“¿POR QUÉ ASESINARON a MANZO?: ANABEL TUVO ACCESO a INFORMES de la MARINA que IMPUTAN a MORENA y al GOBIERNO… y, otra vez, Harfuch, tapando las huellas.”

El caso de Carlos Manzo,ex-alcalde de Uruapan, no cabe en la versión de folleto que pretende vender Omar Garcia Harfuch y el gobierno de Morena: que el crimen organizado, por sí solo, se ofendió porque el alcalde lo enfrentaba y decidió asesinarlo. Una explicación cómoda, redonda y, sobre todo, útil para clausurar el expediente sin mirar hacia la clase política michoacana que Manzo había señalado antes de morir.

Omar García Harfuch presentó la captura de Ramón Álvarez Ayala, “R1”, como el golpe definitivo y al detenido como principal autor intelectual del homicidio. Pero la pregunta que el discurso oficial esquiva es elemental: si Carlos Manzo incomodaba al crimen desde hacía años, ¿ por qué ejecutarlo en pleno Festival de Velas, frente a miles de personas, con una operación aparatosa, exposición pública y un mensaje de terror ? A un alcalde que se movía con relativa facilidad por Uruapan podían atacarlo en cualquier momento. Eligieron el escenario más estruendoso. Eso no parece sólo venganza criminal: parece advertencia política.

Según los reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina citados en el video, semanas antes del asesinato habría ocurrido una reunión en el Estadio Morelos de Morelia donde presuntamente se planeó el crimen. 

En esa versión aparecen Leonel Godoy; Ramsés Adalid Vega Saavedra, subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, identificado con el alias de “Libra”; el fiscal Carlos Torres Piña; funcionarios de seguridad estatal; el entonces jefe de escoltas de Manzo, coronel José Manuel Jiménez Miranda, hoy prófugo, y Roldán Álvarez Ayala, “R3”, hermano de “R1”. No es una reunión de vecinos organizando una kermés: es una trama que, de confirmarse, obligaría a investigar la posible convergencia entre operadores políticos, mandos de seguridad y criminales.

Los mismos informes, apuntan a una presunta relación de protección entre Vega Saavedra y “R1”, así como a la circulación de presuntos integrantes del CJNG en vehículos oficiales blindados de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Si esas piezas existen y son verificables, el gobierno no tendría que salir a administrar el relato: tendría que explicar quién prestó protección, desde cuándo y para qué.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, no niega la intervención criminal. Lo que rechaza es que se use al crimen organizado como explicación total y punto final. Su pregunta es demoledora: ¿a quién más le estorbaba Manzo? Él no sólo confrontaba a los cárteles; también había acusado públicamente a actores políticos de Morena —entre ellos Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos— y crecía como figura electoral rumbo a 2027. Para Quiroz, llamarlos únicamente como testigos no equivale a investigar a fondo sus vínculos, relaciones, comunicaciones y posibles intereses.

También subraya una contradicción que el gobierno parece querer barrer debajo de la alfombra: después del asesinato, ella recibió amenazas para que no asumiera la presidencia municipal. Si todo fue un arrebato de “R1” porque Manzo provocaba al grupo criminal, ¿por qué intimidar a la viuda? ¿Por qué intentar frenar la continuidad política del movimiento que encabezaba? El mensaje no iba sólo contra un alcalde: iba contra su proyecto, su equipo y la posibilidad de que su muerte no desactivara su causa.

Harfuch puede presentar la captura de “R1” como avance, y lo es en términos de detención. Pero convertirla en “justicia plena” es otra cosa. Grecia Quiroz ha sido clara: hay justicia parcial, no verdad completa. La investigación debe seguir la ruta criminal, sí, pero también la política, la institucional y la de las posibles redes de protección. Porque detener al ejecutor o al presunto ordenante no aclara automáticamente quién abrió las puertas, quién facilitó la operación y quién ganaba con Carlos Manzo fuera del camino.

