Hace poco más de 10 años militares y marinos salieron a las calles a combatir al crimen organizado por instrucciones presidenciales. Hoy están en 26 entidades; algunos altos mandos castrenses incluso han sido secretarios estatales de seguridad pública, pero los resultados han sido calamitosos,
según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Índice de Paz México 2017. Ante esta realidad, el general en retiro Sergio Aponte Polito exige que los militares regresen a los cuarteles y que los gobiernos estatales capaciten a sus cuerpos policiacos.
De manera paralela a sus operaciones abiertas de combate a la delincuencia, el Ejército y la Marina han ocupado cada vez más espacios como jefes policiales en todo el país. Prácticamente no hay estado de la República intocado en la última década por soldados o marinos en tareas de seguridad pública vestidos de civil.
Al tiempo que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón ordenó a las tropas que salieran a las calles para combatir a la delincuencia organizada, jefes y oficiales de las dos fuerzas han cambiado el uniforme militar por el de policías al ser designados como secretarios de seguridad pública estatales, directores de policía municipales, subdirectores o jefes operativos en ambos niveles de gobierno.
De acuerdo con una revisión hecha por Proceso entre ese año y 2016, sólo seis estados quedaron fuera del control de los militares como encargados de la seguridad pública, aunque su presencia en municipios de esas mismas entidades fue constante.
En esa década, más allá de sus operaciones castrenses, el Ejército y la Marina han enviado a sus hombres a 26 estados de la República para dirigir a las policías estatales en distintos momentos.
Más significativa aun es su presencia en las policías municipales. De los 50 municipios más violentos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), casi todos, en algún momento, han tenido a militares como responsables de la seguridad pública.
Hoy, más de una tercera parte de las entidades está en manos de militares como secretarios estatales de seguridad pública, incluidos Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas. De acuerdo con el Índice de Paz México 2017, dado a conocer el martes 4 por el Instituto para la Economía y la Paz, es en esos estados donde más se ha deteriorado la seguridad en los últimos seis años.
Un caso sobresaliente es el de Nayarit, donde un general ha estado al frente de la seguridad pública durante el gobierno de Roberto Sandoval. El general de brigada retirado Jorge Alonso Campos Huerta coincidió durante cinco años como secretario de seguridad pública con el exfiscal del estado, Édgar Veytia, detenido el pasado 30 de marzo en San Diego, California, bajo cargos de narcotráfico.
Mandos militares en funciones de policía civil también están o han estado al frente de municipios con los índices más altos de inseguridad para las personas en México, como Acapulco, Tijuana, Culiacán, Ciudad Juárez, Ecatepec, Ciudad Victoria, Chilpancingo, Manzanillo e Iguala, según las cifras del SNSP.
Policías fallidas
El Ejército y la Marina han enviado desde generales y almirantes para dirigir a miles de policías en todo el territorio. Los de mayor rango se convierten en jefes policiales una vez que pasan a retiro, recomendados a gobernadores y presidentes municipales por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Otros jefes castrenses han hecho paréntesis en su carrera militar al obtener licencia temporal para ser policías.
Los hay desde experimentados como comandantes de regiones o zonas militares y navales, graduados en seguridad nacional de las escuelas del Ejército y la Marina o capacitados en Estados Unidos en tareas de fuerzas especiales, hasta generales con carrera más administrativa que operativa.
Los titulares de ambas instituciones son quienes autorizan a los militares en retiro o próximos a retirarse para que ocupen cargos de seguridad pública, y es el presidente de la República el que da luz verde a esa participación, explica a Proceso el general retirado Sergio Aponte Polito, quien como militar en activo ha denunciado públicamente la protección política y policial a la delincuencia.
Pese a la marcada presencia de militares como jefes de policía en todo el país, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, y el de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, han reiterado que la participación de personal castrense en funciones de seguridad pública se debe al fracaso de las policías.
La más reciente declaración pública en ese sentido fue la del almirante Soberón Sanz, el pasado 27 de marzo, en el Estado de México, una de las entidades con mayor incidencia delictiva del país, según las cifras de enero y febrero de este año reportadas por el SNSP.
