El cierre de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande ha dejado diversas incógnitas, como el destino que tendrá el resto de los Centros Federales de Readaptación Social, entre ellos el del Altiplano, la posible comisión de violaciones a los derechos de la población carcelaria, el riesgo del aumento de la violencia en los penales receptores de los nuevos internos y el crecimiento de las prisiones conocidas como “Centros de Prestación de Servicios” construidos y operados por la iniciativa privada en condiciones de opacidad.
El cierre del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 2 de Puente Grande, Jalisco, ordenado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, expone el riesgo que se corre en otras penitenciarias que dependen del gobierno federal, dejando el paso libre a los Centros de Prestación de Servicio (CPS) construidos y operados por grupos empresariales como los que encabezan Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña y su hijo e Hipólito Gerardo Guerrero.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los CPS recibieron en 2018 un presupuesto de 14 mil 154 millones de pesos; no obstante, el monto ascendió a 17 mil 558 millones de pesos con López Obrador en la Presidencia, lo que representa un aumento de 24.5%. Ambos presupuestos contrastan diametralmente con los 3 mil 61 millones 193 mil pesos entregados en 2017 para el mismo propósito.
Así, los beneficiados en lo que va de la 4T son los empresarios Carlos Slim, propietario de IDEAL; Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, de Prodemex, y Larry Fink, presidente del fondo de inversión BlackRock.
También están Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y dueño del Grupo Ingeniería, Arquitectura y Asociados (GIA), y Grupo ICA, constructora a la que el actual gobierno le otorgó contratos para construir el Tren Maya y el Parque Ecológico del Valle de Texcoco.
Para las organizaciones no gubernamentales, como asiLEGAL y Documenta, el cierre de los penales administrados por el Estado “es preocupante” porque da paso a la comisión de graves violaciones a los derechos de las personas privadas de su libertad (PPL).
Con los traslados de internos, por ejemplo, “pueden alentar el abandono familiar y el rezago en sus procesos” porque cerca de la mitad de la población de Puente Grande no ha recibido sentencia.
José Luis Gutiérrez, representante de asiLEGAL, explica otro fenómeno: “Pese a que los 17 centros federales reportan que están muy por debajo de su capacidad, extrañamente, en el Diagnóstico Nacional de supervisión penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en uno de los rubros que tiene que ver con los aspectos que garantizan una estancia digna, el penal de Puente Grande tuvo una evaluación de 7.07”.
Explica que dichos centros carcelarios tienen poco personal, por lo que optan por meter en un módulo al mayor número de reos posibles para “facilitar” su control. “Eso va generando un hacinamiento, aunque no una sobrepoblación en toda la cárcel”.
***Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2292 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 4 de octubre de 2020.
Fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: