El miedo no anda en burro,andará en camionetas de 4.3 millones de pesos que el Gobierno de Claudia Sheinbaum, el cual inicia el 1 de octubre, estrenará en noviembre, pura camioneta blindada de lujo para altos funcionarios.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compró 50 camionetas Chevrolet Suburban High Country,el mismo modelo y el mismo lujo que el «REY del HUACHICOL» Sergio Carmona,le regalo al hoy Gobernador de Tamaulipas,AMERICO VILLARREAL,segun publico el periodico EL NORTE en 2022.
Las unidades costarán 214.7 millones de pesos y serán entregadas entre noviembre y diciembre de este año y vendrán equipadas con blindaje nivel V Plus, el más alto del mercado, capaz de resistir ataques con fusiles militares de asalto.
Por lo anterior, el costo unitario con IVA de cada camioneta es de 4.3 millones de pesos, el doble que el precio de agencia del modelo más lujoso de la High Country, que es de 2.1 millones de pesos.
La empresa TPS Armoring,la misma que vendía las unidades al «Rey del Huachicol», ubicada en Santa Catarina N.L,es quien ganó la licitación para este contrato el pasado 20 de agosto, y tendrá que entregar las primeras diez camionetas el 15 de noviembre, mientras que el resto deberán estar listas a más tardar el 31 de diciembre.
¿Cómo son las ‘machuchonas’ del próximo sexenio?
Las Suburban High Country cuentan con dos pantallas de 12 pulgadas para la segunda fila de asientos, sonido Bosé con diez bocinas y asientos con calefacción, ventilación y ajuste lumbar de diez posiciones, entre muchos otros accesorios y equipos.
Los recursos para el contrato saldrán del Fideicomiso de Administración y Pago (FAPA) de Equipo Militar, creado en el sexenio de Felipe Calderón, que al cierre de junio pasado acumulaba 37 mil 578 millones de pesos.
Sedena también pidió, en el mismo concurso, 18 vehículos tácticos blindados nivel 7, pero ese contrato no fue adjudicado, aunque había varias ofertas, incluida una de TPS para su modelo Black Mamba APC, que cuesta diez millones de pesos por unidad.
México está frente a la posibilidad de un nuevo Maximato. Esta es la percepción generalizada entre la clase política. Por primera vez en casi cien años, el sistema cuestiona si existirá un poder tras bambalinas que dicte la partitura a la nueva inquilina de Palacio Nacional: Claudia Sheinbaum.
¿Se trata de política, ficción o de una nueva realidad? Esto es lo que dice la bolsa del poder, el reparto de posiciones estratégicas entre los dos grupos dominantes de la 4T.
Catalogando como un error la contratación para los festejos del Grito de Independencia de Susana Zabaleta, quien lanzó críticas y bromas por los baches y la violencia hacia el Alcalde Eduardo Gattás y el Gobernador Américo Villarreal, la presidenta estatal del DIF, María de Villarreal, ofreció disculpas a las familias tamaulipecas y reprobó los comentarios que hizo la artista en su show de esa noche.
Incluso, durante su actuación del 15 de septiembre pasado en Ciudad Victoria, la cantante y actriz mexicana calificó a Monterrey como una ciudad fea, por lo que las disculpas también las extendió hacia los neoleoneses.
Tras finalizar una entrevista televisiva y sin pregunta de por medio, De Villarreal pidió oportunidad para realizar un comentario en torno a la presentación de la intérprete, pero sin mencionarla por su nombre.
«Yo nada más quisiera, ¿sí?, referirme y que me apena mucho que en las fiestas del 15 de septiembre tuvimos una pequeña (sic) error ahí, siento yo, a veces no tan pequeño, en la elección de la artista que vino a presentarse», indicó.
«Yo quiero disculparme con las familias tamaulipecas principalmente, con las familias victorenses, el que haya estado presente en el evento y el que lo haya visto».
«Esta persona que fue invitada» apuntó, «para nada es el estilo que el Gobernador o yo manejamos o que estamos de acuerdo en ese tipo de comportamiento».
«Se le invitó a cantar y lamentablemente estuvo denostando, insultando y tratando de incomodar, ¿sí?
«Entonces, yo pido una gran disculpa, fue en la vorágine de eventos que siguen y otro y otro ya cuando se escogía a la artista que iba a venir a presentarse ya no había muchas opciones porque ya saben ustedes, el 15 de septiembre todos los artistas son invitados a diferentes eventos», agregó.
La esposa del Gobernador Américo Villarreal comentó que la artista fue contratada, no dijo por quién, pero para que manifestara su canto.
«Pero ella quiso hacer otro tipo de show y lamentablemente fue un error», aseveró.
Dijo que tras la pena que le causó lo dicho por Zabaleta, determinó romper el silencio.
«Porque fueron faltas de respeto para todos los tamaulipecos», reiteró, «creo que inclusive para los neoleoneses y para todo mundo, ¿verdad?, entonces no estoy de acuerdo con esto».
Asimismo, ofreció que en lo sucesivo y en relación a la contratación de artistas tratarán de estar más al pendiente para evitar que se repitan estos hechos.
«Y les prometo que estaremos más al pendiente de las personas que se invitan», subrayó, «y que podamos disfrutar de fiestas hermosas y de fiestas familiares».
