducta claramente, o sea, puede haber una conducta digamos típica de un delito electoral.
“Cualquier caso que se denuncie, todos los tenemos que investigar y aunque no exista un tipo penal el que use redes sociales de manera violenta, sí puede haber en este uso de tecnologías algún tipo de conducta que claramente violente los derechos del voto y ahí podremos conocerlo”.
El día cero
¿Cómo va a operar la Fepade el día de la elección?
“Vamos a mandar funcionarios a partir del jueves previo a la elección a todas las entidades federativas. Uno de los temas que estamos metiendo en el orden de trabajo es operar mucho con los C-4, con los C-5 y ellos nos podrán indicar, (porque) son instituciones indispensables para nuestro despliegue ministerial, por eso están siendo parte del proceso.
“Estamos haciendo una cartilla que llamamos delitos electorales y primer respondiente, qué es lo que el policía tiene que ver a la hora de observar la posible comisión de un delito electoral. Cada uno de los policías del país va a tener su propia cartilla. Esta actividad la estamos fortaleciendo con videos ilustrativos, tenemos una página donde el policía, si quiere saber de delitos electorales, los ve y son videos donde el instructor te dice qué es delito y también estamos simulando algunas escenas”.
¿Hay temor o riesgo de nulidad de las elecciones?
“A ver, esta institución es una institución de procuración de justicia penal, quien va calificar la elección es el Tribunal Electoral, y quien lo organiza es el INE, y nosotros que somos un ente de parte de esta trilogía no tenemos por qué opinar sobre temas políticos, tampoco opinar de quién va a ganar la elección, creemos que nuestro papel es abonar a un buen desempeño institucional”.
Pero tendrán incidencia, porque ustedes van a integrar las investigaciones que irán acumulándose para que sean objeto de estudio en el tribunal, ¿es así?
“No. Son vías diferentes. Una vía es la penal-electoral y otra la de administración electoral. Por ejemplo, en materia de legalidad son los partidos los que impugnan el proceso y los políticos llevan las pruebas y es el tribunal el que falla, y nosotros no somos parte de ese proceso aunque de alguna manera podemos tener un efecto digamos colateral.
Cuando nosotros vemos que una conducta prácticamente puede afectar la administración electoral nosotros al iniciar la investigación y al concluirla tenemos que desglosar ante el INE y ellos investigan, y también es al revés, si el INE detecta una conducta que puede ser delito también nos la denuncia.
“Una conducta que durante la campaña electoral nos la pueden denunciar la vamos a investigar, y nuestros ritmos no necesariamente se tienen que apegar a la jurisdicción electoral, somos vías diferentes”.
Además de la ciudadanía, ¿a qué instituciones les haría un llamado?
“Yo creo que tenemos un objetivo común de todas las instituciones, estatales, federales y locales. Las puertas que ha tocado Fepade, en las reuniones que ha convocado, hemos visto que hay participación, no hay resistencias. Todo mundo quiere un proceso electoral en civilidad, todo mundo quiere apoyar en el marco de su competencia y hemos ido a estados de todos los partidos políticos y la premisa en la misma: ¿en qué ayudamos para que el proceso electoral salga bien?
¿Ya se tiene un número aproximado de observadores?
“No, no se tiene, pero por ejemplo se lanzó la convocatoria conjunta entre INE, Tribunal, Fepade y PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) de un fondo de observación electoral y prácticamente nunca hemos tenido tanta demanda. Doscientos proyectos se presentaron para observación electoral.
“En ese sentido, sí podemos hacer un llamado a eso, de que participen con responsabilidad. Cuando se les llame para que sean funcionarios de casilla que participen, creo que lo más importante en el proceso electoral va a ser la participación y la conducta de los funcionarios de casilla. Entonces lo que aquí creo que nos falta avanzar es en que haya estrategias, pero necesitamos que un grupo mayor de ciudadanos se sume, porque sí es fundamental que este proceso tengamos un cuerpo de ciudadanos que tenga una visión muy clara de desarrollar el proceso electoral en condiciones de civilidad, de tolerancia y respeto, y en condiciones de valentía”.
¿Su legado al término de su gestión en noviembre próximo?
Mi legado es contribuir en el marco de nuestra institución a que el proceso electoral se desarrolle con totales garantías democráticas.
Árbitros. Los titulares de la Fepade, Héctor Díaz-Santana,
y del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello. Foto: Saúl López/Cuartoscuro
Al cuarto para las doce
•El 14 de diciembre de 2017, el mismo día que iniciaron las precampañas, Héctor Díaz-Santana fue elegido por el Pleno del Senado con 92 votos a favor y siete abstenciones, en sustitución de Santiago Nieto Castillo, destituido siete meses antes, el 20 de mayo.
•Díaz-Santana es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, España.
•Cuando en las elecciones de 2012 se distribuyeron cinco mil personas, para el actual proceso electoral se aumentará de personal para el despliegue ministerial dependiendo las necesidades en cada entidad.
•El pasado 16 de marzo, en el estado de México inició el predespliegue ministerial de la Fepade, con el envío de más de 240 funcionarios públicos entre policías y peritos federales, estatales y municipales, distribuidos en tres regiones de la entidad.
El objetivo: atender la veintena de investigaciones y los mandatos judiciales pendientes, resultado de la pasada elección.
•De acuerdo con el seguimiento que este semanario realiza, de septiembre a la fecha suman al menos 47 muertes violentas de personajes políticos.
•Académicos y politólogos advierten de la probable injerencia del crimen organizado en este proceso electoral.
El propio secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se refirió al tema y reconoció la existencia de condiciones de “alarma” en varios estados y municipios del país debido a la violencia e inseguridad. Por su parte, Lorenzo Córdova, titular del INE, pidió a las instancias de los tres órdenes de gobierno responsables de garantizar la seguridad para que hicieran valer dicho compromiso y garantizar la tranquilidad en las elecciones.
