Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla lo reconocen abiertamente: su negocio es defender narcotraficantes. Nada mal con eso. Incluso tienen razón cuando argumentan que todos tienen derecho a una defensa legal adecuada.
Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Miguel Treviño Morales, ‘El Z40’, son parte de la distinguida lista de clientes del despacho RP Abogados. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de dos líderes históricos del mapa criminal mexicano. Zambada fue el enlace político y empresarial del Cártel de Sinaloa durante décadas. Treviño sigue dirigiendo al Cártel del Noreste desde una cárcel en México, según la fiscal general adjunta del Departamento de Justicia norteamericano, Nicole Argentieri.
Es decir, el despacho de Sergio Ramírez y de Juan Pablo Penilla representa a dos capos cuyas organizaciones criminales fueron designadas como grupos terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste son objetivos prioritarios de la administración de Donald Trump. Para los socios de RP Abogados, eso no debe significar un problema, siempre y cuando hayan notificado a la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro que sus honorarios no fueron pagados con dinero vinculado a actividades catalogadas como terroristas.
El escándalo no es que Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla defiendan narcotraficantes. El escándalo es que lo hagan en contubernio con la coalición del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los vínculos de RP Abogados con Morena son públicos y evidentes: fotografías de Sergio Ramírez y de Juan Pablo Penilla con Claudia Sheinbaum; con Mario Delgado; con Sergio Gutiérrez Luna; con Félix Salgado Macedonio; con Citlali Hernández; con Arturo Zaldívar; con Yeidckol Polevnsky; con Clara Brugada; con Pedro Haces y con Ricardo Monreal.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no conoce al abogado del ‘Mayo’ Zambada, que sus fotografías son incidentes de campaña. La versión es creíble. No obstante, el argumento pierde validez cuando las fotografías de Penilla y de Ramírez se reproducen a lo largo y ancho de toda la 4T.
Sergio Ramírez es militante activo de Morena desde 2018. Su afiliación fue ratificada en 2023. Su socio, Juan Pablo Penilla, fue designado como asesor honorífico del gobierno morenista de Américo Villarreal en Tamaulipas en 2023, de acuerdo a un oficio firmado por el propio gobernador. Aunque el nombramiento fue anulado meses después, quedó un registro oficial de la relación política.
Además, Penilla ha recibido al menos dos reconocimientos en el Congreso mexicano en eventos organizados por los senadores de Morena Juan Carlos Loera, Lucía Trasviña y Ana Lilia Rivera. A estas alturas es imposible negar los nexos del despacho RP Abogados con la 4T. De acuerdo al periódico El Universal, en el 2021, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que entonces dirigía el legislador morenista Sergio Mayer, nombró a Sergio Ramírez como enlace técnico con un sueldo de 65 mil pesos mensuales. Hay un contrato firmado de por medio. ¿Así o más clara la relación?
¿Hasta dónde llega la influencia de Sergio Ramírez y de Juan Pablo Penilla en el gobierno de la Cuarta Transformación? Esta es la pregunta crucial. La respuesta está en esta fotografía de 2019: los socios de RP Abogados sostuvieron una reunión en Bucareli con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el subsecretario, Ricardo Peralta Saucedo, para promover un modelo de justicia transicional. La propuesta de Ramírez y Penilla, abogados confesos de narcotraficantes, consiste en la firma de pactos judiciales con los cárteles y con grupos paramilitares que operan en México para iniciar un “proceso de paz”.
No es casualidad que Ramírez y Penilla hayan encontrado el acceso a la 4T a través de Ricardo Peralta Saucedo, el polémico subsecretario de Gobernación que recientemente había sido destituido de la Administración General de Aduanas por serias acusaciones de corrupción. Peralta fue quien designó como administrador de la aduana de Reynosa a Julio Carmona, el hermano de Sergio Carmona, el llamado ‘Rey del Huachicol’ que financió campañas políticas de Morena por 500 millones de pesos en el 2021 y que fue brutalmente asesinado en una barbería de San Pedro Garza García.
