En octubre de 2020, una mayor de la justicia militar, cuyo nombre me veo obligado a proteger pues ahora el ejército la busca, me adelantó: lo que quieren los militares es tomar el control de la seguridad pública del país. Para eso fue siempre la Guardia Nacional (GN), decía.
En su voz entrecortada había una mezcla de coraje y temor. Por oponerse a ello, había sido expulsada de un puesto directivo en la GN y enviada como fiscal militar a Tamaulipas, un estado asolado por el narcotráfico y donde tres de los últimos gobernadores han sido acusados de estar ligados con el crimen organizado. Era una sentencia de muerte para ella, y tuvo que desertar.
Ahora, las advertencias de la mayor han sido confirmadas públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina del 15 de junio anunció que propondrá una nueva reforma para que la Guardia Nacional —que según la Constitución es una fuerza civil— se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional, sumándose al ejército y la Fuerza Aérea. Esta es una apuesta errónea. Y peligrosa.
Primero porque transgrede la premisa inicial de formar una nueva policía nacional en sustitución de la oxidada Policía Federal creada doce años atrás bajo el mando de Genaro García Luna, un exsecretario de Seguridad Pública que hoy está encarcelado y procesado en Estados Unidos. De concretarse lo que busca López Obrador, el país se quedaría sin una fuerza civil federal de seguridad.
Segundo y más importante: porque la GN, constituida provisionalmente con militares, ha sido ineficaz para reducir la violencia. Aun cuando desde principios de 2020 se habían movilizado ya cerca de 80.000 elementos en el país, datos oficiales prueban que en México asesinan a un promedio de 97 personas todos los días, una cifra no muy distinta de los años previos a la López Obrador y la Guardia. Mayo de 2021 fue el mes más violento en lo que va de su gobierno.
Además, los militares de la GN carecen de la capacitación esencial para desempeñarse como policías. Más del 90 por ciento no tienen los exámenes y certificados que avalan que tienen las habilidades para hacer bien ese trabajo, en una flagrante violación a la ley de la propia Guardia y al artículo 21 de la Constitución. Por tratarse de un nuevo cuerpo se les había dado un plazo de dos años para lograrlo, que concluyó en mayo.
El gobierno justificó la conformación inicial de la GN con miles de soldados y marinos bajo el argumento de que era necesario agilizar un rápido despliegue de fuerza que plantara cara a los criminales. Se prometió que sería temporal mientras se reclutaba a nuevos policías civiles que fueran relevando a los militares cedidos inicialmente.
La realidad, como hemos podido ver, es que no se ha trabajado para constituir una fuerza civil. A más de dos años del despliegue inicial no hay un solo civil reclutado por la GN. Un oficio de esa corporación fechado el pasado 30 de abril y obtenido a través de una solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, muestra que sus 37.768 nuevos elementos son en realidad reclutas militares: 6337 provienen de la Marina y 31.431 del ejército.
Lo que ha ocurrido, en realidad, es que son las fuerzas armadas las que han reclutado más y más soldados que luego van a la GN. Es similar a lo que se hizo con los militares transferidos al inicio.
El relevo civil prometido no ha iniciado. Los otros más de 60.000 elementos restantes que conforman la GN siguen siendo los soldados enviados al principio, con excepción de 25.357 expolicías federales transferidos de la corporación que se desmanteló. Y según mis investigaciones, el manejo del personal ha estado sometido a mandos castrenses.
Involucrar a militares en tareas de policías ha resultado riesgoso. Hay antecedentes que lo evidencian, como una masacre en el Estado de México en 2014 a manos de integrantes del ejército. Solo en el primer semestre de 2020 elementos de la GN estuvieron implicados en al menos cinco casos graves de abuso de la fuerza donde hubo víctimas mortales. Una oficina de atención a víctimas del ejército ha intervenido para pagar indemnizaciones en secreto a los afectados y cerrar algunos casos.
Un informe oficial advertía, además de la nula o escasa formación policial que tiene la mayoría de los integrantes de la GN, que su despliegue territorial carece de una estrategia clara de combate criminal, y que no opera con transparencia.
Consumar ahora la extinción de la policía nacional del país en pro de una fuerza militar exige otra reforma constitucional que solo puede ser aprobada por dos terceras partes del Congreso. El partido del presidente no logra ese número ni con sus aliados. Necesitan los votos de una oposición que avaló la creación de la GN con premisas y objetivos que no se han cumplido.
Está en manos del Congreso cumplir con lo que hace dos años se estableció y frenar la extinción definitiva de la policía civil nacional de México. Y no es todo: el Congreso debe exigir que se evalúe y certifique a los guardias nacionales como policías preparados para lidiar con civiles; y que quien no supere los exámenes sea removido, como manda la ley.
La oposición también debe reclamar que se fortalezca el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la que constitucionalmente sigue adscrita la GN, que cese el reclutamiento de soldados y que se transfieran todos los recursos y el mando a funcionarios civiles. No son peticiones imposibles, son los parámetros que se estipularon por la ley cuando se creó la Guardia.
Y hay un elemento más que es vital y se podría olvidar: que se apoye con recursos y voluntad política al denominado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, un proyecto para profesionalizar a las policías municipales que se prometió de forma paralela a la GN, pero al que hoy no se le ha destinado ni presupuesto.
Una fuerza militar de seguridad sin transparencia, incapaz de prevenir el delito y con una estela de casos de abuso de fuerza no contribuirá a pacificar a este país violento. El Congreso debe saberlo tanto como quienes cubrimos todos los días la realidad mexicana.
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