En Tijuana, donde la violencia tiene mejor ritmo que el reguetón, la tragedia volvió a colarse entre los amplificadores. El vocalista del grupo Reacción —sí, así se llamaban, pura ironía involuntaria— fue asesinado a balazos en plena tocada de cumpleaños, presuntamente por el mismísimo festejado. Porque en Baja California, hasta el pastel viene con plomo.
El episodio ocurrió en el salón El Roble, en la colonia Ciudad Jardín, cuando el presunto homicida decidió que la mejor forma de celebrar un año más de vida era disparar al aire… y luego directamente contra los músicos. El vocalista Arturo murió en el acto; su compañero Raúl, de 24 años, quedó herido y fue llevado a un hospital.
Entre las flores, los globos y el caos, la fiesta terminó con al menos 12 casquillos percutidos regados en el piso, testigos mudos del enésimo crimen que parece no sorprenderle a nadie. En redes sociales circula un video donde el grupo aparece minutos antes de la tragedia, tocando con entusiasmo mientras el destino ya afinaba la última nota.
El agresor, fiel al guion mexicano, desapareció sin dejar rastro. Las autoridades iniciaron el clásico protocolo: acordonamiento, levantamiento de evidencias y la eterna promesa de una investigación “a fondo”. Mientras tanto, la violencia sigue tocando en todos los salones del país, sin necesidad de invitación ni micrófono.
Cuando a Carlos le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, entendió una verdad elemental del infierno: bajo esa presión, cualquiera termina diciendo lo que sea con tal de respirar un poco más. ¿Que si mató al Papa? Sí. ¿Que si disparó contra el presidente? Claro. ¿Que si era sicario de La Mayiza? También, faltaba más. La asfixia no sólo dobla el cuerpo: deshace la memoria, rompe la voluntad y convierte al torturado en un narrador involuntario de una biografía inventada entre golpes, miedo y falta de oxígeno.
Carlos llevaba ya media hora —o quizá más, porque el tiempo en una bodega de tortura deja de ser tiempo y se vuelve puro derrumbe— sentado con las manos atadas, recibiendo tablazos en el abdomen mientras la bolsa entraba y salía de su cabeza. Ya había soltado una identidad fabricada a la fuerza: 31 años, mazatleco, presunto matón al servicio de La Mayiza y con alias de guerra: El Charly. Lo único que faltaba era ubicar casas de seguridad, jefes de plaza y rutas de un crimen que, según él, nunca cometió.
El levantón que empezó con un golpe seco
Carlos cuenta que todo empezó a inicios de 2026, cuando caminaba del trabajo a su casa y recibió un golpe en la nuca. Luego vinieron los brazos sujetados, los tobillos aplastados, la boca tapada y el salto a la batea de una camioneta que lo llevó a un inmueble abandonado con olor a ferretería. Ahí, en medio de caminos de tierra y una rutina de terror tan cotidiana en Sinaloa que ya casi parece parte del paisaje, comenzó el levantón que lo puso al borde de una sentencia de muerte.
“Uno en Sinaloa aprende rápido cómo es un levantón, porque es algo diario”, dice. Según su relato, al llegar le dijeron que estaba ahí por ser “contra”, es decir, enemigo del cártel. Él negó trabajar para la mafia, negó las drogas, negó los apodos y negó todo lo que podía negar. No importó. Golpes, patadas y un cable para amarrarlo a una silla hicieron el resto.
La bolsa en la cabeza y la biografía inventada
La bolsa de plástico fue el punto de quiebre. Ya no se trataba de convencer a nadie de su inocencia; se trataba de seguir con vida unos minutos más. Carlos empezó a inventar direcciones, calles, nombres y números al azar, con la esperanza de que la tortura se detuviera. Incluso pensó en lo único que aún podía controlar: que, si lo mataban, al menos no quedara tan destruido como para que su madre no lo reconociera en la morgue.
En ese momento, el torturador pidió un martillo. La escena subió un escalón más hacia el espanto. Carlos sintió que el pecho le ardía, como si le hubieran encendido una fogata dentro del cuerpo. Después supo la razón oficial de su captura: un señalamiento anónimo. Un dedo invisible lo había puesto en la mira y el verdugo ya había asumido el papel de juez. El veredicto: pena capital por traición a Los Chapitos.
