La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, por haber incurrido, presuntamente, en delitos electorales, por lo que el político renunció ayer mismo a su cargo de subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
imagen.-Reforma.com
De acuerdo con la FEPADE, Escobar y un grupo de empresarios son acusados de realizar aportaciones ilegales en dinero y especie durante la precampaña electoral de 2015.
En una entrevista con Carmen Aristegui, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, explicó que se solicitó la orden de captura porque Escobar firmó los contratos para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la precampaña electoral reciente, cuandoformaba parte de la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México, en su calidad de vocero nacional.
La tarjeta fue repartida en domicilios de votantes no afiliados al PVEM, antes y durante a campaña, en la que se ofrecían descuentos en más de 8 mil establecimientos. El plástico era entregado con una hoja donde se veía en logotipo del aliado del partido que decía: “Felicidades, muchas gracias por ser Verde”.
El caso fue denunciado en marzo pasado por el Partido Acción Nacional (PAN), quien estimó que el PVEM habría firmado contratos por más de tres millones 500 mil pesos, según informó ayer, en su cuenta de Twitter, el diputado federal panista y ex dirigente nacional del albiazul, Gustavo Madero.
“Lo anterior con el objetivo de facilitar el adecuado curso de las nvestigaciones, y de contribuir a que el proceso se conduzca con absoluta transparencia. Esto no obstante que hasta el momento no he sido requerido por ninguna autoridad judicial”, aseguró el ex funcionario.
“Rechazo las imputaciones en mi contra, y expreso mi plena confianza en que se esclarecerán los hechos y se confirmará mi inocencia”, se lee en el breve comunicado que hizo público el ex líder del Partido Verde Ecologista de México.
Por otra parte, el Partido Verde de México (PVEM) respaldó a Escobar, al afirmar que “siempre se ha conducido con apego a la ley, tanto en su carácter de representante legal de nuestra institución política, como en su carácter de servidor público”.
Añadió que es falso e improcedente selañar a Escobar y Vega como responsable de algún delito, toda vez que no se ha iniciado ningún proceso penal ni tampoco existe orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con la Fepade, el juez tiene 10 días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.
¿Qué ocurrió?
Durante elecciones intermedias del pasado 7 de junio, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entregó 10 mil tarjetas Premia Platino, las cuales contenían descuentos en más de ocho mil establecimientos de todo el país desde tiendas de ropa hasta restaurantes.
Los plásticos fueron entregados -desde antes de iniciar las campañas electorales para renovar la Cámara de Diputados- hasta los domicilios de ciudadanos que no estaban afiliados al Verde Ecologista.
Además, las tarjetas contenían datos personales de los ciudadanos y un mensaje donde señalaban: “muy pronto recibirá información sobre nuestro trabajo, aprovechamos para enviarle sin costo para usted la tarjeta Premia Platino, con ella podrá ahorrarse dinero de su gasto, utilícela y saque provecho de sus compras”.
Las Premia Platino presentaban el logo del Partido Verde, otorgaban descuentos de entre 10 y 15% en comercios de ropa, mueblerías, cines, restaurantes, laboratorios médicos, hoteles, entre otros, y contaban con una vigencia de un año, es decir, vencían hasta 2016.
Sin embargo, ante las denuncias del PAN y PRD, el Instituto Nacional Electoral ordenó al PVEM cancelar la entrega de dichas tarjetas e informó a la población que no tenían ningún valor.
Por ese hecho, el 27 de marzo, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) multó al Verde Ecologista con 3.9 millones de pesos.
En julio de este año, al resolver de fondo el asunto, el INE determinó una multa de 2.3 millones de pesos por la utilización del financiamiento público para otros fines como la adquisición de las 10 mil tarjetas Premia Platino.
PAN celebra a la Fepade
El Partido Acción Nacional (PAN) se congratuló por la determinación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de solicitar una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar y Vega, otrora dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y actual subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob por presuntos delitos electorales.
En entrevista, el secretario General del PAN, Damián Zepeda Vidales, calificó como “positivo” para la democracia que Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Procuraduría General de la República, emprenda acciones ante las violaciones que el PVEM hizo a la norma electoral en las pasadas elecciones con la entrega de “tarjetas Platino”, hecho denunciado en marzo por Acción Nacional.
