En México, la justicia suele funcionar como esas máquinas tragamonedas de feria: hacen mucho ruido, prenden luces, lanzan una que otra moneda… pero casi nunca devuelven lo que realmente se les metió. La detención de Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa puede ser un avance o puede ser otro episodio de espectáculo institucional. Por ahora, es una pregunta con esposas.
Aguirre no era precisamente un recién llegado a la política ni un inocente despistado que pasó por Guerrero sin enterarse de nada. Es producto del viejo PRI: esa escuela donde los gobernadores aprendían a administrar el poder como si el estado fuera hacienda familiar y los ciudadanos, peones con recibo de nómina. Que haya usado camiseta perredista no lo convirtió en hombre de izquierda; apenas lo convirtió en priista con cambio de vestuario como ahora ocurre con ese coctel de todo lo peor, llamado MORENA.
La FGR ,aunque hay muchos involucrados en la noche de Iguala,incluidos militares y el actual Secretario de Seguridad,Omar García Harfuch, sostiene selectivamente que el exgobernador ordenó desaparecer videos relacionados con aquella noche criminal en Guerrero.
La acusación es gravísima y deberá probarse en tribunales, con debido proceso y no mediante filtraciones, conferencias matutinas o la habitual coreografía de “ya atrapamos al malo”. Si ordenó borrar evidencia, no fue un detalle administrativo: fue colaborar para que la verdad quedara enterrada junto con la dignidad del Estado mexicano. La Fiscalía lo señala por presunto ocultamiento de pruebas vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas.
Pero tampoco hay que confundir la captura de un exgobernador debilitado con el derrumbe del sistema que permitió Ayotzinapa. Aguirre es una pieza, no el tablero. Y el tablero incluía policías municipales, autoridades estatales, funcionarios federales como García Harfuch,entones comisario de la Policía Federal , redes criminales y, según múltiples investigaciones e informes, elementos y mandos militares cuya información sigue siendo materia de disputa y opacidad.
Ahí está el examen real para Claudia Sheinbaum. La presidenta dice que el objetivo es la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes; también ha sostenido que existen nuevas líneas de investigación. Bien. Entonces que esas líneas no terminen, como siempre, en el eslabón políticamente más cómodo: el exgobernador sin poder, sin partido y sin quien lo defienda demasiado fuerte.
Porque detener a Aguirre tiene bajo costo político. No es un ícono de la transición democrática ni una figura capaz de movilizar multitudes. Es, más bien, el tipo de personaje que el sistema sacrifica con facilidad cuando necesita enviar el mensaje de que ahora sí está haciendo algo. El problema es que Ayotzinapa no necesita otro sacrificio mediático: necesita pruebas, nombres, responsabilidades y verdad verificable.
El obradorismo ya tuvo su gran golpe de efecto con Jesús Murillo Karam. Se encarceló al arquitecto de la llamada “verdad histórica”, pero la verdad auténtica sigue extraviada. Los 43 continúan desaparecidos; las familias continúan esperando; y el Estado sigue administrando información como si fuera secreto de familia y no evidencia de un crimen de lesa humanidad.
Si Aguirre Rivero destruyó evidencia, que responda ante la ley. Sin linchamiento, sin trato preferencial y sin convertirlo en chivo expiatorio. Pero si el Gobierno pretende vender su arresto como una especie de cierre moral del caso, habrá que recordarles algo elemental: no se puede presumir justicia mientras se protege la caja fuerte de los archivos militares.
La captura de Aguirre será valiosa solo si abre puertas, no si sirve para cerrarlas. Porque Ayotzinapa no se esclarece con una detención cómoda, sino con una decisión incómoda: obligar a todos —incluido el Ejército— a entregar lo que saben, lo que tienen y lo que durante años han preferido guardar.
Con información: Salvador Camarena/Diario Español/El País
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: