En Matamoros, Tamaulipas, una mujer tuvo que resolver al volante lo que las autoridades deberían garantizar sin excusas: poder circular sin que un hombre armado pretendiera convertir su automóvil en parte de un bloqueo. «Atraviésame el carro, rapidito, rapidito», le ordenó el sujeto. Ella respondió: «Ay no, agarra otro», y escapó por una calle contigua.
La escena tiene una respuesta de antología, pero un fondo que no da ninguna gracia: un delincuente dando instrucciones en plena calle y una ciudadana obligada a improvisar su propia salida.
Según el relato de El Universal, la conductora sorteó un camión que obstruía el paso y después se negó a entregar su unidad al hombre armado. En ese episodio, la salida no se la abrió un operativo: la encontró ella.
En redes la calificaron de valiente. Y sí, logró salir de una situación de riesgo. Pero convertir su reacción en una postal de heroísmo también puede servir para maquillar lo intolerable: nadie debería necesitar semejante sangre fría para conservar su coche y seguir su camino.
La seguridad pública no puede depender de que la víctima tenga reflejos, encuentre una calle libre y consiga escapar. Qué cómodo celebrar el arrojo ciudadano cuando la pregunta incómoda es otra: ¿por qué tuvo que jugársela sola?
El «ay no, agarra otro» se llevó la atención; el fracaso que retrata bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal merece quedarse bajo la lupa.
Porque una cosa es que ella haya conseguido escapar y otra, muy distinta, que el Estado haya cumplido con protegerla. Confundir ambas sería regalarle al gobierno una medalla que, en esta historia, no se ganó.
En Tamaulipas, los expedientes cambian de escritorio y los protagonistas cambian de silla; quien sigue sin obtener una respuesta es Pilar Garrido.
La vida da vueltas. La justicia tamaulipeca, además, cambia de abogado, de fiscal y de versión. Jesús Eduardo Govea Orozco, hoy fiscal general del estado bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal, encabezaba en 2019,segun la hemeroteca de Los Ángeles Times, la defensa de Jorge Fernández González, condenado entonces a 47 años de prisión por el feminicidio de su esposa, la española María del Pilar Garrido Santamans.
No es una asociación sacada del sombrero: lo consignó información de EFE publicada por Los Ángeles Times ,mismo prestigiado medio de difusión que también implico al gobernador Américo Villarreal investigado por EE.UU por nexos con carteles.
El pasado 28 de octubre de 2026 se ordenó la libertad de aquel cliente. Su antiguo defensor ,quien tambien estuvo en prision,pero en una de alta seguridad en Almoloya, ahora está al frente de la institución encargada de perseguir delitos y de investigar esa muerte aún sin esclarecer.
De acuerdo con un reportaje de Fátima Monterrosa para N+, reproducido Govea estuvo recluido en 2022 siete meses en el penal federal ahora del altiplano , después de que se le atribuyera participación en la sustitución de un detenido identificado como integrante del Cártel del Golfo ligado a Osiel Cardenas y obtuvo la libertad bajo reserva de ley como advierte comunicado de la entonces PGR que incluso materia de informe Ejecutivo de la dependencia, como se advierte en la pagina 22.
El antecedente debe contarse con precisión: describe una acusación y un encarcelamiento, no acredita por sí mismo una culpabilidad mediante sentencia firme. El rigor no estorba a la crítica; evita que esta termine haciendo las mismas marranadas que denuncia.
De buscar la libertad a encabezar la acusación
En 2019, Govea no hablaba con la voz del fiscal. Hablaba con la del defensor que pretendía derribar una condena.
La información de EFE retomada por L.A Times lo identificó como el abogado que encabezaba la defensa de Fernández y promovía la apelación contra los 47 años de prisión. Su objetivo era explícito: revertir el fallo para que su cliente pudiera recuperar la libertad. Entonces buscaba agotar las instancias de Tamaulipas antes de acudir al amparo federal. No era un espectador del expediente: estaba dentro, litigándolo.
En septiembre de 2021 seguía apareciendo como defensor. Otra información de EFE, también publicada por Los Ángeles Times, recogió sus explicaciones sobre un amparo que dejó sin efecto la sentencia y ordenó emitir una nueva resolución. La nota describió cuestionamientos a los razonamientos con los que se había establecido la responsabilidad de Fernández, incluidas omisiones, inconsistencias y pruebas consideradas no contundentes. También precisó algo que conviene no mandar al cesto: aquel amparo no implicaba, por sí mismo, absolución ni libertad.