Damián Zepeda agregó que está determinación deja un claro mensaje a los partidos de que habrá consecuencias cuando se busque violentar la ley. fuente.-
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Policía Federal realizar nuevamente una versión pública sobre los reportes generados por los elementos que participaron en los hechos de Tanhuato, Michoacán, que derivaron en la muerte de 42 personas en mayo pasado.
Esto, luego de que la versión generada por la PF para entregar a un particular se reservó, además de los datos personales de los elementos que participaron y otros datos sensibles, las condiciones de tiempo, modo y lugar descritas en las narrativas realizadas por los elementos participantes.
La solicitud de la información derivó en un recurso de revisión debido a que inicialmente la PF reservó los datos durante 12 años argumentando que formaba parte de una averiguación previa, que contenía detalles sobre la estrategia de seguridad en el País e incluso porque vulneraba la seguridad nacional.
Sin embargo, durante los alegatos la Policía generó una versión pública de la información requerida, misma que a criterio del comisionado ponente, Francisco Javier Acuña Llamas, no debía reservar las circunstancias de tiempo, modo y lugar establecidas en el relato que hicieron los policías, en razón del interés público inmerso en ellas y de que la información que entregue al particular debe ser lo más completa posible.
"Consideramos que en el presente caso impera el interés público por encima de la restricción temporal de la reserva que caracteriza la información contenida o relacionada directamente con las averiguaciones previas conforme al artículo 13 fracción V", dijo.
A pesar de ello, tanto los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Patricia Kurczyn Villalobos y la comisionada Presidente, Ximena Puente de la Mora, apoyaron el sentido del proyecto pero emitieron votos en particular con relación a que consideraron que revelar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos sí pone en riesgo la facultad investigadora del Estado.
"La obligación de investigar y perseguir los delitos debe realizarse con la mayor responsabilidad, imparcialidad y eficacia, utilizando todos los medios disponibles que permitan la persecución, la captura y en su caso sanción a los responsables.
"En ese orden de ideas, para que la autoridad tenga la oportunidad de investigar oportunamente con base en los principios referidos, es necesario que se salvaguarde la información relativa a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los elementos probatorios", argumentó Kurczyn Villalobos.
Asimismo, los comisionados Joel Salas Suárez, Óscar Mauricio Guerra Ford y Areli Cano Guadiana, emitieron sus votos particulares en el sentido de que la información debe darse a conocer en los términos propuestos por el proyecto pero no por el interés público que representa, sino que al ser datos generados por elementos de la PF como consecuencia de sus funciones, ya constituyen por sí información de carácter público.
En consecuencia, el Pleno resolvió modificar la respuesta de la Policía Federal para que elabore una versión pública de las notas informativas número 518 y 519 testando los datos personales de los presuntos responsables, el número de elementos que participaron, el nombre de los mismos, y el hospital donde fueron atendidos, números y tipo de armas, así como el nombre de las víctimas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constató la ejecución extrajudicial de una persona a manos de la Policía Federal en los hechos del 6 de enero en Apaztingán, Michoacán.
Así lo dio a conocer el Ombudsman Luis Raúl González Pérez al presentar la Recomendación 3VG/2015 por violaciones graves a derechos humanos en el caso, la cual está dirigida a la Sedena, la Comisión Nacional de Seguridad, el Gobierno de Michoacán y la Presidencia Municipal de Apatzingán.
En los hechos se comprobó el uso excesivo de la fuerza por elementos de la corporación, lo que además causó la muerte de nueve personas más.
Entre las 2:30 y las 7:40 horas del 6 de enero, 44 policías federales y 287 militares realizaron un operativo donde se encontraban en plantón de elementos de las autodefensas.
En ese evento murió una persona en el estacionamiento de la Alcaldía de Apatzingán.
En el segundo evento, ocurrido entre las 7:41 y las 11:31 horas, perdieron la vida nueve personas: tres de ellas estaban en una pick-up blanca, cinco en una Acadia negra y el último dentro de un restaurante, aunque luego apareció afuera de un hospital.
Cuatro de los fallecidos en la camioneta Arcadia presentaban 27, 7, 7 y 8 balazos, respectivamente, acreditó la CNDH.
"Los occisos no poseían armas de fuego y tampoco se encontró arma cerca de sus cuerpos (...) por ello, no representaban una amenaza para la vida o integridad física de la Policía Federal o terceras personas", señala el informe.
