Mientras abogados litigantes se manifestaban para exigir su destitución, Rogelio Aguirre —director del Registro Público de la Propiedad en Matamoros— dijo desconocer el motivo de la protesta. Es decir: el funcionario a cargo de una oficina cuestionada por retrasos, costos y trámites que impactan directamente en el patrimonio de las familias, apenas se enteró cuando los inconformes llegaron a hacer ruido afuera de su puerta.
El problema no es sólo que abogados litigantes exijan la salida de Rogelio Aguirre: es que el director del Registro Público de la Propiedad en Matamoros responde a una protesta por cobros y retrasos con la vieja receta burocrática de “yo no sabía” y “vengan a decirme qué quieren”. Y, de paso, defiende un sistema que cobra extra por hacer con rapidez lo que, por obligación, debería tramitar con eficiencia.
La explicación del director fue tan institucional como cómoda: que no sabía cuál era la irregularidad, que iba a hablar con los manifestantes y que, si había expedientes pendientes, se les daría seguimiento. Como si los abogados hubieran acudido a solicitar una cortesía y no a reclamar por una oficina que, según denuncian, tarda y cobra mientras administra documentos que pueden decidir quién conserva —o pierde— una propiedad.
Aguirre defendió especialmente el llamado “pago urgente”, una tarifa de alrededor de 1,673 pesos aplicable, dijo, a certificados y escrituras. Según su versión, el dinero no lo cobra directamente el Registro, sino la Oficina Fiscal del Estado, y está contemplado en la Ley de Hacienda.
El argumento es legalista, pero no responde la pregunta de fondo: ¿por qué un ciudadano debe pagar un sobreprecio para que el gobierno haga rápido lo que, en condiciones normales, tendría que hacer bien?
Porque en Matamoros y en Tamaulipas bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal, la eficiencia parece haber sido convertida en producto premium. Si quieres que tu documento no quede empolvándose entre sellos, folios y escritorios, paga la modalidad urgente. La burocracia, al parecer, encontró cómo monetizar su propia lentitud: primero deja que el trámite avance a paso de tortuga; luego vende la posibilidad de que camine.
El director aseguró que los trámites ordinarios pueden tardar hasta un mes y que no existen documentos con más de dos meses de atraso. Para él, un mes no representa un retraso considerable; para quien necesita registrar una escritura, obtener un certificado o resolver una operación patrimonial, puede significar una compraventa detenida, un crédito congelado, una sucesión atorada o un conflicto legal agravado por la inacción oficial.
Aguirre también atribuyó las demoras al volumen de trabajo y a una plantilla de aproximadamente 17 personas. Pero la sobrecarga laboral no borra la responsabilidad institucional ni convierte el atraso en servicio público aceptable. Menos cuando la salida ofrecida al ciudadano consiste en pagar para que el expediente reciba la atención que debería tener sin tarifa adicional.
La protesta cobra una dimensión todavía más delicada por el contexto en que opera el Registro Público y el aparato catastral de Matamoros: dependencias que manejan información y documentos fundamentales para acreditar la propiedad de casas, terrenos, ranchos y negocios.
En Valor Tamaulipeco hemos difundido señalamientos sobre una red de despojo inmobiliario vinculada al Cártel del Golfo y sobre sus conexiones con estructuras municipales y estatales ligadas a Notarios ,abogados del CDG y el Registro Publico de la Propiedad.
Precisamente por eso, cualquier opacidad, retraso o cobro que parezca abrir una vía de privilegio en oficinas registrales no es un asunto menor. Cuando se trata de escrituras, certificados y antecedentes de propiedad, la obligación pública no puede ser “pague para que le resolvamos pronto”. Debe ser certeza, trazabilidad, plazos claros y acceso igualitario.
En lugar de explicar por qué el ciudadano tiene que desembolsar casi 1,700 pesos para no quedar atrapado en la fila burocrática, Aguirre sostuvo que todo pago urgente lleva ticket, sello y recibo. Qué bueno que haya recibo. Pero un recibo no transforma en buen servicio el hecho de cobrar por acelerar la obligación elemental de una oficina pública que trabaja rápido cuando se trata del Cartel del Golfo.
El reclamo de los litigantes, entonces, no se reduce a una protesta contra un funcionario. Es un recordatorio incómodo: en Matamoros, donde la propiedad necesita controles especialmente estrictos, el Registro no puede operar con la lógica de que la lentitud es normal y la prontitud se vende por ventanilla. El gobierno no debería cobrar por dejar de tardarse. Debería dejar de tardarse, punto.
Con información: MEXNOTICIAS/
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