Causa y efecto, no sospecha y sentencia
Aquí cabe hablar de causalidad, pero sin convertirla en una coartada para adivinar conspiraciones.
Una defensa impugna; un tribunal revisa; una sentencia pierde sustento; se ordena otra resolución. Esa es una cadena procesal que puede documentarse.
El botín político no sustituye las razones judiciales
La condena se dictó durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. La liberación reportada llega bajo el gobierno de Américo Villarreal.
Martín Lozano Méndez aparece como otro abogado relacionado con la defensa de Fernández y con asuntos jurídicos del actual gobernador. Ese entramado ofrece material para la disputa política; no demuestra, por sí solo, un arreglo judicial, pero lo presume con argumentos.
Porque una resolución puede ser jurídicamente correcta y políticamente rentable. El problema comienza cuando alguien pretende usar la rentabilidad como prueba de corrección, o la cercanía política como prueba automática de corrupción.
Ni mantener preso a alguien para salvarle la cara a una administración, ni liberarlo para adornarle el escaparate a otra. Lo exigible es bastante menos vistoso y mucho más incómodo: razones verificables, actuaciones revisables y responsabilidades concretas.
Pilar no puede convertirse en el pie de página
En medio de este cambio de sillas queda María del Pilar Garrido Santamans, desaparecida en julio de 2017 y encontrada muerta días después. Su asesinato dio origen al proceso contra Fernández; las revisiones judiciales posteriores cuestionaron la condena, pero no borraron el crimen.
Si la condena no se sostenía, correspondía corregirla. Si hubo irregularidades, corresponde esclarecerlas. Y si la liberación reportada modifica el rumbo del caso, la Fiscalía debe explicar qué sigue respecto del asesinato, sin esconder a la víctima detrás de la fotografía del funcionario o del triunfo del abogado.
Ahí está la vuelta más áspera: el hombre que antes pedía libertad para Fernández encabeza ahora la institución a la que corresponde dar respuestas sobre el crimen que originó aquel expediente.
Porque una puerta de prisión puede abrirse por buenas razones. Lo que no puede cerrarse, con el mismo movimiento, es la pregunta por quién asesinó a Pilar.
La vida puede cambiarles el lugar a los protagonistas. Lo que no debería permitir la justicia es que, entre tanta vuelta, desaparezca la obligación de rendir cuentas.
Tras la violencia desatada ayer en Matamoros,no solo hubo 5 muertos que la estrategia de seguridad suele minimizar como daños colaterales: el daño político a quienes gobiernan una ciudad y un estado donde el crimen organizado demuestra un dia si y otro tambien ,que puede interrumpir la vida de todos. Para las víctimas, el daño es irreparable; para el alcalde Alberto «Beto Granados», podría traducirse en pérdida de respaldo. No son dolores equivalentes, ni remotamente. Pero quien pretende otro periodo en la presidencia municipal tendrá que explicar por qué merece conservar el cargo cuando los ciudadanos ni siquiera pueden conservar la tranquilidad.
Alberto “Beto” Granados llegó con una victoria holgada en 2024 y ahora, tras su registro, busca la candidatura para continuar en el Ayuntamiento. El problema es que la reelección no debería funcionar como una renovación de placas: antes de autorizar otros tres años, corresponde revisar en qué condiciones dejó circulando a la ciudad.
La votación fue enorme; la explicación no puede ser de bolsillo
La imagen del triunfo tiene números y también letra pequeña. La nota que se difundió sobre Granados como “el más votado en la historia de Matamoros” y detras de eso esta el truco-cdg.
El concentrado de cómputos municipales del IETAM permite precisar el tamaño de la victoria: al sumar los sufragios del PT, el PVEM y Morena, además de las combinaciones de sus emblemas, Granados obtuvo 127,891 votos. La candidatura del PAN y el PRI reunió 55,045; Movimiento Ciudadano, 29,080. Sobre los 217,837 votos totales registrados en el municipio, representan aproximadamente el 58.71%, el 25.27% y el 13.35%, respectivamente. Granados superó a su principal adversaria por 72,846 votos: más de dos a uno.