El quinto tripulante de dicho vehículo es el que la CNDH identifica como la ejecución extrajudicial, toda vez que el levantamiento refiere que no tenía arma alguna, presentaba 14 impactos de bala, mientras que testigos señalan que la víctima alzó las manos en señal de rendición.
"Se recomendó al Comisionado Nacional de Seguridad se colabore con la CNDH en la denuncia y queja que se presente con motivo de las violaciones graves a derechos humanos consistentes en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de cinco personas y la ejecución extrajudicial de una más, y se proceda a la reparación del daño, así como por la privación de la vida de la persona encontrada en el estacionamiento del Palacio Municipal", apuntó el organismo.
"Por las manifestaciones de 10 personas que refirieron haber sido detenidas en lugares distintos al estacionamiento ubicado a un costado del Palacio Municipal, así como por las lesiones innecesarias infligidas a 5 civiles, a quienes se deberá reparar el daño".
Elementos de Fuerza Tamaulipas hallaron 3 cuerpos sin vida, entre ellos dos mujeres, en un campamento que era utilizado pormiembros de un grupo delincuencial en el municipio de Aldama.
Este miércoles 25 de noviembre, se informó por parte del grupo de Coordinación Tamaulipas, que los agentes estatales realizaban un recorrido de seguridad y reconocimiento terrestre cuando descubrieron el sitio.
De acuerdo a las autoridades, dicho campamento se encuentra en un camino de terracería y una brecha que conduce del ejido Carrizo de Upichan hacia el ejido El Nacimiento, en la falda del Cerro Upichan, de la citada localidad.
En ese punto los policías estatales detectaron el inmueble que era habitado porpresuntos delincuentes que se dieron a la fuga, al notar la presencia del personal de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el interior, los oficiales encontraron tres cuerpos envueltos en sábanas, los cuales no contaban con signos vitales. Dos pertenecían a mujeres no identificadas, mientras que el sexo del tercero no se pudo precisar porque se encontraba calcinado e incompleto.
Los policías estatales también aseguraron dos granadas calibre 40, un colchón y alimentos, siendo puestos a disposición de la autoridad competente para que se continúen las investigaciones correspondientes.
De enero a septiembre, el GCT ha localizado y asegurado al menos 10 campamentos que eran utilizados por integrantes de grupos delincuenciales, principalmente en los municipios de Nuevo Laredo, Aldama, Nueva Ciudad Guerrero, Xicoténcatl y Victoria.
Apenas el pasado 16 de septiembre, se confirmó por parte de las autoridades federales y estatales, de la localización por parte de agentes de Fuerza Tamaulipas, de un campamento en el ejido El Azúcar de Xicoténcatl el cual fue desmantelado.
Ahí detuvieron a una persona de nombre Héctor Rodríguez Salas y aseguraron tres motocicletas y seis vehículos, de los cuales uno tenía blindaje de fábrica y dos más reporte de robo.
El 7 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera Rivera salía de un cajero automático en Tampico, Tamaulipas, cuando fue interceptado por una patrulla militar que, sin más, le requirió su credencial de elector, alegando una revisión de rutina. Los militares, narró el ingeniero a sus hermanos algunos días después, le tomaron una foto a su credencial y luego lo dejaron partir. “No lo vio como algo grave, incluso, bromeó al respecto”.
Pero diecisiete días después, el 24 de febrero, a las 7:15 horas, Francisco fue raptado al de salir de su casa.
Una cámara del C4 de Tampico registró el secuestro. “Cuando se lo llevan, la cámara los sigue, lo que demuestra que alguien estaba controlándola, viendo lo que sucedía”, narra Víctor Herrera, su hermano, “pero no dieron aviso a nadie”.
Aunque el ingeniero vivía solo, su familia pudo identificar su ausencia el mismo 24 de febrero, debido a que antes de llegar al trabajo, Francisco solía estacionar su camioneta en casa de su mamá, ubicada a poca distancia de su centro laboral. Al no hacerlo, y luego de que pasaron varias horas sin que lograran contactarlo, se convencieron de que algo le había sucedido.
Decidieron entonces rastrear su teléfono a través de un servicio personal de GPS, el cual ubicó el aparato dentro de un cuartel militar, el del 15 Batallón de Infantería, en la misma ciudad de Tampico.
Según este reporte, ese era el punto en el que se encontraba el teléfono la última vez que fue activado, siendo las 9:38 horas del 24 de febrero, es decir, dos horas y 23 minutos después de que el secuestro de Francisco fuera captado por las cámaras de seguridad pública.
