Soldados desplegados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hostigaron el pasado 8 de junio la vivienda de María Elena González, viuda de Jacob Rodríguez González, asesinado el pasado 10 de marzo por elementos del Ejército. Según relató la mujer, se encontraba en su domicilio en la colonia Santiago N. Belden, de la ciudad fronteriza, cuando seis vehículos militares (cuatro pick-up y dos blindados) se apostaron en las inmediaciones de la casa. Allí permanecieron hasta la llegada de otros familiares y de representantes del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
“Me puse bien nerviosa. Ellos se seguían acercando, arrimando. Como no tengo ventanas, se asomaban”, dijo, en entrevista con Animal Político. La mujer tiene medidas de protección cautelares interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que impiden que los soldados realicen cateos y operativos de vigilancia a su alrededor sin que exista una orden de la autoridad competente.
“Tiene nueve meses de embarazo y esto puede ponerla en riesgo. Hacemos responsables al personal militar asignado a Nuevo Laredo de las afectaciones a la salud que pudiera tener la señora María Elena y el producto de su embarazo”, denunció Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
María Elena González sobrevivió a los disparos de los militares el pasado 10 de marzo, en unos hechos que desembocaron en la muerte de su esposo, Jacob Rodríguez González. Ambos circulaban en un vehículo de camino a la Cruz Roja para una revisión del embarazo cuando fueron atacados por soldados, que argumentaron estar en una persecución. “Ellos dicen que cómo yo sé que mataron a mi esposo. Pues yo los vi. Eran los únicos que estaban ahí”, recuerda González.
A pesar de que los militares están identificados, no se han registrado detenciones ni tampoco la vinculación a proceso de ninguno de ellos.
En los últimos años, Nuevo Laredo es escenario de diversos hechos violentos y vulneraciones a los derechos humanos perpetrados por elementos del ejército. El CDHNL tiene identificados 10 episodios de ejecución extrajudicial. Entre ellos está el caso de Jacob Rodríguez, el esposo de María Elena González. Además, en los seis primeros meses de 2018 se registraron al menos 47 desapariciones forzosas que se atribuyen a elementos de la secretaría de Marina. De hecho, 30 marinos están en prisión mientras se esclarece su participación en los hechos.
“Estamos preocupados porque es la segunda vez que molestan. Además, es victima sobreviviente de un atentado, la sola presencia de los militares la afecta”, dijo Ramos sobre el hostigamiento a la vivienda de la sobreviviente.
Durante la tarde del martes, los militares estuvieron desplegados en las inmediaciones del domicilio de González sin dar explicación alguna. Alarmada ante la presencia de los uniformados, su suegra, Paulina González Torres, trató de acudir al lugar pero no le permitieron el acceso. Ella alertó de que en la vivienda se encontraba una mujer en avanzado estado de gestación y acompañada únicamente por dos menores de edad, pero fue en vano. Incluso mostró el oficio con las medidas cautelares de la CNDH con fecha de mayo de 2021 pero tampoco fue atendida.
Un mes antes, el 26 de abril, también en Nuevo Laredo, uniformados rodearon el vehículo de la mujer y le dijeron que bajara. “Jaloneaban mi puerta y me apuntaban. Yo les decía que qué se les ofrecía, pero no nos dejaban pasar”, explica González. Nunca le hicieron mención al asesinato de su marido, pero parece mucha casualidad que en menos de un mes esta mujer haya sufrido dos situaciones similares con los militares.
Ante el hostigamiento sufrido por la familia de la víctima del ataque de los soldados, el CDHNL instó a las autoridades a hacer respetar las medidas cautelares interpuestas por la CNDH.
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