LA «PIRAMIDE CRIMINAL o…MEJOR ENTREGATE AMERICO: PERIODISTAS que SABEN de CRIMINALES ORGANIZADOS SABEN que TODOS los CAMINOS LLEVAN a ROMA»…pasando por Rocha Moya.

Tras el escándalo de Sinaloa,las acusaciones formales de EE.UU. contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios por nexos con el Cártel de Sinaloa/Chapitos, el 29 de abril de 2026, y las mas recientes entregas o detenciones de ayer de algunos imputados, en los foros de opinión, la mencion del aun gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal,ha sido vasta, profusa y abundante,como el mejor síntoma de la pudrición del mandatario que AVAnza a pasos agigantados para convertirse en el próximo imputado por EE.UU.

El reconocido periodista Oscar Balderas,en entrevista con Max Espejel en La Saga Noticias es tan solo uno mas de los espacios de opinión, en donde Américo Villarreal aparece como algo más que un gobernador incómodo: como una casilla intermedia en una pirámide criminal que, si uno sigue la lógica de Balderas y su interlocutor, va terminar inevitablemente en López Obrador, y eso encaja perfecto con el clima en redes y espacios de opinión que ya lo leen como “pieza sacrificable” de una narcopolítica más grande.

Todos los caminos pasan por Rocha Moya

En la entrevista de La Saga con Balderas ,Max arma una imagen de pirámide criminal donde “todos los caminos” pasan por Rocha Moya, se conectan con Américo Villarreal y pueden llegar hasta la “cúpula mayor” del expresidente López Obrador. 

La frase de que “todos los negocios jugosos tienen el visto bueno del presidente” se convierte, en boca del entrevistador, en una especie de prueba de cargo moral que ahora AMLO tendría que “respaldar” cuando empiece a reventar el expediente de narcopolítica en EE.UU

El mensaje de fondo es demoledor: ni los gobernadores se mandaban solos ni llegaron al poder por méritos propios, sino montados en la ola lopezobradorista y, según las acusaciones, con dinero del crimen organizado, lo que deja a Villarreal más como beneficiario de un sistema que como actor aislado.

El lugar de Américo en la pirámide

En este rompecabezas, Villarreal es descrito como uno de los “posicionamientos” que se van a ir acomodando a medida que los testigos en EU suelten la sopa sobre Rocha Moya y los acuerdos con el narco. No es un caso nuevo: desde su elección en Tamaulipas ya se le había denunciado por presuntos apoyos del crimen organizado y por el financiamiento del empresario Sergio Carmona, “rey del huachicol”, tema que revivió recientemente con la ola de narcopolítica ligada a Morena.

Las investigaciones, denuncias y libros como el de Scherer Ibarra colocan a figuras como Villarreal dentro de un engranaje electoral aceitado con dinero ilegal, no como simples “malos amigos” circunstanciales, lo que hace que el vaticinio de Balderas suene menos a exageración televisiva y más a actualización en vivo de un expediente viejo.

Sentimiento en redes contra Américo

En redes sociales, sobre todo en X e Instagram, Américo Villarreal ya no es “el médico humanista” que vendía en campaña, sino el arquetipo del gobernador morenista bajo sospecha: encuestas de aprobación lo ponen con mayoría de desaprobación desde octubre de 2022, lo que indica un desgaste fuerte de su imagen pública. 

Los clips donde se le menciona ligado a narcopolítica se llenan de comentarios que van del “que lo investiguen en EU” al “otro Duarte versión 4T”, reflejando un ánimo más de linchamiento político que de beneficio de la duda.

Además, cuando medios nacionales y columnas hablan del caso Rocha Moya, el nombre de Villarreal aparece cada vez más como parte de un “paquete” de gobernadores incómodos, lo que alimenta hilos donde usuarios empatan Tamaulipas, Sinaloa y otros estados para hablar de Morena como un partido “incapaz de ganar sin narco”.

Foros de opinión y ecos mediáticos

En columnas, podcasts y programas como los de Milenio o Aristegui, el tono ya no es si hay narcopolítica, sino hasta dónde llega, y allí Américo Villarreal opera como ejemplo recurrente de cómo la frontera entre campañas y crimen organizado se desdibujó en la 4T. El caso Rocha Moya se usa como catalizador para repasar viejas denuncias en Tamaulipas y presentar a Villarreal como un expediente que podría escalar si EU decide abrir el abanico de acusaciones.

