Es una realidad que la estrategia de seguridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador está concentrada en fortalecer a la Guardia Nacional (GN): funciones, responsabilidades y número de elementos que la integran. Por esta razón, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 contempla 35 671 328 458 pesos, lo que implica un incremento del 21.8 % frente a lo aprobado en 2020.
¿Serán suficientes estos recursos para que la GN mejore las condiciones de seguridad en el país? La respuesta es que no. Si la mejora de las instituciones, organizaciones o corporaciones radicara exclusivamente en la inyección de capital, tendríamos actualmente a muchas en México haciendo un trabajo ejemplar. Lamentablemente no es el caso.
Para que una organización pueda tener éxito en alcanzar su misión requiere de recursos, los cuales pueden clasificarse en dos tipos: tangibles e intangibles. Los primeros se refieren a las condiciones materiales que permiten que una organización o institución desarrolle su función y normalmente se pueden cuantificar en dinero, por ejemplo, infraestructura, salario de los oficiales, equipamiento, tecnología y armamento.
Los recursos intangibles o recursos morales, de acuerdo con García Marzá, son aquellas capacidades de la institución para realizar su función sin depender de influencias externas como el poder político o el dinero. Principalmente, estos recursos dependen de la legitimidad que han desarrollado al perseguir su misión. Por ejemplo: autoridad moral, legitimidad, confianza, vocación o reputación, por mencionar algunos.
La gran diferencia de estos recursos intangibles frente a los recursos materiales es que funcionan a la inversa. Es decir, aumentan cuanto más se utilizan y desaparecen si no se hace uso de ellos. Así como un buen profesor de escuela a través de empatía, confianza, paciencia y preparación logra enseñar a sus alumnos, un policía logra su función a través de legitimidad, vocación, autoridad y confianza de la población. Estos son recursos que no se pueden adquirir con dinero ni con grandes presupuestos, sino que es necesario generarlos y preservarlos institucionalmente en el quehacer diario. Ni la honestidad ni la vocación se pueden ni comprar ni transferir; tampoco aparecen por la sola promulgación de una ley o por mencionarlos en un discurso. Deben desarrollarse a través de la práctica, y por la misma práctica también se preservan.
Si bien el contar on recursos económicos para perseguir un fin es fundamental, poseer recursos intangibles resulta esencial para el desarrollo de una función. Por ello resulta riesgoso inyectar capital a una institución (encaminada a garantizar seguridad en un marco democrático) que no ha generado los recursos intangibles necesarios.
La tarea policial requiere de recursos específicos para realizar su misión y si bien el dinero es importante al igual que el equipo y el armamento, no es lo único. Sobre todo, si se reconoce que la tarea policial que deseamos en una sociedad democrática no puede basarse exclusivamente en la coerción o el uso de la fuerza. ¿Es coherente dar equipo y el armamento más avanzado a miembros de una organización que no hemos capacitados para utilizarlo en un marco de respeto a los derechos humanos? ¿Es recomendable responsabilizar a miembros de una institución por la seguridad ciudadana de un país cuando su capacitación y vocación es la castrense?
La capacitación es fundamental en este proceso y, sin embargo, entre 2019 y 2020 no ha sido la prioridad para el gobierno federal. Por un lado, de los alrededor de 100 000 elementos que integran la Guardia Nacional, únicamente 12 590 elementos se han capacitado. Por el otro, la capacitación ha sido escueta para consolidar una institución policial cercana a la gente y preparada para los retos actuales, tal y como lo muestran los resultados del informe de gobierno de este año.
Caer en el recurso simplista de integrar la Guardia Nacional con marinos y personal del ejército por su probada honestidad y eficiencia significa ignorar que una institución, y sobre todo de seguridad, es más que la simple suma de sus partes.
El gobierno federal se ha obstinado en el proyecto de la Guardia Nacional, que obedece a la continua militarización —o de militarismo, según sea el enfoque— que se ha seguido en ya varias administraciones y que no ha rendido frutos positivos. Habría que pensar en alternativas más acorde a valores democráticos. Por ejemplo, expertos han propuesto constantemente —pero continuamente se ha ignorado por no ser una alternativa políticamente vistosa— fortalecer a las policías municipales. Por su naturaleza, son las corporaciones más cercanas a la gente y pueden atender los delitos que con mayor frecuencia vive la población.
El gobierno federal debe replantear la estrategia en seguridad, el país no aguanta seguir en la línea de combate frontal al narcotráfico. En palabras de Eugenio Trías: “la seguridad es un valor deseable que, sin embargo, cuando se erige como Máximo Valor, éste tiende a engullir, de forma voraz y caníbal, los demás valores que permiten la vida de los ciudadanos: libertad, bienestar y justicia”.
El presupuesto para la GN es uno de los mayores incrementos planteados para una dependencia, sin embargo, sin un diseño institucional cimentado en valores democráticos, será un gasto público que no ayude efectivamente a recuperar la paz del país.
Fuente.-Fernando A. Mora Dávila
Doctor en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, donde actualmente imparte la materia Seguridad, democracia y militarización.
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