El 16 de abril, cuando ya se sabía que Estados Unidos lo traía en la mira por narcotráfico junto con al menos nueve colaboradores, Rubén Rocha Moya firmó una iniciativa para cambiar la Ley de Transparencia de Sinaloa con el objetivo práctico de tapar la rendija por la que se le puede ver el dinero y las complicidades. En la exposición de motivos habla de “homologar con la ley federal” y “racionalidad del gasto”, pero en el articulado se dedica a mutilar el derecho a saber, justo cuando más urge que la gente pueda revisar qué hizo su gobierno con el presupuesto y con el poder.
No es un error de técnica legislativa, es una coartada adelantada: mientras en Nueva York lo acusan de conspirar con el Cártel de Sinaloa, en Culiacán intenta legalizar la opacidad para que cualquier rastro administrativo de esa presunta alianza quede sepultado en un archivo marcado como “reservado por seguridad nacional” o “daño al interés público”.
Lo que intenta esconder la “homologación”
La iniciativa permite que el Ejecutivo reserve comprobantes fiscales, recibos y cualquier documento que sustente el ejercicio del gasto público, es decir, borra la ruta del dinero con sello oficial. Amplía las causales de reserva: mete seguridad nacional, estabilidad financiera, proyectos del Estado y un concepto elástico de daño al interés público, una fórmula perfecta para meter bajo la alfombra lo que incomode al gobernador y a su círculo.
Además, agranda la noción de “información confidencial” cuando existan denuncias o procedimientos administrativos en curso, para que toda investigación interna contra funcionarios quede congelada en la oscuridad mientras prescriben responsabilidades y se negocian impunidades. Es el sueño de cualquier gobernante bajo sospecha: si te investigan por corrupción o vínculos criminales, la ley en vez de obligarte a transparentar, te permite apagar la luz.
Cómo desmonta la arquitectura de rendición de cuentas
El proyecto duplica el plazo de respuesta a solicitudes de información: de 10 a 20 días, con posibilidad de prórroga, porque cuando tienes mucho que ocultar, la dilación es la primera línea de defensa. Borra la definición clara de “sujetos obligados”, amplía la discrecionalidad y elimina el Consejo Consultivo ciudadano, desmontando los pocos candados que quedaban para vigilar al poder público desde fuera del Palacio de Gobierno.
También desaparecen del vocabulario legal conceptos como transparencia proactiva, gobierno abierto y cultura de transparencia, un retroceso deliberado para regresar a la época en que el ciudadano debía pedir favores, no ejercer derechos. Y, por si fuera poco, se inhibe que los municipios tengan su propio órgano garante y se recortan las obligaciones de partidos y sindicatos de transparentar acuerdos internos, contratos, montos de financiamiento público y privado, lista de aportantes, tabuladores de remuneraciones, currículums de candidatos, estados financieros, inventarios patrimoniales y resoluciones disciplinarias.
En otras palabras, Rocha no sólo busca cubrirse a sí mismo: quiere construir una burbuja de opacidad para todo el ecosistema político que lo sostiene, de alcaldes a partidos, pasando por sindicatos aliados.
El contexto incómodo: narcoacusaciones y dinero turbio
Esta ofensiva contra la transparencia llega cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Rocha Moya y a nueve funcionarios mexicanos de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel de Sinaloa, ligada a la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense. Según la acusación, Rocha habría recibido apoyo de “Los Chapitos” para ganar la elección, con tácticas de intimidación y amenazas a opositores, a cambio de protección política para la organización criminal.
Entre los coacusados está Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, señalado por enriquecimiento personal y por presuntamente entregar a “Los Chapitos” una lista de opositores a Rocha para que fueran amenazados en la elección pasada. El mismo gobierno de Rocha fue exhibido por pedir créditos para pagar deudas y hacer obras públicas por 4 mil 500 millones de pesos sin transparencia clara, por viáticos excesivos de la exsecretaria de Transparencia y por una secretaria de Turismo que hasta chicles y miel de maple facturó en un viaje a Canadá.
Con ese historial, la iniciativa no se lee como una modernización legal, sino como un operativo de limpieza de escena del crimen institucional: cerrar accesos a auditorías, facturas, contratos y expedientes justo cuando la prensa, las organizaciones civiles y autoridades extranjeras quieren ver debajo de la alfombra.
El mensaje político: si me investiga EU, aquí mando yo
La iniciativa fue presentada por la Secretaría General de Gobierno, entonces a cargo de Yeraldine Bonilla, hoy gobernadora interina, y se le dio trámite exprés: primera lectura el 21 de abril y segunda apenas tres días después, hasta que la acusación de Estados Unidos frenó el impulso. El Congreso local la tiene ahora en comisiones, pero las organizaciones como ReCIAS y el Comité de Participación Ciudadana ya advirtieron que implica regresividad, menor control ciudadano y falta de independencia del órgano garante.
El timing es brutal: mientras Rocha Moya pide licencia temporal tras ser acusado de vínculos con el narco por Washington, deja sembrada una ley hecha a la medida de un gobernador que no quiere que nadie vea cómo se gobernó Sinaloa. Es su última carta de impunidad: si la justicia federal o internacional avanza, que al menos en Sinaloa reine la opacidad y los expedientes oficiales se conviertan en muro de contención para cualquier intento serio de rendición de cuentas.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: