Por violaciones a los derechos humanos y fabricación de pruebas un juez liberó a 4 personas acusadas de haber perpetrado los atentados con granadas en el zócalo Morelia en septiembre del 2008. El caso, como muchos otros mas,fue responsabilidad de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y no fue la única exoneración bajo la gestión de Marisela Morales,Eduardo Medina Mora e Irvin Barrios Mojica,este ultimo en su calidad de mando de la SIEDO,encargado de indagar Delitos Federales.
DE LOS CRIMINALES IMPORTADOS:
De hecho, fueron casi medio centenar de detenidos que a la postre fueron liberados, eso tan solo con tres averiguaciones previas emblemáticas integradas entre los años 2008 y 2009: la “Operación Limpieza”, el llamado “Michoacanazo”, y los referidos atentados.
El común denominador de todas esas acusaciones fueron confesiones ministeriales hechas sin sustento, mentiras premeditadas de testigos protegidos, así como fabricación de evidencia, tal y como hoy acontece en Tamaulipas para saciar las venganzas del Gobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca. Algunos de los acusados pasaron solo meses en prisión,pero otros estuvieron años antes de que las irregularidades fueran comprobadas.
Cabe señalar que hasta el día de hoy, y pese a la gravedad de algunos de los abusos señalados por los jueces, ninguno de los funcionarios de la SIEDO o de la PGR fue detenido y los procesos instruidos en su contra resultaron infructuosos al amparo de la prescripción de delitos como recientemente ocurrió con Barrios Mojica a quien le fue reactivada sin éxito una indagatoria federal.
El Paso DEL TIEMPO LO SALVO DE LA CARCEL:
Por ejemplo, en el caso de Ramírez Mandujano, liberado el 14 de abril de 2013, el juez federal Mauricio Fernández de la Mora determinó que prácticamente toda la averiguación estaba sustentada en los dichos del testigo colaborador “Jennifer” mintió en los señalamientos peor fue más allá.
En particular, en la diligencia de careo entre el acusado Noé Ramírez Mandujano, con el testigo colaborador con nombre clave ‘Jennifer’, se advirtió una posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios” señaló el juez en su sentencia.
De las investigaciones en contra de funcionarios no se supo nada, pero el hecho es de que para 2013, catorce capturados en la Operación Limpieza ya habían quedado en libertad bajo las mismas circunstancias.
Entre los funcionarios que fueron detenidos y luego liberados, además de Mandujano, estuvo Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México, y el ex coordinador de seguridad pública Javier Herrera Valles.
El fiasco del michoacanazo
El 26 de mayo del 2009 elementos del Ejército y la Policía Federal cumplimentaron órdenes de presentación en contra de 35 funcionarios públicos del estado de Michoacán, entre ellos 12 presidentes municipales, por presuntos nexos con la organización delictiva de “La Familia Michoacana”.
El expediente de la SIEDO,entonces instrumentado por IRVING BARRIOS MOJICA ,no tenía pruebas iniciales para encarcelar a todos los involucrados, pero utilizó la figura del arraigo para impedir que quedaran en libertad mientras “reunía pruebas en su contra”.
Finalmente la dependencia se apoyó en los dichos de varios testigos protegidos, entre ellos “Zajed” o “Paco” para acusar a los políticos de colaborar con el crimen.
“Estas personas protegían y filtraban información que favorecía el desarrollo de las actividades de ese grupo criminal (…) las investigaciones permitieron demostrar que los ahora inculpados aprovechando su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico del cártel de La Familia” dijo en ese entonces el procurador Medina Mora.
Pero 18 meses después de haber sido encarcelados, jueces federales liberaron prácticamente a todas las personas que fueron detenidas bajo el argumento de que no existían pruebas más allá de dichos, que dieran sustento a las acusaciones.
En meses posteriores se descubrió que algunos de los testigos protegidos usados por Irving Barrios Mojica en la SIEDO,como “Paco”, en realidad utilizaron una identidad falsa e incluso los documentos que acreditan su posible identidad también están falsificados. Una situación que en realidad se repitió con otros testigos que la PGR utilizó en diversas acusaciones como “Jennifer” o “Libre”,en una dinámica ilegal que hoy replica Barrios Mojica en Tamaulipas.
Granadas… y tortura
Uno de los mas impresionantes fiascos de dio cuandoun juez federal exoneró a las cuatro personas que la SIEDO consignó en el 2008 acusados de haber sido responsables de la detonación de granadas en el zócalo de Morelia durante los festejos patrios del 15 de septiembre.
El motivo fue similar al de varios de los liberados de la Operación Limpieza: testimonios que no se verificaron, pruebas dudosas o de plano fabricadas, más el agregado de prácticas de hechos de tortura en contra de los detenidos.
“Quedó plenamente demostrado (…) que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO, donde en lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura” dice la sentencia.
Aunado a lo anterior los detenidos fueron exhibidos en un video promocional (como ocurrió con otros casos entre ellos la Operación Limpieza), no se respetó su principio de inocencia, su declaración se hizo sin abogados, y hasta se alteraron las firmas de las confesiones lo que confirma la fabricación de la evidencia.
Cabe recordar que desde noviembre del 2008 los familiares de los detenidos denunciaron que ellos nunca estuvieron en el lugar de los hechos sino que fueron “levantados” por civiles armados en Lázaro Cárdenas, situación que fue ratificada por la sentencia del juez.
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