La aparente estrategia oficial es reducir un asesinato con posibles implicaciones de narcopolítica a una historia simple: un criminal ofendido, una orden y un caso resuelto. 

Pero la realidad descrita por Anabel en los reportes de Inteligencia de la Marina y las preguntas planteadas por Grecia Quiroz impiden ese cierre decorativo. 

Si el gobierno quiere desmentir la sospecha de encubrimiento, no le basta con repetir que “R1” fue el responsable: tiene que transparentar los reportes, investigar a todos los nombres mencionados y permitir que la línea política deje de ser el cadáver incómodo que pretenden enterrar junto con Carlos Manzo. 

Con información: NARCOSISTEMA/ANABEL HERNANDEZ/

EL “PRESO BARATO y… CARO: CAPTURA de EXGOBERNADOR EXHIBE la JUSTICIA como las MÁQUINAS TRAGAMONEDAS en MÉXICO”… podría ser un avance, pero el enlodadero salpica al poder en turno.

En México, la justicia suele funcionar como esas máquinas tragamonedas de feria: hacen mucho ruido, prenden luces, lanzan una que otra moneda… pero casi nunca devuelven lo que realmente se les metió. La detención de Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa puede ser un avance o puede ser otro episodio de espectáculo institucional. Por ahora, es una pregunta con esposas.

Aguirre no era precisamente un recién llegado a la política ni un inocente despistado que pasó por Guerrero sin enterarse de nada. Es producto del viejo PRI: esa escuela donde los gobernadores aprendían a administrar el poder como si el estado fuera hacienda familiar y los ciudadanos, peones con recibo de nómina. Que haya usado camiseta perredista no lo convirtió en hombre de izquierda; apenas lo convirtió en priista con cambio de vestuario como ahora ocurre con ese coctel de todo lo peor, llamado MORENA.

La FGR ,aunque hay muchos involucrados en la noche de Iguala,incluidos militares y el actual Secretario de Seguridad,Omar García Harfuch, sostiene selectivamente que el exgobernador ordenó desaparecer videos relacionados con aquella noche criminal en Guerrero. 

La acusación es gravísima y deberá probarse en tribunales, con debido proceso y no mediante filtraciones, conferencias matutinas o la habitual coreografía de “ya atrapamos al malo”. Si ordenó borrar evidencia, no fue un detalle administrativo: fue colaborar para que la verdad quedara enterrada junto con la dignidad del Estado mexicano. La Fiscalía lo señala por presunto ocultamiento de pruebas vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas.

Pero tampoco hay que confundir la captura de un exgobernador debilitado con el derrumbe del sistema que permitió Ayotzinapa. Aguirre es una pieza, no el tablero. Y el tablero incluía policías municipales, autoridades estatales, funcionarios federales como García Harfuch,entones comisario de la Policía Federal , redes criminales y, según múltiples investigaciones e informes, elementos y mandos militares cuya información sigue siendo materia de disputa y opacidad.

Ahí está el examen real para Claudia Sheinbaum. La presidenta dice que el objetivo es la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes; también ha sostenido que existen nuevas líneas de investigación. Bien. Entonces que esas líneas no terminen, como siempre, en el eslabón políticamente más cómodo: el exgobernador sin poder, sin partido y sin quien lo defienda demasiado fuerte. 

Porque detener a Aguirre tiene bajo costo político. No es un ícono de la transición democrática ni una figura capaz de movilizar multitudes. Es, más bien, el tipo de personaje que el sistema sacrifica con facilidad cuando necesita enviar el mensaje de que ahora sí está haciendo algo. El problema es que Ayotzinapa no necesita otro sacrificio mediático: necesita pruebas, nombres, responsabilidades y verdad verificable.

El obradorismo ya tuvo su gran golpe de efecto con Jesús Murillo Karam. Se encarceló al arquitecto de la llamada “verdad histórica”, pero la verdad auténtica sigue extraviada. Los 43 continúan desaparecidos; las familias continúan esperando; y el Estado sigue administrando información como si fuera secreto de familia y no evidencia de un crimen de lesa humanidad.

