Veintiocho detenidos, 15 armas largas, 94 cargadores, casi 3 mil cartuchos y chalecos balísticos: el parte oficial presume músculo. Pero en Sinaloa ya aprendimos que el tamaño del decomiso no siempre explica el tamaño de la estrategia. Las capturas ocurrieron en El Roble, Mazatlán, y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal; hasta ahora, sin embargo, no se ha informado públicamente su identidad, grupo de pertenencia ni las circunstancias precisas que llevaron al operativo.
Entonces vale hacer la pregunta incómoda: ¿estamos ante una ofensiva pareja contra las estructuras criminales o frente a un éxito intermitente de captura que, casualmente, termina reordenando el tablero a favor de una facción ?
Porque cuando el gobierno exhibe detenidos, rifles y cartuchos como trofeos, pero no aclara a quién golpeó, qué célula operaba ahí ni cuál era su función dentro de la guerra interna, la narrativa queda incompleta.
Y una narrativa incompleta, en un estado partido por disputas criminales, puede sonar menos a estrategia de seguridad y más a administración del conflicto: se aprieta a unos, se deja respirar a otros y después se vende como “pacificación”.
La sospecha no es menor, sobre todo si periodistas de Río Doce ya habían advertido sobre el avance de la facción conocida como la Mayiza en Mazatlán y sobre la percepción de un uso selectivo de la fuerza contra sus rivales. Eso no prueba, por sí mismo, complicidad ni una orden de protección —afirmarlo sin evidencias judiciales sería irresponsable—, pero sí obliga a exigir explicaciones verificables, no boletines triunfalistas.
¿A quién pertenecían las armas? ¿Qué grupo controlaba la zona de El Roble? ¿Habrá detenciones equivalentes contra todas las facciones? ¿O la paz que se busca es la vieja paz mafiosa: menos balaceras porque un bando ganó terreno con la tolerancia, omisión o conveniente ceguera del Estado ?
LA HISTORIA SE REPITE ?
El antecedente de Genaro García Luna debería vacunarnos contra el aplauso automático cada vez que un gobierno exhibe capturas, rifles y uniformes. Durante años se vendió como cruzada contra el narco lo que después quedó judicialmente acreditado como una maquinaria de seguridad usada para proteger al Cártel de Sinaloa, filtrar información, facilitar cargamentos y golpear a grupos rivales a cambio de sobornos. García Luna fue condenado en Estados Unidos a 460 meses de prisión tras ser declarado culpable de delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad en declaraciones.
La similitud que debe inquietar no es que el operativo de El Roble pudiera ser prueba de lo mismo, afirmarlo sin expedientes sería propaganda al revés—, sino el método que la historia dejó al desnudo: usar la fuerza pública para aparentar una guerra general mientras, en los hechos, la selectividad de los golpes termina inclinando la balanza criminal.
Por eso la pregunta no es si las 28 detenciones “se ven bien” en el boletín. La pregunta es si habrá la misma energía, los mismos recursos y la misma transparencia contra todas las facciones; si se informará quiénes son los capturados, a quién responden, qué investigaciones los sostienen y qué mandos superiores caerán después. Porque la lección de García Luna es brutal: un operativo espectacular puede ser justicia, sí; pero también puede ser la escenografía de una paz mafiosa, donde el Estado no desmantela al crimen, sino que ayuda a decidir cuál crimen manda en el nuevo enroque.
En Sinaloa, la seguridad no puede medirse sólo en armas aseguradas y fotografías de detenidos. Debe medirse en imparcialidad, investigaciones transparentes, órdenes de aprehensión contra mandos criminales de todos los bandos y resultados que no parezcan diseñados para escoger al próximo administrador del miedo.
Con información: ELNORTE/
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