La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) tiene un registro oficial de 72 casos de desaparición forzada
entre 2006 y 2014 en los que están involucrados elementos del Ejército
Mexicano, de los cuales, la Procuraduría de Justicia Militar no ha
resuelto ninguno.
En 2014, entraron en vigor
las reformas que acabaron con el fuero militar que protegía a los soldados en
casos contra civiles. Por ley, las averiguaciones son atraídas por juzgados
civiles, aunque desde esa fecha, solo hay registro público de una
sentencia.
La información de la Sedena
revelada en respuesta a una solicitud de transparencia en enero de
este añoseñala que las 72 averiguaciones iniciadas por desaparición
forzada no necesariamente corresponden a todos los casos en los que se
han visto involucrados militares.
Según la lista desglosada
proporcionada por la Sedena, la incidencia de desapariciones forzadas
prácticamente presentó un incremento año con año. Tan solo en el
2013, primer año del actual gobierno, las 21 averiguaciones iniciadas
representan un incremento prácticamente del cien por cientorespecto
a los años anteriores.
Y hasta junio de 2014, antes
del cambio de jurisdicción de los casos, ya iban ocho casos más, casi la
misma cantidad anual de los últimos dos años del sexenio pasado.
En la solicitud de
transparencia se cuestionó además a la Defensa Nacional sobre las sentencias
emitidas contra los soldados involucrados en los referidos casos de
desaparición forzada. La Sedena indicó que no tiene registro de alguna
condena dictadaen los tribunales militares por este motivo.
Es decir, aunque las
averiguaciones previas se iniciaron, estas no fueron consignadas ante los
tribunales o en caso de que si se haya hecho, no pasó nada en el proceso. En
conclusión, no hubo castigo en contra de los soldados implicados en los casos.
A la Secretaría de la
Defensa Nacional también se le pidieron otros datos relacionados con los casos,
como los sitios en que ocurrieron las presuntas desapariciones o el número de
efectivos involucrados pero la dependencia no proporcionó esos datos.
La Sedena informó que
tampoco cuenta con registros disponibles de casos denunciados entre 1960 y
2005.
Es decir que en hechos como
el Movimiento Estudiantil de 1968 o la llamada “Guerra
Sucia” en Guerrero en la década de 1970, en donde se reportaron
múltiples desapariciones, no hay forma de saber públicamente si hubo soldados
involucrados y si la Sedena los investigó o sancionó.
Distinta
jurisdicción, parecida realidad
El 14 de junio de 2014 se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Código de Justicia
Militar que sacaron de la jurisdicción castrense los delitos graves que cometieran
los soldados en perjuicio de personas civiles. Esto, siguiendo los lineamientos
que ya había marcado la Corte desde el 2012.
Esto significa que delitos
como homicidio, secuestros, violaciones, desapariciones y demás, en donde las
víctimas sean civiles, serán juzgados por tribunales civiles aunque los
probables responsables sean soldados o marinos.
El decreto de la reforma
estableció que los casos que se hubieran iniciado en contra de civiles en las
cortes militares, tendrían que ser trasladados a los juzgados federales. La
Sedena indica en la respuesta a la solicitud de información, que así lo hizo
aunque no detalló cuantas de las 72 casos seguían abiertas.
Luego de más de año y medio
en que dicho cambio entró en vigencia, la única novedad que se conoce
públicamente en torno a casos resueltos de desaparición forzada con militares
involucrados es una sentencia dictada en agosto de 2015, y que se
calificó como histórica por ser la primera que un tribunal civil contra
personal castrense.
Según las notas difundidas,
se trató de una pena de 31 años de prisión dictada en contra de
un subteniente de Infantería por la privación ilegal de la libertad de
una persona en los municipios de Los Herreras, Nuevo León. El caso ocurrió en
2012 y hasta ahora la víctima no aparece.
Hasta ahora no se ha
informado de otra sentencia, pese a que en varias solicitudes de transparencia
se ha preguntado a la Procuraduría General de la República (PGR), que ahora es
la responsable de investigar los casos, sobre sentencias obtenidas pero
dice que no le corresponde dar a conocer esa información, pese a que de forma
frecuente si difunde de condenas.
La desaparición forzada de
personas a manos del personal del Ejército continúa ocurriendo, y pese al
cambio en la ley, la investigación inicial sigue en manos de militares. Apenas
el pasado 10 de marzo la Sedena informó que dio parte a la PGR de una
averiguación que integró por la desaparición y homicidio de un joven
en Tierra Blanca, Guerrero.
De acuerdo con lo que los
familiares de la víctima han declarado habría más soldados involucrados pero
hasta ahora, las autoridades no han reportado que se haya procedido en contra
de otros elementos.
Más delitos, menos
sentencias
Por otra parte, datos de la
Secretaría de la Defensa Nacional publicados en la sección de transparencia de
su sitio oficial, revelan que el año pasado se dictaron 135 sentencias
condenatorias en contra de militares pro delitos que siguen bajo la
jurisdicción de las cortes castrenses.
La gran mayoría de esas
resoluciones corresponde a soldados que cometieron el delito de deserción, es
decir aquellos elementos que ya no regresan a los cuarteles sin explicación o
justificación alguna. Le siguieron nueve casos de abandono del servicio, que
son los elementos que no asisten o incumplen con alguna misión asignada.
Entre las sentencias
dictadas también se encuentran cinco por desobediencia, cuatro pro
insubordinación, dos pro falsificación, una por abuso de autoridad, otra pro
delitos con el honor militar, y finalmente una condena por infracción de
deberes.
Cabe señalar que el número
de sentencias dictadas en los últimos dos años ha disminuido. La Sedena
ya eliminó la información de años pasados pero un registro con el que cuenta
Animal Político indica que en 2013 en total 345, luego en 2014 fueron 142 y el
año pasado 135.
Entre
las sentencias dictadas en los últimos tres años, la mayoría es para personal
de tropa y de rangos bajos, aunque hay un caso de un General de Brigada –
segundo en jerarquía – condenado en 2013 por desobediencia, y un coronel
procesado en 20015 por abuso de autoridad.
fuente.-ANIMAL POLITICO