La nueva aduana del miedo
Lo que le pasó a Carlos no es un caso aislado ni una rareza de sádicos con tiempo libre. Es la versión 2.0 de una práctica vieja: el sistema de delaciones sin prueba, ahora con celular, Telegram, WhatsApp, Signal, ProtonMail y cualquier canal que permita que el rumor viaje más rápido que la evidencia.
Entre el 15 y el 19 de marzo circularon en X decenas de publicaciones con un mismo cartel hecho con inteligencia artificial: las Fuerzas Especiales Unión, brazo armado de la alianza entre Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, ofrecían dinero por denuncias anónimas contra “delincuentes y extorsionadores”. En paralelo, esa red habría abierto un perfil de Telegram para recibir “pistas” sobre supuestas oficinas ilegales, pistoleros, punteros, cámaras ocultas y otros objetivos del crimen organizado. La consigna era tan simple como siniestra: “sin riesgo y sin preguntas”.
Y ahí está el veneno: basta una foto, un nombre, un apodo o una ubicación para que una persona quede convertida en sospechosa, y luego en objetivo. El problema no es sólo la denuncia; es la caja negra donde la información entra sin filtros y sale convertida en castigo.
El crimen organizado aprendió a administrar rumores
Lo que hoy hacen los cárteles no salió de la nada. La lógica de señalar, acusar y depurar socialmente ha sido usada por regímenes autoritarios, dictaduras y aparatos represivos de distinta época: desde la Gran Purga soviética hasta las dictaduras militares latinoamericanas. La fórmula siempre es la misma: convertir el rumor en expediente y el expediente en violencia.
En Colombia, durante el conflicto armado, los paramilitares también usaron listas de supuestos colaboradores para justificar matanzas. En México, Los Zetas llevaron el modelo a redes sociales, clonando perfiles para hacerse pasar por activistas y empujar a militares hacia sus enemigos. Ahora, en Sinaloa, el método cambió de plataforma pero no de esencia: el chisme digital se volvió una sentencia en potencia.
El caso del joven que no era nadie de lo que dijeron
Carlos se salvó por una casualidad miserable: los sicarios estaban tan drogados que no encontraban el martillo. En medio de la confusión, entró un hombre que lo reconoció. Era hermano de alguien de su colonia, conocía a su madre y sabía que la familia vivía de un negocio de comida. Ese reconocimiento frenó la maquinaria. “¿Y ahora tú qué haces aquí, pendejo?”, le soltó, y con eso le abrió una puerta a la vida.
Después llegó la validación de los halcones, la confirmación de que Carlos no era sicario de nada. Lo desataron, le dieron agua y comida y, varias horas más tarde, lo soltaron. Pero la vida que salió de ahí ya no era la misma. Renunció al trabajo, evita salir salvo por lo indispensable y ahora busca chamba remota desde la seguridad de su cuarto. El cuerpo sanó; la cabeza, no.
La verdadera condena
Carlos sospecha de una exnovia y conserva una frase que hoy le suena más a amenaza que a despedida: “cuídate mucho”. Puede ser cierto o puede ser una corazonada alimentada por una ruptura amarga. Pero eso, precisamente, es lo que hace tan perverso este sistema: no necesita certeza, sólo una sospecha suficientemente útil para que alguien más apriete el gatillo.
Mientras tanto, los buzones del crimen organizado siguen recibiendo acusaciones sin prueba y procesando la furia social como si fuera inteligencia. Y en un estado donde un señalamiento basta para secuestrar, torturar o desaparecer a alguien, la diferencia entre vivir y morir puede depender de una voz que te nombre… o de otra que, por suerte, te reconozca a tiempo.
La foto oficial presume mano dura, pero los números cuentan otra novela. Si entre octubre de 2024 y febrero de 2026 hubo 46 mil 405 detenidos, como cita Excelsior con cifras del estratega Omar García Harfuch, lo lógico sería esperar una presión mucho más visible sobre el sistema penitenciario; sin embargo, el propio reporte de El Financiero dice que la población interna subió 11%, de 235 mil 461 a 261 mil 388, es decir, apenas 25 mil 927 personas más.
