En la entrevista con Formula Noticias, el periodista Víctor Hugo Arteaga básicamente pinta a Sinaloa como un narco‑holding político‑empresarial donde Enrique Diaz, empresario y ex-tesorero de Sinaloa,ahora preso en EE.UU, es apenas el “contador” que decidió cantar, y por eso nadie debería dormir tranquilo en el círculo de Rocha Moya, nos resume su vida de empresario exitoso y de paso especula con la suerte del Senador Inzunza.
1. El “rico de abolengo” que pasa de fraccionador a lavador en jef
Arteaga arranca blanqueando la biografía: Enrique Díaz era “empresario exitoso”, rico de cuna, de las 10 familias más ricas de Sinaloa. Eso no es un adorno: funciona como coartada moral (“no necesitaba el dinero”) y como dato estructural: el narcoestado sinaloense no se monta con pobres resentidos, sino con oligarquías que aprenden a facturar al narco y al presupuesto al mismo tiempo.
Detalles clave que suelta la entrevista:
- Desde 2010, Díaz y la constructora de los hijos de Rocha, Chocosa, tejen alianza en fraccionamientos: él pone casas “de mediano pelo”, los hijos de Rocha pavimentan.
- Esa relación privada antecede al poder: es el manual clásico de captura del Estado desde el negocio inmobiliario.
- Cuando en 2020 se abre la posibilidad de que Rocha sea candidato de Morena, los hijos le “invitan” a invertir fuerte en la campaña; Díaz se convierte en uno de los principales financiadores.
La ecuación que describe Arteaga es brutalmente simple:
- El rico de abolengo invierte en la campaña del profesor de izquierda que se volvió gobernador.
- Ganan “de calle” y lo “premian” con la Secretaría de Administración y Finanzas “para que recupere lo invertido”.
- Desde Finanzas, Díaz direcciona obra a sus propias empresas (Hausin y otras), que a su vez subcontratan a Chocosa, la de los hijos de Rocha, generando un flujo de ida y vuelta de al menos 240 millones de pesos.
Eso, en lenguaje jurídico, no es “amistad”: es concertación para desviar recursos públicos, conflicto de interés y posible lavado de dinero, con el plus de que Estados Unidos ya tiene esa película desde hace tres años, de acuerdo con la entrevista y las acusaciones federales.
2. Hausin, Chocosa y el “cashback” de 240 millones
Arteaga menciona una cifra que debería estar en gigantografía en el Congreso de Sinaloa: 240 millones de pesostransferidos entre empresas ligadas a Díaz y Chocosa, de los hijos de Rocha.
El mecanismo que describe:
- Finanzas y Administración (bajo Díaz) asigna contratos a Hausin y otras empresas de su órbita
- Hausin subcontrata a Chocosa, que es de los hijos del gobernador.
- Parte del dinero regresa en forma de obra, facturas y quién sabe cuánta ingeniería financiera.
Eso no es un “favor entre amigos”, es la institucionalización del mochesistema:
- Secretario de Finanzas = llave del presupuesto.
- Empresas propias = tubo directo del erario.
- Empresa de los hijos del gobernador = premio político y familiar.
Luego, Arteaga suelta la bomba inmobiliaria:
- Con base en declaraciones y cuentas públicas, calculan 261 millones de pesos de flujo.
- De esos, 123.5 millones se habrían pagado de contado en propiedades inmobiliarias mientras Díaz ya era secretario.
“Al chas chas”, dice el conductor. Eso, en un país con Ley de Extinción de Dominio, debería detonar de oficio auditorías patrimoniales, alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera y carpetas por enriquecimiento ilícito. Lo que detona en la entrevista es otra cosa: estupor retórico, pero ningún funcionario yendo a tocarle la puerta a las notarías.
3. De “empresario recto” a operador de un narcoestado declarado
Arteaga insiste en que, antes del gobierno, los negocios de Díaz “no estaban manchados por el narco”, que era un empresario que daba empleo. Ahí comete el clásico gesto de redención: separar la “burguesía decente” del narco, como si el sistema financiero, inmobiliario y político sinaloense no llevara décadas lubricando la misma maquinaria.
Luego él mismo lo corrige de facto:
- En Sinaloa “todos se conocen”, los hijos de narcos y de políticos comparten escuelas, guardias y rutinas diarias.
- Habla de un tejido social “mimetizado” y remata: “Es un narcoestado”; no lo dice un tuitero anónimo, lo dice un periodista en radio nacional.
- Explica que el narco ya pone y quita candidatos a alcaldías y paga campañas a gobernador.
Ahí está el corazón del asunto: lo que el Departamento de Justicia describe en el pliego contra Rocha y otros funcionarios —un esquema en donde Los Chapitos financian campañas, secuestran opositores y a cambio reciben protección institucional— encaja milimétricamente con lo que narra Arteaga.
4. Los “personeros” de Rocha: Díaz e Inzunza como mensajeros de Los Chapitos
La entrevista recupera una frase de Rocha en campaña con Loret: “directamente no (con el narco), con personeros”. Ese “lapsus sincero” hoy se le revierte como confesión preliminar:
- Arteaga señala a Enrique Díaz y Enrique Inzunza como esos personeros, los intermediarios entre Rocha y Los Chapitos.