La noche del Grito, Susana Zabaleta aprovechó para hacer bromas sobre el mal estado de las calles de Ciudad Victoria, al Alcalde Eduardo Gattás, al Gobernador y hasta a Monterrey.
Ante el atraso por la instalación del sonido, luego de la ceremonia oficial que presidió Villarreal, la cantante y actriz comenzó a preguntar por Gattás, recién reelecto Alcalde de Ciudad Victoria.
«¿Y el señor Lalo? ¿Ya se fue o sigue aquí?», preguntó Zabaleta por micrófono frente a miles de asistentes en la Plaza Juárez.
«¿Quién votó por él?», dijo con ironía y ante el silencio de los presentes.
«Por pend…», continuó, «ahora se chin… con los baches otros cuatro años, ¿o son seis, no?, ¿los Alcaldes son cuatro?
Mientras la demora de los técnicos se acentuaba, Zabaleta dirigió sus baterías hacia el Gobernador, quien se encontraba con su familia en la primera fila de la zona VIP de la plaza.
«¿Y el Gobernador?, ¿también se fue?», expresó.
«Américo ¿Vespucio?, ¿ya se fue?», insistió.
Alguien gritó que no se había marchado el Gobernador morenista.
«Ah, ¿tú eres el Gobernador?», expresó. «Oiga le puede decir al Alcalde que lo odian».
Recordó que es originaria de Monclova, Coahuila, y dijo que los tamaulipecos tienen suerte por su cercanía con Estados Unidos.
«Aquí a dos horas tienen playa, a dos horas y media, tres horas tienen a Estados Unidos que si se pone de la chingada se van», señaló.
«Y a dos horas tienen a la cuidad más fea de Estados Unidos que es Monterrey. Tienen todo cerquita, son unos afortunados», remató.
Hace diez años, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados y desaparecidos.
¿Fue el Estado?
En el fondo, esta es una historia de los nexos de la policía y el Ejército con los criminales que dominaban el negocio de la heroína en Guerrero publicada por Codigo Magenta,un trabajo de la prensa Alemana Deutshe Well (DW).
En los primeros meses de 2024, la extorsión en Cuautla creció 280 por ciento en comparación con los primeros meses de 2023. Lo mismo ocurrió en la zona oriente del estado: cientos de negocios cerraron de manera definitiva; muchos de ellos fueron rafagueados por grupos criminales que exigían el llamado “cobro de piso”, y decenas fueron quemados.
“Llegan dos o tres personas con amenazas, te dejan un papelito con un número telefónico, y al llamar comienza la extorsión”.
Tortillerías, tiendas de abarrotes, bares, restaurantes, fruterías, carnicerías, pollerías, misceláneas, camiones recolectores de basura.
El crimen cayó sobre estos como una plaga.
En Acapulco, en julio pasado, más de 500 locales del centro habían cerrado o tenían letreros que anunciaban su venta. Al mismo tiempo, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero denunciaban que la extorsión estaba arrasando empresas pequeñas, medianas, grandes e incluso transnacionales. Centros nocturnos, restaurantes, bares, hoteles, marisquerías, negocios de artesanías y hasta de telefonía…
“La instrucción es: O pagas, o te mato y te incendio y acabo con tu familia”, denunció la Cámara Nacional de Comercio.
También en Chilpancingo se desató la quema de negocios, acompañada del asesinato de comerciantes. Cobros de hasta 100 mil pesos mensuales provocaron que organizaciones empresariales denunciaran ante los medios la tragedia que estaban viviendo.
Los grupos criminales que se repartieron la ciudad arreciaron su guerra por el control del rastro y del transporte. Ahí, este delito se disparó más de 80 por ciento durante el sexenio.
Hace unos semanas, empresarios y productores de Michoacán alertaron sobre “el emporio de extorsión” que afecta a limoneros, aguacateros y productores de mango, y que se ha extendido también al sector porcino, los abarrotes y la construcción. Pagos de hasta 2,500 pesos por hectárea y cobros a los empacadores, lo cual encarece los productos hasta en 140 por ciento.
En algunas regiones michoacanas, como en Apatzingán, desde los hoteleros hasta los vendedores de aguas frescas se ven obligados a pagar cuotas a los grupos criminales: Viagras y Caballeros Templarios, entre ellos. En la entidad, este delito se ha incrementado en más de 220 por ciento.
En Guanajuato, cada día un promedio de tres ciudadanos reportaron ser víctimas de extorsión. La cifra negra de este delito es, sin embargo, de 97.4 por ciento. En ciudades como León, el crecimiento en el último año ha sido de 178.19 por ciento
En el Estado de México, se cometen 1.3 extorsiones cada hora.
Nadie se salva. Hay focos rojos en Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Tamaulipas, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Colima.
Todo esto llegó acompañado de ejecuciones, desmembramientos y cadáveres abandonados en pueblos y ciudades.
Fue solo una expresión del poder que los grupos del crimen organizado alcanzaron durante un sexenio que pasará a la historia por la frase: “Abrazos, no balazos”.
Eduardo Guerrero y Eunises Rosillo, en su corte de caja del sexenio de AMLO en material de seguridad (“Violencia: tercera derrota”, Nexos, septiembre de 2024), sostienen que esta frase causó el daño mayor a la política de seguridad:
“Sirvió de apotegma para justificar el despliegue de elementos militares y policiales que solo custodian ‘perímetros’ de zonas de alta criminalidad. No iban a enfrentarse o a perseguir bandas criminales para erradicar o, al menos, disminuir el daño social que infligen a las comunidades donde operan. La orden de no confrontarlos directamente ocasionó que los grupos delincuenciales se animaran a colonizar nuevos sitios en los que establecieron diversos negocios criminales, sobre todo la extorsión presencial (“cobro de piso”)… Por todo esto, México ha perdido soberanía territorial en varias regiones”, escriben.