Fue una victoria contundente y no constituye, por sí misma, una prueba de intervención criminal ,pero basta a recordar la frase de l reconocido actor Ignacio López Tarso,quien advertía que, «para saber quién es quién, había que escuchar los corridos».
Asi que tan solo basta con unir las piezas del rompecabezas y escuchar el corrido del alcalde Alberto Granados en voz del decano del periodismo en Matamoros, Julio Alberto Rubio cuando nos advertía sin tapujos los vínculos del alcalde con el crimen organizado en el preambulo de convertirse en alcalde de Morena.
Así que lo llamativo no fue la concentración del respaldo en las urnas: las autoridades federales, incluidas las de inteligencia y militar,con un mínimo de decencia, podrían investigar la colusión que consta en documentos oficiales.
Pues ya como alcalde, Alberto “Beto” Granados se habría convertido en supervisor del cumplimiento de la medida cautelar que permitió al capo obtener y permanecer en libertad, pese a que iba a ser extraditado. Así, se habría burlado de todos con el AVALdel gobernador Américo Villarreal y el padrinazgo de MORENA y la “AVANZADA” de Américo Villarreal Santiago, alias “Ameriquito”.
Del apoyo a Americo,Morena y el punible costo
José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, puso su estructura al servicio de Américo Villarreal en 2022 que replico en 2024 con una intervención favorable a Granados en 2024 en el contexto del pleito que Cardenas Martinez sostenía con Cabeza de Vaca,su anterior aliado en 2016.
Una hipótesis política vuelve incómoda la alianza cómoda
La estructura criminal ayudó a movilizar respaldo para Américo en 2022 y para Granados en 2024. Ahora, la ruptura en ciernes podría convertirse en un problema para sus beneficiarios.
Así, el operador de ayer, ahora “encabronado”, podría convertirse en el adversario de mañana en la elección de 2027. Es una posibilidad, no un vuelco electoral que ya pueda darse por ocurrido; pero Granados y Americo tampoco deberían dar por sentada su reelección, incluso si consigue la candidatura.
Una postulación que, desde una perspectiva de responsabilidad política y jurídica de este y el otro lado del Río, no debería obtener sin antes esclarecer todo un rosario de señalamientos sobre conductas que podrían constituir delitos.
Hay, además, un camino distinto y más importante: que sean los ciudadanos quienes pasen la factura. No porque un capo les cambie la consigna, sino porque concluyan que ningún gobierno merece continuidad si no puede protegerlos.
Confundir ambas cosas sería repetir la ofensa: imaginar que Matamoros no tiene electores, sino inventario de un jefe de plaza.
El incendio puede quemar también el relato del gobierno
Tras la captura de Axel Alfredo Cárdenas, identificado como hijo de “El Contador”, se reportaron bloqueos e incendios en Matamoros.
La jornada dejó, según los reportes periodísticos disponibles, al menos cinco personas fallecidas, entre ellas cuatro ocupantes de un automóvil que chocó contra un autobús incendiado.
Ese es el contexto que vuelve políticamente costoso cualquier discurso de normalidad.
Porque una cosa es anunciar coordinación y otra conseguir que una familia llegue viva a su destino. Una cosa es llenar una plaza para celebrar votos y otra impedir que una carretera termine convertida en una trampa.
La reelección no es una indemnización para el alcalde
Está documentado el contraste: Granados obtuvo una amplia mayoría en 2024 y ahora pretende prolongar su gestión, mientras pesan sobre su administración señalamientos que requieren respuestas verificables. El caudal electoral existe; la obligación de rendir cuentas también.
Esa es la posible factura política de los bloqueos: que el ciudadano deje de escuchar “ganamos históricamente” y empiece a preguntar “¿para qué sirvió que ganaran?”.
Porque los votos de 2024 no son un pagaré firmado para 2027. Y si el gobierno quiere cobrar otra vez la confianza, primero tendrá que demostrar que sabe proteger algo más que su candidatura. Pero, como dijo Julio Alberto Rubio, Granados “no tiene los tamaños” para hacerlo.
Al Cártel del Golfo en Matamoros y a su líder, Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, hay que investigarlos por los bloqueos y por las muertes que estos habrían provocado tras la captura de su hijo, Axel Alfredo Cárdenas, ayer jueves. Y a las autoridades del gobierno de Morena, encabezado por Américo Villarreal, hay que exigirles cuentas por su probada complicidad. También deben responder quienes diseñaron y ejecutaron una estrategia que no puede presumirse exitosa solamente porque consiguió una captura, si falló en su primera obligación constitucional: proteger a quienes no participan en esta guerra, pero terminan pagando sus consecuencias.
Porque tanto debe responder el que prende el bloqueo, alentado por la impunidad que le otorgan un gobernador y un alcalde, como el que lo manda prender; y una estrategia que debía proteger a la población no queda absuelta por presumir una captura.
La responsabilidad de unos no borra la de otros; tampoco son automáticamente iguales. Precisamente por eso deben investigarse por separado, sin convertir el comunicado oficial en certificado de inocencia institucional.
La noche de ayer jueves 29 de octubre, un automóvil Kia chocó contra un autobús que había sido incendiado y utilizado por el Cartel del Golfo para bloquear la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Soliseño.
Los reportes preliminares señalan cuatro personas fallecidas —tres mujeres y un hombre— y un menor gravemente herido. Las identidades y la mecánica definitiva del choque permanecían pendientes de confirmación. Cuatro vidas perdidas y otra en peligro: una cuenta que no puede esconderse detrás de la expresión “afectaciones a la circulación”.
El autobús no apareció por generación espontánea
La secuencia conocida importa: fuerzas federales capturaron a Axel Alfredo “N”, identificado por las autoridades como segundo al mando de la célula Ciclones, del Cártel del Golfo; después se registraron narcobloqueos e incendios de vehículos, que se reactivaron durante la noche.
En ese contexto quedó el autobús contra el que chocaron las víctimas. Esa concatenación ofrece una línea de investigación concreta; todavía no sustituye las pruebas necesarias para identificar a quienes ordenaron, ejecutaron o facilitaron cada hecho.
Porque una cosa es describir el mecanismo de la muerte —un choque— y otra muy distinta explicar quién creó el peligro que fue letal y no fue caso unico.
En lenguaje de banqueta: si alguien atraviesa e incendia un autobús en una carretera, no puede lavarse las manos diciendo que él no conducía el automóvil que terminó estrellándose. El obstáculo no era parte del paisaje: alguien lo convirtió en una amenaza. Si los peritajes acreditan que ese peligro produjo las muertes, la investigación no debería agotarse en daños, incendio y bloqueo; debe examinar también la responsabilidad por los homicidios. El Código Penal de Tamaulipas contempla conductas de acción u omisión, dolosas o culposas: determinar cuál corresponde exige pruebas, no adjetivos.
La distinción es importante: no basta con llamar “asesinato” al desenlace para acreditar jurídicamente una intención de matar. Pero tampoco basta con llamarlo “accidente” para descartar responsabilidad penal de quienes generaron el riesgo.
Debe investigarse si autoridades y la estrategia previeron un resultado mortal y lo aceptaron, o si las muertes resultaron de una conducta imprudente penalmente relevante. La calificación final corresponde a las autoridades judiciales; la obligación de investigar no puede desaparecer entre los fierros quemados.
La imputación tiene nombres y conductas, pero la investigación no puede quedarse en el último sicario de la fila. José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, señalado por las autoridades como jefe de Los Escorpiones, una facción del Cártel del Golfo que milita de facto con MORENA, debe ser investigado también por el mando que ejerce, no solo por su eventual presencia en el lugar de los hechos.
Los artículos 2 y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sancionan la pertenencia a una organización que reúna los requisitos legales y establecen penas mayores para quienes desempeñan funciones de administración, dirección o supervisión: mandar no es un adorno del organigrama criminal, tiene consecuencias penales propias.
Aunque esa responsabilidad por delincuencia organizada no lo convierte automáticamente en responsable de cada homicidio cometido por sus integrantes. Una investigación debe reconstruir la cadena de mando, identificar quién ordenó y coordinó los bloqueos y establecer si las instrucciones o aportaciones de un «Cárdenas soberbio y encabronado», estuvieron vinculadas con el desenlace mortal que un audio trascendido exhibe de «puerco completo» en las maniobra previas del percance,es una vulgar instrucción criminal.