Donde se rompe la narrativa
La primera grieta está en el desfase entre “detenidos” e “internos”. El mismo texto admite que no todo arresto termina en cárcel: hubo egresos por condenas cumplidas, libertades procesales y absoluciones por falta de pruebas, así que vender los 46 mil 405 como si fueran equivalentes a más presos es, por decirlo suave, una gimnasia estadística.
La segunda grieta es política: si la estrategia es tan eficaz como dicen, entonces el sistema penitenciario debería reflejar una depuración más clara del delito grave. Pero lo que aparece es un aumento de internos, no una fotografía nítida de justicia más rápida o más sólida; de hecho, 42.35% de la población penitenciaria sigue bajo proceso penal, lo que habla de un aparato que detiene mucho, resuelve lento y encarcela con una buena dosis de inercia.
La cuenta no presume lo que sugiere
La frase “crece 11% la población penitenciaria” suena a éxito de captura, pero en realidad también puede leerse como señal de saturación institucional. Si al mismo tiempo se reportan miles de detenciones y el aumento de solo 25 mil 927 internos indica que una parte relevante del supuesto golpe se diluyó en ministerios públicos, jueces, liberaciones y expedientes que no terminarón donde se supone que terminarian.
Dicho en tono menos elegante: hay más redadas en cantidad, mas que calidad , más boletines y más cifras grandilocuentes, pero el sistema no convierte esa pirotecnia en una condena proporcional ni en una contención clara del delito. La estadística se vende como músculo, aunque en el fondo también exhibe fuga, rezago y una maquinaria que presume cacería mientras deja escapar buena parte de sus presas.
Se puede afirmar que el gobierno está deteniendo más, pero no que el país esté resolviendo mejor. Entre la cifra de 46 mil 405 detenidos y el alza de solo 11% en la población penitenciaria hay una zona gris enorme: la de los expedientes que no llegan, las pruebas que no alcanzan y la narrativa que intenta convertir una depuración parcial en victoria total que ya se habia advertido cuando iban 25 mil.
Durante semanas, el discurso oficial quiso vender que el desastre venía de un barco ajeno o, en su defecto, de unas chapopoteras con vida propia, como si el mar hubiera decidido suicidarse por su cuenta. Pero la geolocalización, los monitoreos satelitales y la traza marítima pintan otra cosa: un barco de mantenimiento de Diavaz estacionado sobre infraestructura petrolera en pleno punto caliente del derrame, mientras Pemex juraba que sus instalaciones operaban “con normalidad”,cita el Diario Español,El País.
Mientras en el gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum repartía excusas, las playas de Veracruz y Tabasco recibían chapopote, peces muertos, tortugas y delfines, y las comunidades pesqueras se quedaban con la cuenta ambiental y económica. La narrativa oficial presume control, pero el Golfo sigue pagando el precio de una mezcla clásica de opacidad, improvisación y soberbia burocrática.
Que dice EL PAIS:
Durante la primera mitad de febrero, Petróleos Mexicanos reparó un ducto, alrededor del que había una mancha de supuesto crudo de más de 50 kilómetros cuadrados, que va de una de las plataformas petroleras del campo Cantarell a las instalaciones de Dos Bocas. El punto de este derrame es uno de los lugares donde el Gobierno ha situado el origen del vertido que afecta ya a 600 kilómetros de costa. Información pública en poder de EL PAÍS revela que el buque Árbol Grande, dedicado al mantenimiento de infraestructura petrolera, estuvo anclado del 9 al 16 de ese mes sobre un ducto en activo que transporta crudo tipo maya. Esto contradice la versión oficial mantenida por las autoridades desde el inicio hace un mes del desastre ambiental en el Golfo de México, que negaron que hubiera alguna fuga o rotura en instalaciones de Petróleos Mexicanos. EL PAÍS preguntó a la petrolera qué ocurrió en ese ducto en esas fechas, pero a cierre de edición no habían contestado.
