Una denuncia formal presentada por el diputado federal Federico Döring Casar ante la Fiscalia General de la Republica,acusa a varios altos funcionarios y figuras públicas mexicanas—incluyendo a Andrés Manuel López Beltrán (hijo de AMLO), el gobernador de Morena Américo Villarreal y la proxima presidenta del Supremo Tribunal de Justicia,Tania Contreras,entre otros exfuncionarios de probadas curricular manchadas ,en una megacolección de delitos: conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, operaciones con recursos ilícitos, asociación delictuosa, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito,como cita INFOBAE y replicado por muchos otros medios.
¿Por qué debería importarle a todo el mundo?
Que estos entes, algunos aun servidores públicos, sean sujetos de sospecha de delitos tan graves como estos no es sólo un chisme de pasillo: es el recordatorio descarnado de que en México los intereses mafiosos pueden colarse hasta los asientos privilegiados del poder.
Cuando quienes deberían ser los guardianes de la ley y el dinero público son los sospechosos, los ciudadanos terminan pagando el precio: impunidad, alianzas con el crimen organizado, trafico de combustibles,operaciones con recursos ilícitos, asociación delictuosa, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito, y una lista de “no pasa nada” que nunca se acaba.
Si las denuncias como esta se archivan o se resuelven con “inejercicio de la acción penal” (o sea, no se investiga ni se judicializa), el mensaje es claro: el poder se blinda y el pueblo que se aguante.
¿Qué exige un autentico estado de derecho con gente derecha?
Si la FGR quiere dejar de ser la “fábrica de carpetas archivadas y sinsabores jurídicos” y dejar de vendernos inejercicios penales como especialidad de la casa, aquí les va el menú, en el hipotético caso de que la FGR haga a un lado el calculo politico y se vaya por el unico calculo,el juridico:
- Integración seria de carpeta: No basta con recibir la denuncia y avisarle a los señalados. La FGR debe investigar realmente: cateos, aseguramientos de cuentas, análisis forense de bienes y comunicaciones, rastreo internacional de movimientos de dinero, y testimonios a fondo.
- Transparencia total: Cada paso de la investigación debe ser público y documentado. Nada de archivar, nada de que “la información es reservada” mientras los implicados siguen gobernando y paseando su impunidad por aeropuertos VIP.
- Medidas cautelares reales: Si existe evidencia suficiente, la FGR debe solicitar arraigo, suspensión temporal del cargo y congelamiento de activos, no solo esperar a que los acusados “cooperan” mientras desde el poder se operan las salidas legales con calculo politico.
- Judicialización sin miedo: Nada de carpetas que duermen el sueño de los justos. Si hay delitos, toca ponerle nombre y expediente, y que todo el país vea el proceso y, si corresponde, la condena—sin importar el apellido o el puesto dentro de Morena y/o el gobierno de Morena.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
- Exigir que la FGR rinda cuentas, pedir acceso a las etapas procesales, y denunciar si ven que la investigación se simula.
- Seguir el proceso en medios independientes y no dejar que el escándalo se “enfríe” por la saturación informativa y el “ya pasó”.
- Usar mecanismos ciudadanos (transparencia, solicitudes, protestas) para que la institución no le siga cargando la impunidad a la gente mientras los de siempre siguen decidiendo el futuro del país.
En resumen
Cuando los más altos servidores públicos son señalados por delitos de corrupción y crimen organizado, no es solo una “nota política”—es el síntoma de una democracia secuestrada.
Y la FGR está obligada a investigar y judicializar sin pretextos, sin trampas ni impunidades de escritorio. Que no salgan con sus clásicos inejercicios penales baratos que luego nos venden como absoluciónes los denunciados, porque lo barato siempre sale caro.
Con informacion: INFOBAE/
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