Alejandro L. pasó de teniente de infantería a integrante de los llamados “Zetas de primera generación” y luego a testigo protegido. Su trayecto por el Cártel del Golfo fue breve: ingresó en diciembre de 1998 y salió en noviembre de 2001, cuando fungía como escolta de Arturo Guzmán Decena, El Z1.
Él fue uno de los fundadores de Los Zetas, que se creó como brazo armado del Cártel del Golfo, hasta que fue llevado ante un Ministerio Público por una orden de presentación y ahí aceptó acogerse a los beneficios de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Sus enemigos y los presuntos delincuentes contra los que ha testificado lo conocen como Yeraldín, la clave con la que en aquel noviembre de 2001 decidió renombrarse.
A los seis días de que se acogió como testigo protegido sus declaraciones dieron los primeros resultados: en Reynosa, Tamaulipas, fueron detenidos Maximino Moreno, Héctor Abel Alfonsín y Arnulfo Miguel Candelario, tres ex miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acusados de proteger al Cártel del Golfo. El 26 de febrero de 2002 la Procuraduría General de la República (PGR) informó que un juez les había dictado auto de formal prisión. Sin embargo, el caso se cayó. En junio de 2003, los ex militares salieron libres porque la acusación en su contra se basó principalmente en lo declarado por Yeraldín.
En su historial como testigo de la PGR, Yeraldín no sólo ha acusado a militares; también ha testificado en contra de policías ministeriales, federales y municipales, así como de ministerios públicos y otros ex integrantes del Cártel del Golfo, como el presunto abogado de Osiel Cárdenas Guillén.
“Galo Gaspar Pérez Canales es el encargado de ver los asuntos de la organización que encabeza Osiel Cárdenas, ya que cada vez que detienen a alguien del grupo el licenciado es quien va a sacarlos”, declaró Yeraldín, según se desprende del expediente 56/2004.
Al igual que él, Agustín H., con clave Rafael, y Francisco V., con clave Rufino, todos ex integrantes del Cártel del Golfo, han servido como testigos protegidos, según expedientes en poder de EL UNIVERSAL. Esto ha permitido llevar a proceso penal a decenas de integrantes de dicha organización delictiva.
Pero no son los únicos. En los últimos 18 años, es decir, entre 1997 y marzo de este año, 806 personas habían servido como testigos colaboradores a la PGR, amparándose en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esta legislación establece que el miembro de la organización delictiva que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros criminales podría recibir reducciones de penas hasta en la mitad, en dos terceras partes o la remisión parcial de ésta.
Pero también pueden integrarse al programa aquellos individuos que estén en situación de riesgo, así como víctimas, ofendidos o servidores públicos, llamados en la ley “personas protegidas”. Este último es el caso de Clara G., mejor conocida como el testigo protegido del caso Tlatlaya, ubicada como Julia.
Datos por administración
Según el desglose entregado por la PGR, en los últimos cuatro años de mandato del presidente Ernesto Zedillo hubo un total de 95 testigos protegidos, es decir, un promedio de 23 por año. En el caso de Vicente Fox fueron 251 en todo su sexenio, lo que da un promedio de 41 por año. Pero fue durante la presidencia de Felipe Calderón cuando hubo un mayor uso de esta figura: 336 personas, es decir, 56 por año.
Tras el cambio de gobierno calderonista se cuestionó el uso de estas personas como fuentes de información, al quedar libres el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, quienes habían sido encarcelados por declaraciones de Jeniffer.
De hecho, una investigación publicada en octubre del año pasado por EL UNIVERSAL reveló que 13 acusados dentro de la Operación Limpieza, iniciada en 2008 por el gobierno de Calderón, que buscaba depurar las dependencias de seguridad, fueron exonerados porque, entre otras fallas, el testimonio de los testigos protegidos no era verosímil.
En abril de 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam admitió que no se pudo comprobar lo declarado por este testigo, quien en realidad era abogado del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y agregó que se revisaría el uso de estos colaboradores.
Aunque en lo que va de este gobierno la cantidad de testigos protegidos ha disminuido, es una figura que se sigue utilizando. Desde que inició esta administración hasta marzo de este año, 124 personas sirvieron a la PGR para testificar en varias acusaciones penales, lo que significa un promedio de 42 por año.
Figura cuestionada
Para Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien fue abogado del general Tomás Ángeles Dauahare, la figura de testigo protegido es útil, pero en México se usa de forma incorrecta, ya que debe haber un análisis que confirme que los datos que aporta el miembro de la delincuencia organizada que ingresa al programa son veraces.
“Por el solo hecho de decir cosas se adhiere, sin haber hecho de forma previa un examen que compruebe que el testimonio es veraz y que no solamente declara para eludir su responsabilidad penal, que muchas veces le implicaría pasar el resto de sus días en la cárcel”, destaca.