A lo largo de seis años nada detuvo el apetito de los cárteles, las bandas, los grupos, las organizaciones criminales. Es la explicación de los 200 mil muertos que López Obrador deja tras de sí -y que con justicia pueden ser llamados “los muertos de AMLO”. Es la explicación de las 50 mil desapariciones ocurridas en el sexenio y de la intervención del narco en las elecciones.
Es la explicación de la presencia del crimen organizado en 81 por ciento de los municipios de México. Y la explicación, también, de la epidemia de extorsiones y “cobros de piso” que arrasa 22 estados y que hoy nos está heredando el Presidente.
Seis años de abrazos y complicidades políticas y criminales explican las cuentas que entrega AMLO. El país con que tendrá que arreglárselas su sucesora.
La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa, ha provocado daños económicos que ascienden a más de ocho mil millones de pesos en solo tres municipios de la entidad, informó Luis Armando Becerra Pérez.
Durante la tarde del 25 de septiembre, el especialista en Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) señaló que los municipios de Culiacán, Elota y Navolato han registrado pérdidas millonarias a raíz de conflicto armado que se ha extendido en las últimas dos semanas.
Con base en cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refirió que solo en el sector comercial y de servicios de Culiacán laboran 441 mil 553 personas; en Navolato 21 mil 732, y en Elota 7 mil 933; mismas a las que cientos de empresas tuvieron que pagar 2 mil 024 millones de pesos por salarios no devengados o devengados parcialmente.
“Estaríamos pensando que solamente en el municipio de Culiacán tendríamos un efecto de 7 mil 100 millones de pesos por el ‘Culiacanazo’, si a eso le sumamos igual los salarios no pagados y las ventas no realizadas de los municipios de Navolato y Elota tendríamos en total 8 mil 100 millones de pesos que nos ha costado a la zona centro este problema de inseguridad que se está viviendo, que se está padeciendo en Sinaloa”, declaró.
Derivado de esta problemática, afirmó que es necesario que los tres niveles de gobierno diseñen un programa social que permita a los empresarios “resarcir parcialmente los daños”, así como también aplicar protocolos de seguridad.
Violencia continúa en Sinaloa
La madrugada del 9 de septiembre, la violencia en Sinaloa aumentó drásticamente, luego de que se reportara el primer enfrentamiento entre Los Chapitos y La Mayiza desde la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, ocurrida en El Paso, Texas.
Desde aquella fecha, los hechos violentos en la entidad han persistido: homicidios, enfrentamientos armadas, desapariciones y otros.
Entre los últimos hechos registrados se encuentra el ocurrido en el poblado de Loberas durante la noche del 25 de septiembre, mismo que concluyó con siete personas sin vida y dos heridos por proyectil de arma de fuego.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), entre el 9 y 24 de septiembre, Sinaloa ha registrado77 homicidios dolosos.
El Director de Seguridad a Personal e Instalaciones y Edificios Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, un puesto que «invento» en Agosto de 2016 el gobierno creativo de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca.
El puesto,ahora esta a cargo de Baltazar Gutierrez Yañez, un ex-policia federal considerado «pájaro de cuenta» en Tabasco ,donde se desempeño como Director de la Policía Estatal en 2014.
De acuerdo a la información del ahora funcionario reciclado por AMERICO VILLARREAL en TAMAULIPAS,quien en 2016 se amparo contra el titular de la División de Fuerzas Federales,hay 225 policías estatales están asignados a la seguridad del gobernador, del secretario de Seguridad Pública, del Secretario general de Gobierno y del Fiscal General de Justicia del Estado.
“Son 225 elementos los que tenemos y se prevé un incremento en cuanto a seguridad o vigilancia en esos inmuebles donde pernoctan los funcionarios de primer nivel”, adelantó.
Subrayó que los elementos de seguridad asignados a esta tarea son hombres y mujeres altamente capacitados y con una amplia experiencia en seguridad.
“Todos ellos pasan por un riguroso proceso de selección y capacitación para garantizar su integridad y honorabilidad, y que cumplan con las tareas que les dieron, asignadas de proteger al objetivo, son de máxima confianza”, aseguró el funcionario de Seguridad Pública.
Confirmó además ,de manera falsa y mentirosa,que el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es el único ex mandatario tamaulipeco que cuenta con seguridad, aunque AMERICO VILLARREAL le asigno escoltas a EUGENIO HERNANDEZ FLORES,pero el funcionario de manera dolosa no quiso dar la información sobre custodias, pues dijo es reservada y no se puede proporcionar información adicional al respecto.
“Esa información está reservada de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Transparencia del Estado”, atajó Gutiérrez Yáñez.
Asimismo, expuso que la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional trabajan en estrecha colaboración para garantizar la seguridad de los funcionarios y de la ciudadanía en general.
Un exalcalde de la ciudad fronteriza de Texas se declaró culpable de cargos federales de conspiración de tráfico de drogas en un complot que supuestamente involucró a su sucesor, un presidente de la junta escolar local y varios otros en el traslado de envíos de cocaína del sur de Texas a Houston.
