Puede vivirse en México toda la vida y, sin embargo, no llegar a entenderlo a plenitud. Juguemos con algunas cifras. Según los datos de una encuesta divulgada por la consultora México Elige, un 45.9% de los entrevistados cree que el presidente López Obrador habría recibido dinero del narcotráfico en sus campañas. Esta acusación, que el mandatario y su oficina han rechazado con vehemencia en diferentes ocasiones, surgió de reportajes publicados por medios estadounidenses como The New York Times y ProPublica, que dieron cuenta de las indagaciones realizadas al respecto por agencias del gobierno de los Estados Unidos.
Según la propia encuesta, un porcentaje de 45.3%, no creen que esto sea verdad. Otro 4% dice que “no le importa” y un 4.8% se lava las manos y asegura que “no sabe”.
Pero no acaba ahí. Otra encuesta, esta del diario El Economista y publicada el 15 de marzo, dice que 54% de los entrevistados aprueban la gestión del presidente. Esto nos dejaría con un porcentaje de 8% de mexicanos que respaldaría a López Obrador, aunque creyera, a la vez, que podría haber recibido apoyo del crimen organizado en sus campañas electorales. Y si sumamos al 4% que declaró que ese señalamiento no le importaba, tenemos ni más ni menos que un jugoso 12% de personas que, activa o pasivamente, estarían a favor de que circule “dinero de sangre” en la política, ya sea porque les parece bien o porque no creen que sea para tanto.
Alguien dirá que las encuestas son una cosa y la realidad otra, porque las opiniones y los hechos se cuecen aparte, que el gobierno ha rechazado cada vez los señalamientos y que nadie ha presentado pruebas concluyentes, sino solo testimonios y trascendidos.
Lo importante no es eso, sino que existe el indicio de que un porcentaje de los habitantes de este país (quedamos que alrededor de 12%) estaría dispuesto a tolerar, si fuera el caso, la participación del narco en las campañas.
Y digo “indicio” porque se trata de encuestas distintas y porque para afirmarlo haría falta una pregunta a modo de bisagra: “¿Apoyaría usted a un candidato o partido aunque creyera que recibe apoyo del crimen organizado?”.
Es muy probable que, ya puesto de ese modo, algunos o muchos encuestados dijeran que no, aunque se coligiera de sus respuestas anteriores. Lo interesante, pues, es justo ese atisbo de que muchos mexicanos han normalizado al crimen al punto de ver su participación en las elecciones como un asunto menor, natural o hasta conveniente.
Otro indicio: en la misma encuesta de México Elige, se preguntó a los entrevistados quién ejerce el poder real en el país. Y un 47.2% dijo que el poder lo tiene el crimen organizado, ante un 45.3 que asegura que está en menos del gobierno federal. Hay, cómo no, un 6.3% que dice no saber y un nihilista 1.2 que afirma que no le importa. La percepción de que las organizaciones criminales tienen más poder que el propio gobierno no es nueva, pero ha aumentado en la medida que también lo ha hecho la violencia, en general, y los delitos específicos contra los ciudadanos, como secuestros, extorsiones o amenazas. Por no hablar el control territorial directo de los grupos criminales.
Pero no es solamente en los estudios de opinión en donde la sombra del crimen se crece. Es, sobre todo, en el día a día. El asesinato este fin de semana de Humberto Amezcua, alcalde con licencia de Pihuamo, Jalisco, el secuestro del periodista Jaime Barrera, la semana pasada, en Guadalajara (quien, por fortuna, fue liberado ileso), son muestras de que el crimen organizado es un jugador indudable en el tablero electoral. Y que, asombrosamente, existen a quienes esto no les parece mal. Aunque a muchos otros nos resulte difícil de entender.
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