El llamado “Gabinete de Seguridad” que suena entre junta de superhéroes y consejo de guerra, pero en la práctica se parecia más a un grupo de terapia de autoayuda para autoridades con experiencias frustradas…ya ni se presenta a su propia sesión de catarsis.
Se reúnieron, «prometieron visitas quincenales, acordaron que ahora sí habria coordinación total y resultados,reconceptuaron las tácticas dentro de la misma estrategia que ya habian reconceptuado,abordaron pendientes que siempre fueron los mismos y luego desaparecieron, desde hace ya mas de tres meses.
Como grupo de WhatsApp de exalumnos que juraba verse cada 15 días, terminaron reaccionando con pulgares arriba a las masacres en los periódicos. En octubre posaron en Mazatlán entre discursos y promesas de más agentes y operativos especiales, y desde entonces el único operativo constante es el de ausentarse puntualmente.
Mientras tanto, el Consejo Estatal de Seguridad Pública anda como paciente ansioso recordándoles en cada foro nacional que no olviden la terapia grupal, que Sinaloa tiene “circunstancias especiales”, que necesitan el “cobijo federal”, como si pidiera que al menos manden un mensaje, un volante, una señal de vida institucional. Les dijeron que “ahora que inicia el año” iban a retomar las reuniones, frase favorita de cualquier procrastinador profesional que aplaza el gimnasio, la dieta y, de paso, la seguridad pública.
El cuadro es perfecto: un gabinete que debería estar en guardia permanente frente a una pugna del crimen organizado, convertido en club de asistencia irregular que dejó la plaza botada, pero mantiene intacto el guion: diagnósticos graves, compromisos solemnes, y una fidelidad absoluta… a la agenda de no aparecer.
Víctor Manuel Álvarez Puga, considerado por el Gobierno mexicano como el artífice de una red de empresas fantasma que desfalcaron al erario en los últimos sexenios, cedió los derechos de un rancho de lujo en Palm Beach, Florida, a Luis Héctor Rodríguez Pérez, ex funcionario del Gobierno de Michoacán durante la gestión del Gobernador perredista Silvano Aureoles.
Ubicado en el número 4985 de la calle Stables Way, en la villa de Wellington -considerada como una de las capitales ecuestres del mundo-.
En Michoacán, la corrupción no muere, cambia de establo.
Mientras los mortales luchan por pagar la hipoteca, los operadores de las cúpulas políticas pastan entre caballos pura sangre y jacuzzis climatizados.
Resulta que aquel rancho ecuestre en Wellington —el paraíso de los millonarios que juegan a ser vaqueros— terminó cambiando de manos en silencio, sin una compraventa, sin rastro bancario, sin culpa ni pudor.
El terreno de lujo, 15 mil metros cuadrados con más potreros que escuelas rurales bien equipadas, había sido comprado en 2019 por Víctor Manuel Álvarez Puga, célebre por sus empresas y escándalos de factureras.
El gobernador de Morena,Alfredo Ramírez Bedolla,que arrastra sus propios escándalos y complicidades con el narco,lo denunció en 2021, acusando a su antecesor Silvano Aureoles de haberle dado contratos millonarios para hacer espionaje. Pero ocho meses después, el rancho voló mágicamente —cedido, no vendido— a manos de quien fuera el abogado estrella del gobierno de Aureoles: Luis Héctor Rodríguez Pérez.
Todo se hizo bajo una figura legal muy práctica para el arte del lavado fino: un “quitclaim deed”, equivalente a decir “ahí te dejo la propiedad, sin preguntas y sin huellas”. Papelito americano que limpia los pecados financieros con la bendición del notario y la bendición divina del olvido institucional.
Así, el entramado del poder michoacano demuestra una vez más su talento para el reciclaje: denunciados, perseguidos o desplazados, los protagonistas de siempre terminan cabalgando juntos. En este western tropical, los caballos respiran aire puro… y los políticos, impunidad.