Esta semana, el exalcalde de Progresso, Arturo Aleman, fue ante un juez federal de los Estados Unidos en Brownsville, Texas, donde se declaró culpable de un cargo de conspiración de drogas como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales. Según se informa, Aleman trabajó para obtener tractores-remolques para la organización de contrabando de drogas. Está a la espera de una sentencia a finales de este año.David Hendricks informó por primera vez del caso en el canal local CBS4.
Aleman es solo un ex alcalde de Progresso nombrado en la conspiración de cocaína por haber trabajado con un cártel mexicano anónimo para trasladar las drogas al norte.
Como informó Breitbart Texas, el sucesor de Aleman, Gerardo «Gerry» Alaniz, y su hermano, el presidente de la junta escolar local Francisco «Frank» Alaniz, han sido acusados de conspiración para el tráfico de drogas en relación con el caso. Los dos hermanos son parte de una familia políticamente conectada que ha gobernado la pequeña ciudad fronteriza durante varios años.
Los hermanos Alaniz fueron noticias locales en el sur de Texas en 2023 después de que las autoridades federales detuvieran a los dos hermanos mientras cruzaban desde México con contenedores abiertos y parecían estar intoxicados.
En una serie de vídeos publicados por CBS4, se ve a Frank Alaniz presumiendo a los oficiales de tener una gran cantidad de dinero en efectivo y un reloj Rolex de 20.000 dólares.
El caso contra los tres políticos parece haber comenzado en 2020 cuando EE. UU. Los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a un conductor de autobús escolar de Progresso llamado José Rosbel Salas, que tenía 30 kilogramos de cocaína en su vehículo.
Desde su creación, en 2019, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue evidenciado por deficiencias en su diseño, operación, resultados, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, problemas que se mantuvieron a lo largo de todo el sexenio.
A través de seis fiscalizaciones realizadas a las cuentas públicas desde 2019 y hasta 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que, a causa de estas fallas, año con año se hallaron posibles irregularidades, como centros de trabajo inexistentes, duplicidad de apoyos, pagos a personas fallecidas y probables daños al erario por cientos de millones de pesos.
Pese a ello, este miércoles el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 473 votos la reforma al artículo 123 de la Carta Magna para hacer constitucional Jóvenes Construyendo el Futuro.
En los últimos cinco años, la ASF ha determinado probables daños al erario por 178 millones 778 mil 900 pesos por presuntas irregularidades de Jóvenes Construyendo el Futuro; sin embargo, lo que más llama la atención es que año con año el máximo órgano fiscalizador repite las mismas observaciones e insiste en las mismas recomendaciones, sin que el gobierno federal modifique la operación del programa.
En total, a lo largo de esta administración la Auditoría Superior ha emitido 71 recomendaciones para mejorar las reglas de operación; además, se han emitido 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 20 Pliegos de Observaciones.
En la auditoría 373-DE, publicada en 2020, se analizó el diseño de Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF). Como parte de las conclusiones, se advirtió que “en el primer año de operación del programa, la dependencia no diseñó los programas para su difusión y supervisión, operó con personal contratado de carácter eventual, durante ocho meses careció de una unidad responsable formalmente establecida para su diseño, operación y seguimiento”.
La fiscalización determinó además que en 2019 “se identificó que mil 681 becarios presentaron duplicidades en los registros de beneficiarios de otros programas gubernamentales”, y que la STPS “no acreditó los mecanismos para validar y asegurar que los egresados del programa adquirieron o fortalecieron sus habilidades técnicas y socioemocionales señaladas en las constancias de capacitación entregadas”.
También en 2020, la ASF detectó irregularidades por 57 millones 092 mil pesos, tras identificar a 68 beneficiarios que recibieron pagos pero que eran personas fallecidas, así como que decenas de domicilios registrados como centros de trabajo estaban abandonados y 3 mil 188 beneficiarios recibieron el apoyo al mismo tiempo que tenían una beca educativa de la SEP.
En otra auditoría, la 375-DE, se identificó a 760 becarios del programa que al mismo tiempo recibían el apoyo del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, 640 becarios que se encontraban laborando en la administración pública y/o en empresas del sector privado, y 47 becarios que en paralelo eran servidores de la nación, con probables daños al erario por 9 millones 662 mil pesos.
En 2021, la auditoría 394-DE reveló las mismas inconsistencias: un total de 17 mil 283 beneficiaros que recibieron el dinero, pero no se capacitaron en un centro de trabajo participante del Programa; 30 beneficiarios fallecidos, mil 315 beneficiarios que se encontraban estudiando, y 200 beneficiarios que recibían beca, pero trabajaban en dependencias públicas, lo que representó presuntos desfalcos por más de 28 millones 96 mil pesos.
En 2022 se repitió lo mismo: más de 92 mil casos irregulares, con probables daños al erario por 78 millones 815 mil pesos, mientras que en 2023 las inconsistencias se mantuvieron, con observaciones por más de 5 millones 110 mil pesos.
Ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma para hacer constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que permite a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan recibir una beca mensual de 7 mil 572 pesos durante 12 meses, a cambio de capacitarse en negocios, empresas, talleres, tiendas y otras unidades económicas.
La Secretaria de la Defensa Nacional y el municipio de Monterrey iniciaron este lunes el canje de armas de fuego por vales de despensa, como parte del proyecto de erradicar la violencia.