En «X/Twitter» , se ha intensificado el discurso que posiciona al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya (Morena), como “el siguiente” o “próximo candidato del escándalo narco”.

De que lo acusa el tribunal digital:

• Vínculos previos documentados o alegados: Villarreal coordinó la campaña de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. Testimonios y denuncias (como los de Jocelyn Hernández o reportes de financiamiento ilícito) lo ligan a las mismas fuentes presuntamente ilícitas (Chapo Isidro, Rey del Huachicol Sergio Carmona, etc.). Se mencionan reuniones, uso del mismo jet y supuestos aportes de campaña. 
• Acusaciones históricas contra Villarreal: Fotos con operadores financieros del Cártel del Noreste (como “El Gerry”), financiamiento de campaña vía huachicol (denunciado por oposición, e.g. Francisco Cabeza de Vaca), vínculos con el Cártel del Noreste y revocación de visa a su familia (reportada en 2025). 
• Contexto Morena: Se le incluye en listas de “narco-gobernadores Morena” junto a Rocha Moya, Marina del Pilar (Baja California) y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán). Opositores y cuentas críticas lo señalan como “el que sigue” tras las entregas de exfuncionarios sinaloenses. 

Numeralia y alcance en redes:

Aunque no existe un conteo global público de menciones en «X», las búsquedas por palabras clave (“Américo Villarreal” + “próximo/siguiente” + “escándalo/narco/Sinaloa”) y búsqueda semántica muestran un aumento claro desde finales de abril 2026. 

Los posts más virales acumulan:

• Vistas: Desde cientos hasta +95,000 en los más compartidos.
• Likes: De decenas a miles (los top rondan 1,000-2,800+).
• Reposts y replies: Cientos en los virales, con debates polarizados 

Ejemplos concretos de publicaciones relevantes post-29 abril 2026:

• Post semántico/viral con lista de “próximos imputados”: ~2,853 likes, 1,316 reposts, 95,316 vistas (11 mayo 2026). Incluye explícitamente a Villarreal junto a otros gobernadores Morena. 
• Post “El siguiente en la lista es Américo Villarreal”: 6 likes, 231 vistas (1 mayo), pero replicado en hilos.
• Post “¿Quién será el próximo? … Américo Villarreal (Tamaulipas)”: 7 likes, 847 vistas (aunque de mayo 2025, resurgió en mayo 2026).
• Posts con videos/imágenes de supuestos lazos (campaña Rocha + Villarreal): 200-1,400 likes y 10k-15k vistas en varios hilos recientes. 

La tendencia es mayor en cuentas opositoras, periodistas críticos y usuarios anti-Morena. El volumen es moderado-alto en Trending político México.

Extractos representativos de lo dicho en X (textuales o parafraseados fieles)

1. “El siguiente en la lista es Américo Villarreal y López Obrador es el protector del narco.” (1 mayo 2026, @laverdadconsaul) – Directo, bajo engagement pero replicado. 
2. “Mas bien denla larga lista de narco politicos de MORENA !!! Quien sera el próximo: Americo Villarreal ?” (2 mayo 2026, con videos) – Enfatiza la “lista larga” de Morena. 
3. “Américo Villarreal sería el siguiente… Está empezando a correr el rumor de que el gobernador de Tamaulipas y excoordinador de campaña de Rocha Moya es el siguiente investigado por EE.UU.” (Instagram/X cross-post, mayo 2026) – Menciona explícitamente el rol de coordinador de campaña. 
4. “Han sido señalados tres gobernadores más vinculados al crimen y narcotrafico. Américo Villarreal de Tamaulipas, Marina del Pilar de Baja California y Ramírez Bedolla de Michoacán. Se va a poner muy interesante.” (11 mayo 2026, alto engagement). 
5. “Américo Villarreal, el narco-gobernador… narco-políticos operan de forma impune desde dentro de Morena.”(posts recientes con fotos o capturas). 

Villarreal ha respondido públicamente y presume que sí tiene visa,aunque la evidencia indica todo lo contrario.

Resumen: Las menciones se alimentan de la crisis Sinaloa + acusaciones históricas contra Villarreal. Aunque au no hay acusación formal de EE.UU. contra él (hasta la fecha de los datos), en redes ya se le presenta como “el próximo” en el patrón Morena. 