Después de tres días de linchamiento mediático ,casi sentenciados por los ciudadanos que vieron que la reversa tambien es cambio, los ministros y ministras de la Suprema Corte decidieron bajarse de las Jeep. Cherokee blindadas. No del pedestal, por supuesto—de ese no se bajan ni con grúa institucional—, sino del asiento de piel de Alcántara que tanto ruido hizo. La escena es grotesca: el Poder Judicial, en modo “autocrítico”, renunciando a sus camionetas de mas tres millones como si con eso se lavara la conciencia.
El comunicado suena a penitencia burocrática: “no usaremos las camionetas, las destinaremos a jueces en riesgo”. Traducción libre:nos descubrieron, hagamos que parezca altruismo. La narrativa se disfraza de sensatez moral, pero lo que hay detrás es un clásico control de daños. La Corte no rectifica: busca tapar el hoyo reputacional sin abrir el expediente de fondo.
Porque lo que aquí huele mal no es el costo—que ya es insulto suficiente—sino el entramado de opacidad con el proveedor de siempre, Grupo Andrade, bien conocido en los pasillos de la 4T.
La compra por adjudicación directa, el silencio del Órgano de Administración Judicial, la acta sin justificación… todo eso se mantiene intacto. El blindaje no se quedó en los vehículos, sino en los documentos.
Y mientras tanto, la presidenta Sheinbaum aprovecha la ocasión para ensayar su propia imagen de “rectora de la transparencia”. Hace como que pide explicaciones, pero lo hace desde una Presidencia que lleva años perfeccionando la técnica del simulacro informativo. La Corte, disciplinada, responde con el guion aprendido: tono solemne, palabras clave (“eficiencia”, “responsabilidad”, “normatividad aplicable”) y una promesa de justicia “real y verdadera” que suena tan hueca como los foros de austeridad.
En el fondo, nada cambia: ministros hablando de ahorro, gobierno hablando de moral pública, y ambos lados usando la narrativa de la “honestidad” como escudo para no hablar de lo esencial. La credibilidad—esa sí—ya va blindada por dentro: a prueba de crítica, impermeable a la vergüenza y diseñada para resistir cualquier golpe que venga del pueblo que, irónicamente, la eligió.
Tan solo basta con escuchar lo que dicen y luego voltear a ver lo que hacen:
Los criminales se mantienen impunes porque no son “enemigos” del sistema: son parte del sistema, engranes tercerizados de una misma maquinaria que finge combatirlos mientras les pasa la charola y el parte de novedades.
En su mas reciente audiencia ,Cesar Sepulveda Arellano,alias El Botox,no solo confeso sus delitos,pidio que fuera revisado su celular para extraer el listado de contactos ,entre estos militares que le daban informacion en vez de detenerlo, como era su obligación.
El caso Harfuch
Asi ocurrió en 2016,cuando fue detenido el capo de Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias ligado al caso Ayotiznapa y que al ser presentado por la PGR,reveló que desde hace años tenía anotado a un funcionario como contacto,su nombre;Omar García Harfuch.
La informacion fue publicada por PROCESO ,luego de que el ahora poderoso Secretario de Seguridad Federal fuera nombrado sucesor de Tomás Zerón de Lucio al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Botox: manual práctico de impunidad
Tienes a un tipo que durante una década manda en Tierra Caliente con 200 personas a su servicio para extorsionar limoneros, carniceros, polleros, transportistas y hasta recicladores, al punto de cerrar 32 comercios… y el Estado apenas está “descubriendo” quién es. Eso no es incapacidad: es complicidad sostenida por años, administrada con puntualidad burocrática.
“El Botox” no es un loco suelto, es un gerente regional del terror con halcones, drones, explosivos, red de cobro por kilo de limón y una base social que se puede activar como si fuera sindicato de choque, a quien recién en 2026 le da por incomodar. Si un personaje así dura más de una década operando sin que lo toquen, no es que el Estado llegue tarde: es que nunca tuvo prisa.