El Estado debe proporcionar seguridad a sus ciudadanos. Por eso el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México han sido convocados para hacer labores de seguridad pública. Pero también, “hay que decirlo, debido a que en muchos estados los cuerpos de policía se han visto rebasados”, afirmó.
El general Cienfuegos ha sido más reiterativo durante sus intervenciones públicas de promoción de la Ley de Seguridad Interior que ansían los mandos militares.
“Al Ejército, la Fuerza Aérea y Marina Armada de México les gustaría que la policía tuviera un plazo para empezar a cumplir con su deber y que las tropas regresen a los cuarteles. Pero ante el incumplimiento de la ley, los soldados y marinos deben seguir en las calles; por ello la exigencia de un marco legal que regule sus actividades”, declaró el 8 de diciembre pasado.
Lo que ni el general Cienfuegos ni el almirante Soberón mencionan es que el fracaso de las policías alcanza a los militares que han sido secretarios estatales de Seguridad Pública, directores municipales y jefes operativos en estados y municipios, con el consentimiento de los mandos del Ejército y de la Marina.
Cifras fatídicas
De acuerdo con la revisión hecha por este semanario, 11 de las 32 entidades del país tienen a marinos o soldados como jefes de la policía: Aguascalientes, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
De ellos, Colima, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas han figurado entre los estados más inseguros, según los datos de incidencia delictiva del propio SNSP. Junto a Nayarit, esas entidades han tenido a jefes militares por años.
Además está el caso de Quintana Roo, que desde septiembre pasado, cuando asumió el gobierno Carlos Joaquín González, creó una coordinación de Seguridad Pública, la cual se encuentra en manos del general Eduardo Bahena Pineda, exsecretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, quien está por encima del mando civil.
El más llamativo caso es el de Guerrero, que además de tener desde hace lustros jefes policiales estatales y municipales de origen castrense, es el único estado del país con dos regiones militares. Desde el combate a la guerrilla en los años sesenta y setenta ha sido la entidad con más presencia de soldados en el país y ahora tiene una creciente participación de los marinos en el combate a la delincuencia organizada.
Otro ejemplo es el de Colima, donde en años recientes la seguridad pública ha estado en manos de la Marina y que desde el sexenio pasado se mantiene como uno de los estados más violentos del país.
En una situación similar está Veracruz, que ha tenido a militares como encargados de la seguridad pública estatal y municipal, además de que la Marina está a cargo de la Policía Naval, desplegada en el Puerto de Veracruz y los municipios conurbados Boca del Río y Medellín, y que opera también en el sur del estado: Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Cosoleacaque y Acayucan.
En Boca del Río, el director de Seguridad Ciudadana es el excomandante de la Sexta Región Militar, el general Martín Cordero Luqueño, quien el jueves 6 fue secuestrado durante unas horas por un grupo armado en ese municipio, cuyo alcalde es Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Como comandante de la Sexta Región Militar, Cordero Luqueño tuvo el mando en Veracruz, Puebla y Tlaxcala.
Aguascalientes no ha dejado de tener a militares como secretarios de seguridad pública desde 2006, aunque es uno de los estados que históricamente ha tenido bajos índices de inseguridad y violencia.
En el caso de Sinaloa, con la llegada del gobierno de Quirino Ordaz Coppel el 31 de diciembre de 2016, la seguridad del estado fue entregada prácticamente a los militares. Quedó al mando de ella el general Genaro Robles Casillas, subjefe administrativo y de Logística del Estado Mayor de la Defensa Nacional en el anterior sexenio, cuando el titular de la Sedena era el general Guillermo Galván Galván, ahora en retiro.
Lo primero que hizo Robles Casillas fue nombrar a militares en los principales cargos de la policía. Después, decidió que los uniformados estatales y municipales deben tener entrenamiento militar y los está enviando al Centro de Adiestramiento que el Ejército tiene en Mazaquiahuac, Tlaxcala.