Si Aguirre Rivero destruyó evidencia, que responda ante la ley. Sin linchamiento, sin trato preferencial y sin convertirlo en chivo expiatorio. Pero si el Gobierno pretende vender su arresto como una especie de cierre moral del caso, habrá que recordarles algo elemental: no se puede presumir justicia mientras se protege la caja fuerte de los archivos militares.

La captura de Aguirre será valiosa solo si abre puertas, no si sirve para cerrarlas. Porque Ayotzinapa no se esclarece con una detención cómoda, sino con una decisión incómoda: obligar a todos —incluido el Ejército— a entregar lo que saben, lo que tienen y lo que durante años han preferido guardar.

Con información: Salvador Camarena/Diario Español/El País

“TRIBUNAL SENTENCIA al EJÉRCITO a ENTREGAR DOCUMENTACIÓN del CONTRATO de ESPIONAJE con PEGASUS”.“…ese que presumen negociaron en una peda de ‘table dance’ con israelíes.

El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito ratificó la sentencia que obliga a la SEDENA ,Secretaría de la Defensa Nacional, hoy DEFENSA, a desclasificar y entregar las versiones públicas de los contratos vinculados con Pegasus. La resolución responde al amparo promovido por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que desde hace cuatro años exige acceso a documentos que la dependencia se negó a entregar.

El caso se originó por la negativa de la Sedena a transparentar los acuerdos celebrados en 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados con el software espía Pegasus. Según R3D, esos contratos se vinculan con el “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” y superan los 140 millones de pesos, aunque la dependencia había negado inicialmente su existencia.

La organización recurrió al amparo después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolviera que esa información debía entregarse y la Sedena no acatara la resolución. El tribunal desestimó los argumentos de la dependencia y sostuvo que se trata de información pública que no puede seguir reservándose bajo pretextos de seguridad nacional.

La resolución fue emitida tras un litigio que se remonta a 2022, cuando la investigación “Ejército Espía” reveló evidencias sobre contrataciones y uso de Pegasus en México. R3D sostiene que la entrega de estos documentos es necesaria para esclarecer cómo se adquirió y operó el sistema, y para evitar que el caso quede en la impunidad.

Con información: ELUNIVERSAL/

“NIÑO, ¿QUÉ VAS a HACER CUANDO SEAS GRANDE?: DEDICAN a ANDY una PARODIA y CUALQUIER PARECIDO con la REALIDA_ es CULPA de la REALIDAD”… desde las benditas redes sociales.

Porque cualquier parecido con la realidad no es coincidencia: es culpa de la realidad, que ya no distingue entre una sátira y una conferencia mañanera.

Las benditas redes le dedicaron un imperdible video al hijo pródigo de Andrés Manuel López “Hablador”: el afamado Andy López Beltrán.

Utilizando la canción “Cuando seas grande”, de Miguel Mateos, se retrata al heredero más consentido de la 4T: el bebé gigante del bienestar, sentado en su trono de alta cocina mientras México espera turno para la austeridad.

Porque hay familias que heredan fotos, apellidos o una vajilla; otras heredan un movimiento completo, el micrófono y hasta el derecho divino de indignarse cuando alguien le dice «Andy».

Cualquier parecido con la realidad… es culpa de la realidad, que ya perdió toda vergüenza.

Advertencia: el video puede causar urticaria a quienes todavía creen que en México no hay nepotismo, sólo “relevo generacional con privilegios”.

Con información: @Melissa_Bely/

EL “WAR ROOM” de MAGENTA DISECCIONA al INSECTO ATRAPADO en la TELARAÑA…entre más teje explicaciones, más se enreda»

La mesa de War Room / Código Magenta, construye una tesis sin rodeos: Marina del Pilar Ávila ya no gobierna Baja California; intenta sobrevivir políticamente a una crisis que, según Rodrigo Carbajal y Gustavo Macalpin, se le volvió una bola de nieve judicial, mediática y criminal. El programa mezcla datos que atribuye a investigaciones y filtraciones.