Red de ductos que pasan por la ubicación del derrame.Imagen satelital del 15 de febrero donde se ve el derrame en esa zona de ductos alrededor del barco Árbol Grande.Imagen radar del 14 de febrero de la misma ubicación donde se ve una mancha de petróleo de 55 kilómetros cuadrados.FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. EL PAÍS
Una imagen satelital tomada el 15 de febrero muestra un barco, rodeado de otras naves más pequeñas, sobre una mancha aceitosa en el mar, identificada como un posible derrame de petróleo por Cerulean, una plataforma de la organización ambientalista SkyTruth que usa imágenes satelitales y aprendizaje automático para detectar derrames petroleros. La plataforma Global Fishing Watch, que monitorea la actividad marítima mundial, identifica que, del 7 al 17 de febrero, 15 naves transitaron en un radio de un kilómetro alrededor de ese punto exacto. Pero solo un barco pasó detenido ahí casi 200 horas, más de ocho días: El Árbol Grande.
Árbol Grande es una embarcación que trabaja para la empresa Diavaz, fundada en 1973 y dedicada a servicios de inspección, mantenimiento y reparación de estructuras e instalaciones petroleras marítimas en las costas de Tamaulipas y en la Sonda de Campeche. De acuerdo a la plataforma de contratos de Petróleos Mexicanos, Constructora Subacuática Diavaz Sa de CV es contratista de la petrolera estatal al menos desde 2018 y, en mayo de 2025, ganaron una licitación pública por casi 11.000 millones de pesos titulada “Administración de integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos marinos”. Anteriormente ya había tenido contratos similares y directivos de Petróleos Mexicanos han presumido en eventos públicos la celeridad con la que el buque Árbol Grande ha realizado “trabajos de sustitución de tramos dañados en líneas submarinas; gracias a su espacio en cubierta y estabilidad, pese a las marejadas y fuerte viento”, en la red de ductos submarinos de la Sonda de Campeche.
Bajo el punto donde el barco de reparación de ductos Árbol Grande estuvo detenido casi 200 horas, pasa un oleoducto que, en un mapa de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos, se identifica con la clave Old AK C, que va de la plataforma AKAL-C a la terminal marítima de Dos Bocas. Esta instalación, que tiene una longitud de 161 kilómetros y transporta hidrocarburo tipo maya—un crudo más viscoso y difícil de refinar que los crudos ligeros— tuvo ya un derrame hace casi un año, en mayo de 2025.
Todos estos datos contradicen la versión oficial mantenida por las autoridades federales y estatales desde que hace ya casi un mes que llegaron las primeras alertas de que varias playas de Veracruz y Tabasco estaban teniendo problemas por balsas de chapapote. Petróleos Mexicanos dijo a principios de marzo que este derrame no se originó en ninguna de sus instalaciones, términos que apoyó Rocío Nahle, la gobernadora de Veracruz, al asegurar que el problema era “un barco privado de una petrolera privada que no le trabaja a Petróleos Mexicanos”.
Desde su detección, las manchas de chapapote se han extendido por más de 600 kilómetros de la costa del Golfo de México, desde Tabasco, pasando por todo Veracruz hasta su frontera norte con Tamaulipas. Las comunidades costeras que viven de la pesca y el turismo han denunciado afectaciones en los ecosistemas costeros y marinos, y a las playas han llegado tortugas, peces y delfines muertos. En el último comunicado emitido por el grupo interdisciplinario creado para solucionar el derrame petrolero del Golfo de México, se asegura que “se mantiene el control de la contaminación por hidrocarburos en costas del Golfo de México, reportándose playas limpias como resultado de las acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento”. Este grupo está formado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
En la conferencia de prensa que se dió el jueves pasado por parte de este grupo interdisciplinariocreado, se identificaron como culpables del desastre ambiental un barco y dos emanaciones naturales. “Pemex reportó que un buque había hecho un vertimiento ilegal en una zona cercana al fondeadero de Coatzacoalcos”, dijo Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina. La segunda fuente, de acuerdo al secretario, son las chapopoteras—emanaciones naturales de petróleo crudo y gas metano que brotan desde el subsuelo hacia la superficie— que están a cinco millas del puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, que ahora mismo no están activas, y la que se ubica la zona de Cantarell, en el Estado de Campeche. De hecho, en la conferencia, se afirmó que la mancha de petróleo sobre el ducto de Petróleos Mexicanos era fruto de esa emanación natural.