Ambas dependencias instalaron un módulo de atención al público con personal militar y de la Secretaria de Seguridad Pública Ciudadana en la explanada de la Plaza Zaragoza, frente al Palacio Municipal.
El módulo estará en funciones hasta el 27 de septiembre en horario corrido de las 09:00 a las 16:00 horas.
Las autoridades destacaron que el objetivo de este módulo forma parte de las acciones preventivas que han emprendido para erradicar la violencia y forman parte de los acuerdos para la construcción de la paz de los diferentes niveles de Gobierno.
Destacaron que también con este operativo de despistolización se busca evitar accidentes que se puedan generar en los hogares y apoyar a la economía familiar de la ciudadanía.
En el módulo podrán canjear armas de fuego cortas y largas, así como cargadores y cartuchos por vales de despensa.
Los montos que se darán los define el personal de la Séptima Zona Militar dependiendo del tipo de arma.
Las personas que lleven las armas para cambiar por vales de despensa, no se les investigará ni se les pedirá información sobre la procedencia del arsenal ni como la obtuvieron.
Tres trozos de hueso de tres muchachos. Es todo lo que se ha recuperado de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desde que desaparecieron, hace ahora 10 años. Aunque en sentido estricto, hay algún trozo más. De Christian Rodríguez, por ejemplo, aparecieron dos trozos, uno en 2019 y otro en 2020, en una barranca boscosa, en mitad de la nada. Ni en el caso de Rodríguez, ni en el de los otros dos, Jhosivani Guerrero y Alexander Mora, se sabe con precisión cómo llegaron sus huesos a donde llegaron. El del primero apareció en la misma barranca que los de Rodríguez, con meses de diferencia. El del segundo en un río, apenas unas semanas después del ataque contra los estudiantes.
Los huesos de los tres muchachos, las circunstancias en que fueron hallados, el relato a su alrededor, dibujan una de tantas puertas de entrada al universo Ayotzinapa, una de las grandes vergüenzas del México moderno, un caso que ilumina una realidad mil veces probada en el país, la cercanía –cuando no algo más– entre el crimen organizado y las diferentes esferas del Estado. Dos gobiernos han naufragado en este caso oceánico, aunque por motivos muy distintos. El primero, dirigido por Enrique Peña Nieto (2012-2018), trató de cerrarlo en falso, valiéndose de la tortura como técnica de investigación. El segundo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, avanzó hasta que las pesquisas toparon con las Fuerzas Armadas.
El resultado es que, a día de hoy, aún se ignora qué fue de los muchachos. Se saben algunas cosas, que llegaron al municipio de Iguala, en el Estado de Guerrero, la tarde del 26 de septiembre de 2014, con la intención de secuestrar autobuses en la terminal local, una práctica habitual. De origen humilde, los estudiantes de Ayotzinapa y del resto de las 15 normales rurales del país toman vehículos para sus viajes y luego los devuelven. En esa ocasión, los usarían para trasladarse a Ciudad de México, a conmemorar la matanza de Tlatelolco. Pero aquella tarde, cuando decenas de ellos salieron con cinco autobuses de la terminal de Iguala, policías locales y criminales les atacaron a balazos.
Apoyado en la acción u omisión de las autoridades, el grupo criminal de la región, Guerreros Unidos, que manejaba un importante negocio de producción y venta internacional de heroína desde Iguala, los cazó como animales. Los investigadores asumen actualmente que los criminales los mataron, que lo hicieron en diferentes lugares, que sus restos acabaron quemados, reducidos a pequeños fragmentos de hueso, o deshechos en ácido. Que los asesinos repartieron lo que sobró en diferentes lugares, minas abandonadas, barrancas, pozos… Pero no hay certeza de quiénes lo hicieron, dentro del enorme entramado criminal de la región. Tampoco de dónde.
Las incógnitas dominan igualmente el motivo de los atacantes. ¿Fue por un envío de heroína, escondido en uno de los autobuses que los estudiantes trataban de secuestrar, transporte que empleaba Guerreros Unidos? ¿O acaso los confundieron con un grupo enemigo? ¿Llegó en verdad una banda criminal contraria a Iguala esa tarde? ¿Fue una mezcla de todo? No hay repuesta que beba de la certeza. En un país en que la tasa de delitos no castigados ronda el 90%, Ayotzinapa, pese a los esfuerzos de los últimos años, no es ninguna excepción.
En este asunto, buena parte del fracaso apunta a la fiscalía de Peña Nieto. En México, la fiscalía se encarga de las investigaciones penales y, en aquella época, la dependencia respondía directamente al presidente, antes de que una reforma la convirtiera en un ente supuestamente autónomo. De la cadena de negligencias, omisiones o directamente corruptelas de la fiscalía entonces, destaca el hallazgo del hueso de Alexander Mora, en octubre de 2014, en un río. La aparición de ese hueso ilumina una de las grandes polémicas de los primeros años, la presunta falsedad de la versión del ataque que dieron las autoridades entonces.
