El arresto del ex gobernador nayarita Roberto Sandoval, ayer domingo en Nuevo León, fue un giro muy calculado al interior de la 4T. Sandoval es requerido por la justicia de Estados Unidos y su detención obedece, según pudo conocer LPO, a un gesto que Andrés Manuel López Obrador busca tener para con el país vecino a horas de la llegada de la vicepresidente Kamala Harris.
Sandoval es un objetivo de especial interés del FBI y la DEA desde el año 2019, cuando el Departamento del Tesoro al exgobernador de cometer "graves violaciones a los derechos humanos", enriquecerse ilícitamente y de recibir sobornos del narcotráfico a cambio de información y protección. El Gobierno estadounidense también señaló entonces a su hija, Lidy Alejandra, junto a su hijo, Pablo Roberto, y su esposa, Ana Lilia López Torres, por seguir "disfrutando de los beneficios ilícitos provenientes de los esquemas de corrupción".
Un detalle no menor: Sandoval es señalado por supuestos nexos con células criminales en EU, varias de las cuáles estarían operando en California, el estado de la vicepresidente de Joe Biden.
El arresto de Sandoval, y su probable entrega a EU, es un inconveniente para el mando militar. El caso de Sandoval se relaciona con el de su ex fiscal, Edgar Vieyta. Este fue señalado por presuntos nexos con el denominado cartel H2, que es el grupo criminal que, según la DEA, era protegido por el general Salvador Cienfuegos.
Si Sandoval es enviado a EU y comienza a aportar información ante los fiscales, el termo de los oficiales mexicanos es que termine por alimentar el caso de la DEA contra Cienfuegos, caso en el cual la Sedena no cree ni creyó en ningún momento. De hecho, la ley de seguridad nacional que se votó en el Congreso para limitar la injerencia de agencias extranjeras en México fue la respuesta de la Sedena al arresto de Cienfuegos.
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