El tono es mayoritariamente crítico/opositor, con alto componente político. 

Con información: REDES/

EL «PLAN MICHOACAN HACE AGUA: MILITARES RETIRAN BASE en APATZINGAN y NARCO DICTA quien se QUEDA y quien HACE las MALETAS»…668 personas desterradas.

l “Plan Michoacán por la paz y la justicia” ya hizo agua: bastó mover una base militar en Apatzingán para que el narco volviera a dictar quién se queda y quién hace maletas, con 668 personas desplazadas como saldo inmediato.

Del “sellar el estado” al “abran cancha”

El gobierno federal había prometido “sellar el estado para que delincuentes no entren ni salgan”, con más de 10–12 mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y Marina desplegados bajo el Plan Paricutín / Plan Michoacán, pura épica de power point. En los hechos, lo que sí sellaron fue la salida digna de cientos de familias que ahora huyen mientras los grupos armados se reparten los municipios a la vista de todos.

Quitas la base, regresa la guerra

En Apatzingán, el retiro de una base militar fue la señal de arranque para que los grupos delincuenciales retomaran la plaza como si fuera torneo pendiente: se reactivó la disputa y de inmediato llegaron amenazas, balaceras y desplazamiento forzado. El resultado: 668 personas desterradas de sus comunidades, porque cuando el Estado se retira, el que se queda a cobrar renta, imponer “reglas” y decidir quién vive ahí se llama crimen organizado.

Un plan de 10 mil elementos… y cero control territorial

Mientras desde la CDMX venden el operativo como una intervención de más de 10 mil agentes, con drones, patrullajes aéreos y operativos de “alta precisión”, en tierra caliente la precisa es otra: si se va la base, se acaba la ilusión de paz. El despliegue multimillonario presume tecnología, helicópteros y discursos; lo que no presume es por qué, con tanto uniformado, el narco sigue teniendo la capacidad de vaciar pueblos enteros en cuestión de días.

Michoacán: la plaza que “ya tiene dueño”

No es nuevo: en Michoacán los cárteles ya habían advertido que no piensan dejar los municipios donde están “sentados”, y que la plaza “tiene dueño”, mensaje que en los hechos se cumple cada vez que el Ejército se mueve un kilómetro para atrás. El desplazamiento masivo de familias no es un “daño colateral”: es la prueba de que la soberanía real la ejercen grupos armados que no necesitan elecciones para gobernar, sólo la venia tácita de un Estado que se hace a un lado.

Paz militarizada, población desterrada

El experimento de militarizar la paz termina en la misma ecuación de siempre: narco adentro, civiles afuera, gobierno a distancia y discursos en cadena nacional hablando de coordinación interinstitucional. Si el laboratorio Michoacán es el modelo, el mensaje para el resto del país es claro: donde el plan se presume como éxito, lo primero que se pierde no es al narco, sino a la población.

Con informacion: PROCESO/

«CONTESTA SOLO SI le DA su CHINGADA GANA ?: SHEINBAUM EVITA RESPONDER TRES VECES PREGUNTA sobre ENTREGA de EXTRADITABLES»…hay advertencia jurídica de sesgo, opacidad y desviación de su conducta en el ejercicio de la función pública.

Tres veces la Presidenta Claudia Sheinbaum se negó a opinar sobre la entrega en Estados Unidos de dos colaboradores de Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa con licencia, acusados igual que el de cómplices del narcotráfico.

La negativa a responder de la presidenta nos plantea una advertencia jurídica de sesgo, opacidad y desviación de conducta en el ejercicio de la función pública y aunque automáticamente no constituya un delito, sí señala que la negativa reiterada a contestar preguntas de evidente interés público rompe con los deberes de rendición de cuentas, máxima publicidad, objetividad e imparcialidad que la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas imponen a toda persona servidora pública.

En el caso que se plantea, la omisión no ocurre sobre un chisme de pasillo, sino sobre la entrega en Estados Unidos de dos excolaboradores del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha —Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega— en un contexto de acusaciones por presunta complicidad con el narcotráfico, un asunto de interés público mayor y con impacto directo en la confianza institucional.