La propia ley permite investigar las estructuras y formas de operación de la organización: no hay razón para conformarse con los ejecutores y dejar intacta la oficina de las órdenes. Exigir pruebas contra el jefe no es tenderle una salida; es impedir que una acusación de mucho ruido termine en una investigación de utilería, como acostumbra la Fiscalía de Tamaulipas, encabezada por un fiscal que estuvo en prisión precisamente por servir al Cártel del Golfo en Matamoros.
Capturar no cancela el deber de proteger
Ahora viene la parte que suele estorbar en la fotografía del éxito: el Estado no cumple toda su obligación cuando detiene a un presunto delincuente. El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. No dice que esos bienes puedan ponerse entre paréntesis mientras sale el boletín que omite al gobernador fichado por narcopolitico.
Por eso, cuando una operación contempla un riesgo de represalias contra la población, la protección civil no puede quedar como encargo de última hora. La pregunta no es solamente si había personal suficiente para detener al objetivo, sino si existían medidas razonables para contener las consecuencias: vigilancia de rutas, advertencias oportunas, cierres seguros, atención de emergencias y neutralización de obstáculos.
Es el contraste que exige una función pública cuyo propósito constitucional incluye proteger vidas, no únicamente perseguir delitos.
No se trata de regalar impunidad al detenido ni de permitir que el crimen vete las capturas a punta de incendios. Se trata de algo menos espectacular y bastante más serio: que el operativo se diseñe para detener y proteger, no para detener primero y averiguar después cuántos ciudadanos quedaron expuestos no solo a la letalidad manifiesta,tambien a los tradicionales daños que nadie paga.
En Matamoros hubo bloqueos desde la mañana, suspensión de clases y nuevos incendios durante la noche. Esa continuidad obliga a preguntar qué conocían las autoridades, desde cuándo lo conocían y cómo adaptaron su respuesta. No demuestra por sí sola una omisión delictiva, pero sí vuelve indispensable revisar la prevención y la contención, además del momento de la captura.
La corresponsabilidad no se decreta: se acredita
Decir que el Estado debe responder no equivale a sostener que cualquier captura lo convierte automáticamente en autor de los delitos cometidos como represalia. La decisión de incendiar vehículos pertenece a quienes la ordenan y ejecutan pero se complica cuando el gobernador y el alcalde han sido sus aliados y no solo ellos.
Si una autoridad tenía un deber concreto de intervenir, conocía un peligro, esta confabulada o disponía de posibilidades reales de reducirlo y omitió hacerlo. Esos elementos deben acreditarse para determinar las responsabilidades que correspondan; el simple encadenamiento temporal no basta para imputar penalmente a un servidor público. El marco penal reconoce la relevancia de las omisiones, mientras la Constitución fija el deber de protección.
Por eso hacen falta respuestas verificables: ¿cuándo se reportó ese autobús?, ¿cuánto tiempo permaneció en la vía?, ¿había señalización o cierre preventivo?, ¿era materialmente posible retirar el obstáculo o impedir el paso?, ¿qué corporación tenía conocimiento y capacidad de actuar? Las notas disponibles describen la unidad incendiada y el choque, pero no resuelven esas preguntas. Inventar las respuestas sería tan irresponsable como no investigarlas.
El daño no cabe en la estadística del operativo
A las perdidas humanas se suman los vehículos incendiados, la interrupción de clases y los trabajadores que, según testimonios recogidos por la prensa, fueron bajados del transporte para utilizar las unidades en los bloqueos. No todo ese daño tiene la misma naturaleza ni todo es irreversible, pero tampoco todo se repara con reabrir una avenida y anunciar que volvió la normalidad.
El Cártel del Golfo no puede esconder las consecuencias de sus bloqueos detrás de la palabra “accidente”. Y el gobierno no puede esconder el examen de sus decisiones detrás de la palabra “captura”.
Una detención puede ser legal y necesaria, y aun así exigir una revisión severa de cómo se protegió a la población antes, durante y después. Esa es la medida constitucional del resultado. La inteligencia no debería servir solamente para encontrar al perseguido: también debe traducirse en protección para quienes tenían la desgracia de estar en su camino.
