Un juez federal negó a Ricardo Anaya la posibilidad de comparecer en su próxima audiencia por videoconferencia desde un lugar fuera de la Ciudad de México, y le hizo ver que podía ordenar su presentación física al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
En la audiencia celebrada en dicho recinto judicial, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia aplazó para el próximo 8 de noviembre a las 9:00 horas la diligencia de imputación, luego de que la defensa del panista solicitara el diferimiento para estudiar mil fojas de la investigación que apenas el pasado viernes le proporcionó la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con fuentes judiciales, durante la diligencia de este lunes, el juez preguntó a Anaya y sus abogados si estaban en recintos diferentes, porque aparecían conectados desde pantallas distintas, y les recordó que, conforme al artículo 56 párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, debían estar en un mismo lugar y ese lugar debía ser en la Ciudad de México.
Enseguida les instruyó al imputado y sus abogados acreditarle que estaban conectados a la videoconferencia desde la Capital del País.
La defensa presentó en ese momento un recurso de revocación contra esta última instrucción del juez, sin embargo, Fuerte Tapia lo declaró procedente pero infundado, al estimar que su reclamo no tiene fundamento legal.
Para fundamentar su decisión, el juzgador leyó enseguida los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal que establecen la creación de los Centros de Justicia Penal Federales en la Ciudad de México, en los que expresamente indican que su jurisdicción es sólo en la Capital del País.
Por esta razón, al diferir para noviembre próximo la audiencia de imputación, el juez les reiteró que para entonces deberán comparecer dentro de su jurisdicción, en esta Capital, mencionando que podía ordenar que se presentarán materialmente en el centro de justicia.
Enseguida, según los funcionarios consultados, Fuerte Tapia le preguntó a Anaya y los presentes en la videoconferencia si les había quedado claro lo anterior, respondiendo todos que sí.
Cuando el pasado 26 de agosto se difirió por vez primera la audiencia, el juez Gustavo Aquiles le especificó a Anaya que ayer obligatoriamente debía estar físicamente en la Ciudad de México "o sus alrededores", motivo por el que el panista debía regresar al País.
Las autoridades federales presumen que el panista se conectó este lunes por videoconferencia desde el extranjero, pues desde el 5 de julio y hasta las 6:00 horas de hoy, no había ningún reporte migratorio que indicara su ingreso al país.
El fallo del juez, que obliga a Anaya a viajar a la CDMX para noviembre próximo, abre la posibilidad al panista de presentar un amparo y, posiblemente, suspender la audiencia por tiempo indefinido.
La FGR busca que el ex candidato presidencial sea procesado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, por supuestamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos de manos de Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética.
La acusación tiene su origen en la denuncia que el 11 de agosto de 2020 presentó el propio ex director de Pemex contra diversos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto y senadores del PAN y del PRI de la legislatura pasada.
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