Cuando una Presidenta contesta sólo cuando le da «su chingada gana», no ejerce prudencia republicana: ejerce discrecionalidad política sobre un deber constitucional de rendición de cuentas. La Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a recibir información plural y oportuna, y ordena que en la interpretación de ese derecho prevalezca el principio de máxima publicidad.

De acuerdo con El Norte,tres veces la Presidenta Claudia Sheinbaum optó por el mutismo frente a preguntas directas sobre la entrega a autoridades de Estados Unidos de cercanos al círculo de Rubén Rocha. No se trataba de una ocurrencia de reportero ni de una provocación de sobremesa: se le pidió una postura sobre hechos que tocan presuntos vínculos criminales en la estructura estatal sinaloense y la posible responsabilidad política de un gobernador emanado de su propio partido.

Ahí está el punto incómodo: el silencio selectivo también comunica. Comunica que la jefa del Ejecutivo decide qué merece explicación y qué se archiva en el cajón de “gracias, gracias”, como si la obligación de informar fuera concesión graciosa y no mandato constitucional. En un régimen democrático, la información pública no se administra con humor presidencial, sino con criterios de legalidad, objetividad y transparencia.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) no le pide a las personas servidoras públicas que sean simpáticas ni que respondan con entusiasmo; les exige conducirse con legalidad, objetividad, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas. También les ordena satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares y dar a las personas el mismo trato, sin permitir que prejuicios, influencias o conveniencias políticas deformen el ejercicio de sus funciones

Por eso, cuando la Presidenta evade responder precisamente en un asunto que compromete a personajes vinculados con un gobernador de su mismo movimiento, la sospecha razonable no es jurídica ficción: es un problema de apariencia de imparcialidad. Nadie está obligado a prejuzgar culpabilidades, pero sí a ofrecer una posición institucional clara, fundada y consistente sobre hechos que involucran seguridad pública, cooperación internacional, narcotráfico y probable captura política del Estado.cnnespanol.

Negarse una vez puede venderse como cautela. Negarse dos veces ya huele a cálculo. Negarse tres veces frente al mismo tema empieza a parecer una forma de administración facciosa de la palabra pública: hablar mucho cuando conviene, esconder la lengua cuando el expediente salpica a los propios. Y eso, aunque no constituya por sí solo una falta administrativa automáticamente sancionable, sí activa una alerta legítima sobre posible desvío de conducta respecto de los principios que rigen el servicio público.

Porque el desvío no siempre entra pateando la puerta con maletas de dinero; a veces llega bien peinado, en camioneta oficial, sonriendo, cortando listones y esquivando preguntas sustantivas como si la investidura también incluyera derecho de admisión frente a la prensa. Pero no: el cargo no otorga patente para seleccionar arbitrariamente qué hechos de interés público merecen explicación y cuáles merecen silencio.

El artículo 6 constitucional es claro: toda la información en posesión de la autoridad es pública, debe documentarse todo acto derivado del ejercicio de facultades públicas y debe prevalecer la máxima publicidad. 

Además, los sujetos obligados deben publicar información completa y actualizada sobre el ejercicio de recursos y resultados, y la inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información es sancionable en términos de ley. Aunque una pregunta hecha en vivo no equivale automáticamente a una solicitud formal de información, la evasión reiterada frente a hechos de altísimo interés público contradice el estándar constitucional de transparencia y erosiona la obligación política de rendir cuentas.

En castellano menos diplomático: si para defender a los suyos hay micrófono, conferencia y narrativa; pero para explicar entregas de exfuncionarios ligados a un gobernador aliado sólo hay vidrio arriba de la camioneta y un “gracias, gracias”, lo que aparece no es neutralidad institucional sino sesgo político. Y cuando el poder responde según la conveniencia del clan y no según la gravedad del asunto, la función pública deja de verse como servicio y empieza a oler a cofradía.

La advertencia jurídica, entonces, debe formularse con precisión: la negativa reiterada a responder preguntas incómodas sobre hechos relevantes para la probidad gubernamental puede constituir un indicio de incumplimiento a los principios de rendición de cuentas, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad, y revelar un ejercicio sesgado de la comunicación oficial incompatible con la buena administración pública. No es una sentencia; es una alarma constitucional.