Desde entonces, han pasado nueve meses, y nada ha vuelto a saberse de él.
El Ejército
“Mi hermano Paco acababa de cumplir 39 años cuando se lo llevaron –narra Víctor–, vivía separado de su esposa desde hacía unos meses, y estaba pagando su casa, por lo que vivía con un promedio de 6 mil pesos al mes, no era una persona adinerada. Aún así, nos pareció extraño que nadie llamara para pedir rescate, porque creíamos que se trataba de un secuestro para sacar dinero, pero más extraña fue la forma en que han actuado las autoridades encargadas de buscarlo.”
Luego de que el GPS ubicara el teléfono de Francisco dentro del 15 Batallón de Infantería, sus hermanos acudieron a este cuartel militar, para pedir informes sobre su situación, y “ahí nos recibe un tal general Adame, quien descarta que ahí tengan a mi hermano, y nos pasa a buscarlo, supuestamente”, pero para ese momento ya habían pasado más de siete horas desde que el aparato había sido encendido y ubicado por el GPS dentro de esas instalaciones, así que “ya no encontramos nada”.
Después de una semana, en la que vieron a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas cruzarse de brazos ante su denuncia, los familiares del ingeniero Francisco Herrera fueron notificados informalmente de que en el C4 habían encontrado videos que registraban el momento en que fue detenido.
“En esa semana hablamos con toda la gente que pudimos, conocidos, amigos, allegados, y fue así que supimos que ahí estaban los videos. Le pedimos al agente del MP del estado que los solicitara, pero no lo hizo, así que fuimos nosotros directamente al C4, y ahí una encargada llamó a un muchacho, un analista, quien nos dijo que efectivamente habían encontrado videos del secuestro, pero que un día después de los hechos había estado ahí el Ejército revisándolos, que lo habían tenido ahí hasta las 12 de la noche revisando… ‘no se preocupen, ya va muy avanzada la investigación’, nos dijo el analista”.
Esos videos, destaca la familia del ingeniero, fueron revisados y seleccionados por el Ejército del C4 sin que contara con ninguna atribución para ello.
“La Sedena cuenta con material que no ha entregado, en sus reportes hablan de que en el secuestro participaron tres vehículos, sin embargo, en los videos que han entregado sólo se ven dos autos”.
Esto, destaca Víctor, es prueba de que existen tomas del C4 a las que el Ejército tuvo acceso, pero no la familia y el MP.
“Cuando se llevaron a mi hermano –destaca Víctor–, los vehículos hacen un alto en una gasolinera, eso se ve en el video de C4. En esa gasolinera hay ocho cámaras de vigilancia, y cuando fuimos ahí para que nos facilitaran los videos, nos dijeron que antes ya los había pedido el Ejército y que ellos los tenían.”
La Secretaría de la Defensa Nacional retuvo este segundo paquete de videos durante dos meses, obstruyendo la investigación del Ministerio Público del fuero local, que no pudo conocer su contenido sino hasta mayo, debido a que fueron enviados a la sede central de la Sedena, en la Ciudad de México, hasta donde tuvo que viajar un agente del MP de Tamaulipas, para poder recuperarlos… dos meses después del secuestro.
Luego, las irregularidades en el actuar del Ejército continuaron.
“A finales de julio de 2015, o sea cuatro meses después de que se llevaron a mi hermano, hubo un enfrentamiento entre militares y criminales en el ejido Ruiz Cortines, municipio de González. Los criminales iban a bordo de la camioneta que se robaron cuando secuestraron a mi hermano. La camioneta quedó toda balaceada, y los tripulantes huyeron, dejando armas, equipo táctico y uniformes del Cártel del Golfo. La camioneta fue asegurada por el Ejército y puesta a disposición de la PGR, en donde para entonces ya habíamos también interpuesto una denuncia, y aún cuando la camioneta tenía reporte de robo, y de que estaba vinculada a la averiguación previa por la desaparición de mi hermano, ni el Ejército ni la PGR hicieron nada cuando la encontraron. Peor aún: tampoco dijeron nada.”
La familia del ingeniero Francisco Herrera supo que la camioneta había sido localizada hasta septiembre, es decir, dos meses después del hallazgo (y siete después del secuestro), gracias a que sus placas fueron captadas por una cámara de seguridad pública cuando el vehículo era transportada a instalaciones judiciales, a bordo de una grúa. Al tener reporte de robo, la cámara detectó en automático la placa y emitió una alerta.