Esta conferencia estuvo encabezada por Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el secretario de Marina, Morales Ángeles; Luz Elena González Escobar, la Secretaria de Energía; el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla; Andrea González Hernández, flamante directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y Mariana Boy Tamborrell, cabeza de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA/
En los archivos de la decencia pública mexicana ha aparecido otro cadáver político: el contrato dorado de Grupo Tecno, esa empresa que pasó de tener 19 empleados con salario de becario a manejar los pasaportes de toda la nación. El milagro ocurrió en julio de 2020, en plena administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, al mando de Marcelo Ebrard, le otorgó un contrato por 3 mil 800 millones de pesos para fabricar los documentos más sensibles del Estado.
Hasta aquí podría sonar como otro de esos “milagros de la 4T” donde la meritocracia se mide por lealtad política. Pero lo verdaderamente importante vino después: de ese contrato, al menos 65.8 millones de pesos se desviaron hacia una red de empresas fantasma controladas por César Adrián Gamboa Montejo, operador financiero del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo. Y esa red, según testigos y registros oficiales, financió campañas clave del obradorismo, entre ellas las de Mara Lezama y Claudia Sheinbaum, hoy Presidenta de la República.
Sí, la jefa del Estado mexicano aparece indirectamente beneficiada por un esquema que tomó dinero público de los pasaportes y lo convirtió en efectivo electoral para el “proyecto de nación”. La ruta del dinero va de un contrato millonario del gobierno federal a empresas de plástico, y de ahí a las promesas de prosperidad morenista.
Las firmas utilizadas por Gamboa —creadas en serie y registradas en una notaría de Quintana Roo— fueron levantadas usando las identidades de obreros, choferes y empleadas domésticas de colonias populares en Monterrey y Cancún. Algunos de los supuestos “accionistas” ya habían muerto cuando fueron inscritos ante el SAT como socios fundadores. Es decir, los zombies de la pobreza mexicana sirvieron de tapadera para mover millones de pesos que después alimentaron la maquinaria electoral de la 4T.
Grupo Tecno —con capacidad real de una papelería, pero contratos de multinacional— no sólo se embolsó pasaportes. También facturó a Pemex, Salud, ISSSTE, INE, Bancomext, Finabien y el DIF. Todo esto mientras reportaba al SAT una nómina anual de apenas 600 mil pesos, como si gestionara fotocopias, no documentos oficiales.
Y como en toda obra mayor del obradorismo, los protagonistas desaparecieron en cuanto las transferencias se concretaron. César Adrián Gamboa presume ahora fotos de viajes internacionales y cafés frente al mar, ya lejos de Quintana Roo. Los supuestos dueños de las empresas, en cambio, viven (o murieron) en casas humildes de la Colonia Laderas del Mirador.
Sheinbaum, por su parte, no podrá decir que no sabía: el financiamiento de sus campañas fue coordinado por cuadros que hoy ocupan cargos en su administración, y el flujo del dinero tiene rastros verificables en documentos oficiales. El pasaporte —símbolo del Estado soberano— acabó siendo la moneda de cambio para comprar lealtades políticas.
En resumen: Grupo Tecno imprimía pasaportes para México mientras imprimía también el boleto al poder de Claudia Sheinbaum. El nombre del juego: corrupción patriótica.
Esto, tal como está, es casi un regalo de inteligencia que cualquier fiscal mínimamente decente ,en cualquier pais con una pizca de estado de derecho y otro poquito de imperio de la ley, usaría para ir por órdenes de aprehensión, cateos y congelamiento de cuentas, y que en Tamaulipas sirve, al contrario, para barnizar de “normalidad institucional” un amasiato del gobernador de Morena,Americo Villarreal, con un lugarteniente del Cártel del Golfo-CJNG que cobra piso, levanta gente, lava dinero y pone muertos a la vista de todos, sin importar si cobraban como Delegados en la nomina de la FGR.
El expediente que les pusieron en la mesa
ADN Noticias y los reportes de inteligencia no están insinuando:están dibujando con plumón fluorescente al ex-militar Mario Guitián Rosas, “La Chispa”, como operador de rango de Los Metros del Cártel del Golfo en Reynosa, con empresas fachada, contratos públicos y antecedentes de violencia que lo relacionan con huachicol, secuestros, extorsión y asesinatos.