Durante mucho tiempo, la idea de que el Gobierno Peña Nieto (2012-2018) había tratado de cerrar en falso la investigación quedaba en el terreno de la sospecha. Con mucha seguridad, los investigadores principales, el fiscal Jesús Murillo, y sus ojos en el terreno, Tomás Zerón, explicaron en varias conferencias de prensa a finales de 2014 y principios de 2015, que Guerreros Unidos había acabado con los estudiantes en un basurero en el municipio de Cocula, no muy lejos de Iguala. En el basurero, dijeron, habían terminado los 43. Algunos habían llegado ya muertos, a golpes. A otros los asesinaron allí. A todos los quemaron en una enorme hoguera. Luego arrojaron sus restos al cercano río San Juan.
Esta versión que Murillo y Zerón desplegaron ante la sociedad quedaba convenientemente apuntalada a finales de octubre de 2014, cuando buzos de la Armada encontraron en el río San Juan bolsas con huesos. Entre los huesos, uno resultó ser de Mora, un estudiante de magisterio de primer año, entregado a los estudios y al fútbol. Pero fragmentos de información que fueron saliendo a la luz en los meses siguientes acabaron convenciendo a la opinión pública de que aquel hallazgo no era más que parte de un montaje colosal. Peritos independientes denunciaron que en aquel basurero no había habido una hoguera lo suficientemente grande para quemar a 43 personas. Investigadores externos sugirieron que aquellos huesos habían aparecido en el río de manera demasiado conveniente, como si alguien los hubiera colocado allí.
Hoy, los actuales investigadores no tienen duda alguna de que Murillo y su equipo armaron la historia del basurero como quien escribe una novela. Que lo hicieron para evitarle mayor desgaste político al Gobierno. No es que descarten del todo el escenario del vertedero, pero asumen que hubo otros y que los muchachos fueron separados en grupos antes de desaparecer para siempre. Murillo cayó preso hace un par de años y solo salió por su mal estado de salud. La Fiscalía le acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada. Sobre Zerón pesan las mismas acusaciones, pero el exfuncionario huyó hace años de México y se refugia en Israel. Media docena de viejos trabajadores de la Fiscalía están procesados por haber colaborado en construir el andamiaje legal de la versión del basurero.
Las Hipotesis
Y si no fue el basurero, o no solo el basurero, entonces, ¿qué? Es la gran pregunta de los últimos años. ¿Qué pasó entre las 22.30 del 26 de septiembre de 2014, momento de las primeras desapariciones, y la mañana siguiente? La información recopilada hasta ahora permite esbozar algunos movimientos, pero ya en la madrugada, el dibujo se rompe y solo quedan conjeturas. A las 22.30, policías de Iguala se llevaron a un grupo de muchachos, alrededor de 20, de uno de los dos escenarios principales de la agresión, Juan N. Álvarez y Periférico, en el norte de Iguala. Los muchachos habían llegado allí en tres autobuses desde la terminal, y los policías, que los emboscaron en el cruce, se llevaron solo a los del último vehículo. En ese iba Jhosivani Guerrero.
Más o menos a la misma hora, policías de Iguala y del municipio cercano de Huitizuco se llevaron a otro grupo de muchachos, entre 15 y 20, del otro escenario principal del ataque, el tramo de Periférico sur, frente al Palacio de Justicia, donde habían llegado en dos autobuses. Los investigadores han probado que integrantes de Guerreros Unidos y policías de varias corporaciones tuvieron comunicación esa noche. También que el Ejército tenía agentes de inteligencia en ambos escenarios, además de una patrulla al mando de un oficial, dando vueltas por el municipio. En realidad, todas las corporaciones de seguridad estuvieron presentes esa noche, la policía estatal, la federal, incluso el servicio de inteligencia.
Hoy, decenas de servidores públicos están en la cárcel por este caso. De los más de 142 procesados, hay alrededor de 60 policías locales, 17 militares, el antiguo jefe de la policía de Guerrero… A algunos los agarraron por su participación activa en la desaparición, caso de los policías de Iguala, Cocula y Huitzuco. A otros, por su presunta colaboración con Guerreros Unidos, caso de los generales que antaño comandaron los cuarteles militares de Iguala, y el vecino Teloloapan. E incluso hay militares, como el oficial al mando de la patrulla que anduvo dando vueltas por Iguala esa noche, acusados de ambos delitos.
Los investigadores saben que los agentes se llevaron solo a los muchachos del primero de los dos autobuses que llegó al Palacio de Justicia. Además, asumen que los estudiantes desaparecidos allí fueron repartidos entre patrullas de la policía de Iguala y Huitzuco. A los primeros los llevaron rumbo a la colonia Loma de Coyotes, en el suroeste de Iguala. A los segundos, hacia Huitzuco, donde el líder local de Guerreros Unidos tenía relación directa con el jefe de policía y sus hijos, también agentes. Estos tres últimos están prófugos. Alexander Mora y Christian Rodríguez iban supuestamente a bordo de ese vehículo.
Del otro autobús del Palacio de Justicia, los muchachos que iban a bordo alcanzaron a huir, viendo cómo los policías baleaban a sus compañeros, unos metros adelante. Desde la llegada a México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), comisionado por la CIDH para que apoyara en las investigaciones, y la entrega de los primeros reportes, en 2015, se ha especulado con que este autobús podría haber contenido un cargamento de heroina. La historia es que el vehículo fue el único de los cinco que, en medio de la cacería, con Guerreros Unidos organizando varios anillos de retenes alrededor de Iguala, salió como si nada hacia el norte. La leyenda es que esa facilidad respondía a lo que contenía el autobús.
