Una de las últimas travesuras de Alfonso Durazo Montaño al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –antes de irse a buscar el gobierno de Sonora– es la creación de la “policía minera”. El 28 de septiembre pasado encabezó la ceremonia con que se graduó la primera generación de esta nueva policía de elite: 118 elementos que se “especializaron” en dar seguridad a los polémicos consorcios que se encuentran en permanente conflicto con comunidades indígenas y campesinas de todo el país.
¿O no debemos atribuir a la cabeza del sector tal trastada sino al titular de la corporación específica de la que emana el nuevo cuerpo policiaco? Nos referimos al licenciado en administración de empresas por la Universidad del Noroeste Manuel de Jesús Espino Barrientos, mejor conocido como Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF).
Sí, estamos hablando de la, probablemente, personificación más clara de las contradicciones de la 4T: un expresidente del Partido Acción Nacional (PAN); expresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América; exintegrante de organizaciones como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y, según investigaciones del periodista Álvaro Delgado, de la Organización Nacional del Yunque; militante hasta la fecha de otras igualmente de la derecha y ultraderecha mexicanas como la Asociación de Scouts de México y Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC). Además, férreo activista contra los derechos de las (consideradas por él) “antinaturales” parejas del mismo sexo y contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Pero no vayamos a pensar que se trata de un conservador, ¿verdad? Cómo podría serlo si hoy es integrante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y funcionario del “juarista” gobierno de México que impulsa la “Cuarta Transformación”. Vaya, hasta se le puso al frente de uno de los órganos administrativos desconcentrados más importantes de la seguridad pública: el que se encarga de la protección de todas las instalaciones federales. En sus manos está el control de los edificios gubernamentales y las plantas estratégicas del país.
Pues bien, de la corporación que dirige Manuel Espino salen los elementos que ahora conforman la “policía minera”. Algunas maniobras habrán hecho Durazo y Espino para convencer al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de utilizar a una institución de seguridad pública para beneficiar los intereses privados de los empresarios mineros.
De hecho, el artículo 3 del Reglamento de Protección Federal señala que “El Servicio de Protección Federal tiene a su cargo la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los órganos de carácter federal de los Poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten”.
Y continúa, en un segundo párrafo, como estirado paraguas para la creación de Durazo-Espino: “Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de instalaciones estratégicas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y prestar servicios a personas físicas o morales cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas por el Estado, u otras que por su condición, relevancia o trascendencia de sus actividades, contribuyan al desarrollo nacional, así como a representaciones de gobiernos extranjeros en territorio nacional, de conformidad con los lineamientos generales que al efecto establezca la Secretaría de Gobernación”.
Ni cuando el PAN gobernaba formalmente recibieron tal regalo los consorcios mineros. Ya no será necesario que paguen guardias blancas como hasta ahora. Contarán con protección a cargo del erario. La nueva corporación fue creada al gusto de las cámaras industriales.
Falta por ver qué protocolo aplicarán ante las disputas que mineras y comunidades sostienen a lo largo de la geografía mexicana. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina documenta 55 conflictos activos en México.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) no da crédito que se le premie con una policía de elite a un sector que “despoja, deforesta, no paga impuestos, incumple contratos con los campesinos e indígenas, viola resoluciones judiciales, está involucrado en la violencia, crímenes como el de Mariano Abarca o Bernardo Vázquez, contamina irremediablemente cuencas como el río Sonora en total impunidad, deja población enferma, fulmina los suelos, no aporta a la economía local más que miseria y pobreza”.
Durazo sabe a qué juega. Quiere ser gobernador del estado de la República más “minero”. Sonora es el principal productor de cobre, grafito, wollastonita, carbón antracítico y el único productor de molibdeno en todo el país. Sólo en esta entidad se extrae el 24 por ciento de todo el oro que produce la nación. Cuenta con los yacimientos de litio más grandes del mundo. También produce de manera importante plata, fierro y minerales no metálicos como barita, silica, yeso, sal y zeolitas.
Sonora, de acuerdo con información del gobierno del estado, tiene concesionado a la industria minera el 23 por ciento de la superficie total de la entidad. Se trata de 43 mil kilómetros cuadrados en 5 mil proyectos. Tal extensión de tierra es mayor que la suma de la superficie de los estados de Querétaro, Aguascalientes, Colima, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México.
Vaya que Durazo, como inminente candidato, llegará con buenas credenciales ante los que mandan en el estado… Mientras, la 4T oficializa e institucionaliza las guardias blancas, aquellos grupos armados al servicio de mineros y hacendados en la Colonia y el porfiriato. ¿Pues no que este gobierno sabe mucho de historia?
Fuente.-Zosimo Camacho/
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