La política de “abrazos, no balazos”, las medidas de austeridad y la corrupción que persiste en el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha provocado el “ascenso de la violencia” por la “incapacidad” del Estado por controlar el dominio de los cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión para Combatir el Tráfico de Opioides Sintéticos, compuesta por integrantes del Senado y la Cámara de representantes de Estados Unidos, así como de otras siete dependencias de gobierno de ese país, incluidos los Departamentos de Estado, de Seguridad Nacional, de Defensa y la DEA, “en ausencia de una acción definitiva”, es decir, “una estrategia anticorrupción o antiviolencia más amplia, las organizaciones criminales trasnacionales continuarán prosperando y expandiéndose”.
En ese sentido el informe señala que, pese a que el Presidente de México se ha comprometido a combatir la corrupción sistemática, “las medidas de austeridad de México han limitado aún más la capacidad institucional del país” y muestra de ello es que el país gasta menos del 1% de su PIB en seguridad.
La advertencia es clara: “en ausencia de una acción definitiva, las organizaciones criminales trasnacionales (cárteles del narcotráfico) continuarán prosperando y expandiéndose”; sin embargo, “la política de gobierno existente —de “Abrazos, no balazos”— hacia los cárteles, ha implicado el “dominio” que mantiene organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG). Así lo señala el último reporte de La Comisión Federal para Combatir el Tráfico de Opioides Sintéticos de Estados Unidos en el que se señala a México como “la principal fuente de fentanilo ilícito y sus análogos actualmente”.
De acuerdo con el análisis de dicha comisión bipartidista compuesta por legisladores, especialistas y funcionarios de departamentos y agencias federales estadounidenses como son el Senado, la Cámara de Representantes, de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, la Administración de Control de Drogas (DEA); así como los Departamentos de Seguridad Nacional, de Defensa, del Tesoro, el Departamento de Estado y la oficina del director de la Agencia Central de Inteligencia, en México “es necesario hacer más” en contra de las organizaciones criminales y el ascenso de la violencia.
Parte de la dificultad a la que se enfrenta México, señala el informe, “puede explicarse por la corrupción, las amenazas de los violentos cárteles y, hasta hace poco, la renuencia de las autoridades mexicanas a reconocer el creciente problema del tráfico ilegal de fentanilo”. En ese sentido la Comisión sugiere que “el gobierno mexicano debe ejercer mayores funciones relacionadas con la seguridad o el control en partes del territorio nacional donde las organizaciones criminales trasnacionales tienen su bastión”.
Sin embargo, además de hacer una crítica respecto a los resultados de la política de “abrazos, no balazos” que el gobierno actual mantiene, el reporte de 148 páginas publicado este lunes también hace énfasis en que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en acabar con la corrupción, “las medidas de austeridad de México han limitado aún más la capacidad institucional del país” para hacer frente al tráfico de medicamentos y precursores, —en su mayoría provenientes de China y la India— y muestra de ello es que el país gasta menos del 1% de su PIB en seguridad, sostiene el informe.
“El presidente de México, quien al inicio de su presidencia se comprometió públicamente con una política de “abrazos, no balazos” para los cárteles a pesar del continuo ascenso de violencia, debe hacer más en los próximos meses y años para abordar de manera más directa la amenaza que representan los cárteles para la salud y la seguridad de las personas tanto en México como en los Estados Unidos”, aclara.
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