Seguritech es el nombre de una empresa que genera muchos murmullos, pero de la que nadie quiere abiertamente hablar.
Empezó en 1996 como una compañía que vendía alarmas vecinales y botones de pánico, de donde evolucionó a una empresa de seguridad que de la mano de los gobiernos mexiquenses se convirtió, en escasos 10 años, en un emporio nacional de telecomunicaciones, aeronáutica, defensa y construcción.
Su fundador es Ariel Picker, que tiene 51 por ciento de las acciones, y sus socios son extraños: Gonzalo Miguel Adalid Mier, general retirado que trabajó en áreas de seguridad pública, que murió en 2013, tiene 30 por ciento de las acciones, y Alicia Rebolledo Terrazas, que tiene 19 por ciento, es una notaria pública en Veracruz. Como Tecnoradio SA de CV, Seguritech es una empresa ligada al poder sumergida en la opacidad, aunque a diferencia de la primera, el que su campo de acción sea la seguridad evita que sus contratos sean públicos.
Personas que han seguido su vertiginoso crecimiento recuerdan que Picker se relacionó con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y con varios miembros de su equipo. El más conocido, al haber sido puesto al descubierto hace dos domingos por la revista Proceso, es David Korenfeld, exdirector de Conagua, que fue quien lo impulsó a la diversificación de negocios de Seguritech al entregarle contratos hidráulicos. Korenfeld fue más que eso, dijo uno de los que los conocen, porque a través de él Peña Nieto, como gobernador y después como presidente, estableció una relación directa con la poderosa comunidad judía en México. Picker gozaba de la confianza de Peña Nieto y su equipo cercano, aunque el volumen más importante de sus contratos, en función de montos, se ha dado con el gobierno de Eruviel Ávila.
Seguritech era una empresa modesta que creció apresuradamente. De un negocio concentrado en la Ciudad de México y el Estado de México, en la última década amplió sus relaciones comerciales a otros 20 estados, en donde ha instalado la mayoría de los centros de seguridad conocidos como C2 (que hace monitoreo de videovigilancia), los C4 (centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo), y los C5 (centros de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad).
Todos los contratos, por la razón del campo que toca, han sido por adjudicación directa. Este tipo de procedimiento no habría despertado sospecha en la industria, de no ser porque concentran cerca de 80 por ciento de todas las adjudicaciones directas que ha dado el gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad, según cálculos de los expertos, y por la forma como se entregan.
En la industria se quejan del favoritismo con el que, a su juicio, se manejan los contratos con Seguritech. “Cuando llegan a un estado, prácticamente tienen el contrato asignado”, dijo un ejecutivo de una empresa de seguridad, que citó el caso de un gobierno que llevaba apenas dos meses en funciones y que entre sus primeras acciones fue dar todas las asignaciones directas en materia de seguridad a la empresa. Picker, por otra parte -señaló una persona que conoce la forma como se realizan estos negocios-, sólo los concreta con quienes gobiernan en los estados. “Su fuerza no está en Korenfeld o en el Estado de México -añadió otra persona que conoce los vínculos de Picker con el círculo íntimo de Peña Nieto desde hace tiempo-. La fuerza proviene de alguna oficina en Los Pinos”.
No está claro en la industria quién es su padrino dentro del círculo peñista, donde han mostrado una proclividad para establecer relaciones políticas o empresariales que se adentran en el conflicto de interés. Pero la certeza de que no hay otro lugar de donde podría tener el apoyo para que los gobiernos estatales vean a Seguritech como una empresa preetiquetada y le entreguen adjudicaciones directas, proviene de la facilidad como ha hecho negocio durante estos años. De la misma manera, la tensión que se ha dado en las últimas semanas ante las señales de cuando menos cinco gobierno estatales que quieren demandar a la empresa y a su principal accionista por contratos inconclusos o funcionamiento parcial, sugiere que por encima de Picker hay personeros tan poderosos que puedan estar inhibiendo a varios gobernadores a tomar acciones en su contra.
El caso de Seguritech, como el de Tecnoradio que se exploró en el texto anterior, son dos ejemplos muy claros del entramado opaco entre Los Pinos y empresarios ligados a altos funcionarios de la Presidencia. No hay evidencias sólidas que permitan apuntar conflictos de interés de Seguritech con el equipo de Peña Nieto, y menos aún que sean beneficiarios de sus ganancias. Pero las sospechas son letales en el último tercio del sexenio. El caso de Tecnoradio es menos difícil de procesar porque al no estar en el campo de la seguridad, los conflictos de interés que aparentemente existen pueden ser solucionados y eliminados. Con el de Seguritech la situación es distinta.
No habrá manera de abrir esa caja negra, que es en donde se maneja, para conocer el mapa de su crecimiento desorbitado en la última década, porque sus contratos entran bajo los rubros de seguridad nacional.
La confirmación de que Picker llega a los estados con la recomendación de Los Pinos, como sostienen en la industria, saldría si alguien lo denunciara y comenzara una investigación. Eso no sucederá. O al menos, no en este sexenio, lo que no significa que la protección, quizá mutua, sea para siempre.