“Si esa cámara del C4 no hubiera detectado la placa, la camioneta de mi hermano seguiría en un corralón de la PGR, perdida… De los tres vehículos que participaron en el secuestro, dos de ellos fueron luego recuperados, abandonados, pero cuando fueron recuperados y sometidos a análisis, estaban totalmente limpio: no había ni una huella, ni un cabello, nada. Parecía que la habían limpiado antes de entregarlos…”, se lamenta Víctor.
Para obtener la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional en torno a esta denuncia, Animal Político solicitó formalmente una entrevista con un representante de la institución, sin obtener respuesta favorable.
El C4
Cuando la familia del ingeniero Francisco Herrera exigió al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Tampico (C4) que explicara en qué circunstancias había entregado los videos del secuestro a integrantes del Ejército, el titular de este organismo, Juan Luis Domínguez Vargas, optó por negar los hechos, y “cuando el agente del Ministerio Público intentó tomar declaración al analista que asistió a los soldados en la revisión del material, nos encontramos con que este muchacho se presentó acompañado por el equipo jurídico de su institución. Y el analista, ya en su declaración, se echó para atrás, negó que ahí hubieran estado militares, negó que les hubiera entregado videos, negó que hubiera hablado con nosotros… era indignante escucharlo, porque propiamente nos estaba acusando a nosotros de mentir.”
De hecho, a través del oficio C-4/330/2015, fechado el 19 de marzo de 2015, el titular del C4 de Tamaulipas notifica oficialmente a la Procuraduría del estado que “ninguna persona de Sedena se ha presentado en nuestras instalaciones solicitando información por la desaparición del C. Francisco Herrera Rivera”.
Lo anterior, sin embargo, quedó desmentido por la misma Sedena, que en el reporte “URGENTE. No. PTN.INFN.333”, del 26 de febrero de 2015 –elaborado por J.A. Adame Cabrera, comandante del 15 Batallón de Infantería de Tampico–, reconoce que “esta comandancia de unidad se coordinó con la C. Lic. Alejandra Garza Caballero, encargada del Centro de Monitoreo y Videovigilancia del C4-Tampico, Tamaulipas, con el fin de verificar la veracidad y obtener mayores datos sobre los hechos expuestos por familiares de la presunta víctima”.
En dicho reporte, el comandante del 15 Batallón asegura que personal militar “realizó una exhaustiva búsqueda en los registros de grabación con que cuentan en el citado centro de monitoreo”, lo que les permitió ubicar imágenes en las que se ve a dos vehículos siguiendo la camioneta del ingeniero.
Así, destaca Víctor, este reporte de la Sedena demuestra que los funcionarios del C4, desde el analista hasta su titular, pasando por su dirección jurídica, incurrieron en falsedad de declaraciones al rendir su testimonio ante el MP, “y ¿cuál era su objetivo al mentir? –se pregunta Víctor, y luego se responde–: Su objetivo fue ocultar las acciones del Ejército…”.
A pesar de que estas evidencias de falso testimonio han sido integradas a la averiguación previa iniciada a nivel estatal por la desaparición del ingeniero Francisco, ningún funcionario del C4 ha sido llamado a rendir cuentas.
La PGR
Según la descripción de los videos del C4 hecha por la misma Sedena, las personas interceptaron el vehículo de Francisco subieron a él, y luego todos se fueron en convoy, que pudo ser seguido por distintas calles de Tampico, hasta perderse.
A partir de esas imágenes, el comandante del 15 Batallón concluyó en su reporte que “por las acciones realizadas por las personas que viajaban en ellos (los autos que interceptaron a Francisco) es factible que el citado individuo forme parte de algún grupo de la organización delictiva Cártel del Golfo que opera en el área, y pudo haber sido objeto de una agresión por parte de integrantes de la misma organización”.
–¿Existe alguna denuncia, investigación o evidencia de que el ingeniero Francisco Herrera estaba involucrado en actividades criminales?
–Nadie, ni nosotros como familia, ni el Ministerio Público, ni el Ejército, tiene ningún indicio de que él hubiese participado en algún hecho delictivo. Ese reporte fue elaborado un día después de que secuestraron a mi hermano, es decir, no está sustentado en una investigación real. Es, más bien, como un intento de desviar la atención.
–¿Y tienen alguna hipótesis sobre lo que le sucedió a su hermano?
