Una jueza penal federal en Nuevo León liberó ayer a tres de las cuatro personas que fueron detenidas el fin de semana pasado en cateos de fuerzas federales en residencias de Monterrey y San Pedro.
Primero lo incómodo: la pulcritud legal de quienes “aprehenden”. Porque una cosa es irrumpir con marinos, drones, armas largas y boletín listo para la mañanera, y otra muy distinta es hacerlo con un expediente que no se desmorone en cuanto lo toca un juez.
En Nuevo León, el show táctico del fin de semana terminó en lo previsible: tres de cuatro detenidos liberados porque, sorpresa, las capturas fueron ilegales.
No es un tecnicismo menor; es el ABC del debido proceso. Si el cateo o la detención nacen viciados, todo lo que sigue es jurídicamente inútil, por más fotos de fajos de billetes, fauna exótica y camionetas de lujo que circulen en redes. El Estado presume músculo, pero olvida la Constitución en la mesa de noche.
Segundo, la pulcritud de los jueces… o el espejismo de ella. Porque esta historia también revienta otra narrativa: la de que, tras los “acordeones” electorales, la justicia ya no estaría contaminada por padrinazgos políticos.
La jueza María de los Ángeles Padrón Banda —con pasado en la defensoría pública estatal y señalada por su cercanía al aparato local— invalida detenciones clave en un caso mediático. ¿Actuó conforme a derecho? Probablemente sí en lo técnico. ¿Eso limpia el proceso completo? No. Lo que exhibe es un sistema donde policías y fiscales arman expedientes endebles y luego esperan que el juez los “salve”. Cuando no ocurre, el péndulo se va al otro extremo: o se acusa a la jueza de favorecer a detenidos incómodos o se confirma que las capturas fueron un desastre legal desde el origen. En ambos escenarios, la promesa de una justicia “renovada” queda como propaganda.
Tercero —y menos importante solo en apariencia— está la contabilidad creativa de Omar García Harfuch. Porque mientras tres de cuatro caen por ilegalidad, el único que sí permanece —“Titán”, presunto operador ligado al huachicoleo y a la red de “El Señor de los Buques”— es el que se reporta con bombo en la mañanera.
El resto se evapora del discurso oficial. Es la vieja alquimia:convertir operativos fallidos en cifras infladas. ¿Se sumarán estos nombres a los “46 mil 400 detenidos”? Probablemente sí, aunque en tribunales no sostengan ni la primera audiencia. Pirotecnia verbal: mucha luz, mucho ruido… y poco caso sólido.
El caso “Challenge Procyon”, los vínculos con hidrocarburos ilícitos y la participación de Marina, FGR y Seguridad deberían haber derivado en un golpe estructural. En cambio, lo que tenemos es un retrato de rutina: cateos espectaculares, carpetas mal integradas, jueces que aplican la ley —o la interpretan en un ecosistema politizado— y un aparato de comunicación que maquilla resultados.
Al final, el mensaje real no es que “la justicia funciona” ni que “los criminales se escapan por tecnicismos”. Es peor: que el Estado sigue sin poder hacer bien lo básico. Y mientras eso no cambie, cada operativo será solo otro capítulo de una serie donde la narrativa oficial gana titulares… y pierde casos.
Con informacion: ELNORTE/
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