Fundamento jurídico 

• Artículo 6 constitucional: reconoce el derecho a la información, el acceso a información plural y oportuna, y el principio de máxima publicidad.
• Artículo 6, apartado A, fracción I: obliga a documentar todo acto derivado del ejercicio de facultades públicas.
• Artículo 6, apartado A, fracción V: exige información completa y actualizada sobre resultados y ejercicio de recursos públicos.
• Artículo 6, apartado A, fracción VII: la inobservancia en materia de acceso a la información puede ser sancionada.
• LGRA, artículos 6 y 7: obligan a toda persona servidora pública a actuar con legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas, en el marco de la buena administración pública.
• LGRA, artículo 7, fracciones III, IV, VII y VIII: mandan privilegiar el interés general, dar el mismo trato, garantizar derechos humanos y corresponder a la confianza social.

No, Presidenta: gobernar no es contestar cuando le da su chingada gana. Gobernar, en un Estado constitucional, es responder cuando el interés público lo exige, sobre todo cuando las preguntas apuntan al lodazal donde poder, partido y presunta complicidad criminal empiezan a confundirse.

Aqui claramente estamos ante “indicios de sesgo, opacidad o desviación de conducta administrativa”,que presumen una responsabilidad, aunque la determinación formal de faltas administrativas corresponde a las autoridades competentes y requiere procedimiento,casual y causalmente bajo sus ordenes.

Con informacion: ELNORTE/

LA «OTAN del NARCO: GUERRA de BANDOS de la MISMA BANDA en SINALIVIO EXHIBE CATALOGO INTERNACIONAL de ARMAS»…como si la Sierra Madre fuera Faluya.

En Sinaloa ya no hay “Culiacanazos”, hay temporada de guerra patrocinada por la OTAN del narco: Chapitos y Mayiza con rifles de catálogo internacional, explosivos caseros y drones como si la Sierra Madre fuera Faluya, mientras el gobierno presume “baja en homicidios” y Sedena hace conteos como si fuera censo ganadero.

La guerra civil del Cártel de Sinaloa, versión “conflicto armado no reconocido”

Según los propios datos que el gobierno admite a regañadientes, la batalla entre Los Chapitos y La Mayiza arrancó formalmente el 9 de septiembre de 2024 y, en apenas 80 días, la Sedena tuvo que recoger 703 armas en Sinaloa: 600 largas y 103 cortas, como si se hubiera caído un tráiler de convoy militar, no un par de pick ups de sicarios.

De ese arsenal, del que solo pudieron rastrear el origen de 129 piezas porque la mayoría venía limada, parchada o hechiza, 60% resultó ser “Made in USA”, con el resto repartido entre Austria, Rumania, China, Serbia, Alemania, Italia, Bélgica, España, Brasil, Polonia y República Checa, un bonito mapa de la globalización de la muerte.

Mientras tanto, en el discurso oficial, se habla de “facciones” del Cártel de Sinaloa como si fueran equipos de futbol disputando la liguilla, no bandas paramilitares privadas con capacidad de fuego superior a muchas policías estatales.

Los Chapitos, desde las jaulas gringas de sus jefes, y La Mayiza, también con su capo en prisión en Estados Unidos, están dirimiendo en los pueblos y colonias de Sinaloa lo que Washington y la 4T no se atreven ni a nombrar: un conflicto interno con lógica de guerra, pero sin reconocimiento legal de guerra.

Culiacán: laboratorio de drones, minas y pánico

En Culiacán se concentra la mayor parte de las armas aseguradas: 85 de las 129 cuyo origen se pudo identificar, pero también 80 de los 101 artefactos explosivos improvisados decomisados por Sedena en este tramo de batalla.

Ahí mismo, el 24 de enero, el Ejército “encontró” 28 artefactos explosivos para drones, artesanales, listos para uso, acomodados en un vehículo abandonado, como si la ciudad fuera zona de pruebas de ingeniería letal y no la capital de un estado mexicano.

El menú bélico incluye de todo: calibres 7.62, 5.56, 9 mm, .223 y .50, sumando cientos de piezas que no se usan precisamente para asaltos hormiga, sino para barrer camionetas, blindados pirata y casas completas.

Y aun así, la narrativa oficial insiste en tratar la situación como si se tratara de “hechos aislados”, “disputas entre bandas” y “operativos de contención”, mientras las cifras de homicidios se disparan casi 300% de septiembre a enero: de 42 asesinatos mensuales en promedio, antes de que se desatara la batalla, a 159 por mes después.

Tabla del simulacro de control

Elemento	Realidad en Sinaloa
Tipo de conflicto	Guerra entre facciones de un mismo cártel, con lógica militar.
Origen del armamento	Mayoría de armas rastreables provenientes de Estados Unidos.
Armas aseguradas (80 días)	703 en total (600 largas, 103 cortas).
Explosivos asegurados	101 artefactos improvisados, la mayoría en Culiacán.
Tecnología usada	Drones con explosivos artesanales y minas improvisadas.
Evolución de homicidios	De 42 a 159 asesinatos mensuales tras inicio de la guerra.

En paralelo, la imagen oficial intenta vender “debilitamiento” de Los Chapitos y La Mayiza y “baja en homicidios”, mientras los propios datos de Sedena y las cifras de asesinatos contradicen en corto el guion de conferencia matutina.

El Estado mexicano hace lo que mejor se le ha dado en los últimos sexenios: actuar de notario de la barbarie, levantar actas de armas, percutores, calibres y explosivos, pero sin tocar el entramado político, financiero y transfronterizo que abastece a estos ejércitos privados.

La cadena de responsabilidades que nadie quiere tocar

Estados Unidos presume que el 74% de las armas recuperadas en México provienen de su territorio, al tiempo que presiona al gobierno mexicano para que “desarticule” organizaciones criminales que surtieron por años su mercado de drogas bajo la mirada gorda de ambos lados de la frontera.

México, por su parte, acepta los datos, organiza operativos, asegura arsenales multicolor y se cuelga medallas mediáticas mientras calla sobre las redes de proveedores, tráficos legales e ilegales de armas y corrupción institucional que permiten que un conflicto interno de un cártel se convierta en guerra de baja intensidad contra la población.

En el fondo, la guerra Chapitos vs Mayiza es el espejo incómodo de un país donde el Estado comparte el monopolio de la fuerza con franquicias criminales, armadas con rifles de medio planeta y explosivos artesanales de la sierra.

La pregunta no es cuánto aguantan los bandos, sino cuánto más está dispuesto el gobierno a seguir llamando “incidentes” a lo que ya se parece demasiado a un conflicto armado en toda regla, sin fuero de guerra, sin derechos de víctimas y sin responsables en el banquillo.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«QUE dice la CARICATURA ?: HASTA CUANDO la SOBERANIA a la MEXICANA TRADUCIDA en IMPUNIDAD VA PENDER de un ASTA»…principio jurídico y proyecto de país no deben ser un cuerpo criminal y politicamente organizado.

En la caricatura de OBI para El Norte, vemos a un “estandarte viviente” de la patria: un gobernador de Morena con licencia,acusado de narco en EE.UU, ondeando en el aire como si fuera bandera y tratado como tesoro nacional del que cuelgan los letreros de “Rocha” y “Moya” en los brazos, estampado con “Soberanía mexicana” en el torso. No es un héroe, es un objeto: un trapo humano colgado en el asta del discurso patriótico, útil para el discurso de las masas para justificar cualquier ocurrencia presidencial que se venda como defensa de la nación.

El chiste es brutal: la “soberanía” ya no es un principio jurídico ni un proyecto de país, es un cuerpo criminal y políticamente organizado al que se le protege de las inclemencias jurídicas del injerencismo extranjero ,usado de pendón para cubrir decisiones disfrazadas de nacionalismo patriotero.

El mensaje es claro,en Mexico sobran sinverguenzas,lo que falta,segun la presidenta Sheinbaum son pruebas, lo que prueba que es tan ocurrente como sus antecesor ,que dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice.

“Porque ninguna ausencia de pruebas, prueba que no haya pruebas: solo exhibe que el poder sabe usarlo de distractor para que se mire hacia otro lado mientras el ‘tesoro nacional’ sigue colgado del asta de la impunidad.”

Con informacion: ELNORTE/OBI

SON "BIEN MACIZOS y...los SIGUEN AYUDANDO ?: CARTEL de SINALOA REVELA como FUNCIONA el PACTO con AUTORIDADES": NYT...una copia al carbon de Tamaulipas y todo,todo el pais.

