Con la sobria elegancia de quien llega tarde a su propia fiesta, el Congreso local de N.L decidió —por fin— convertir en delito que operó como práctica sistemática de manipulación electoral: los famosos “acordeones”, esas guías de voto disfrazadas de ayuda cívica pero diseñadas con la precisión de un instructivo para obedientes.
La novedad no es la conducta, sino la tardía confesión institucional de que fue ilícita en esencia, aunque convenientemente tolerada.
La aprobación no fue exactamente un acto de convicción democrática, sino una coreografía política con 13 diputados de MC, Morena y PT optando por la cómoda abstención: ni avalan del todo, ni se oponen frontalmente. La ambigüedad, otra vieja aliada del poder. Alegan riesgos de inconstitucionalidad por la vaguedad del texto —y no les falta razón—, pero omiten reconocer que esa misma ambigüedad fue el lubricante de la operaciones electoral para elegir sin legitimidad al actual poder judicial.
Porque seamos claros: inducir el voto mediante “acordeones” o códigos QR no es una innovación tecnológica, es una actualización digital del viejo clientelismo. Cambia el papel por el píxel, pero la intención es la misma: sustituir la voluntad del elector por una instrucción previamente empaquetada. Eso, en cualquier sistema que se tome en serio a sí mismo, constituye una forma de coacción blanda o manipulación indebida del sufragio.
La nueva ley presume cerrar “vacíos legales”. En realidad, viene a reconocer que esos vacíos no eran accidentes, sino zonas grises cuidadosamente preservadas para operar sin consecuencias. Tipificar hoy estas conductas es menos un avance que una admisión implícita de la impunidad con la que se permitió su uso, incluso —y aquí está el elefante en la sala— en procesos tan delicados como la elección judicial.
Porque no se puede ignorar el contexto: estamos frente a un poder judicial cuya integración reciente ha sido señalada por múltiples voces como resultado de dinámicas profundamente cuestionables. Pretender ahora blindar la “pureza” del voto judicial con normas recién horneadas resulta, cuando menos, irónico. Es como instalar cámaras de seguridad después del saqueo y declarar resuelto el problema.
El argumento de que esta ley fortalece a la Fiscalía suena bien en papel. En la práctica, dependerá de quién investiga, a quién investiga y, sobre todo, a quién decide no investigar. La discrecionalidad no desaparece por decreto; se traslada.
Así que sí: convertir los acordeones en delito es correcto. Lo que resulta incómodo es admitir que se normalizó una mecánica que distorsiona la esencia misma del sufragio libre. Y más incómodo aún es hacerlo cuando las estructuras que deberían garantizar la legalidad cargan con un origen, por decir lo menos, cuestionado.
La ley llega. La credibilidad, esa sigue pendiente.
Con informacion: ELNORTE/
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