Desde el escenario de Juan N. Álvarez, la policía de Iguala se llevó a los muchachos a una instalación de la corporación, conocida como barandilla, un depósito de vehículos, con cuartos que servían de celdas. Entre las 23.00 y las 00.00, los agentes entregaron a los muchachos a Guerreros Unidos, por lo menos los que seguían en Iguala, los del escenario de Periférico norte, trasladados a barandilla, y los que trajeron del Palacio de Justicia. Agentes de Cocula movieron en patrullas a una parte de los que estaban en barandilla, según las cámaras de seguridad del municipio. Además de esos dos grandes grupos, la red criminal cazó a otros cinco o diez muchachos, en las calles de Iguala, mientras ellos trataban de esconderse.
Hay pequeñas ventanas al proceso de desaparición. Documentos de espionaje del Ejército, que monitoreaba en tiempo real las comunicaciones del grupo criminal en la época, muestran, por ejemplo, un intercambio de mensajes entre un jefe policial local y el líder del grupo criminal en Cocula, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, en esas horas. El policía, que nunca ha quedado claro si pertenece a la policía de Iguala o de Cocula, le dice a El Gil que tiene a 17 de los 43, “en una cueva”, refiriéndose presuntamente a barandilla. Le pregunta que qué hace con ellos. Como el otro no le responde, al final el policía le dice que ya todos los “paquetes” se entregaron. Es en ese momento cuando el dibujo se rompe.
Muchos de los testimonios obtenidos de integrantes de Guerreros Unidos, antiguos y recientes, dirigen la acción a una colonia del suroeste de Iguala, Loma de Coyotes, en la ruta a Cocula. Ahí habría ocurrido la entrega de los estudiantes a los criminales. Pero hay dudas. El Gil, detenido en 2015 y liberado después,por la tortura a la que supuestamente fue sometido, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía en 2019. Él señala que las autoridades –en las que incluye, además de policías locales, a estatales y militares– entregaron a una parte de los muchachos en una colonia algo más al este de Loma de Coyotes. Y que entregaron a otro grupo en una colonia cerca de otro punto mencionado en varias declaraciones, la colonia Pueblo Viejo, al norte de Loma de Coyotes.
Las declaraciones de El Gil como testigo protegido son interesantes y han protagonizado una buena cantidad de portadas en los diarios estos años. Pero hay que tomarlas con pinzas. En la narrativa desplegada por Murillo y Zerón en años de Peña Nieto, El Gil aparecía como el coordinador de los movimientos de los sicarios de Guerreros Unidos, durante el ataque y las horas posteriores. Los primeros detenidos tras el ataque, a finales de 2014 y principios de 2015, presuntos integrantes de su estructura, lo señalaban como el jefe, solo por debajo de los hermanos Casarrubias, líderes de la organización. Fue su gente, dijeron entonces, quienes asesinaron a los muchachos y se encargaron de desaparecer sus cuerpos.
En sus declaraciones como testigo protegido, él se pinta fuera de la acción. El Gil tampoco menciona a ninguno de los sicarios que supuestamente estaban bajo su mando, caso de El Cepillo o Terco, El Jona, El Pato, El Chereje… Apunta, sin embargo, a otras estructuras dentro de Guerreros Unidos, principalmente los hermanos Benítez Palacios, conocidos como los Tilos. Él dice que Los Tilos recibieron a un grupo de muchachos cerca de Loma de Coyotes, que los deshicieron con ácido y tiraron los restos por una coladera. En lo que respecta a la intervención de Los Tilos, su relato parece creíble, porque en 2015, tras su detención, señaló igualmente a Los Tilos de llevarse a un grupo de muchachos.
El problema en este punto es que es la palabra de unos contra otros y que muchos que aparecen mencionados en tal o cual declaración están muertos. Así, El Gil dice que el otro grupo de muchachos, el que no se llevan Los Tilos, los “destaza” otro de los sicarios, Nicolás Nájera Salgado, alias El May. Pero antes, El May, detenido en 2016, había dicho que “el responsable de todo era El Gil”. Sidronio Casarrubias, jefe absoluto de la organización, detenido en 2015, también señala a El Gil, que se quita el balón de encima y además de Los Tilos y El May, señala a Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres, quien supuestamente mantenía el contacto con las autoridades, de ordenar el ataque contra los muchachos.
En su último informe, publicado en 2022, la comisión presidencial que ha investigado el caso Ayotzinapa estos años señala hasta nueve posibles ubicaciones donde los criminales podrían haber llevado a los estudiantes. Es un cálculo conservador, que la misma comisión enmienda, añadiendo el nombre de casi todos los municipios vecinos de Iguala. La muerte de más de dos docenas de presuntos implicados estos años, entre ellos un hermano Casarrubias, de covid, uno de sus lugartenientes principales, Juan Salgado, asesinado por policías de la fiscalía federal en 2021, y otro de los presuntos perpetradores materiales, Eduardo Joaquín Jaimes, alias El Chucky, dificulta llegar a verdades irrefutables.
La barranca y la ruptura
El relato obliga a volver a El Gil, porque gracias a él los investigadores llegaron a los huesos de Jhosivani Guerrero y Christian Rodríguez, en 2019 y 2020. La parte positiva fue el hallazgo, la negativa, que todavía hoy se ignora cómo ocurrió. Antes de formalizar su colaboración, a finales de 2019, El Gil y un antiguo secuaz viajaron con los investigadores a la región de Iguala, para que este último les contara cómo se había deshecho de parte de los restos de los que supuestamente le había tocado deshacerse.
Varios de los testimonios recopilados estos años señalan que parte de los muchachos, ya asesinados, acabaron metidos en bolsas y trasladados a funerarias con crematorios en Iguala. El Gil menciona la funeraria El Ángel, que daba servicios forenses a la fiscalía de Guerrero. Allí, declara, llevaron a los que El May supuestamente había asesinado antes. Otro testigo, Ernesto Ramírez, alias Neto, cuya declaración aparece en el libro más reciente de López Obrador –es la única declaración que lo hace– señala la funeraria Urióstegui, a las afueras de Iguala, donde supuestamente él y sus compinches llevaron más de una decena de bolsas con restos humanos desde una bodega de Loma de Coyotes.
Cierto o no lo anterior, es en ese contexto en el que hay que acomodar la búsqueda de El Gil y su secuaz. El muchacho dice que, en aquellos días, le tocó deshacerse de varios costales con restos de al menos cuatro personas. Él, cuenta, les dice a los investigadores que lo hizo en la barranca de la Carnicería, en Cocula, no muy lejos del célebre basurero, a 800 metros concretamente. Los investigadores se ponen a trabajar y encuentran cientos de fragmentos, de los que finalmente les sirven una veintena. Entre ellos figuran los de Guerrero y Rodríguez.
No se sabe quién es este muchacho que llevó a los investigadores a la barranca. No aparece en el expediente. Nunca rindió declaración ante la fiscalía y parece difícil que ocurra más adelante. A finales de agosto, la fiscalía detuvo a El Gil, en Ciudad de México, por un viejo cargo de tráfico de drogas, cerrando la ventana de colaboración. Era un rumor escuchado desde hacía tiempo. Sus principales valedores en la fiscalía y el GIEI habían dejado el país y el Ejército, que El Gil había señalado varias veces en sus declaraciones –parte de las pruebas contra oficiales y jefes dependen de sus dichos–, lo tenía en la mira.
Su detención ocurría después de dos años de tiranteces entre las familias de los 43 y el Gobierno, a cuenta precisamente del Ejército, y de los documentos de espionaje castrense, núcleo de un desencuentro que ha ido a más con los años, y que ha marcado la etapa final de las investigaciones. Como ha documentado el GIEI hasta la saciedad, el Ejército monitoreaba las comunicaciones de la red criminal de Iguala en tiempo real, en la época del ataque. El documento en que El Gil y un agente hablan de un grupo de 17 muchachos, mientras los policías los desaparecen, disparó una búsqueda por archivos militares, para tratar de encontrar otros parecidos. Pero por mucho que el GIEI buscó, junto a la comisión, solo aparecieron algunos, de escasa relevancia para la investigación.
En su búsqueda, el GIEI llegó a denunciar que la Secretaría de la Defensa había movido archivos para evitar su hallazgo. Pero por muchas denuncias que los investigadores hicieron, la respuesta castrense fue cerrarse y decir que no tenían más. López Obrador dio la razón a los militares y las posturas quedaron así. Cuando las familias aludían al famoso documento en que El Gil y el jefe policial hablan de un grupo de los 43, y preguntaban por el resto de documentos, el Ejército llegó a contestar, en una carta, que mejor le preguntaran a El Gil.
Ese podría ser uno de los cierres simbólicos de la investigación del Gobierno actual, que concluye su mandato el 30 de septiembre. A su llegada al poder, en diciembre de 2018, López Obrador había tomado las pesquisas como algo personal. Creó la comisión y patrocinó la vuelta de los investigadores externos, el GIEI, que habían salido años antes, criticando las artimañas de Murillo y compañía. Bajo el nuevo impulso, la Fiscalía creó una unidad especial para el caso. Era un reto para el Estado, deshacer la madeja que habían creado sus antecesores, encontrar pistas, testigos, buscar a los 43, encontrarlos.
Los primeros años fueron positivos, pero se trató solo de un espejismo. Queriendo o sin querer, la enorme cantidad de personas adscritas a la investigación, en los diferentes equipos dedicados a ella, acabaron por molestarse. En 2022, la comisión que había creado López Obrador publicó un primer informe con datos que luego tuvieron que desechar, por inverificables. El presidente asumió como bueno el trabajo de la comisión y protestó cuando la Fiscalía pidió la detención de más de 80 personas –entre ellas una veintena de militares– pues, a su entender, la Fiscalía debía plegarse a los resultados del informe de la comisión. Producto de todo eso y de otras tiranteces, el fiscal especial dimitió y la mitad del GIEI abandonó la investigación.
De mediados de 2022 en adelante, las pesquisas no han avanzado demasiado y la buena relación entre el Gobierno y las familias de los 43 se enfrió, hasta el punto de romperse, este verano. La intromisión del presidente, la salida del fiscal y del GIEI, que abandonó definitivamente el caso el año pasado, tensaron la cuerda. La aparente negativa del Ejército a entregar todos sus archivos referentes al caso dieron la puntilla a la relación. El caso no se ha movido mucho más. Se han realizado detenciones, algunas importantes, la última la de El Cepillo este mismo sábado. Se han hecho búsquedas en decenas de parajes en Guerrero. Pero de momento, la única certeza son esos tres trozos de hueso. Tres trozos de hueso en 10 años.
