Amarga primavera en la franja sureña de Norteamérica. La tensión entre México y Estados Unidos aumenta a ritmo acelerado, en fibras y tendones que hasta hace unas semanas sostenían sin demasiado problema la relación binacional. La colaboración en materia de seguridad, fluida y provechosa durante el primer año de Gobierno de Donald Trump, muta estos días en un espanto, con situaciones que dibujan escenarios más que extraños, algunos preocupantes para el Gobierno de México que dirige Claudia Sheinbaum, como la presencia creciente de agentes de la CIA en el país.
Esta semana, medios de Estados Unidos han desvelado que la agencia de inteligencia orquestó el asesinato con bomba en marzo de un peso medio del Cartel de Sinaloa, cerca de la capital. Con más o menos intensidad, ambos gobiernos han negado la información.
La noticia saltaba el martes por la tarde. En un reportaje firmado a ocho manos, la CNN informaba de que la CIA había “facilitado” el ataque que acabó con la vida el 28 de marzo de Francisco Beltrán, alias Payín, una figura mediana de la organización criminal. Payín iba a bordo de una camioneta con su conductor en una carretera cercana a la capital.
El conductor lo había recogido del Aeropuerto Felipe Ángeles, uno de los dos que funcionan en el área metropolitana. En el video que grabó un carro que circulaba justo al lado, se ve la explosión y luego el deambuleo de la camioneta, que cruza varios carriles hasta chocar. Ambos murieron en el acto. Ocurrido en fin de semana, la historia extrañó, pero no tanto como para detener el ciclo noticioso más de un par de días. La fiscalía local dijo que investigaba el asunto. La vida seguía.
El martes, horas después de la publicación de la cadena, tras los mensajes de ambos gobiernos negando la información, The New York Times matizaba el asunto y señalaba que la CIA había aportado “inteligencia y planificación” para el operativo, pero que ninguno de sus agentes había actuado sobre el terreno.
El diario aseguraba que eran las autoridades mexicanas las que habían llevado a cabo el ataque. Este miércoles, la presidenta Sheinbaum, del partido Morena, abordaba el metraje entero y señalaba, refiriéndose a la publicación del Times, que era una “ficción del tamaño del universo”. Al norte del río Bravo, la reacción, acotada a la CIA, se había centrado en la nota de la CNN. El martes, una portavoz tildaba de falsa la información y decía que “servía a la campaña de relaciones públicas de los carteles”.
En momentos distintos, las negativas de uno y otro Gobierno podrían haber enraizado con algo más de fuerza en la opinión pública, pero a la vista de los acontecimientos de las últimas semanas, las dudas se imponen sobre sus comunicados. La sombra de la CIA planea y se agranda en México, incapaz ya de contener la avanzada del norte. Las detenciones y envíos masivos de presos a Washington han dejado de ser suficientes.
En su renovada lucha contra las drogas, el Gobierno de Trump quiere más. El mismo mandatario señalaba hace unos días que habían desplegado una “fuerza terrestre” que hacía las cosas “mucho más sencillas”, sin dar más detalles, declaraciones que adquieren un nuevo sentido después de la información desvelada en las últimas horas.
Es la segunda vez en menos de un mes que la presencia de agentes de la CIA sobre el terreno en México agita al Gobierno de Sheinbaum, muy sensible al gusaneo del país vecino en la soberanía de sus fronteras.
En abril, el accidente carretero de dos elementos de la agencia en Chihuahua descubría su participación en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en la sierra. Sheinbaum y su equipo de seguridad, que capitanea Omar García Harfuch, negaron conocimiento alguno de la actuación de estos agentes, y apuntaron al Gobierno local, en manos de la oposición del partido Acción Nacional.
La pata legislativa de Morena, con mayoría en las cámaras federales, tomó el relevo en la ofensiva contra el Gobierno local y pidió la comparecencia de la gobernadora en el Senado. Y justo entonces, estalló el caso Rocha.
Diez días después del escándalo en Chihuahua y justo un mes más tarde del bombazo que acabó con el Payín, el Departamento de Justicia de EE UU publicaba la acusación por narcotráfico contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de Morena, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. La acusación, rica en conclusiones y escueta en las pruebas que la sostienen, que los fiscales guardan para más adelante, denuncia un esquema de colaboración entre Rocha y una de las facciones del Cartel de Sinaloa, que capitanean los dos hijos que siguen libres de uno de los jefes históricos de la organización, Joaquín El Chapo Guzmán. Según el documento, Los Chapitos apoyaron a Rocha en sus caminos electorales, a cambio de facilidades para sus negocios.
En México, todos estos eventos han complicado la vida al Gobierno hasta un punto poco predecible hace unas semanas. Las intromisiones de la CIA y las acusaciones de narcopolítica contra el partido gobernante dibujan la profundidad de la intervención estadounidense en el país. En estos 15 meses de gestión compartida, Trump en EE UU y Sheinbaum en México, la sospecha de un despliegue estadounidense creciente en el sur engordaba. Detenciones y operativos importantes, como el que acabó con la vida del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, Mencho, en febrero, aparecían en comunicados del Gobierno de México, en que se informaba del apoyo de las agencias de law enforcement norteñas. Actividades de inteligencia, como el sobrevuelo de drones, se filtraban a la prensa, situaciones que México reconocía, pero acotaba a la permisividad de sus leyes.
Lo ocurrido después cambia un tanto el panorama. Las capas de movimientos extraños se acumulan, al calor de la colaboración de los criminales que México ha enviado al norte en el último año y tres meses, en particular los viejos líderes y personajes importantes del Cartel de Sinaloa, concretamente los hijos del Chapo y algunos de sus antiguos lugartenientes. Su papel en la embestida contra Rocha y compañía parece fundamental, a la espera de que el Departamento de Justicia de EE UU divulgue más detalles.
A ambos lados de la frontera, las preguntas apuntan ahora a los objetivos finales del Gobierno de Trump. Esta semana, Terry Cole, director de la disminuida DEA, la agencia antidrogas de aquel país, señalaba, pensando en Rocha, que “esto es solo el principio de lo que viene”. Y añadía: “No hay duda de que narcotraficantes y altos funcionarios en México han compartido la cama durante años. Pero ahora nos estamos fijando”.
Fuente.-PABLO FERRI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
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