La tesis: Marina como piñata

Carbajal y Macalpin plantean que los tropiezos de la gobernadora no parecen aislados. La hipótesis central es que desde arriba —el poder federal, según sugieren— podrían estar dejando que Marina se desgaste públicamente para concentrar en ella el costo de la “narcopolítica”, mientras otras figuras de Morena reciben trato más amable o simplemente desaparecen del radar.

Macalpin lo resume con una metáfora eficaz: Marina es el insecto atrapado en la telaraña; cada entrevista, comunicado o explicación no la libera, sino que la enreda más. Su diagnóstico es brutal: el problema no es únicamente que tenga malos asesores, sino que parecería que alguien le recomendó la estrategia de comunicación más parecida al suicidio político por capítulos. 

El agujero de los audios

El punto más delicado de la conversación son los audios en los que, según la versión discutida, Marina habría ofrecido compartir información de mesas de seguridad a un supuesto intermediario de agencias estadounidenses, buscando ayuda ante posibles problemas legales o migratorios.

La contradicción que subrayan es simple y demoledora:

• Si el asunto era solo recuperar una visa, ¿por qué acudir a figuras vinculadas con investigaciones criminales y seguridad federal estadounidense?
• Si se trataba de una gestión migratoria, ¿por qué entrar en contacto con presuntos intermediarios del FBI o Homeland Security Investigations, cuando la expedición de visas corresponde al Departamento de Estado?
• Si la información de las mesas era pública y no clasificada, ¿por qué ofrecerla como moneda de cambio?

La versión de la “emboscada psicológica” recibe una paliza retórica de Macalpin. No la analiza como una defensa jurídica, sino como una frase que parece salida de un manual de crisis redactado por el enemigo: rara, confusa y perfectamente diseñada para que la conversación pública continúe. 

Carlos Torres: el centro incómodo

Para ambos, Carlos Torres Torres —entonces esposo de la gobernadora— no es una figura secundaria ni un accesorio sentimental del poder. Lo describen como un operador con enorme influencia dentro de la administración estatal, pese a su cargo formal de “proyectos estratégicos”, un nombre que, dicho en castellano político, puede significar absolutamente todo y, por eso mismo, nada.

La mesa recupera señalamientos atribuidos a una carpeta de investigación y filtraciones periodísticas: presuntos vínculos entre Torres, el grupo criminal de “Los Rusos”, pagos mensuales, operaciones inmobiliarias y financiamiento político. Son acusaciones, no hechos acreditados en el texto por una sentencia judicial; el programa las presenta como la pieza que explicaría por qué la crisis de visas, abogados y contactos estadounidenses dejó de parecer un incidente administrativo. 

El golpe narrativo es que, bajo esta lectura, el problema no sería “Marina perdió la visa”, sino: “Marina y su círculo temen que Washington sepa más de lo que ellos pueden controlar”.

Mendívil y el efecto dominó

La detención y posterior liberación de Pedro Ariel Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, aparece como otro eslabón del mismo relato. Carbajal y Macalpin sostienen que Mendívil habría sido señalado como intermediario entre presuntos intereses criminales y el entorno de Carlos Torres.

Aquí el argumento político es más potente que el jurídico: si un jefe policial designado durante el ascenso de Marina termina involucrado en señalamientos de crimen organizado y desaparición forzada, el discurso de que se trata de ataques de enemigos políticos empieza a hacer agua. No porque una acusación pruebe por sí sola todo el caso, sino porque la acumulación de personajes, audios, visas, abogados y operadores vuelve muy difícil vender la idea de una simple campaña de desprestigio. 

Bonilla: villano útil, explicación insuficiente

Jaime Bonilla es presentado como el antagonista favorito de Marina, pero Macalpin rechaza que eso explique el escándalo. Su punto es incómodo pero válido como crítica política: aunque Bonilla sea un adversario feroz, no puede cargar con decisiones ajenas, con la contratación de abogados, con los audios ni con la relación política y personal entre Marina y Carlos Torres.