Para reforzar su presencia en el estado, el Ejército ha enviado a 2 mil 200 efectivos a Sinaloa en lo que va del año. La mayoría pertenece a la Policía Militar. El general asegura que los oficiales designados también van a capacitar a los policías estatales y municipales.
Avasallante presencia
Según informó el general Robles Casillas al Congreso de Sinaloa el 8 de marzo pasado, 18 militares son directores de seguridad pública municipal en el estado, además de que 141 están en el C4 (Centro de Control, Comando y Comunicación), y tiene a 11 en el equipo cercano de la secretaría que dirige.
Aunque él es el primer secretario estatal de seguridad pública de origen militar en la última década, no es el primer jefe castrense en altos cargos de policía con carácter estatal en Sinaloa.
En febrero de 2014, el entonces gobernador Mario López Valdez creó el cargo de Coordinador General de Seguridad para el general Moisés Melo García después de que se retiró del Ejercito y de haber sido comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán y que abarca Sinaloa y Durango. Melo García es consuegro del general Cienfuegos Zepeda.
Además del despliegue en Sinaloa, el Ejército envió a mil efectivos de la 5ª Brigada de Policía Militar a Sonora, uno de los seis estados que en la última década no ha tenido a militares como jefes de la policía estatal.
En el caso de San Luis Potosí, los militares también han tenido presencia como policías en la última década. Y aunque actualmente no figura como de las entidades más violentas, tuvo graves episodios de inseguridad en el sexenio pasado. Lo mismo ocurre con Nuevo León, que como en el caso de Sinaloa el exjefe de la Onceava Región Militar, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, asumió como jefe policial una vez retirado.
Tamaulipas y Zacatecas, que figuran entre los estados más violentos, también registran en la última década a militares como secretarios de seguridad pública. Además, soldados y marinos se han hecho cargo de esa tarea en varios municipios de esas entidades.
La presencia castrense como la máxima responsable de la seguridad es la excepción en sólo seis estados, al menos desde el inicio del combate al narcotráfico con militares declarado por Calderón y seguido por Peña Nieto: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco y Sonora.
Sin embargo, durante el sexenio pasado varios de ellos tuvieron operativos conjuntos en los que los militares tomaron el mando. Fue el caso de Baja California, Chihuahua y Durango. Además, en varios municipios de esas entidades, jefes y oficiales del Ejército y la Marina han dirigido las corporaciones de policía municipal.
La presencia castrense en funciones de seguridad, ya sea como secretarios, directores o en operativos, no ha respondido a una lógica de despliegue en los lugares más violentos del país.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República asegura que esa presencia en labores de seguridad no ha estado justificada del todo por los altos índices de homicidios.
El análisis, titulado Seguridad Interior: elementos para el debate, publicado en enero de este año, señala que los operativos militares dispuestos por Calderón se desplegaron en estados que en 2006 habían sido los más violentos por el mayor número de homicidios: Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa y Baja California; pero quedaron fuera Oaxaca y el de México, que tuvieron tasas más altas que Tamaulipas y Nuevo León, donde también hubo acciones castrenses.
Es más, de los siete estados donde se emprendieron operativos, con excepción de Michoacán, los homicidios aumentaron pese a ello. Asegura que a 10 años del despliegue militar en tareas de seguridad pública no existen evaluaciones públicas del desempeño y los resultados íntegros de las acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas ni se dispone de un diagnóstico detallado de la situación de las policías del país.
El general retirado Sergio Aponte Polito, quien fue comandante en la Segunda Región Militar, con sede en Mexicali y jurisdicción en Baja California, Baja California Sur y Sonora, así como en la Novena Zona Militar, en Culiacán, asegura que por orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, los militares han asumido funciones de seguridad pública debido a la incapacidad y corrupción de las policías estatales y municipales que han sido penetradas por la delincuencia organizada.
Sin embargo, considera que “ya es tiempo de que el personal (militar) deje esta responsabilidad y que los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la sociedad en general, exijan con determinación a los gobiernos estatales que cumplan con sus deberes de capacitar y adiestrar a las instituciones policiales, a lo que se comprometieron hace 10 años y no han cumplido”.
Con información de: Areli Villalobos