No solo aparece en foto abrazando y cenando con Américo Villarreal y el senador José Narro Céspedes; después de que el morenista llega al poder, sus negocios florecen como si la gubernatura de Morena y Americo Villarreal fuera incubadora de Pymes criminales.
La informacion no permite interpretaciones subjetivas, esta claro que el gobierno estatal le compró “servicio de guardias de seguridad privada” a la pareja de La Chispa, Ana María Juárez, con pagos oficiales por 242,857 pesos entre enero de 2023 y septiembre de 2024, mientras la empresa Llantires —de Guitián, su esposa y sus hijos— obtiene cuatro contratos por adjudicación directa con la FGR que suman 662,120 pesos.
O sea: el operador del cártel no solo no es perseguido, es proveedor VIP del Estado y de la Fiscalía; el crimen organizado no está infiltrando al gobierno, está timbrando facturas en sociedad con el gobierno y no es caso aislado,es su sistema operativo.
La inacción es criminal
En cualquier manual de procuración de justicia donde el fiscal no haya sido detenido por servir precisamente al Cartel del Golfo, como Jesus Eduardo Govea, la combinación de inteligencia oficial, contratos, testimonios de víctimas y vínculos con homicidios debería detonar carpetas robustas; en Tamaulipas, pero lo único que detona son excusas y silencios.
El delegado de la FGR, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, es asesinado poco después de asegurar dos millones de litros de combustible ilegal, y los reportes apuntan a que el artífice del huachicol fiscal es La Chispa, que además lo confrontaba por el seguimiento policial.
El empresario y activista Gabriel Hernández Tobar denuncia en 2024 amenazas de muerte de Mario Guitián Rosas; en 2025 lo matan, y su familia acusa públicamente al mismo personaje y a sus cómplices en el gobierno de Tamaulipas.
¿Respuesta institucional?
Cero: ni una detención, ni un cateo mediático, ni un circo de “célula desarticulada”; al contrario, el guion que circula es que “solo si hay evidencia concluyente” se turna al Ministerio Público, como si el propio Estado no hubiera acumulado ya evidencia que grita sola.
La cadena mando–cártel que delata el amasiato
No se trata de un narco solitario que se coló a la foto equivocada: el cuadro que ADN Noticias es una estructura político-criminal bastante ordenada.
Arriba está un gobernador que llevó a cenar al lugarteniente del CDG-CJNG, que después aparece recibiendo contratos para seguridad y otros servicios, mientras la narrativa oficial insiste en que “no hay pactos con nadie”.
En medio están personajes como el senador morenista José Ramón Gómez Leal y la diputada local Magaly de Ander, señalados como puentes entre La Chispa y el gobierno, pero que se refugian en el clásico “no hay respuesta” ante las solicitudes de entrevista.
Y como remate, un fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, con historial de proceso penal por delincuencia organizada y liberación de un capo del Golfo, hoy acusado de “negarse a encausarlo penalmente” y, por omisión, de cometer delitos al no tocar ni con el pétalo de una investigación al mismo lugarteniente que abraza al gobernador.
Llamarle “regalo de información” a este material no es exageración: están entregando, en paquete, la foto del operador, su red empresarial, los montos, los contratos públicos, las víctimas, los presuntos homicidios y los nexos políticos, todo en un contexto donde la percepción de inseguridad en Reynosa se dispara arriba del 80%.
El “regalo de información que incrimina al Estado
Si después de esto el gobierno estatal, la fiscalía local y la FGR no rediseñan sus prioridades de investigación, lo que queda en evidencia ya no es la fuerza del cártel, sino la fragilidad —o la complicidad— de un Estado que prefiere seguir facturando con el lugarteniente antes que procesarlo penalmente.
Cada día que pasa sin que la autoridad accione sobre este cúmulo de datos convierte a Américo Villarreal, a su fiscal Govea y a los legisladores que hicieron de puente en coautores, por omisión, del mensaje más claro que puede mandar un gobierno: aquí no gobierna Morena ni el Congreso, aquí manda la oficina de cobro del Cártel del Golfo con sello oficial.
La pregunta ya no es si hay elementos para judicializar, sino cuánto tiempo más van a tratar de sostener la farsa de que todo esto solo son “dichos” mientras los contratos, los muertos y las fotos con abrazos siguen hablando por ellos.