El pacto con las autoridades funcionaba así, dijeron miembros del cártel: las palabras en clave despejaban el camino para que las drogas y las armas pasaran sin obstáculos por los controles de seguridad; se daban los nombres de los rivales a los agentes de Policía, quienes los detenían y entregaban a sus enemigos; y, a veces, hombres armados del cártel se unían a las redadas policiales.

Durante años, una arquitectura invisible de protección dentro de varios niveles del Gobierno mexicano permitió al Cártel de Sinaloa operar a plena vista, según dijeron varios miembros de la organización criminal. Ese sistema contribuyó a que el cártel se convirtiera en una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo, traficando con fentanilo por valor de miles de millones de dólares a través de la frontera estadounidense, incluso cuando los principales líderes del grupo fueron abatidos y una guerra interna dividió la organización.

El mes pasado, días después de que se desvelara una acusación estadounidense contra varios funcionarios mexicanos, el New York Times habló con cuatro miembros del cártel, quienes accedieron a hablar sobre cómo el Cártel de Sinaloa trabajó con políticos y miembros de las fuerzas de seguridad y el ejército en los últimos años.

La imputación acusa al Gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve políticos estatales de mantener una alianza con el grupo por años a cambio de sobornos y apoyo político.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York describen una connivencia que alcanzó los niveles más altos de poder en Sinaloa y se extendió por todo su aparato de seguridad. Alegan que el cártel -en particular la facción de los Chapitos, dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo- ayudó a Rocha a ganar la gubernatura de Sinaloa en 2021 robando boletas electorales y secuestrando e intimidando a candidatos de la oposición. 

A cambio, según los fiscales estadounidenses, prometió apoyar sus operaciones de tráfico y, una vez en el cargo, permitió que el grupo operara de manera libre al posicionar a funcionarios corruptos en el gobierno estatal y local, quienes protegieron al cártel.

A pesar de las más de 200 denuncias documentadas de intimidación armada, robo de boletas y secuestros de candidatos, las autoridades electorales locales y federales desestimaron ese momento de crisis en 2021 como una serie de incidentes aislados y confirmaron formalmente la victoria de Rocha.

Tres de los miembros del cártel dijeron estar vinculados a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Uno dijo que estaba relacionado con la facción contraria, los Mayos. No facilitaron sus nombres completos y hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias de las fuerzas de seguridad y de sus jefes.

Sus descripciones de las redes de protección en las que participaban el cártel y las autoridades locales fueron corroboradas por expertos, antiguos funcionarios y pruebas de casos penales previos.

Según los integrantes del cártel, las autoridades locales siguen proporcionando cierta protección en la actualidad, aunque el acuerdo se ha debilitado debido a la guerra interna entre las facciones de los Chapitos y los Mayos y a la represión de los grupos delictivos por parte del Gbierno de la Pesidenta Claudia Sheinbaum.

«Los policías de Sinaloa han sido escoltas de muchos capos en Sinaloa», dijo Guillermo Valdés, ex jefe de la agencia federal de inteligencia de México de 2007 a 2011, y añadió que los grupos criminales de México han sobornado históricamente a fuerzas policiales enteras, aprovechándose de su escasa remuneración y de las protecciones endebles para quien se niega a cooperar.

Rocha, quien se ha apartado temporalmente del cargo de gobernador, ha negado los cargos de la acusación estadounidense, calificándolos como acusaciones «falsas y sin fundamento». También dijo que las acusaciones eran un intento del Gobierno de Donald Trump de socavar la soberanía de México y de atacar a la coalición política de izquierda encabezada por Sheinbaum, de la que Rocha es parte.

Sheinbaum ha rechazado las peticiones de Estados Unidos de detener a Rocha, alegando que las pruebas son insuficientes, y en su lugar ha pedido a la fiscalía general de México que investigue.

Las pruebas de corrupción en el Gobierno de México están bien documentadas tanto en los tribunales mexicanos como en los estadounidenses. En 2024, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México y, en su momento, el rostro de la guerra contra los cárteles en el país, fue condenado en un tribunal estadounidense por aceptar millones en sobornos del Cártel de Sinaloa por más de una década.

En Sinaloa, tres de los miembros del cártel dijeron que la forma más consistente de protección procedía de las fuerzas policiales locales y estatales, que actuaban como colaboradores confiables. Los agentes realizaron detenciones selectivas, siguieron la pista de rivales y los entregaron a sus enemigos y, en algunos casos, participaron directamente en operaciones del cártel, según dijeron los operativos.

