Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación (Segob), solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una auditoría forense a los más de 73 millones de dólares (mil 500 millones de pesos) que durante tres años recibió en fideicomisos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la plataforma "Juntos Podemos", encabezada por la excandidata presidencial y hoy senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, y dar vista de los resultados a las autoridades competentes.
Y SI YA ANDAN ENCARRERADOS:
En conferencia de prensa, y al detallar la forma en que el gobierno mexicano financió esta organización, González Valderrama presentó copias de documento oficiales donde se solicita "por órdenes superiores" apoyar a Josefina Vázquez Mota en gastos de avión, viáticos, vehículos y choferes en visitas a Estados Unidos, y en cuya autorización, informó, podrían estar involucrados los exsecretarios del sexenio pasado Luis Videgaray, José Antonio Meade, y Claudia Ruiz Massieu.
“Además de los mil 500 millones de pesos que se entregaron a las fundaciones, adicionalmente la SRE brindaba apoyos en viáticos, y en traslados a las ciudades que iban los dirigentes de “Juntos Podemos”, dijo el funcionario.
“Aquí están dos oficios de una visita que realizó la licenciada Josefina Vázquez Mota a la ciudad de Los Ángeles y otro que realiza a Nueva York y donde se está solicitando que se brinde apoyo en viáticos, en traslado con chofer y camioneta, vehículos oficiales desde el momento que llega hasta su momento de partida. Pero en todos estos, oficios, claramente dice "Por instrucciones superiores este consulado debe de brindar apoyo” a la licenciada Josefina Vázquez Mota o a otros directivos de “Juntos Podemos” que recorrían los consulados de Estados Unidos".
“¿Quiénes eran los que podían dar instrucciones superior a los consulados en ese sentido? Tenemos en la linea de mando por parte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) hubo en esos años, tres directores, uno es Ernesto de Lucas Hopkins, que venía de ser director de ProMéxico; Francisco de la Torre Galindo, que es personal de carrera y Eunice Rendón Cárdenas, fueron los tres del IME; y secretario de Relaciones Exteriores en esos dos años fue José Antonio Meade, Claudia Ruiz Massieu, y en Hacienda, Luis Videgaray y José Antonio Meade”.
En Palacio Nacional, el titular de RTC informó que en 1996, un grupo de empresarios mexicanos encabezados por Alejandro Quiroz Pedrazzi, Eduardo Bravo Calderón y Emilio España de la Cuesta establecieron en la Unión Americana la organización AEM -USA (The Mexican Entrepreneur Association), y en 2013, España de la Cuesta registró en Estados Unidos “Juntos Podemos” como una iniciativa para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos en Estados Unidos y asigna como presidenta honoraria a Josefina Vázquez Mora.
En 2014, Emilio España de la Cuesta creó cinco fundaciones no lucrativas, autorizadas para recibir donativos públicos y privados.
Detalló que en 2017, luego de un reportaje periodístico sobre el monto de mil millones de pesos que había recibido “Juntos Podemos” hubo un reclamo a los directivos en Estados Unidos de la asociación de los integrantes de AEM -USA quienes reclamaron a sus directivos que sus empresas eran proveedoras de las fundaciones, por lo que tuvieron que renunciar a esa asociación.
Indico que en 2017, la ASF observó que la forma de comprobación de los gastos de estos programas por parte del IME “era deficiente, incompleto y sin soporte probatorio de los gastos, presumiendo un posible daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal”.
Ante esto, González Valderrama propuso que se deben de prohibir las donaciones de recursos públicos a fundaciones privadas o públicas extranjeras, entre otras razones, “porque su aplicación y administración no se ajuste a la legislación mexicana en materia de transparencia y rendición de cuentas”.
Señaló que en la relación con las comunidades de mexicanos en el exterior, se debe de evitar la subrogación, intermediación o privatización de las funciones, programas y recursos públicos que por ley corresponde aplicar al gobierno de México por conducto de las representaciones consulares y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
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