En Sinaloa ya no hay “Culiacanazos”, hay temporada de guerra patrocinada por la OTAN del narco: Chapitos y Mayiza con rifles de catálogo internacional, explosivos caseros y drones como si la Sierra Madre fuera Faluya, mientras el gobierno presume “baja en homicidios” y Sedena hace conteos como si fuera censo ganadero.
La guerra civil del Cártel de Sinaloa, versión “conflicto armado no reconocido”
Según los propios datos que el gobierno admite a regañadientes, la batalla entre Los Chapitos y La Mayiza arrancó formalmente el 9 de septiembre de 2024 y, en apenas 80 días, la Sedena tuvo que recoger 703 armas en Sinaloa: 600 largas y 103 cortas, como si se hubiera caído un tráiler de convoy militar, no un par de pick ups de sicarios.
De ese arsenal, del que solo pudieron rastrear el origen de 129 piezas porque la mayoría venía limada, parchada o hechiza, 60% resultó ser “Made in USA”, con el resto repartido entre Austria, Rumania, China, Serbia, Alemania, Italia, Bélgica, España, Brasil, Polonia y República Checa, un bonito mapa de la globalización de la muerte.
Mientras tanto, en el discurso oficial, se habla de “facciones” del Cártel de Sinaloa como si fueran equipos de futbol disputando la liguilla, no bandas paramilitares privadas con capacidad de fuego superior a muchas policías estatales.
Los Chapitos, desde las jaulas gringas de sus jefes, y La Mayiza, también con su capo en prisión en Estados Unidos, están dirimiendo en los pueblos y colonias de Sinaloa lo que Washington y la 4T no se atreven ni a nombrar: un conflicto interno con lógica de guerra, pero sin reconocimiento legal de guerra.
Culiacán: laboratorio de drones, minas y pánico
En Culiacán se concentra la mayor parte de las armas aseguradas: 85 de las 129 cuyo origen se pudo identificar, pero también 80 de los 101 artefactos explosivos improvisados decomisados por Sedena en este tramo de batalla.
Ahí mismo, el 24 de enero, el Ejército “encontró” 28 artefactos explosivos para drones, artesanales, listos para uso, acomodados en un vehículo abandonado, como si la ciudad fuera zona de pruebas de ingeniería letal y no la capital de un estado mexicano.
El menú bélico incluye de todo: calibres 7.62, 5.56, 9 mm, .223 y .50, sumando cientos de piezas que no se usan precisamente para asaltos hormiga, sino para barrer camionetas, blindados pirata y casas completas.
Y aun así, la narrativa oficial insiste en tratar la situación como si se tratara de “hechos aislados”, “disputas entre bandas” y “operativos de contención”, mientras las cifras de homicidios se disparan casi 300% de septiembre a enero: de 42 asesinatos mensuales en promedio, antes de que se desatara la batalla, a 159 por mes después.
Tabla del simulacro de control
| Elemento | Realidad en Sinaloa |
|---|---|
| Tipo de conflicto | Guerra entre facciones de un mismo cártel, con lógica militar. |
| Origen del armamento | Mayoría de armas rastreables provenientes de Estados Unidos. |
| Armas aseguradas (80 días) | 703 en total (600 largas, 103 cortas). |
| Explosivos asegurados | 101 artefactos improvisados, la mayoría en Culiacán. |
| Tecnología usada | Drones con explosivos artesanales y minas improvisadas. |
| Evolución de homicidios | De 42 a 159 asesinatos mensuales tras inicio de la guerra. |
En paralelo, la imagen oficial intenta vender “debilitamiento” de Los Chapitos y La Mayiza y “baja en homicidios”, mientras los propios datos de Sedena y las cifras de asesinatos contradicen en corto el guion de conferencia matutina.
El Estado mexicano hace lo que mejor se le ha dado en los últimos sexenios: actuar de notario de la barbarie, levantar actas de armas, percutores, calibres y explosivos, pero sin tocar el entramado político, financiero y transfronterizo que abastece a estos ejércitos privados.
La cadena de responsabilidades que nadie quiere tocar
Estados Unidos presume que el 74% de las armas recuperadas en México provienen de su territorio, al tiempo que presiona al gobierno mexicano para que “desarticule” organizaciones criminales que surtieron por años su mercado de drogas bajo la mirada gorda de ambos lados de la frontera.
México, por su parte, acepta los datos, organiza operativos, asegura arsenales multicolor y se cuelga medallas mediáticas mientras calla sobre las redes de proveedores, tráficos legales e ilegales de armas y corrupción institucional que permiten que un conflicto interno de un cártel se convierta en guerra de baja intensidad contra la población.
En el fondo, la guerra Chapitos vs Mayiza es el espejo incómodo de un país donde el Estado comparte el monopolio de la fuerza con franquicias criminales, armadas con rifles de medio planeta y explosivos artesanales de la sierra.
La pregunta no es cuánto aguantan los bandos, sino cuánto más está dispuesto el gobierno a seguir llamando “incidentes” a lo que ya se parece demasiado a un conflicto armado en toda regla, sin fuero de guerra, sin derechos de víctimas y sin responsables en el banquillo.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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