Un reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México documenta las deplorables condiciones en las cárceles del país, y pone de relieve un obstáculo fundamental para las mejoras en seguridad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó recientemente su evaluación anual de las prisiones de México. El informe, de 585 páginas de extensión, ofrece una detallada radiografía de los múltiples males que afectan al sistema.
La CNDH evaluó las penitenciarías federales y estatales según cinco categorías: qué tan bien las cárceles protegen la condición física y moral de los internos; si garantizan una estancia digna; la gobernabilidad de las instituciones; su éxito en la preparación de los reclusos para la readaptación social; y si protegen a grupos vulnerables, como los reclusos VIH positivos.
Las prisiones estatales obtuvieron una calificación promedio de 6,02 sobre 10 —la calificación más baja en los últimos cuatro años—. Hubo gran variación en las calificaciones: entre un máximo de 7,59 en Guanajuato y un mínimo de 3,66 en Quintana Roo. Hubo poca correlación entre los vínculos de los estados con el crimen organizado y la condición de las prisiones. La violencia campea en estados norteños como Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León, que estuvieron entre los ocho con más baja calificación, pero estados igualmente caóticos como Chihuahua y Baja California tuvieron resultados muy por encima de la media nacional. Así mismo, algunos de los estados más tranquilos estuvieron entre los peores calificados.
Las prisiones federales, conocidas en México como “ceferesos” (centros federales de readaptación social), obtuvieron en general mejores puntuaciones y presentaron menos variaciones entre un centro y otro. Su puntuación media fue de 6,83 sobre 10 y los puntajes se ubicaron entre 5,59 en una prisión de Ciudad Juárez y 8,18 en una prisión federal en Morelos.
Aunque sus resultados fueron más constantes, las prisiones federales presentaron gran variabilidad en cuanto a las poblaciones que albergan. Algunas de las prisiones más sobresalientes estaban drásticamente superpobladas —un problema que ha persistido por muchos años en México—. Una cárcel de Sonora que fue diseñada para 2.520 reclusos tenía casi 3.500 el día de la visita de la CNDH. La prisión de Juárez que ocupa el último puesto en la clasificación de la CNDH fue construida para albergar 848 reclusos, pero tenía 1.150. La prisión de Altiplano, de la que escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán en julio de este año, tiene 1.140 personas que viven en un espacio diseñado para 836. Como lo expresó Alejandro Hope, cualquier prisión que exceda tan dramáticamente su capacidad no puede esperar ofrecer máxima seguridad contra escapes, masacres o actividad criminal dentro de la prisión, a pesar de su categoría.
Asimismo, muchas otras prisiones federales exceden su capacidad.
Análisis de InSight Crime
El caótico sistema penitenciario de México sigue siendo uno de los mayores obstáculos para que el país sea más seguro. El ejemplo más flagrante de los defectos del sistema es el escape de Guzmán, pero los casos abundan. En 2010, 191 presos se fugaron de cárceles de Tamaulipas en dos incidentes diferentes. Treinta reclusos escaparon de una prisión de Nuevo León durante un motín en 2012, en el que 44 presos perdieron la vida. Tal vez el incidente más notorio antes de la fuga de Guzmán es el de 50 presuntos miembros de Los Zetas que fueron filmados saliendo por la puerta principal de una cárcel de Zacatecas en el año 2009.
Las fugas son apenas una de las manifestaciones de la crisis carcelaria. En años recientes se han presentado asesinatos masivos dentro de las prisiones. Además de los disturbios en Nuevo León, desde 2009 decenas de presos han muerto a la vez en motines en Gómez Palacio en dos ocasiones; en Juárez en dos ocasiones, así como en Durango, en Mazatlán y en Tamaulipas. Ningún sistema donde se haya presentado tal baño de sangre en un período tan corto puede estar cumpliendo sus objetivos.
A menudo los internos controlan las prisiones de tal modo que pueden seguir realizando actividades criminales tras las rejas. Muchas redes de secuestros virtuales (que intentan convencer a sus víctimas de que un ser querido ha sido secuestrado con el fin de conseguir que depositen un rescate en una cuenta bancaria) operan desde las celdas. También hay varios ejemplos de grandes capos que mantienen el control de sus imperios a pesar de estar tras las rejas —lo cual ha sido una de las justificaciones para aumentar las extradiciones a Estados Unidos en los últimos años—.
Desafortunadamente ha habido poca continuidad en los esfuerzos por mejorar las cárceles de México. El expresidente Felipe Calderón intentó construir nuevos centros penitenciarios, pero al parecer sus esfuerzos no condujeron a un aumento sustancial en la capacidad carcelaria a nivel nacional. Y parece que la reforma penitenciaria tampoco tiene mucho apoyo de la administración de Peña Nieto.
Por desgracia, como señala el informe de la CNDH, todavía hay mucho trabajo por hacer.
Fuente.-
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