Este 16 de octubre, más de dos años después de haber asumido el compromiso formal, ya como presidente electo, de resolver el caso Ayotzinapa, Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir, o casi a rogar que las fuerzas armadas colaboren abriendo sus cuarteles, documentos y personal a las investigaciones. “Se hablaba mucho de que si se comprobaba la participación del Ejército en los hechos de Ayotzinapa se iba a debilitar a la institución, se afectaba al Ejército, a las fuerzas armadas, a la Secretaría de la Defensa”, reflexionó, en un esfuerzo por convencer a la jerarquía militar de que no tenía qué temer: “No, no al contrario de debilitar a la institución, se renueva cuando se habla con la verdad, cuando no se ocultan hechos, cuando no hay impunidad, cuando se castiga a los responsables”.
La del papel de los militares en la noche de Iguala es una de las patas de las que cojean las pesquisas. Hasta ahora, en lo sustancial, han desobedecido las órdenes del presidente. Sólo han prestado apoyo de manera simbólica. El 26 de septiembre de 2019, por ejemplo, por fin permitieron que madres y padres de los 43 desaparecidos entraran a inspeccionar el cuartel de Iguala. No era posible que encontraran pistas o huellas de algo: donde había un campo de futbol, ahora había edificios y mucho más había cambiado en cinco años. Cualquier huella fue desaparecida hacía mucho tiempo. “El Ejército ha sido muy reacio a abrirse, muy reacio a que sean investigados sus elementos”, me dijo Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas de Ayotzinapa, en entrevista para el documental “MirarMorir. Addendum”: “La verdad es que no creemos que el Ejército mexicano, porque hay un nuevo presidente, de buenas a primeras cambie”.
No podría cambiar cuando directos interesados en los hechos de Iguala y el imperio criminal que los enmarcó mantienen un enorme poder en el Ejército. Es cierto que generales recomendados por el anterior secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para ocupar su cargo, fueron ignorados por AMLO, quien tuvo el acierto de elegir a un oficial desligado de ese grupo de militares. Pero Cienfuegos se había mantenido como una figura de gran poder en las fuerzas armadas. Una figura que tenía, como mantra, el de impedir toda investigación al Ejército. “Yo no puedo permitir que a mis soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo qué ver y no apoyarlos”, dijo en entrevista con Televisa, el 5 de octubre de 2015.
Forzado por la falta de resultados, AMLO anunció que hay órdenes de aprehensión giradas contra miembros del Ejército. ¿Contra todos los posibles involucrados? No dio nombres y cuando le preguntaron sobre el grado más alto entre los señalados, respondió que no podía decirlo. La única precisión que ofreció fue: “ya no están activos”. Con eso admitió que los altos oficiales sospechosos, especialmente los generales José Rodríguez Pérez y Alejandro Saavedra Hernández, que permanecen en activo, no están en esa lista.
No sabemos si el nuevo titular de Sedena –a quien Cienfuegos había dejado en el lugar 22 de 23 generales en la línea de sucesión–, Luis Cresencio Sandoval, tiene o no intenciones verdaderas de cumplir con la orden presidencial. Lo que se observa es que buscó un punto de equilibrio entre la simulación de que el Ejército acataba la instrucción y las líneas rojas marcadas por su antiguo superior. Y que ese balance estaba ya chirriando ante la presión de la opinión pública y del presidente, cuya voluntad de justicia era puesta en entredicho por la actitud militar.
SAAVEDRA, EL GENERAL DE LA NOCHE DE IGUALA
Estados Unidos le quitó a México el problema de Cienfuegos. La reputación del país y la del Ejército mexicano quedan sumamente dañadas. Pero hecho está. Ahora se abren oportunidades de una necesaria, urgente limpia de la institución, depurando a los numerosos cómplices de Cienfuegos en el estamento militar, y de avanzar no sólo en la lucha contra la corrupción, también en investigar y sancionar los grandes abusos de derechos humanos de la gestión de Cienfuegos: Ayotzinapa y Tlatlaya.
El estado de Guerrero es tan importante en el diseño estratégico de Sedena que es el único integrado en solitario dentro de una región militar, la Novena. Todas las demás regiones comprenden dos o más entidades. Esto se debe a sus altos niveles de violencia organizada, tanto por sus antecedentes guerrilleros como por los grupos criminales que dominan sus diferentes zonas. Y que generan negocios: entre los militares se sabe que ser destacado a Guerrero es una oportunidad de enriquecerse.
