Desapariciones, absoluciones y el clásico “aquí no pasó nada”
En México, desaparecer personas puede ser un delito… o un trámite que prescribe en la práctica. Esta semana, un juez federal decidió liberar a los últimos nueve marinos que seguían presos por la desaparición forzada de 27 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrida en 2018. Con esa firma, el caso quedó oficialmente en modo fantasma: 30 detenidos al inicio, cero responsables al final.
La reacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se hizo esperar. No porque esperaran justicia —eso ya sería ingenuidad institucional— sino porque el fallo ignora de frente su recomendación 36VG/2020, donde documentaron un catálogo completo de violaciones graves: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y, por si faltaba algo, tratos crueles e inhumanos. El combo completo del manual de abusos.
«Operativos contra el crimen…cometiendo crimenes»
El origen del desastre se remonta a 2018, cuando el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió refuerzos federales tras una ola de asesinatos contra funcionarios de la Fiscalía estatal. La respuesta llegó en forma de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina.
Según la CNDH, aquello no fueron operativos quirúrgicos sino redadas al estilo “levántate al que esté a la mano”: más de 50 personas detenidas arbitrariamente, 27 desaparecidas y al menos 12 ejecutadas y abandonadas en terrenos baldíos. Una estrategia de seguridad que terminó pareciéndose demasiado a aquello que supuestamente combatía.
Las madres de las víctimas hicieron lo que el Estado no quiso:buscar, denunciar y resistir. Gracias a su presión, la CNDH documentó los hechos con visitadores y peritos, concluyendo en 2020 que no se trató de excesos aislados, sino de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales: libertad, integridad, identidad jurídica y, en varios casos, la vida misma.
La justicia que se diluye
La Marina aceptó la recomendación y entregó a 30 elementos. Parecía el inicio de la rendición de cuentas, pero no lo era.
Entre recursos legales, dilaciones y ese laberinto judicial donde los expedientes envejecen mejor que las víctimas, el caso se fue desinflando. Primero liberaron a varios imputados, luego a otros, hasta que solo quedaron nueve… y ahora tampoco queda ninguno.
La Fiscalía General de la República aseguró haber integrado las carpetas con sustento suficiente, incluso con aportaciones directas de la CNDH. Pero en el Poder Judicial, esa construcción simplemente no resistió. O no importó.
El juez del Centro de Justicia Penal Federal —con residencia entre Baja California y La Paz, según el enredo geográfico del propio caso— decidió absolver a los últimos marinos en prisión. Resultado: ni un solo responsable tras uno de los episodios más documentados de desaparición forzada atribuida a fuerzas federales.
Víctimas sin justicia, sin reparación… y sin Estado
Mientras tanto, las víctimas siguen atrapadas en la otra dimensión del sistema: la del abandono. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni ha reparado el daño ni ha garantizado apoyo médico, psicológico o económico. Promesas administrativas que, como los desaparecidos, simplemente no aparecen.
La CNDH, en un acto que oscila entre la institucionalidad y la impotencia, pidió que el Tribunal de Disciplina Judicial investigue al juez. Traducido: que alguien revise si esta absolución fue legal… o parte de la normalidad.
Porque en México, la desaparición forzada no solo borra personas. También borra responsabilidades.
Y cuando el último imputado sale libre, el mensaje queda intacto: el problema no es desaparecer gente, el problema es que alguien lo pruebe… y que un juez decida que importa.
Con informacion: ELNORTE/
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