Más del 95 por ciento de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en lo que van del sexenio no han concluido, informó Víctor Manuel Andrade, titular de la Unidad Asuntos Jurídicos de esa institución.
Ante diputados federales, precisó que del 15 de marzo de 2018 a la fecha, se han presentado 266 denuncias de hechos; sin embargo, más del 95 por ciento están activas debido a un largo proceso para resolver la causa penal.
Argumentó que no es culpa ni de la ASF ni de la Fiscalía General de la República (FGR), sino de la serie de pasos que se deben cubrir en la investigación y llevar los hechos ante el Poder Judicial.
También, el funcionario comparó que de 1998 a 2020 se presentaron mil 184 denuncias, de las cuales el ochenta por ciento se encuentran activas ante la FGR o las instancias jurisdiccionales correspondientes.
"La presentación de la denuncia de hechos es un trabajo colaborativo y coordinado que involucra diversas fases, procedimientos, y áreas de la Auditoría Superior conforme a los procesos de fiscalización", explicó en sesión de Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados.
"Una denuncia penal se presenta cuando ha sido el dictamen técnico correspondiente elaborado por la Auditoría Especial de Seguimiento, ya sea a través de sus direcciones generales de seguimiento, o por la dirección general de investigación".
Chocan por 'impunidad' en denuncias
La panista María Elena Pérez-Jaén dijo que la ASF presenta un panorama desalentador y de impunidad respecto al avance de las denuncias penales.
"Estoy muy preocupada por lo que nos presenta, por el estado de impunidad en que vivimos. La abrumadora realidad de las denuncias de hechos ante la FGR revela un panorama desolador y desalentador", reclamó.
Responsabilizó a la Unidad Jurídica y a la Auditoría Especial de Seguimiento, encabezada por Nemesio Arturo Ibáñez, por la tardanza en integrar dictámenes para darles seguimiento y conclusión.
"Podemos inferir que la corrupción, la negligencia y las prácticas dudosas han estado prosperando bajo la mirada apática de quienes deben velar por la legalidad. Por supuesto, estas cifras que presentan son vergonzantes", reclamó.
Resaltó que las denuncias penales corresponden a casos de corrupción, malversación de fondos y prácticas ilegales que parecen archivados por su falta de conclusión.
Asimismo, señaló al titular de la unidad jurídica, Víctor Manuel Andrade, de permitir una crisis legal para resolver las denuncias penales, por lo que las prácticas corruptas se arraigan.
En respuesta a Pérez-Jaén, Víctor Manuel Andrade solo dijo que en los asuntos en los que la ASF ha presentado una denuncia penal, se ha asistido a todas las audiencias.
En otra parte de la sesión de la Comisión de Vigilancia, el auditor especial de Desempeño, Agustín Caso, reconoció que en este sexenio se dejaron de hacer las auditorías de desempeño a las políticas públicas del Gobierno.
Al responder a otro cuestionamiento de la diputada María Elena Pérez-Jaén, el auditor dijo que ello se decidió desde hace dos años.
El priista Hiram Hernández Zetina también cuestionó cómo es que no hubo auditorías de desempeño en las obras emblemáticas del Gobierno, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, las cuales fueron señaladas, en su momento, como inviables y sin planeación.
Agustín Caso fue el auditor responsable de señalar que la cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco tendría un costo de más de 300 mil millones de pesos, lo que generó molestia en la Presidencia de la República y provocó, incluso, un proceso de sanción en su contra, al acusarlo de llevar una mala metodología para llegar a tal conclusión.
Luego de salir absuelto en el proceso de sanción, regresó al cargo, pero ya con restricciones para realizar las evaluaciones a las políticas públicas.
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