El modelo de justicia transicional que aún promueven Ramírez y Penilla se convirtió en la agenda prioritaria de Ricardo Peralta. Esa fue la pantalla legal que le permitió al entonces subsecretario de Gobernación reunirse con grupos de autodefensa de Michoacán y Tamaulipas.
Oficialmente, Peralta los invitó a formar parte de este esfuerzo de justicia transicional. Extraoficialmente, se estaba gestado un grupo paramilitar de movilización electoral patrocinada por Bucareli. El acercamiento con los grupos de autodefensa de Tierra Caliente y con la Columna Armada Pedro J. Méndez le terminaron costando el puesto a Ricardo Peralta. El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió la renuncia y no volvió a darle un espacio en el gobierno federal. Las pruebas llegaron desde Washington.
A pesar de la caída de Peralta, Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla siguieron dentro del círculo de influencia de la 4T. La cercanía de RP Abogados con Morena genera dudas serias sobre potenciales conflictos de interés.
El caso del ‘Z40’ es un ejemplo perfecto: Estados Unidos solicitó su extradición desde 2011. A pesar de ello, Treviño Morales tiene más de una década dirigiendo al Cártel del Noreste desde prisión y ha utilizado su influencia en México para evitar que sea entregado a las autoridades de Estados Unidos.
Alberto Islas, analista de seguridad y fundador de la consultora Global Leading Solutions, le dijo Insight Crime que “su contraofensiva para evitar la extradición va más allá de una lucha legal: también ha estado haciendo campaña en los medios de comunicación y sembrando dudas sobre la legitimidad de la extradición”. Islas se refiere, por supuesto, a la conferencia de prensa que celebraron Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado en septiembre de 2024 para denunciar que su cliente no es en realidad el ‘Z40’ y que su extradición sería una violación “a la soberanía de México”.
En octubre del año pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuestionó la falta de progreso en el proceso de extradición. Dijo que el caso se estancó por culpa de los jueces. Casualmente, el pasado 25 de febrero, el fiscal General de la República retomó el tema.
¿Qué cambió? El gobierno de Donald Trump le entregó a México una lista de 30 objetivos extraditables. La lista será parte de las negociaciones bilaterales. El chantaje de Ismael Zambada contra la 4T, también. En ambos casos se afectan a representados del despacho RP Abogados. Por eso, reiteramos, el escándalo es la cercanía de Sergio Ramírez y de Juan Pablo Penilla con Morena. La mesa está puesta para un conflicto de interés.
El asunto de fondo no son las fotografías de Sergio Ramírez y de Juan Pablo Penilla con la 4T. Esto es parte de un patrón. ¿Por qué los nombres de Mario Delgado y Américo Villarreal aparecen en las bitácoras de vuelo de la aeronave con matrícula XB-PND de Sergio Carmona, el ‘Rey del Huachicol’? ¿Por qué los entonces senadores de Morena José Narro y Américo Villarreal aparecen en fotografías con un presunto operador financiero del Cártel del Noreste horas antes de que desapareciera?
Horacio García Rojas, mano derecha de Sergio Carmona, dijo en una grabación en poder de Código Magenta que las complicidades de las estructuras criminales que financian campañas políticas llegaron hasta las más altas esferas de poder de la 4T.
Ahora sabemos que, de acuerdo a un operador de Sergio Carmona que buscó asesoría legal en Estados Unidos con el abogado Eddie Varón Levy, que el ‘Rey del Huachicol’ se habría reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador meses antes de ser ejecutado. Carmona y había hecho contacto con las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
No sólo se trata de Sergio Ramírez, Juan Pablo Penilla, Sergio Carmona o Gerardo Vázquez Barrera. Esto va mucho más arriba.
Con informacion: CODIGO MAGENTA/
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