La entrevista no defiende a Bonilla —de hecho lo califica como un mal gobernador—, pero acusa a Marina de usarlo como comodín narrativo: cuando el caso se pone feo, aparece Bonilla; cuando se habla de Washington, aparece Bonilla; cuando hay preguntas por presuntos vínculos criminales, otra vez Bonilla. El problema es que repetir el nombre del rival no equivale a refutar los señalamientos. 

Morena: carnicería con uniforme

La lectura electoral es que la debilidad de Marina detonó una guerra interna. Macalpin describe a Morena en Baja California como una “carnicería” de grupos que ya calculan quién hereda el poder en 2027 y, sobre todo, quién logra hacerlo sin cargar con el apellido político de Marina del Pilar y los Torres.

Las opciones que plantean son tres:

• Una candidatura de Morena para una figura menor, sin vínculo visible con el grupo de Marina.
• Ceder la candidatura al PT, lo que podría devolver a Jaime Bonilla capacidad de decisión.
• Una oposición que capitalice el hartazgo ciudadano, aunque los propios partidos opositores estén fragmentados y algunos parezcan más interesados en negociar migajas que en disputar el poder.

La frase más áspera de Macalpin es también la más reveladora: la oposición real serían los ciudadanos, no los partidos. Es una forma elegante —o más bien nada elegante— de decir que la clase política opositora sigue dormida, mientras el gobierno estatal se incendia. 

Lo que sí deja claro

La entrevista aunque no es una investigación judicial cerrada. Su valor está en exhibir las inconsistencias de la narrativa oficial, ordenar los episodios —visas, audios, Torres, Mendívil, Bonilla y sucesión— y preguntar por qué una gobernadora en crisis dedica tanta energía a explicar su caso mediático en vez de apagar el incendio institucional.

Con información: Codigo Magenta/

«TAMBIEN AMERICO: GOBERNADOR de TAMAULIPAS CONTRATA FIRMA LEGAL en EE.UU para NEGOCIAR INFORMACIÓN a CAMBIO de IMPUNIDAD»…al estilo Marina del Pilar.

En octubre de 2025 circuló el trascendido: que Americo Villarreal Anaya,aun gobernador de Morena en Tamaulipas, habría buscado convertirse en informante de autoridades estadounidenses para salir del radar, aunque fuera poniendo en la mira a propios y extraños. Ocho meses después, Los Angeles Times y enseguida The New York Times, reportaron —con base en fuentes anónimas conocedoras del caso— que el gobernador de Tamaulipas estaría bajo investigación estadounidense relacionada con contrabando de combustible y que habría ingresado a Estados Unidos mediante un programa de «parole» asociado a la cooperación con autoridades, vulgo informante.

Villarreal Anaya, negó entonces cualquier irregularidad y calificó las versiones de falsas y sin sustento, aunque la información era consistente con lo publicado por otros medios nacionales.

Que dice la nueva del@ción:

«We recognize the value of Valor Tamaulipeco and its commitment to impartiality. Therefore, we would like to inform you that we are aware that, like the governor of Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, the governor of Tamaulipas, Américo Villarreal, has hired a law firm here in the United States to carry out proceedings before federal authorities.

Through this intervention, he is insisting on recovering his visa in exchange for providing more information, including information about people close to him and the organized crime groups with which he has allegedly had dealings involving smuggled hydrocarbons.

The governor is seeking, at all costs, to provide sensitive security-related information so that U.S. authorities will change his current status from that of a person under investigation to that of a close collaborator.

La traducción: 

Reconocemos el valor de Valor Tamaulipeco y su compromiso con la imparcialidad. Por ello, queremos informarle que tenemos conocimiento de que, al igual que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha contratado a un despacho de abogados aqui en Estados Unidos para realizar gestiones ante autoridades federales.

Con esta intervencion  insiste en recuperar su visa a cambio de proporcionar mas información , incluso de personas cercanas a él y el crimen organizado con el que ha tenido tratos en el tema de hidrocarburos de contrabando.

El gobernador busca, a toda costa, entregar información sensible en materia de seguridad para que las autoridades estadounidenses modifiquen su actual estatus de persona investigada a un colaborador cercano.

Aunque contratar un despacho en EE.UU., asi sea con cargo al erario de Tamaulipas, no viola por sí mismo la Ley de Seguridad Nacional en México, reformada por Andrés Manuel López Obrador y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2020, la situación cambia si se acredita que Américo Villarreal, en su calidad de gobernador, sostiene comunicaciones o entrega información a agentes extranjeros fuera de los cauces legales.

El artículo 70 abre la puerta a responsabilidades administrativas o penales y obliga a reportar esas comunicaciones a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de los tres días siguientes.

¿Despacho jurídico o ventanilla de cooperación?

No es la primera vez que el gobernador, de moral laxa, recurre a recursos públicos para pagar abogados y despachos; lo mismo hizo en México en 2023.

La ecuación se torna aun mas delicada, cuando el gobernador contrata y utiliza una firma legal en Estados Unidos para negociar con autoridades federales de aquel país, pues detrás del membrete hay una gestión para entregar información, negociar beneficios personales y construir una salida política ante autoridades extranjeras. No estamos ante una simple asesoría jurídica: estamos ante un problema de rendición de cuentas, soberanía y legalidad.

Porque Tamaulipas no puede gobernarse con dos ventanillas: una para los discursos de plaza pública pletóricos de humanismo y transformación y otra, en secreto, para las oficinas federales de Washington. Mucho menos cuando el operador es el jefe del Ejecutivo estatal, depositario de información pública sensible y responsable político de una entidad fronteriza atravesada por el crimen organizado y el contrabando de hidrocarburos del que ha sido sobradamente su aliado.

La pregunta no es si un gobernador tiene derecho a contratar abogados. Lo tiene. La pregunta es otra: ¿ese despacho representa una defensa jurídica transparente o sirve de intermediario para una cooperación personal, clandestina y políticamente utilitaria con autoridades de EE.UU ? Y si hubo intercambio de información, ¿qué se entregó, a quién, en qué calidad y con qué autorización?

La Ley de Seguridad Nacional no fue escrita para que los gobernadores jueguen a ser emisarios particulares ante gobiernos extranjeros. Su artículo 70 ordena que los servidores públicos estatales se sujeten a reglas específicas en su relación con agentes extranjeros y reporten a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un plazo de tres días, cualquier reunión, comunicación o intercambio de información con ellos. La omisión puede generar responsabilidad administrativa o penal. 

Desde luego, un correo electrónico basado en un trascendido —incluso de aquellos que poco después suelen confirmarse— no basta para decretar culpabilidad. Pero una negación de boletín tampoco basta para sepultar una duda de interés público.

Los Angeles Times sostuvo que Villarreal había perdido su visa en el marco de una investigación y que viajaba bajo un esquema de Significant Public Benefit parole que el periodista Claudio Ochoa explica con sobriedad; el mandatario lo negó públicamente. Esa contradicción exige documentos, fechas, respuestas oficiales y una explicación verificable, no propaganda.

Si Américo Villarreal esta negociando con EE.UU,como advierte la infidencia muy probablemente interna,esta buscando protegerse a costa de delatar al resto como lo dimos a conocer en 2025,mucho antes que L.A Times y The NYT.

Y si de trascendido se trata: en enero de 2023 dimos a conocer otro que, años después, se convirtió en escándalo: Américo Villarreal, recién llegado al cargo de gobernador y en medio de acusaciones de ligas con el crimen organizado, incluso en informes del ejercito, había nombrado como uno de sus principales asesores a Juan Pablo Penilla, abogado del capo Miguel Angel Treviño alias El Z-40″ e integrantes de Los Zetas y del Cártel del Noreste. De tal suerte que no se puede minimizar ni soslayar que la agenda de delaciones AVAnza más rápido que la exposición formal del escándalo.

Con información: em@il: Valortamaulipeco@proton.gmail.com/ Medios