- Apunta a la acusación estadounidense que identifica a Díaz como quien habría dado información a Los Chapitos.
La figura del personero es perfecta para describir cómo se lava la voluntad política:
- El gobernador guarda distancia formal.
- El operador (secretario de Finanzas, secretario de Gobierno, senador) se ensucia en mesas de negociación, listas de opositores y acuerdos de “paz electoral” a cambio de plaza.
Arteaga, sin decirlo con lenguaje jurídico, está hablando de:
- Conspiración para narcotráfico.
- Uso del aparato estatal para garantizar control territorial del cártel (policías, contratos, nombramientos).
- Intervención criminal en procesos electorales: secuestros, intimidación, renuncias forzadas.
Estados Unidos ya puso esos cargos en blanco y negro: describe a Rocha Moya y otros funcionarios como parte de una conspiración para proteger el tráfico de drogas de Los Chapitos hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político.
5. Insunza: el gran ausente y el “teatro de guerra”
La parte final se vuelve casi thriller en vivo:
- El conductor recuerda que desde la mañanera se presume “coordinación estrecha con Estados Unidos”, lo que implica que en el primer nivel de gobierno se sabía de detenciones y entregas.
- Arteaga confirma que desde la mañana él ya sabía que Díaz estaba en manos de autoridades estadounidenses.
A partir de ahí, entra el nombre incómodo: senador Enrique Inzunza (Inzunza/Inzunza Cázarez), señalado en reportajes y documentos como corresponsable de la operación política con Los Chapitos, con acusaciones que incluyen narcotráfico, narcoterrorismo, tráfico de armas y una red de nepotismo (“clan Inzunza”).
Lo más fuerte de este tramo:
- Reconocen al aire que “no se sabe dónde está” el senador.
- Citan fuentes encontradas: unas dicen que se entregó, otras que se lo llevaron.
- Construyen un “caso hipotético”: un comando entra a Concordia, se lleva a Inzunza y lo pone rumbo a Nueva York para ser presentado en 48–72 horas.
Ese “teatro imaginario” es una forma de decirle al auditorio: si en dos o tres días EU anuncia que Inzunza está detenido allá, no fue magia ni voluntarismo patriótico, fue una captura o negociación de alto nivel en un contexto que, dice Arteaga citando a su tocayo, ya es “teatro de guerra” para Estados Unidos.
El mensaje oculto a la clase política sinaloense es transparente:
si ya cayó el secretario de Finanzas y el senador‑operador aparece o en fuga o en manos de otro gobierno, el círculo sobre Rocha Moya y su red está cada vez más cerrado.
6. “Nadie puede estar tranquilo en Sinaloa”: la red de 100 funcionarios
Hay un momento que pasa casi de largo pero es dinamita:
- Arteaga habla de “alrededor de cien funcionarios” aún en el gobierno de Sinaloa, en casi todas las secretarías, que formarían parte de esta red de vínculos: socios de socios, padres e hijos colocados como directores de Administración.
Eso significa varias cosas:
- No estamos ante un “caso aislado” de un secretario avorazado, sino ante una estructura de captura del aparato estatal.
- El narcoestado no es una metáfora, es un organigrama: secretarías, direcciones, contratos, notarías, constructoras, todo atravesado por la lógica de pago de favores a un cártel y a un clan político.
- Cuando dice “nadie puede estar tranquilo en Sinaloa” no se refiere al ciudadano de a pie, sino al centenar de funcionarios que hoy deberían estar borrando chats, quemando agendas o buscando avión a Texas.
Estados Unidos ya habló de “actuales y exfuncionarios de alto nivel” de Sinaloa acusados por narcotráfico y armas; la entrevista de Arteaga le pone caras, empresas y montos a esos cargos.
7. Lo que no dicen… y grita entre líneas
Puntos que la entrevista deja flotando, perfectos para que tú, como periodista, profundices:
- Silencio de las autoridades mexicanas: más allá de boletines de “coordinación”, no hay anuncios de investigaciones serias contra la red inmobiliaria‑empresarial ni contra el patrimonio de los Rocha.
- Chocosa como epicentro: ya hay investigaciones que hablan de vínculos con empresas fantasma, facturación cancelada por 136 millones y domicilio en una casa de interés social, mientras factura cientos de millones.
- Testigos y delación premiada: si Díaz está declarando en Brooklyn, cada contrato, cada transferencia y cada reunión puede convertirse en prueba o delación contra funcionarios hoy intocables.
- Dimensión binacional: el fentanilo y los miles de muertos en EUA aparecen en el expediente de Inzunza, lo que habilita a fiscales estadounidenses a perseguir a la red como un caso de narcoterrorismo, no solo de drogas.
En resumen: Víctor Hugo Arteaga, sin estridencias legales pero con datos duros, le dice al aire a Sinaloa que vive en un narcoestado gerenciado por una élite político‑empresarial donde ya empezó la temporada de cacería judicial… y que el primer cazador no es México, sino Estados Unidos.
Con informacion: FORMULA NOTICIAS/

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