El detalle incómodo: los militares en el mismo teléfono
En audiencia, el tipo no solo admite extorsionar al sector limonero, también dice que en un celular de su organización están todas las llamadas y contactos con presuntos elementos del Ejército que les pasaban información “a él y a otros grupos delictivos”. Es decir, el dato que debería detonar cateos, aseguramientos y una limpia interna se reduce a una nota al margen en una audiencia que la maquinaria institucional tratará como curiosidad administrativa.
Si un líder criminal dice abiertamente en un juzgado federal que tienen teléfono con contactos de militares que los protegen, y no hay noticia de mandos suspendidos, generales rengados ni operativos dentro de cuarteles, el mensaje es claro: lo que está en riesgo no es la seguridad nacional, es el negocio. Ahí es donde la “inacción” deja de ser omisión y se convierte en política de Estado: no tocar a los soldados coludidos equivale a blindar la mitad del circuito criminal.
Combate al crimen con freno de mano
Mientras a “El Botox” lo trasladan al Altiplano con helicóptero, vehículos blindados y espectáculo de fuerza, nadie se pregunta cuántos de sus contactos en uniforme siguen trabajando, cobrando y filtrando información a otros cárteles. El mensaje para el resto de la delincuencia es pedagógico: el operador es desechable, la estructura de protección uniformada es intocable.
Así, cada “gran detención” es un cambio de proveedor, no una ruptura del modelo: caen Los Blancos de Troya, pero siguen Los J. Múgica, Caballeros Templarios, Los Reyes, Los Viagras y el Cártel de La Virgen, todos circulando por las mismas rutas, con los mismos halcones, y –si nadie toca esos celulares– con los mismos contactos de siempre en las fuerzas armadas. Se quita una cabeza para que el cuerpo se redistribuya, no para desarticular la red.
La protección que migra, no desaparece
Cuando el Ejército no limpia hacia adentro a quienes vendieron información y protección a “El Botox”, lo que hace en realidad es preservar intacta una infraestructura de impunidad que se alquila al mejor postor. La red de protección no se quiebra con la captura de un jefe: se recicla y migra a otro grupo, otra plaza, otro negocio ilícito, mientras las autoridades celebran estadísticas.
Es como desmontar al chofer y dejar el Uber criminal andando con el mismo carro, la misma cuenta y la misma ruta, solo cambiando el nombre del conductor en la app. Mientras los militares coludidos sigan intocados, cualquier “guerra” contra el crimen es teatro de fin de curso: mucha foto, mucha narrativa, y al final los mismos de siempre cobrando las cuotas a la sombra del uniforme.
El actual sheriff del condado de Webb y su subjefe han comparecido ante la corte federal por su supuesta participación en un plan para defraudar a la Oficina del Sheriff del Condado de Webb durante la pandemia de COVID-19, anunció EE. UU. Abogado Nicholas J. Ganjei
Los residentes de Laredo, Martin Cuellar Jr., de 67 años, y Alejandro Gutiérrez, de 47, se han entregado a las autoridades y ahora han hecho sus primeras apariciones ante EE. UU. La jueza Christina Bryan en Houston.
Un gran jurado federal devolvió la acusación de cinco cargos ahora abierta el 19 de noviembre de 2025. Alega que entre 2020 y 2022, Cuellar y Gutiérrez conspiraron con otros para malversar fondos de la WCSO.
Según la acusación, Cuellar, Gutiérrez y el ex subjefe Ricardo Rodríguez utilizaron el personal y los recursos de WCSO para dirigir un negocio de desinfección con fines de lucro durante la pandemia de COVID-19. Supuestamente abrieron Disinfect Pro Master en abril de 2020 y firmaron acuerdos de servicio con empresas y restaurantes locales a pesar de no tener empleados o suministros propios. La acusación alega que los empleados de WCSO manejaron las operaciones diarias de la compañía desde la oficina del sheriff, donde recogieron horarios y equipos para realizar servicios de desinfección tanto dentro como fuera del horario con el condado.