Una vez dentro del programa, un segundo error es que el Ministerio Público se apoya y da por buenas todas las imputaciones que hace, y no corrobora, con ningún otro medio de prueba, que lo dicho sea veraz.
Una vez que el caso llega al Poder Judicial sucede lo mismo, sin reparar que con esa imputación se encarcela a personas que muchas veces son inocentes.
Por ello, Sánchez Reyes considera que los beneficios procesales los debería entregar el Ministerio Público hasta que a través de ciertas diligencias de investigación se corroboren los dichos del testigo protegido y se confirme que su testimonio es clave para desarticular una estructura de trasiego de droga o lavado.
El abogado, quien ha llevado varios casos en los que las imputaciones a sus clientes los han hecho testigos protegidos, asegura que se volvió algo recurrente “elaborar testigos para fabricar culpables, sobre todo en el sexenio anterior.
“Hay testigos que declaran hoy un hecho y aunque se supone que la primera declaración delictiva es la que cuenta, si tres años después detienen a otro miembro de la delincuencia, vuelven a rendir una declaración que puede ser totalmente distinta a la primera”, expone.
Lo que el principio procesal indica, agrega, es que cuando se detiene a una persona debe rendir primero una gran declaración donde diga todo lo que sabe, porque ésta es la que vale, y no ir adecuando sus testimonios a lo que le va conviniendo a la autoridad.
Además, estas personas se vuelven omnipresentes. “¿Cómo es posible que un mismo testigo vinculado a la organización de los Beltrán Leyva pueda también declarar sobre supuestos involucrados en la estructura del Cártel del Golfo o de Los Zetas?”, cuestiona.
¿Cómo se construye un colaborador?
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que la PGR prestará apoyo y protección a testigos, peritos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal así lo requiera.
Según información otorgada por la PGR, en respuesta a diversas solicitudes de información, de 2000 a abril de 2015 la procuraduría erogó 217 millones 443 mil pesos para costear “diversos gastos” de los testigos colaboradores, entre ellos manutención y arrendamiento.
Los colaboradores también cuentan con custodia. Durante la averiguación previa, el Ministerio Público puede solicitar el apoyo de la Policía Federal para brindar protección a los testigos protegidos que intervengan en el procedimiento cuando exista un riesgo para su vida o integridad corporal.
Sobre el tiempo que pueden permanecer en el programa, la PGR contestó que “no existe un límite de duración, toda vez que dependerá de la voluntad del testigo colaborador o cuando dejen de actualizarse las circunstancias de riesgo que originó darle esa calidad”.
De acuerdo con un ex funcionario de la procuraduría consultado, cuando se detiene a miembros de alguna organización del narcotráfico, en algunos casos la PGR les ofrece ser testigos protegidos o ellos mismos lo sugieren.
Una vez que existe el acuerdo, el miembro de la delincuencia organizada decide el nombre clave con el cual se le conocerá en el procedimiento penal y en algunos casos se libra de pisar la cárcel. A veces son enviados a Estados Unidos con gastos costeados por la dependencia.
Es común, agrega, que cuando se detiene a un miembro clave de algún cártel, los funcionarios le preguntan a los testigos si tienen información sobre él y les enseñan fotografías con el fin de que los reconozcan.
“El problema es que en la pasada administración se dejó de corroborar que lo dicho fuera verdad; no se les pedían pruebas para comprobar que no estuviera mintiendo”, comenta. “Usar testigos era la vía corta, porque los órganos jurisdiccionales aceptaban sus testimonios y les eran suficientes para librar órdenes de aprehensión y autos de formal prisión”, dice.
En diciembre de 2012 entró en vigor la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, la cual busca regular esta figura y establece los beneficios que se pueden obtener.
Sánchez Reyes Retana menciona que con la también llamada Ley de Testigos Protegidos ya no se ha abusado tanto de esta figura en la integración de averiguaciones previas.
Yeraldín
Alejandro L. ingresó formalmente a la Sedena el 1 de septiembre de 1991, y el 28 de marzo de 2001 desertó del Ejército, según informó la Defensa Nacional en una solicitud de información. Ocho meses después ingresó al Cártel del Golfo.
Yeraldín ha sido un testigo polémico y un viejo colaborador de la PGR. Nueve años después de acusar a decenas de ex militares, el 30 de noviembre de 2010 un juez federal giró una orden de captura en su contra porque usó documentos falsos para expedir una credencial de elector.
En agosto de 2011 solicitó un amparo contra la orden de aprehensión, pero éste se le negó el 23 de abril de 2012. Pese a ello, no fue detenido por la PGR y siguió colaborando como testigo. Sus más recientes imputaciones estuvieron dirigidas al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. En agosto de 2012 se giró una orden de aprehensión contra el priísta por las acusaciones que derivaban de diversos testigos protegidos, entre ellos Yeraldín.
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