El Ejército no tiene fuerzas que rivalicen con él en el Estado. Su presencia visible y no visible (a través de agentes de inteligencia como los del 3er Batallón de Fuerzas Especiales, con sede en Iguala) llega casi a todos los rincones. Como mostré en el documental “MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala” y en mi libro “Ayotzinapa. Mentira histórica”, todos los accesos a las zonas de producción de goma de opio –el “pentágono de la amapola”– tienen cuarteles militares desde los que se observa, impide o facilita el paso de insumos y productos. De hecho, el cultivo de la adormidera no existía en Guerrero pero fue introducido en los años setenta por dos influyentes militares, en asociación con la Federación de Sinaloa y la Dirección Federal de Seguridad: los entonces coronel Mario Arturo Acosta Chaparro y teniente coronel Francisco Quirós Hermosillo, ambos después ascendidos a generales.
Cienfuegos está acusado de proteger a grupos ligados a la fraccionada organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva. La DEA asegura que los contactos entre ellos iniciaron cuando el general era comandante de esa misma Novena Región Militar, de junio de 2005 a enero de 2007. Fue una época de auge para ese grupo que años después se dividió en varias bandas, entre ellas –nótese– las dos predominantes en la zona de Iguala, Los Rojos y Guerreros Unidos.
Cienfuegos fue nombrado secretario de la Defensa por Peña Nieto y apuntaló sus piezas en su antiguo dominio, Guerrero. La Novena Región está dividida en dos zonas militares, la 27ª en Acapulco y la 35ª, en Chilpancingo. En esta última, en mayo de 2014, fue colocado Saavedra, entonces general de Brigada.
Una de sus primeras tareas fue apoyar en la matanza de Tlatlaya, en el vecino Estado de México. De las 22 personas que murieron ahí, entre presuntos sicarios, civiles y secuestrados, al menos 15 fueron ejecutadas a sangre fría. Saavedra se presentó con su personal para brindar seguridad perimetral mientras los efectivos del 102º Batallón de Infantería fabricaban una escena del crimen que ocultara sus acciones.
Después vino Iguala. Los batallones que intervinieron en los hechos (el 27º de la ciudad, el 41º de Altamirano y el 3º de Fuerzas Especiales) estaban bajo su mando. El Ejército ha entregado los informes que, en tiempo real, le envió el coronel Rodriguez Pérez, jefe del 27º, al general Saavedra, pero no se sabe que haya facilitado las órdenes, comentarios o indicaciones que éste envió. Y por supuesto, ninguno de los dos ha tenido que responder a las preguntas de los investigadores. Cienfuegos los puso más allá de su alcance.
La gigantesca maniobra de encubrimiento que la PGR llamó “investigación”, y que dio lugar a la falsa “verdad histórica”, tuvo por objetivo proteger las operaciones de Guerreros Unidos y la red criminal internacional de la que forman parte. Guerreros Unidos, recuérdese, es una de las bandas herederas de los Beltrán Leyva.
PREMIOS POR DESEMPEÑO
En noviembre de 2015, Rodríguez Pérez fue ascendido a general de Brigada. La recompensa tardó casi 14 meses en llegar a él.
Pero Saavedra sí que disfrutó una carrera meteórica. El 20 de noviembre de 2014, apenas ocho semanas después de la noche de Iguala, fue ascendido a general de División. Diez días después, el 30 de noviembre, lo elevaron de comandante de la 35ª Zona Militar a comandante de la Novena Región Militar. Así tuvo el mando de todos los soldados del Estado. Pero Peña Nieto le dio también el de las fuerzas civiles, el 27 de octubre de 2015, al nombrarlo coordinador de la estrategia federal de seguridad: las policías federales y estatales, así como las de los municipios que aceptaron el mando único, quedaron bajo su control.
El antecedente de tal acumulación de poder –aunque todavía menor porque no era comandante de la región militar– es el del general Acosta Chaparro, en 1975, quien después fue a cárcel condenado por narcotráfico.
Disminuir la violencia no parece haber estado entre las prioridades de Saavedra porque al concluir su gestión, el 28 de noviembre de 2016, la inseguridad no había hecho más que crecer. Pasó a la administración central de Sedena, primero como contralor del Ejército y Fuerza Aérea y, el 1º de diciembre de 2017, como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. La cúpula de Cienfuegos.
Y casi más allá: Saavedra podría ser hoy secretario de la Defensa. Cienfuegos le propuso a AMLO dos sustitutos: Alejandro Saavedra y el también general Roble Arturo Granados Gallardo. Pero López Obrador se saltó los deseos de Cienfuegos.
Saavedra fue relegado a una posición con influencia en el otorgamiento de contratos públicos pero no en la política: hoy es director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
No sabemos si está en la lista que tiene la DEA de los posibles cómplices de Cienfuegos. Lo sorprendente sería que no fuera así. Era su hombre en Guerrero, esa región rica en oportunidades de negocio y clave en las rutas históricas de los hermanos Beltrán Leyva y sus bandas herederas.
Cienfuegos era una barrera mayor para quien quisiera investigar a Saavedra, Rodríguez Pérez y otros altos oficiales.
¿Qué otros obstáculos quedan?
fuente.-@temoris/
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