A veces, dijo un operativo, los propios miembros de los cárteles se unían a las redadas oficiales de la policía, vestidos de uniforme con el fin de cometer delitos para las fuerzas del orden.

Uno de los miembros del cártel que entrevisté, un joven de 22 años de Culiacán, describió cómo a los miembros de menor rango se les daban nombres de rivales que debían dinero, que eran sospechosos de ser soplones o que habían traicionado a la organización, y se les ordenaba que les pasaran esos nombres a los agentes y mandos policiales.

Dijo que los funcionarios municipales y estatales también avisaban con antelación al cártel de operaciones militares importantes, sobre todo en zonas rurales y ranchos donde se reunían los líderes del cártel o donde funcionaban laboratorios de drogas.

«Con tanta protección», dijo con una leve sonrisa, «pues haz de cuenta que uno se siente Rambo o tipo John Wick».

También contó que, hace un par de meses, oyó por la radio que un alto miembro del cártel había quedado atrapado en un tiroteo con el ejército. Otro integrante del cártel le dijo más tarde que la policía estatal había intervenido, escoltando al hombre para que pudiera escapar.

Otro narco, de 28 años, quien dijo que trabaja con el cártel desde que tenía 13 años, dijo cómo esa cooperación gubernamental se extendía a algunos miembros del ejército.

Explicó que, en los puestos de control, los soldados dejaban pasar a los miembros del cártel con drogas o armas cuando daban las palabras en clave rotativas -«verde, R8, delta», por ejemplo- para verificar su afiliación.

El operativo era tranquilo y hablaba de su línea de trabajo con remordimiento. «Trato de no pensar mucho», dijo. «Me arrepiento de todo, ojalá y nunca hubiera entrado a esto ni a esta vida».

Dijo que comprendió la profundidad de la protección que el cártel recibe de las autoridades hace unos dos años, cuando su jefe perseguía a una persona que le debía dinero al grupo. El aviso llegó a estaciones de autobuses, peajes, puestos de control y el aeropuerto.

Recibió una llamada de un empleado del aeropuerto. El objetivo acababa de comprar un boleto a Tijuana.

El operativo dijo que fue al aeropuerto, donde lo detuvieron unos soldados. Tras un breve intercambio, se limitó a decir dos palabras -«la Chapiza»- y lo dejaron pasar. Se acercó al objetivo, lo tomó del brazo y le mostró la pistola que llevaba bajo la chamarra.

Dijo que fue entonces cuando pensó: «Sí estamos apalabrados, la charola nunca ha estado tan arriba».

El miembro del cártel relató la historia mientras llevaba tres celulares y una radio. Uno de esos teléfonos, explicó, servía para que tanto los integrantes del cártel como los agentes de policía compartieran información sobre cuáles calles debían evitar, por dónde se movían los rivales y dónde estaban establecidos los puestos de control militares.

Funcionarios, empleados y residentes de a pie entendían los términos, dijo: si cooperabas con el cártel, te llevabas algo de dinero y seguías con tu vida; si te negabas, morías y el cártel iba por tu familia.

Los operativos del cártel también describieron un sistema de sobornos sofisticado que se extendía por varios niveles de Gobierno y por partes del ejército. Dos de ellos recordaron haber escoltado a los recaudadores del cártel mientras entregaban bolsas de dinero estadounidense a mandos policiales y altos funcionarios del Estado, incluido un ex alto jefe de seguridad.

En Culiacán, muchos residentes celebraron la acusación en Estados Unidos contra Rocha y los demás funcionarios como un ajuste de cuentas largamente esperado. Pero tres de los miembros del cártel dijeron que perder el manto de protección estatal podría ser un golpe fatal para su facción del cártel.

«Esto puede acabar con nosotros», dijo uno de ellos.

Sin embargo, un miembro describió la acusación como un ejemplo más de la relación entre el cártel y el Estado, que, según afirmó, se remonta a mucho antes del actual Gobierno.

«Cuando hay un poder fuera del Estado, de los canales oficiales más fuerte que el Estado mismo», dijo, con un tono casi clínico, «es imposible que existan, no pueden llegar sin nosotros».

Con informacion: ELNORTE/THE NEW YORK TIMES /