El aguerrido periodista,Luis Enrique Arreola Vidal,nos expone informacion de manera irónica y con filo periodístico, la relación entre el gobernador de Morena, Américo Villarreal y su operador mediático Francisco Cuéllar Cardona, evidenciando un clarísimo entramado de corrupción que transita por nepotismo y el tráfico de influencias.
El texto los retrata como una triada perfecta: uno maneja el gobierno en su beneficio, otro la narrativa oficial de que el gobierno se maneja en tu beneficio repartiendo «embutes» a medios, mientras el hermano del corruptor se llena las manos con contratos de obra pública.
El gobernador: Américo Villarreal
Si alguien pensaba que el “gobierno de la transformación” en Tamaulipas sería distinto, basta ver cómo Américo Villarreal no solo trafica huachicol,o es aliado de Carteles,encabeza el poder rodeado de apellidos que huelen a privilegio y protección. Su administración se ve reducida a una caricatura de clan familiar donde el presupuesto público parece patrimonio privado, y la transparencia es un chiste de mal gusto. ¿Qué dice el gobernador ante los señalamientos? Poco, pues el silencio es su mejor estrategia ante preguntas incómodas.
Francisco Cuéllar Cardona: El “corruptor mediático”
Cuéllar Cardona es presentado como el rey del chayote, aquel que reparte dulces a los periodistas dóciles y etiqueta de “mentira” todo lo que resulta incómodo para el jefe—como las publicaciones de Código Magenta.
Su trabajo no es comunicar, sino administrar la censura con disfraz de presupuesto: convenios publicitarios para los afines, palo para los independientes. Si la verdad es rehén del erario, este payaso es el carcelero que decide quién habla y quién calla.
Antonio Cuéllar Cardona: El hermano del cemento
Mientras uno reparte embutes, el otro se despacha contratos de obra pública. Antonio aparece en todas las listas de licitadores y recibe millones por propuestas realizadas ante la Secretaría de Obras Públicas. El “sospechosismo” deja de ser paranoia cuando los documentos revelan el parentesco directo y las coincidencias demasiado convenientes: ¿compiten por casualidad en el mismo gobierno o simplemente reparten el pastel?.
Del clan al conflicto de interés
La ley no sólo tipifica el nepotismo y el tráfico de influencias, sino que les pone nombre y apellido en Tamaulipas: los Cuéllar Cardona operan en áreas críticas, uno desde el micrófono, otro desde el cemento. Las preguntas incómodas son claras: ¿cómo se asegura que Comunicación Social no influye en los contratos de construcción del hermano? ¿Existe algún blindaje real? ¿Todo esto es casualidad, o el gobierno de familia se impone sobre la ley y el interés público?
Reflexión contundente
En resumen, no se trata de “sospechosismo”, sino de evidencia pura y dura: los Cuéllar Cardona han convertido el gobierno en un negocio familiar, bajo el mando de un gobernador timorato, pazguato y en extremo corrupto, que prefiere callar ante el escándalo. Y en Tamaulipas, la impunidad tiene apellido, presupuesto y, protección oficial y no solo a narcos.
Como lo dice Luis Enrique:
En Tamaulipas, los apellidos no son casualidad.
Son llave maestra, contraseña y escudo de impunidad.
Y uno de ellos hoy retumba como eco incómodo en cada rincón del poder: Cuéllar Cardona.
La pregunta que arde en vivo.
Imaginemos la escena: las cámaras encendidas frente al gobernador Américo Villarreal Anaya.
Un reportero lanza la pregunta sin titubeos:
—Señor gobernador, ¿por qué el apellido Cuéllar Cardona aparece en dos frentes neurálgicos de su administración? ¿Es nepotismo, tráfico de influencias… o simple casualidad que apesta a arreglo familiar?
El golpe letal llega de inmediato:
—Mire, tenemos documentos, contratos millonarios, actas de fallos, videos oficiales. ¿Nos va a decir que todo es coincidencia en un estado donde el dinero fluye por coincidencia de apellidos?
El hermano de la narrativa pública.
De un lado aparece Francisco Cuéllar Cardona, coordinador general de Comunicación Social.
En febrero de 2025 salió públicamente a desmentir reportajes de Código Magenta sobre pagos irregulares a periodistas.
Su papel es claro: tratar de blindar al gobierno, controlar la narrativa, llamar “mentiras” a lo que exhibe la prensa crítica.
La pregunta es inevitable: ¿defiende la libertad de expresión… o administra la censura disfrazada de presupuesto?
Porque Comunicación Social no solo informa: reparte convenios, pauta aplaudida y etiqueta como “falsedad” lo que incomoda. En ese juego, la verdad se convierte en rehén del erario.
El hermano del concreto.
Del otro lado está Antonio Cuéllar Cardona, contratista del ramo de la construcción.
Su nombre está tatuado en papeles: actas de licitación, padrones oficiales y listados de cámaras del sector.
• En 2023, participó en rehabilitaciones escolares.
• En 2025, aparece con contratos en el municipio de El Mante.
• Ese mismo año, presentó una propuesta por $7.6 millones ante la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas.
Mientras uno controla el micrófono del Estado, el otro levanta contratos con el cemento.
Del “sospechosismo” al conflicto de interés.
Ya no hablamos de coincidencias: son hermanos.
Uno administra la narrativa pública.
El otro compite en licitaciones de obra pública.
Aquí nace un posible conflicto de interés de primer grado, regulado por la ley.
Marco jurídico aplicable.
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Art. 134: Los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.
2. Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)
• Art. 52: Se considera falta administrativa grave el uso indebido de información privilegiada.
• Art. 57: Constituye falta grave el abuso de funciones cuando un servidor público se valga de su cargo para beneficiar a familiares.
• Art. 63 Bis: Se prohíbe designar o beneficiar a parientes hasta el cuarto grado en contratos o decisiones que impliquen conflicto de interés.
Sanciones posibles: destitución, inhabilitación hasta por 10 años y sanciones económicas proporcionales al beneficio obtenido.
3. Código Penal Federal.
• Art. 220: El servidor público que indebidamente otorgue contratos o beneficios a familiares incurre en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, sancionado con prisión de 2 a 7 años y multa.
• Art. 222: Se tipifica el cohecho, aplicable si existieran dádivas para facilitar contratos.
Preguntas de interés público.
1. ¿Qué salvaguardas implementó el Gobierno de Tamaulipas para prevenir trato preferencial al hermano contratista?
2. ¿Qué murallas de integridad se levantaron para impedir que Comunicación Social influya en procesos de licitación en favor de un familiar?
3. ¿Se excusó Francisco Cuéllar Cardona de toda decisión que pudiera beneficiar a su hermano?
4. ¿Cuántas licitaciones 2022–2025 incluyen a Antonio Cuéllar Cardona, con montos, fechas y estatus?
Gobierno de transformación… ¿o gobierno de familia?
En Tamaulipas, las familias en el poder suelen repartirse el erario como herencia.
Hoy, el apellido Cuéllar Cardona aparece en dos arterias críticas: la narrativa pública y el cemento.
Los documentos ya hablaron: actas, padrones y contratos confirman la simultaneidad de los hermanos en las entrañas del gobierno.
El sospechosismo ya no es retórica: es evidencia documental.
La conclusión que incomoda.
Un Cuéllar Cardona administra la voz y la pluma.
Otro Cuéllar Cardona cobra con la pala y la licitación.
¿Coincidencia? ¿Nepotismo? ¿Tráfico de influencias?
La respuesta, señor gobernador, no puede ser silencio.
Porque cuando la luz ilumina las sombras del poder, ya no hablamos de rumores: hablamos de conflicto de interés documentado y tipificado en ley.
El apellido Cuéllar Cardona ya no es un eco: es una posible falta administrativa grave y un eventual delito sancionable.
Y en Tamaulipas, señor gobernador, las sombras siempre terminan revelándose bajo la luz.
Señor gobernador, por eso su imagen aparece en los últimos lugares de aprobación de la población.
Tiene colaboradores tan limitados que ni una neurona les gira para entender que, si van a dar privilegios, al menos pongan a personas que no sean parientes directos de primer grado.
Nota editorial:
Toda la información aquí expuesta se sustenta en documentos oficiales, publicaciones institucionales y actas públicas. Se presenta como un tema de interés ciudadano y bajo el principio de presunción de inocencia, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con informacion: LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL/
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