Los cargos también alegan que Disinfect Pro Master obtuvo un contrato de 500.000 dólares para limpiar las escuelas del Distrito Escolar Independiente de United en Laredo y completar el trabajo utilizando el personal y los recursos de WCSO. Durante más de dos años, el negocio supuestamente operó casi en su totalidad con empleados y suministros del condado, incurriendo en gastos generales mínimos.
Cuellar, Gutiérrez y Rodríguez recibieron cada uno aproximadamente 175.000 dólares, un tercio de las ganancias, según los cargos. Cuellar supuestamente utilizó parte de sus ingresos para comprar una propiedad en Laredo.
Si son condenados, Cuellar y Gutiérrez se enfrentan a hasta 10 años de prisión federal, así como a una posible multa máxima de 250.000 dólares. Cuellar también está acusado de lavado de dinero, lo que conlleva 10 años adicionales de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares o el doble de la cantidad de bienes involucrados en la transacción inmobiliaria.
Rodríguez, de 65 años, Laredo, se declaró culpable anteriormente y está listo para ser sentenciado el 16 de marzo. Actualmente está bajo fianza a la espera de esa audiencia.
FBI – San Antonio y Departamento de Seguridad Nacional – La Oficina del Inspector General llevó a cabo la investigación como parte del Grupo de Trabajo de Corrupción Fronteriza de Laredo. Asistente de EE. UU. Los abogados Heather Winter y Robert Johnson están procesando el caso.
Mientras en México seguimos contando cuántos contratos covid terminaron en bolsillos amigos de Morena y otros partidos que eran gobierno.
De tal suerte que no debe sorprender la corrupcion que no respeta fronteras y que del otro lado del río bravo, el sheriff del condado de web, en Laredo Texas, también haya decidido que la pandemia era una buena oportunidad… pero de negocio propio.
Martín Cuéllar, es hermano del congresista Henry Cuéllar aliado politico de Cabeza de Vaca.
El truco fue simple: registrar una marca bonita —Disinfect Pro Master, digna de infomercial—, firmar contratos por unos 500 mil dólares con escuelas y negocios locales y que el trabajo lo hicieran los mismos policías del sheriff, a veces incluso en horario de servicio. Costos casi cero, ganancias para el trío, y si alguien preguntaba, seguro era “servicio a la comunidad”, de acuerdo con la publicación de KRISTV.
Ahora el sheriff y su mano derecha desfilan por tribunales federales, se declaran muy inocentes y juran que todo es un malentendido administrativo, mientras un exsubjefe ya se declaró culpable como cita publicación oficial del Distrito Sur de Texas.
Así que sí: del otro lado del muro también hace aire, y a veces huele igualito a desinfectante comprado con dinero público.
La última traición perpetrada por Cesar Morfin Morfin,alias “Primito” y el «Mofles», no solo deja un cadaver de jefe de plaza del Cartel del Golfo con corrido póstumo, dejó una mecha encendida en una organización que vive de traicionarse a sí misma en Tamaulipas con ayuda oficial del gobierno de Morena y Americo Villarreal.
Del mártir express al santo de Facebook
Unos días antes, el jefe de plaza era solo otro operador prescindible; de acuerdo con chats seguros del mas importante lugarteniente del Cartel del Golfo,apodado el «Mofles», filtrados por gente insegura que se siente segura,de ser traicionada tambien,la muerte del «103» habría sido por desobedecer al jefe «Primito que estaba obedeciendo al jefe Mencho»: “calentar” Monterrey durante el Mundial.