–No sabemos quiénes o por qué se lo llevaran, pero todas las evidencias indican de una u otra forma al Ejército. Es muy raro que ninguna autoridad quiere hacer nada: en marzo, un mes después de que se llevaron a Paco, acudimos a la PGR, en la Ciudad de México, y supuestamente iniciaron una averiguación previa, pero en septiembre, cuando volvimos a revisar el expediente, nos dimos cuenta de que no habían hecho nada, absolutamente nada.
Dos semanas después del secuestro, cuatro sujetos fueron detenidos por el Ejército, por portación de armas de fuego, y resultó que iban a bordo de uno de los autos usados en el rapto, los cuatro sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal (que pertenece a la PGR), y cuatro días después fueron puestos en libertad. Jamás les preguntaron por mi hermano, qué le habían hecho, por qué tenían uno de los autos que participaron en el secuestro, nada. Sólo los dejaron ir.
“Todo es muy raro”
La identidad y las fichas delictivas de estos cuatro sujetos temporalmente detenidos no ha podido ser conocida por la familia de Francisco, hasta la fecha, “y, por lo tanto, no hemos podido contrastar esos rostros con las personas que se ve en los videos, y ese es el problema –destaca el hermano del ingeniero–: que 95% de los avances en la investigación han sido aportados por nosotros, como familia, son datos recabados por nosotros, derivados de nuestras observaciones, nosotros somos los que hemos hecho el trabajo de campo, porque ni la Procurduría estatal, ni la PGR, han hecho nada, el expediente tiene unas 3 mil hojas, pero ningún resultado…”.
Tamaulipas es el estado con mayor número de personas desaparecidas, a nivel nacional, con 5 mil 519 víctimas, acumuladas del año 2000 a la fecha, según las estadísticas oficiales en la materia, de ellas, 410 fueron raptadas en la ciudad de Tampico.
De manera reciente e insólita,el Alcalde del Municipio de San Fernando haciendo eco de múltiples demandas de sus ciudadanos se apersono en la carretera de San Fernando Matamoros en el punto conocido como "Y" griega,el propósito que lo llevo al lugar donde se encontraba habilitado un "reten federal" del "Instituto Nacional de Migración" fue el de "literalmente" desmantelarlo ante el alud de quejas que mostraban que en ese punto de la carretera los agentes de Migración "EXTORSIONABAN" bajo cualesquier pretexto a quienes tenian la necesidad de transitar por ese tramo,en sentido contrario Jose Elias Leal el alcalde Reynosa no solo 'NO los DEFIENDE",es parte del "ABUSO".
Reynosa,Tam.-25/Nov/2015 El antecedente como preámbulo resulta a todas luces necesario,por el alud de quejas que se han venido presentando en Reynosa con motivo de los "Operativos Vehiculares de decomiso" que realizan las autoridades de Tamaulipas y la Federacion en conjunto con el municipio en esta ciudad y que bajo múltiples nombres han "ilegalmente" instaurado",el ultimo y mas reciente denominado "Omega" constituido por "retenes ilegales" en arterias muy transitadas donde "Violando los principios legalmente establecidos" y casi con cualquier pretexto administrativo inherente al auto los ciudadanos son "despojados de sus unidades" e inermes terminan pagando "multas" exhorbitantes que demeritan el respaldo social a sus autoridades,últimamente coresponsables de la ola violenta en la ciudad .
Y es que el mejor indicativo de la "ilegalidad" diariamente consumada en perjuicio de los habitantes de Reynosa, se infiere del animo con el que "JUECES FEDERALES" atienden y resuelven "DEMANDAS de AMPARO" presentadas por los ciudadanos inconformes y agraviados ,pues la inmensa mayoría son "resueltas" a su favor" con la consiguiente devolución de los 'costos" que les represento el abuso,y es que aunque no cuestionamos la posible irregularidad en que incurren los conductores,falta de placas,licencia,engomados,tenencias o incluso autos extranjeros,si cuestionamos el método ilegal y violatorio para hacer cumplir disposiciones administrativas bajo argumentos legales.
El principal alegato jurídico es la flagrante violacion de las autoridades "Militares,Estatales,Federales y Municipales haciendo caso omiso de lo dispuesto por el Art.-16 Constitucional en un evidente abuso de sus atribuciones que podría conllevar responsabilidades penales si en cosa de "derecho" fuéramos "derechos",pues se incurre en desacato a la constitución cuando las autoridades continua y sistemáticamente transgreden lo dispuesto por ella y no es cosa menor... a la letra el Art.-16 dispone:
Como se ve Articulo 16 Constitucional es "enfático",nadie sin "mandamiento" por escrito de una autoridad competente puede despojarte de tu vehículo "así como así",tendrían que fundar y motivarlo legalmente y en procedimiento previo para que finalmente una autoridad competente ordenara el 'decomiso",pero no en "fast track" y pasandose las "leyes" por el "arco del triunfo",es evidente que "Mexico es un país con leyes,pero no de leyes",sus autoridades todos los días la violan en el supuesto pretendido de hacerla valer.
Y aunque es evidente que se cometen muchas otras arbitrariedades con esta ilegal actitud de quienes debieran respetar las leyes como el hecho de detener el libre transito consagrado también en la misma constitucion,hay otro precepto constitucional y fundamentalmente violado pues el Art.-14 de la misma "Ley suprema" que es la constitución también literalmente "socavado y "violentado' hasta el cansancio,son dos de los argumentos esgrimidos a los Jueces de Distrito en los "Juicios de Amparo" que ya han 'concedido" y que han beneficiado a muchos Tamaulipecos con "suspensiones" de actos violatorios una vez que son resueltos estos "Juicios' han OBLIGADO a las AUTORIDADES a DEVOLVER los "MONTOS ILEGALMENTE COBRADOS por los DECOMISOS',lamentablemente el "AMPARO" sigue siendo poco esgrimido y subutilizado por quienes pueden costear un abogado,pero es el mejor referente para advertir que la Justicia Federal VALIDA el RECLAMO CIUDADANO tácitamente reconociendo que las autoridades de todos los niveles en Tamaulipas para cumplir la ley sistemáticamente la "Violan".
El miércoles de la semana pasada, la noticia del allanamiento a un
departamento de una zona residencial de Bogotá, Colombia, en el que operaba un
laboratorio capaz de procesar un tipo de cocaína que, al ser negra, resulta muy
difícil de ser detectada por la policía, sonaba como una noticia excepcional.
La muerte
de Boby, el perro que participó del operativo el día martes, convierte la
noticia en algo que parece sacado de la serie Breaking Bad. Pero
los laboratorios urbanos de drogas no son tan inusuales como parece, ni tampoco
lo es la cocaína negra (de hecho, tiene su propia página de Wikipedia en
inglés), mucho menos la muerte de un perro de la policía en un operativo. Lo
llamativo es esa línea negra que une a Pinochet, los narcos colombianos de los
80 y al perro de antinarcóticos que murió en Bogotá.
Esta coca
negra que fue incautada en un departamento cualquiera de Bogotá tiene una
historia que se remonta a mediados de los años ochenta al pequeño pueblo de
Talagante, a 42 kilómetros de Santiago de Chile. Al menos eso afirma Manuel
Contreras, general del ejército chileno durante la dictadura de Augusto
Pinochet, en una confesión escrita, enviada al Ministerio de Justicia chileno,
en la que afirmó que en 1986 el dictador ordenó crear un laboratorio de
procesamiento de cocaína en una base militar. Según la confesión de Contreras,
quien fue entre el 73 y el 77 jefe de la DINA, el aparato de inteligencia que
se encargaba del trabajo sucio de Pinochet, este laboratorio tenía la
particularidad de producir un tipo de cocaína que era de color negro e
indetectable en los controles de seguridad de los aeropuertos. Eso dice él.
Contreras,
mejor conocido en su país como Mamo, también identificó al bioquímico Eugenio
Berríos como el creador de esta ingeniosa fórmula. Se trata del mismo Berríos
que producía en Chile gas sarín, un arma química letal que fue utilizada para
asesinar a varios opositores del régimen. El mismo que en 1991 huyó de su país
para no declarar en un juicio por asesinato y que, un año después, desapareció
de manera misteriosa en Uruguay.