Pero ahora, el sujeto de vieja curricula en el Cartel, aparece en obituarios que lo pintan como benefactor del pueblo y héroe de la Ribereña, casi una ONG con cuerno de chivo.
Los leales al al sujeto, muy probablemente aquellos que se resisten a ser traicionados tambien,ahora lloran en redes, escriben elegías y piden “compartir” la ultima traicion de un capo al que no se le alinearon en uno mas de sus caprichos dictados a control remoto entre Jalisco y el Mencho.
Primito, el rey Midas de los cadáveres
César Morfín, “Primito”, ya había perfeccionado el truco: rescata, utiliza y luego manda ejecutar a sus propios cuadros cuando molestan, estorban o se atreven a cuestionar la jugada, como cita La Opinion,tras la muerte del «Calamardo» en la misma zona ocurrida en 2021.
Lo hizo con el M27 en 2021, lo repite ahora con el jefe de Díaz Ordaz, mientras al mismo tiempo aparece en listas negras del Tesoro de EU como operador del CJNG en Tamaulipas que convirtió a los viejos Metros en franquicia jalisciense dedicada a huachicolear ductos y mover fentanilo en sociedad con el gobierno de Morena y Americo Villarreal,pero antes con el panista francisco Javier García Cabeza de Vaca,que lo solapó,seis años completos.
Preludio de otra guerra doméstica
El problema es que tanta sangre interna ya no se vende como “reestructura”; se huele como fractura.
Cada ejecución de un jefe local por órdenes del patrón con cara de «jalisquillo» ,alimenta la narrativa de que Primito no es “gente del pueblo” sino interventor imperial de un cartel importado, y los dolientes que hoy lloran a su “Metro 103” ya empiezan a murmurar que el próximo muerto puede ser cualquiera que dude del mando al que tiene bajo acecho EE.UU,por lo que es valido, preludiar su pronta captura.
El chat, la filtración y el síndrome del topo
El chat adjudicado al “Mofles” confirmando la ejecución funciona como sentencia y como volante de propaganda de la ruptura que mas que apagarse, se enciende y propaga: exhibe que la orden vino desde arriba, que hubo desobediencia y que la respuesta fue ejecución ejemplarizante.
Pero también deja claro que allá arriba hay fuga de información, celulares calientes y gente con ganas de ver a Primito ardiendo en su propio juego, porque una filtración tan precisa solo nace donde el sicariato ya le tienen más miedo al jefe que al enemigo y no estand e acuerdo en ser los próximos en ser «citados».
Lo que viene: motín disfrazado de lealtad
En la superficie, seguirán los homenajes almibarados al comandante caído, los posts que piden “compartir” y las promesas de venganza contra un enemigo abstracto llamado “cochos”, “foráneos” o “secuestradores”.
Debajo, cada coronita de luto es un recordatorio de que Primito cita a sus hombres para “platicar” y los regresa en caja con la ayuda oficial de un tal «Olegario», bajo respaldo y cobijo del ecosistema oficial.
Al final,todos saben matar pero nadie quiere morir, eso es manual básico de supervivencia que vaticina que la próxima balacera no sera contra el gobierno, sino contra el propio mecenas de la traición que encontró la manera de manejar al Cartel del Gofo a control remoto desde Jalisco con ayuda de un «corre ve y dile» identificado como aliado del gobierno e Morena y Americo Villarreal en el contexto de mas traiciones,asi que nadie se diga sorprendido porque no los aprehenden.
Esta no es la primera vez que los malos oficios del gobierno y sus gobernador contribuyen a enrarecer la inseguridad con sus malos oficios: la sempiterna guerra interna con Zetas que no pudo ni siquiera paliar el gobierno, acabo tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU.
El mismo destino tuvo otra iniciada por «Escorpiones» la madrugada de un 30 de abril de 2023,pero tambien atizada por Americo Villarreal y Hector Joel Villegas,alias «Calabazo», intentando acabar con sus socios Los Escorpiones,via la traición.