La cocaína
negra que, de acuerdo con la confesión de Contreras empezó a ser fabricada en
1986, no llegó a manos de las autoridades hasta 1998. Fue precisamente en
Colombia, en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, en mayo de ese año, que un
cargamento de 115 kilos de cocaína negra fue decomisado por primera vez. El
alcaloide había sido mezclado con hierro en polvo y carbón de palo para alterar
su apariencia y fue interceptado antes de ser enviado a Italia. En aquella
ocasión Rosso José Serrano, quien alguna vez fue nombrado mejor policía del
mundo por la Policía Montada de Canadá, declaró lo siguiente: "He visto
que camuflan coca en pitillos, en ñame, en bombones, en lo que quiera. Pero
jamás pensé que existiera coca negra". Según un artículo de El Tiempo, Rosso José luego procedió a
separar la cocaína del hierro en polvo con un imán, al mejor estilo de
Melquíades.
Incautaciones
de polvos negros que, como este, contienen cocaína, han sido algo relativamente
frecuente en los últimos años. En 2013 la autoridades canadienses encontraron
10 kilos de cocaína camuflados en bolsas de un material que parecía
"carbón triturado" y que había sido importado como base para preparar
asfalto. Una muestra de este polvo negro fue llevada hasta un laboratorio de la
DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) para conducir un experimento en
el que la cocaína fue detectada por tres de los cinco mecanismos de detección
de drogas que se usan hoy en día en los controles policiales de todo el mundo.
En abril de
este año, 70 kilos de cocaína negra fueron incautados en la ciudad de
Timisoara, en Rumania. La droga había sido camuflada al interior de un
cargamento de muebles que tenía como destino España y era transportada por un
colombiano, un venezolano y un rumano. El hallazgo más reciente de cocaína
negra se produjo hace solo un par de meses, de nuevo, en el aeropuerto
bogotano, cuando Mona, un perro con mejor suerte que Boby, detectó la presencia
de cocaína oscura en varios tóners para impresora que tenían como destino
Ciudad de México.
¿Cómo llegó
esta fórmula a las manos de los narcos colombianos? Nadie sabe a ciencia
cierta. Pero según Ivan Baramdyka, un exmilitar estadunidense nacido en Bogotá,
él ayudó a Pinochet y a Berríos en la tarea de exportar cocaína a Estados
Unidos y Europa. Así lo dice en su libro Confesiones de un narco,
en el que afirma que, durante la misma época que se empezó a producir la coca
negra, Berríos trabajaba en paralelo para narcotraficantes colombianos que
frecuentaban su laboratorio de Talagante.
"Eso
de la coca negra es algo que se sabe hace rato", me dijo por teléfono una
fuente de la Fiscalía que me pidió que no mencionar su nombre, "la novedad
aquí es el tratamiento que le estaban dando. La coca que encontramos en ese
apartamento había sido procesada hasta parecer una espuma negra".
Según el
funcionario de la Fiscalía, esta espuma era adherida al fondo de una maleta, lo
cual la hace muy difícil de detectar por los controles de un aeropuerto. En
otras palabras, esta solución de cocaína con plástico no puede ser separada con
el imán mágico de Rosso José Serrano. Para recuperar la cocaína oculta en esta
espuma negra es necesario utilizar químicos como la acetona, un solvente que
permite recuperar la droga como si jamás hubiera estado mezclada con plástico.
En febrero
de 2008 la policía de España incautó 16 kilos de cocaína en el fondo del
equipaje de dos mujeres rumanas que habían viajado a Madrid desde Río de
Janeiro. En esa ocasión las autoridades informaron que la droga había sido
descubierta gracias a un trabajo de inteligencia dado que esta presentación
resulta imposible de detectar por cualquiera de los métodos conocidos hasta el
momento. Perros incluidos.
En la
Fiscalía colombiana también afirman que el allanamiento de este martes fue
producto de un trabajo de inteligencia. Las autoridades colombianas desconocen
si es posible detectar esté plástico negro mezclado con cocaína en los
controles de un aeropuerto. Pero pueden afirmar con toda certeza que el
material no es letal para ningún perro. "La muerte del perro fue producida
por vapores que se liberan durante el proceso de elaborar cocaína negra, pero
no por el producto terminado", me dijo la misma fuente de la Fiscalía.
Luego agregó que al inspeccionar el departamento se encontraron los uniformes
de un miembro de la Policía Nacional y de otro del Ejército.
La cocaína
negra es tan solo un escalón en la escalera sin fin de la guerra contra las
drogas. Mi sentido pésame para los agentes antinarcóticos de todo el mundo, no
en vano el manual de las autoridades estadunidenses encargadas del control
aduanero se llama: Armas inusuales, métodos para encubrir contrabando y
cosas que te hacen preguntarte por qué te volviste policía en un principio.
